Revista Crecer Empresarial: Journal of Management and Development, | diciembre 2017
NÚMERO ESPECIAL 01
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO: ENTRE LOS INTERESES DEL CAPITAL Y EL BIENESTAR COMUNITARIO.
Quintero Romero Dulce María1, González Hernández Guadalupe Margarita2
Resumen
La crisis ambiental del siglo XXI ha alcanzado a las universidades públicas de gran parte de México, quienes enfrentan la disyuntiva de formar capital humano competitivo para atender las necesidades un modelo neoliberal que les demanda profesionistas capaces deatender sus soluciones técnicas, y con ello dejar tras de sí la generación de pensamiento, reflexión y debate sobre las consecuencias que el sistema depredador tiene en las comunidades locales.
Esto ha sido posible gracias a esas políticas de intervención, en algunos casos notorias y en otras bajo formatos sutiles, que han permitido el llevar a cabo medidas necesarias para condicionar su subsistencia –a través de la asignación de recursos extraordinarios y subsidios-hasta reconvertirlas como afirma Márquez (2017) “en formas empresariales o entidades competitivas, donde subrepticiamente la autonomía abre paso a la heteronomía”.
El hecho resulta más preocupante cuando ocurre en escenarios de pobreza, marginación, guerra y violencia en donde las universidades matizan su compromiso social en favor del fortalecimiento de fuentes de empleo, aunque las generadoras de estos atenten contra el medio ambiente y el bienestar de las comunidades.
Esta discusión es abordada en este trabajo donde se analiza el papel asumido por la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada al sur de México frente a la llegada de las empresas mineras en gran parte del territorio.
Palabras clave: Universidad, desarrollo, conflictos socioambientales
Las universidades públicas que se transforman
En el siglo XX las universidades públicas eran entendidas como un bien público bajo la tutela del Estado, a quien le correspondía asegurar los recursos necesarios de su supervivencia. Por lo que muchas de ellas estaban ligadas a las condiciones y necesidades de su contexto, especialmente aquellas ubicadas en los territorios periféricos los países latinoamericanos, en donde las distancias geográficas propiciaron aislamientos y rezagos frente a los cuales las instituciones de educación superior quedaban enfocadas a la formación de profesionistas capaces de atender las necesidades de sus entornos locales.
Sin embargo,en el caso de las universidades mexicanas,a finales del siglo tuvieron que ajustarse a los escenarios tecnológicos, económicos, políticos y sociales de su realidad, sobre todo cuando se fue asentando el modelo económico de corte neoliberal en el país, con lo que el Estado decidió reducir su compromiso político con la educación, sobre todo con la universidad, lo cual generó una crisis institucional que la ha llevado a un replanteamiento en su quehacer. Esto provoca la reflexión de sus funciones como institución de educación superior y el compromiso que puede y debe asumir en la atención de las necesidades locales.
La pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas del Estado forma parte, explica Dos Santos (2007), del abandono en la atención a las políticas sociales (educación, salud, seguridad social) y comenzó a partir de los años ochentacon la globalización neoliberal. En el caso de la universidad se tradujo en recortes a su subsidio, bajo el argumento de que estas instituciones necesitaban llevar a cabo ajustes para manejo más adecuado de sus recursos.
Se optó por dificultar su acceso a los recursos financieros con acciones de acreditación y certificación y fue así como la universidad pública enfrento una crisis salvable, pero que fue considerada por el modelo de desarrollo como insuperables, y esta coyuntura se ha utilizado para justificar la apertura generalizada del bien público universitario hacia la ceración del mercado universitario y la consecuente mercantilización de la universidad para su explotación comercial.
Los recortes presupuestales en las instituciones derivaron en una disminución de los espacios disponibles en las instituciones, así como los programas de becas apoyos y creados para facilitar el acceso de los sectores pobres. Quienes se resistieron a restringir el acceso a las aulas, tuvieron como única opción el tener que hacer más con menos, lo que las llevo a cancelar también aquellos programas de apoyo a los sectores desprotegidos y programas complementarios para la atención de estudiantes que no contaban con posibilidades de estudiar fuera de sus comunidades. Con esto, los procesos de exclusión de la educación superior alcanzaron a un gran número de jóvenes.
El cierre de posibilidades para estos jóvenes “rechazados” de las universidades representó no solamente la cancelación de suproceso de desarrollo personal y ascenso socialen ellos, en los ámbitos locales es una limitante que afecta la movilidad social de las futuras generaciones en las familias, fortaleciendo un circulo de pobreza del cual es difícil salir, además de que tiene un costo social y económico importante para la regiónen donde la presencia de profesionales universitarios resulta fundamental para instrumentar acciones de desarrollo en favor de la comunidad.
En el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero–caso que se analizara-los datos demuestran que en esta entidad del sur de México, la cobertura en la educación superior para el periodo 2010-2011 fue del 14.9% (Poder Ejecutivo Estatal, 2011:36). Eso significa que solamente 15 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 22 años, aptos para estudiar una licenciatura en las instituciones de educación superior, realizaban estudios y 85 jóvenes de cada 100 de entre 18 y 22 años al no realizar estudios superiores tienen que dedicarse a otras actividades: laborales, actividades domésticas, filantrópicas o simplemente sin actividad productiva alguna.
El ajuste al subsidio universitario también ha comprendido una precarización salarial para los trabajadores de la institución, y en el caso del personal académico se ha conjugado con la promoción de intereses empresariales en la vida universitaria, ya que con la oferta de los servicios universitarios a los proyectos empresariales, los profesores e investigadores pasan a ser gestores y prestadores de servicios en favor de inversionistas y desarrolladores, lo que estimula la competencia y el individualismo, pilares de una economía de mercado en pos de beneficio privado (Márquez, 2017).
Y es que el camino para muchas instituciones ha sido el sobreponerse a sus problemas financieros mediante la generación de ingresos propios, cuyo camino es el de llevar a cabo alianzas con el capital –principalmente industrial-provocando que las instituciones emprendan una nueva dinámica de mercantilización educativa. La propuesta de generar nuevas formas de subsistencia y con la prestación de estos servicios tratar de compensar los salarios de los profesores, becas para estudiantes, infraestructura para la institución, parecen medidas necesarias para un respiro financiero que ayude a subsistira las universidades públicas. Sin embargo se omite la reflexión sobre las implicaciones que esto tiene en la dinámica universitaria y la orientación misma de la institución pública, pues poco a poco las va reconvirtiendo enformas empresariales o entidades competitivas donde de manera sutil su autonomía, que es esencial en la vida universitaria, abre pasóa la heteronomía.
Si bien, se considera que estos cambios no afectan la autonomía y especificidad institucional de las universidades públicas, la privatización de parte de los servicios que prestaen los ámbitos locales con lleva a una eliminación paulatina dela distinción entre universidad pública y privada, pues como advierte Dos Santos (2007:16):
Se genera una transformación de la universidad en su conjunto, en una empresa, una entidad que no produce solamente para el mercado sino que produce en sí misma como mercado, como mercado de gestión universitaria, de planes de estudio, de diplomas, de formación de docentes, de evaluación de docentes y estudiantes.
Pero no es sólo eso, se transforman las prioridades y el sentido de la institución misma, ya que la ciencia que interesa es aquella que responde a los intereses empresariales, la que tiene como propósito atender las necesidades de los negocios. El fin social ya no resulta fundamental, lo importante está en atender el mercado de servicios, el estar atentos a los perfiles laborales, conocimientos aplicados y demandas específicas de quienes contratan los servicios universitarios. Esto resulta aún más complicado cuando la institución se encuentra en contextos de marginación, donde las necesidades de profesionistas que atiendan los problemas para el desarrollo se dejan de lado y se perfilan aquellos que están necesitando los grandes capitales. Peor aún la universidad se aboca a ofertar profesionales para megaproyectos cuya inclusión en las comunidades van aparejadas de procesos de despojo y con costos sociales, ambientales y hasta culturales para las localidades.
La forma es fondo en los procesos de transformación universitaria
En el contextoactual de globalizacióny con un modelo educativo neoliberal, la misión de las universidades se ha visto remodelada para ser más instituciones terciarias para el entrenamiento profesional, y cada vez menos espacios en el sentido del saber para transformar, hacer ciencia y socializar a favor de una identidad ciudadana crítica (Mollis, 2010)
El cambio no está solamente en reorientar la oferta educativa hacia carreras del área de las ingenierías, ciencias exactas y de capacidades instrumentales, dejando de lado aquellas con énfasis en los estudios teóricos sociales y la crítica de la realidad social, la dinámica de atender los intereses de quienes ahora les genera ingresos o la atención a las necesidades de los empleadores de los universitarios, las lleva a suprimir iniciativas emancipadoras y de libertad social, e iniciativas comprometidas con los derechos de los grupos vulnerables ygrupos desfavorecidos en términos económicos y sociales (Arziga 2016).
Para ello, las instituciones han debido desatender la formación de habilidades críticas en el ámbito cognitivo y de actuación, estableciendo adecuaciones a sus programas educativos, considerando las sugerencias presentadas por las conferencias mundiales de educación superior (UNESCO, 1998; UNESCO, 2009), también por los informes presentados por organismos multilaterales como la OCDE y otros más.
La habilidad crítica para transformar el entorno social y el compromiso con las causas de los más desfavorecidos a veces aún presente en el discurso universitario, no se plasma de manera contundente con su quehacer cotidiano y el compromiso por atender más las causas sociales, pues estas quedan relegadas. Lo prioritario es dar atención a las causas del mercado.
Autores como Martha Nussbaum (2005) advierten sobre los costos que como nación tiene el formar profesionales competentes sin habilidad de pensar críticamente, de examinarse a sí mismo y atender los principios fundamentales de la sustentabilidad, e insiste en la urgencia de replantear en las universidades la necesidad de formar profesionistas con capacidad para hacerse cargo de su razonamiento: “que puedan ver lo diferente y lo extranjero no como una amenaza que haya que resistir, sino como una invitación a explorar y comprender, expandiendo sus mentes y su capacidad de ciudadanía” ( 2005:327).
El gran desafío en el contexto neoliberal es seguir trabajando en la creación de la ciudadanía social, con capacidad para atender la diversidad que les representa este mundo globalizado, pero sobre todo, se requiere que las universidades públicas retomen su potencial en el proceso de formación ciudadana, para lo cual no debe renunciar a ser generadoras de ideas y propuestas para mejorar las funciones y estructuras sociales.
El aporte de la universidad pública en la construcción de ciudadanía resulta fundamental en Latinoamérica, en donde tras varias décadas de vivir en regímenes autoritarios se ha logrado avanzar en procesos democráticos en materia electoral, así como en el establecimiento de algunas libertades básicas (Gasca-Pliego 2011), pero sobre todo es fundamental en la generación de movimientos ciudadanos con capacidad para enfrentar los macroproyectos neoliberales de depredación ambiental en la zona, que tienen como propósito la generación de riqueza sin considerar el impacto local; y es que las transformaciones que se derivan de los procesos de globalización han cambiado el juicio con que se observa la realidad y, por ende, el sentido con el que ésta se modifica; ello demanda la formación de ciudadanos más críticos y activos.
La Universidad Autónoma de Guerrero en el contexto Neoliberal
La Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en el sur de México, desde su creación es marcada por la transformación de un instituto literario hacia una institución autónoma, lo que le dio la capacidad para llevar a cabo los procesos abiertos (con voto directo y secreto) para la integración de sus órganos de gobierno. Ello fue un factor determinante en su autonomía y las orientaciones de su vinculación con el entorno.
Desde su surgimiento buscó de manera prioritaria formar académicamente a jóvenes de grupos vulnerables, sin limitar su acceso -principalmente entre los años sesenta y setenta-, y procedió a la apertura de servicios –por lo menos de educación media superior-en regiones apartadas, a la par de buscar articular programas para que los servicios universitarios y los profesionistas en formación estuvieran próximos a los sectores más desprotegidos.
Con sumo de lo de “universidad pueblo”, se instalaron escuelas universitarias “donde fuera necesario”, cuyo acceso estaba abierto a quien lo solicitara, además de extender los servicios culturales, jurídicos, médicos y de alfabetización a las zonas más apartadas con jornadas universitarias. A la par se promueve la discusión y reflexión sobre las acciones del Estado, radicalizando con ello su posición frente agobierno local y nacional. En estos años pasa a convertirse en el principal articulador de los grupos contestatarios al Estado y frente a la ausencia de partidos políticos de izquierda, es la UAG3 quien da cabida a todos, incluidos a quienes participan y encabezan la guerrilla de los años setenta en esta región del país.
Las posturas críticas de la institución fueron generando actitudes inflexibles de las autoridades gubernamentales, quienes recurren al condicionamiento de los recursos económicos (entrega de subsidios) a la institución, lo que a su vez alentó acciones de resistencia dinámica de directivos, profesores y estudiantes. Ellos optan por las manifestaciones y expresiones de protesta en las calles, lo que permite que otros sectores sociales conozcan y se sumen a sus acciones. Ello propicia una mayor participación social en el reclamo a los órganos de gobierno; Freire (2005, 2011) se refiere al papel de la escuela como un elemento emancipador de la sociedad, sea a través de su práctica educativa o de su práctica social y política.
La postura asumida por la institución en este periodo es una crítica contra la reproducción de condiciones desiguales en la sociedad, y las aulas son ocupadas para la discusión de los problemas sociales. Los líderes emanados de la UAG son formados académicamente con una fuerte prevalencia en las teorías críticas marxistas y de orientación socialista. Esta suma de anhelos de los sectores sociales y del ámbito educativo, fue perfilando movimientos de lucha para exigir la participación en los procesos realmente democráticos de participación política.
En esta posición crítica y su proximidad con los entornos locales, la universidad empieza a sufrir su distanciamiento con la política del Estado, los recortes presupuestales comienzan a frenar sus actividades académica y algunos profesores altamente calificados comienzan a dejar la institución frente a la irregularidad en sus pagos. Las posibilidades de ofrecer hospedaje en casas de estudiantes, manutención en comedores universitarios, asistencia médica en consultorios propios y otras becas para quienes necesitaban acudir a las escuelas superiores de las principales ciudades –Acapulco y Chilpancingo-comienzan a resentir la falta de recursos; y como lo señala Douglas North (1994) las instituciones entran en la pugna donde se ven forzadas a realizar estos cambios en función de los intereses de grupos dominantes.
Para seguir operando la institución primero debe optar por llevar a cabo procesos de planeación y evaluación de su desempeño, a fin de obtener con ellos credenciales que le permitan solicitar recursos extraordinarios para proyectos de expansión de programas de estudio y de matrícula. Sin admitirlo de manera explícita esto conduce paulatinamente a un cambio en la formación académica de los estudiantes, ya que esto no comprende sólo los contenidos temáticos de las asignaturas, sino que también se relaciona con las aspiraciones políticas, sociales y culturales del medio en el que los estudiantes se desarrollan.
En la construcción de los universitarios de los años 70's a los 90’s fue importante la influencia de las expresiones críticas de los integrantes de la institución –profesores, autoridades y personal administrativo- en las aulas, integrando diversas culturas políticas (Wences 1984). En la última década del siglo XX, la institución se enfrenta a una severa crisis derivada de un presupuesto reducido y una mala administración del mismo por lo que comienza a través de la realización de Congresos Universitarios, cambios en la orientación de la institución. Los universitarios en el II Congreso General Universitario advierten que prefieren ser ellos quienes lleven a cabo la transformación de la institución antes que la crisis los obligue, y aceptan limitar el ingreso de jóvenes a la institución e iniciar un proceso de acreditación para los estándares de desempeño académico de sus programas educativos, profesores y procesos administrativos.
En los últimos años el énfasis por acreditar los procesos de calidad a fin de ser consideradas entre las mejores universidades de México ha pasado a ser el objetivo, dejando atrás el abanderar causas emancipatorias y la formación de sujetos críticos. La inclusión social es vista como la asignación de porcentajes de admisión para indígenas, discapacitados, hijos de migrantes en las aulas universitarias y el mantenimiento de apoyos y becas para jóvenes pobres. Sin embargo poco se discute sobre la producción de agentes transformadores de la realidad social imperante en el estado, de las desigualdades regionales, o del accionar de los gobiernos local o federal.
Bajo la bandera de tener una universidad académica y dejar la política para los partidos, la institución construye y fortalece sus relaciones con los gobiernos y ajusta su oferta educativa para las necesidades del mercado. Aquí,en uno de los estados más pobres de México, donde la disputa por el territorio tiene una larga historia que va desde la explotación irracional de los bosques de la Costa Grande durante másde 50 años, hasta el despojo de espacios en la franja del litoral a favor de “la industria turística”, a la par de la gestación de una industria minera en la zona norte del estado y en donde la extracción de riqueza en el subsuelo ha generado procesos de explotación y deterioro en las condiciones de vida de los habitantes(Quintero 2015); donde la universidad busca caminar a la par de los proyectos mineros para ser la “universidad moderna que Guerrero necesita”.
Y es que la minería es considerada por el gobierno federal como un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera, en tanto para el gobierno de Guerrero la explotación de las riquezas minerales de La Montaña es además la solución a la extrema pobreza de las comunidades indígenas y campesinas; asegura que generará empleos y desarrollo social, sin afectarel entorno ecológico y evitará la migración.
De 2000-2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de dos millones 173 mil 141 hectáreas, principalmente para la minería metálica, de las 28 millones de hectáreas identificadas como el núcleo duro de los territorios indígenas. Con ello, en los últimos cien años recientes los indígenas perdieron la jurisdicción del 17 por ciento de su territorio, tan sólo por concesiones mineras, frecuentemente sin que las comunidades se hayan enterado. El 15 de julio de 2013, la Comunidad San Miguel del Progreso-Júba Wajiín, interpuso una demanda de amparoen la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861) en su territorio indígena, contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado (Tlachinollan 2017). Frente a todo esto la Universidad semuestra ausente, ocupada en ofertar nuevas licenciaturas más acordes a las necesidades de la industria minera o brindarles algunos servicios de mitigación ambiental, ya que al parecer esta industria con sus devastadores procesos extractivos llego para asentarse por un buen tiempo en Guerrero.
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2 Universidad Autónoma de Guerrero-Universidad Autónoma de Zacatecas, México, Email: gmarggonzh@gmail.com
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