Problema agrario, cultivos ilícitos y paz

Carlos Emilio Reina Galeano¹

La producción de cultivos ilícitos en Colombia y la respuesta del gobierno nacional para combatirlos ha provocado problemas ecológicos y sociales a la población que vive en zonas altamente influenciadas por este fenómeno. La aplicación de las políticas y proyectos derivados del Plan Colombia es un suceso que puede modificar el panorama tanto para los cultivadores como para el mismo Estado.

Mi experiencia fundamental ha estado relacionada con la investigación sobre el manejo y conservación de productos perecederos de origen vegetal. Este trabajo durante los últimos cuatro años me ha permitido conocer la situación de los productores de economía campesina ligados a la producción de amapola en el departamento del Huila.

En este artículo pretendo analizar la naturaleza del problema relacionado con la producción de cultivos ilícitos en Colombia y sus implicaciones de carácter ambiental y social, la respuesta dada por el gobierno colombiano a través del programa de erradicación; los alcances logrados hasta este momento, las nuevas políticas y proyectos derivados del Plan Colombia y presentar una propuesta de participación de la Universidad Surcolombiana, coherente con el propósito nacional de la búsqueda de la paz.

Antecedentes e identificación del problema, las estrategias propuestas para la reducción de la oferta y los cultivos ilícitos

De acuerdo con lo propuesto por EE.UU.: " el objetivo de la reducción de la oferta es restringir la disponibilidad del uso ilícito de drogas obstaculizando el acceso, incrementando el costo y los riesgos para poseer, vender o consumir drogas. Los esfuerzos para la reducción de la oferta buscan interrumpir la cadena que va desde la producción a la distribución a través de la sustitución y erradicación de cultivos, intercepción de cargamentos de ilícitos, arresto y encarcelamiento de los traficantes, aprehensión y confiscación de los equipos que se utilicen y fiscalización de las redes que requieren para el tráfico" suponen "que al disminuir la disponibilidad ello redundaría en un número menor de personas que experimentan con drogas, una intensidad menor en el uso y búsqueda de tratamiento por las personas consumidoras que se ven obligadas a abandonar el uso de las drogas"

En Colombia durante los últimos 10 años y dentro de la estrategia de reducción de la oferta, se han fumigado unas 240.000 hectáreas entre coca y amapola utilizándose unos 3'216.000 litros de Glifosato; sin embargo, en el periodo que va de 1992 a 1998 la coca aumentó de 40.000 a 100.000 hectáreas o hasta 160.000 según otros cálculos. Es necesario anotar que por cada hectárea de cultivo se talan cuatro de bosque. Lo anterior indica que algo anda mal. Los precios en el mercado en lugar de elevarse presentan tendencia a disminuir, contrario a lo que se esperaba.

De acuerdo con estudios realizados por Rodrigo Velaidez en la zona del Caguán no es tan válido el argumento de que la producción de cocaína y amapola al igual que el procesamiento dañan el medio ambiente y que por eso se justifica la fumigación. El estudio concluye que las consecuencias devastadoras de la producción y procesamiento se incrementan con las fumigaciones. La tasa de deforestación en el Amazonas ha aumentado, al igual que en otras zonas geográficas como los bosques altoandinos y zonas de páramo donde se cultiva amapola.

Con respecto a la otra estrategia relacionada con el Desarrollo Alternativo, cuyas realizaciones hasta este momento son muy pobres, es necesario decir con firmeza que es contradictoria con la fumigación y que desde la Asamblea General de la ONU (junio de 1998) se había advertido sobre ella: "El desarrollo alternativo es un componente importante de una estrategia de control de la droga amplia y equilibrada y deberá facilitar un entorno que apoye la implementación de dicha estrategia. La intención es promover alternativas socioeconómicas legales y sostenibles para las comunidades y grupos que recurrieron a los cultivos ilícitos como una forma de ganarse el sustento. En áreas donde los programas de desarrollo alternativo todavía no hayan creado oportunidades viables de generación de ingresos, aplicar la erradicación forzosa puede poner en peligro el éxito de los programas de desarrollo alternativo. Los ensayos de erradicación deberán aprovechar la investigación disponible y asegurarse de utilizar métodos ambientalmente confiables".

Los presupuestos asignados para el cumplimiento de estas estrategias han sido bien desequilibrados; tan sólo el año de 1999 EE.UU. destinó US 5.000.000 para un proyecto de desarrollo alternativo en Colombia. Existen evidencias de destrucción física por aspersión aérea de cultivos impulsados dentro de proyectos de desarrollo alternativo, lo cual hace dudar de la complementariedad de las dos estrategias.

El proceso de erradicación por la fuerza como forma de intervenir el mercado interno en Colombia tiene otros aspectos que en este momento, en la práctica, no permiten desarrollar la erradicación con los efectos deseados. Existen muchas personas que han sido desplazadas por la guerra; ante esta situación para poder sobrevivir, están dispuestas a cualquier cosa.

La Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, afirma que entre agosto del 94 a junio del 98 por lo menos 726.000 personas fueron desplazadas. De otro lado el mismo Departamento de Agricultura de los EE.UU. calcula que existen en la Orinoquía y Amazonia colombianas unas 650.000 hectáreas aptas para sembrar coca.

Parece contradictorio que la fumigación pueda aumentar el área sembrada en la actualidad, sin embargo, los cultivadores tienden a sembrar más de lo pedido por efecto de la fumigación para anticipar pérdidas. La subida del precio en ciertas épocas estimula a otras personas a entrar en el negocio. Otra consideración importante es que la dinámica del mercado mundial establece un equilibrio entre la oferta y la demanda, la fumigación no ha logrado romper este equilibrio.

El mismo subsecretario de Estado Rand Beers, en testimonio ante el Congreso, comentó cómo en 1998 se fumigaron unas 65.000 hectáreas reduciéndose en un 30% el cultivo en el Guaviare. Hizo el balance de acciones similares en el Caquetá, pero reconoce la incapacidad de los aviones de aspersión aérea para penetrar en la región del Putumayo, donde los cultivos de coca aumentaron un 330% en los últimos dos años.

La reacción no se ha hecho esperar y la presión ejercida busca que se amplíe el programa en el Putumayo, se financie y entrene un batallón antidrogas y se promueva el uso de herbicidas granulares más fuertes y dañinos. El Ministerio del Medio Ambiente ha expresado su oposición al uso de IMAZAPYR en experimentos realizados en el país.

Los avances de la Biotecnología han permitido establecer la existencia de un hongo herbicida que podría destruir la coca y la amapola. Este agente de control biológico, El Fusarium oxysporum, ha sido utilizado en el Perú desde comienzos de la década de los 90, afectando los campos cocaleros en este País. La idea de inducir una epidemia de esta naturaleza ha sido considerada la "bala de plata" potencial de la guerra, no sólo de los llamados cultivos ilícitos sino también de otras especies no combatidas, poniendo en serio peligro una de nuestras grandes riquezas, la biodiversidad. Hasta donde se sabe, por testimonio de los mismos campesinos peruanos, el hongo no es específico de acuerdo a lo sucedido en el valle del alto Huallaga. Además de la Cepa "EN - 4" empleada en el programa de erradicación de la coca, se han utilizado otros contra la amapola y la marihuana.

Un grupo de expertos sobre medios ambientalmente seguros para la erradicación de plantas narcóticas, comienza en 1998 con un proyecto patrocinado por PNUFID en Uzbekistán para llevar a cabo experimentos de campo con otro hongo (Deudryphion papaveraceae) y medir sus efectos sobre la amapola. El Plan para Colombia ha sido avalado por el servicio de investigación agrícola del Departamento de Agricultura de los EE.UU. El congreso de EE.UU. aprobó 23 millones de dólares para llevar el proyecto hasta la etapa operativa. De llegarse a concretar este paso se estaría abandonando el proyecto piloto de desarrollo alternativo dentro de la zona desmilitarizada, como intento para crear un clima de confianza para negociar la erradicación.

Desde 1998, con el cambio de gobierno, las políticas en torno a cultivos ilícitos en Colombia, adquieren una nueva perspectiva. El Presidente Pastrana presentó la visión detrás del Plan Colombia, como una transformación de las áreas de cultivos ilícitos en "desarrollos agrícolas económicamente rentables para nuestros campesinos, en santuarios ecológicos donde florezca el turismo que respeta la naturaleza y sean protegidos ecosistemas vulnerables por la narcoproducción". Anotó su preferencia por una política frente a los cultivos ilícitos "no contaminante ni destructiva [ ... ] no podemos hablar solo de represión, fumigación y erradicación. [ ... ] . Cuando en los últimos cuatro años vemos que las hectáreas cultivadas de coca han pasado de ser 40.000 a 80.000"

Para esa misma ocasión la Defensoría del Pueblo emitió un informe denunciando las consecuencias ambientales y sociales, y haciendo un llamado a suspenderla. El Gobernador del Putumayo, Jorge Devia declaró cómo la erradicación aérea financiada por EE.UU. ha obligado a los campesinos a adentrarse mucho más en la selva. Se han envenenado cultivos legales y esto ha creado un resentimiento entre los campesinos, favoreciendo también simpatía hacia la guerrilla: "Los campesinos simplemente cortarán más árboles y sembrarán más coca". Juan Mayr, el

Ministro del medio ambiente, ha declarado: "No podemos fumigar el país permanentemente". Klaus Nyhdin , director del PNUFID en Colombia también ha dicho: "La fumigación no es efectiva, no creo que se pueda salir de este embrollo a punta de fumigaciones".

Sin embargo todo el apoyo ofrecido por parte de los EE.UU. a Colombia al proceso de paz se daría bajo la condición de continuar adelantando el programa de fumigación aérea. Philip Chicola, director de la oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado es contundente cuando afirma: "Los esfuerzos antinarcóticos entre EE.UU. y Colombia, incluyendo la erradicación aérea, no son negociables y continuarán".

Rand Beers en declaraciones ante el Congreso, complementó la anterior intervención: "les hemos puesto en claro a todas las partes implicadas que el proceso de paz no debe interferir en la cooperación contra narcóticos, y que cualquier acuerdo alcanzado deberá permitir la expansión continuada de todos los aspectos de esta cooperación, incluyendo erradicación aérea".

Con estas premisas respecto a la ayuda, se ven mermadas las intenciones iniciales del Plan Colombia. Aparece entonces un Plan lleno de contradicciones buscando el apoyo internacional de EE.UU. En edición del mismo Plan en octubre de 1999 contempla: "Fortalecer y aumentar el empleo de operaciones de seguridad combinadas durante las operaciones de fumigación y erradicación. Apoyar las nuevas estrategias bajo el programa internacional de control de drogas de la ONU para experimentar con agentes de control biológico seguros y confiables, proporcionando de esta manera nuevas tecnologías de erradicación". De los 1.500 millones de dólares, producto de la "negociación", como apoyo por parte de los EE.UU. al Plan Colombia menos del 10% serán destinados al programa de desarrollo alternativo. En consecuencia, algunos críticos de este plan como Daniel Samper anotan que es un plan para la guerra y no para la paz.

Por otro lado el gobierno colombiano ha adelantado acciones especialmente en Europa y la ONU, donde ya es conocida la política de cooperación siempre y cuando no se emplee un solo peso en fumigación y acciones de fuerza. Queda planteada hasta aquí la existencia de dos estrategias enfrentadas: PLANTE y Policía Antinarcóticos; el primero con áreas pequeñas para Desarrollo Alternativo y el segundo con grandes áreas para fumigar; con la perspectiva de nunca acabar; tal como se aprecia en el cuadro 1, que muestra cómo en los ochenta la producción de marihuana se disparó, a pesar que la fumigación representó

porcentajes de erradicación entre un 40 y un 77.6%.

Cuadro 1. Producción y erradicación de cultivos de marihuana en Colombia 1.982 - 1.987 (Hectáreas)

Política de erradicación forzosa.

Primer antecedente, la marihuana en Colombia

La producción de marihuana en Colombia adquiere importancia una vez México principal abastecedor de marihuana de los EE.UU. pacta con éste la detección y destrucción de los cultivos de marihuana, mas que por la persecución de narcotraficantes o la intersección del flujo internacional de narcóticos. Fue utilizado el herbicida Paraquat. Para 1979 se calculó que Colombia tenía cultivadas 25000 hectáreas y proveía diariamente entre 60000 a 90000 libras y entra también como País objeto del programa de erradicación.

De 1.988 a 1.996 se observa una baja en la producción, mas por la pérdida de competitividad en el mercado que por efectos de fumigación. Para 1.989 México supera la oferta e incrementa el volumen mundial. La serie de manifestaciones sobre el uso del Paraquat y luego del Glifosato y las posiciones encontradas entre INDERENA y la Policía Nacional, hacen que el gobierno decida cambiar de interlocutor y deje al Ministerio de Agricultura, a través del ICA, para que éste se limite a emitir conceptos técnicos más que consideraciones ambientales. Se integra una comisión para que visite los centros de Investigación de los EE.UU. El informe presentado permite conocer toda la metodología utilizada para llegar a la selección del Glifosato como el herbicida óptimo para la destrucción de los cultivos con base en su eficacia, su impacto en el medio ambiente, impacto en la salud humana, logística necesaria para su uso y costos.

Otros aspectos tenidos en cuenta tienen que ver con la manera de aplicación, el uso inicial del helicóptero y luego del avión y la altura de aplicación. En uno de los informes de pruebas realizadas en San José del Guaviare se anota: "... se encontró que el equipo produce un buen cubrimiento para las alturas de 3 a 10 metros para conseguir una buena cobertura y eficacia del producto, mas no igual para altura superior a 10 metros, lo cual incidirá en la eficacia del producto sobre el cultivo de la coca, causando por el contrario problemas de contaminación". Se insiste además en una mayor eficiencia con el helicóptero por la baja velocidad y posibilidad de bajar a las alturas recomendadas. Todos estos aspectos técnicos inciden de manera significativa en los costos operativos que serán analizados más adelante. El INDERENA identifica el ciclo de instalación del cultivo y hace referencia al impacto ambiental que produce especialmente la destinación de grandes extensiones de bosque mediante el uso irracional del fuego que hacen los colonos y cultivadores transitorios de cultivos ilícitos. El ciclo identificado presenta los siguientes pasos:

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE MARIHUANA

MIGRACIÓN A ZONAS MÁS <-

PRESERVADAS Y DIFÍCILES DE CONTROLAR EN PISOS TÉRMICOS MEDIOS

Otras reacciones alrededor de las fumigaciones tienen que ver con las comunidades indígenas de los Arhuacos de la Sierra Nevada quienes rechazaron el uso del glifosato; otras entidades como el Consejo Científico de la Universidad del Magdalena también hicieron pronunciamientos en contra de estas políticas. Todo lo anterior obligó a que el Ministerio de Salud solicitara la suspensión de su aplicación.

Quedaron establecidas recomendaciones como:

•    Establecimiento de un Centro Experimental tanto para análisis de cultivos como para el estudio de los sistemas de destrucción valorando el impacto ambiental y en la salud.

•    Que ningún herbicida se aplicara hasta tanto existiera laboratorio de análisis con capacidad para determinar residuos a través de muestras biológicas a partir de un monitoreo permanente.

La institucionalidad colombiana se mostró incapaz de establecer con claridad decisiones apoyadas en estudios serios y avalados por el ejecutivo, de tal manera que conformaran un conjunto coherente en sus acciones. Por un lado se establecía un grupo que mostraría las fumigaciones, integrado por el INDERENA (antes de la creación del Ministerio del Medio Ambiente), Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud y, el otro, que apoyaba incondicionalmente las acciones de erradicación integrado por el Ministerio de Agricultura a través del ICA, la Policía Nacional y la Dirección de Estupefacientes.

La marihuana dejó de ser económicamente rentable cuando se inició la producción en EE.UU. y se hizo su legalización.

Fumigaciones de los noventa: Sierra Nevada - cultivo de amapola

Ante la disminución de la demanda de marihuana una nueva dinámica aparece en Colombia; la producción de látex de amapola para producir heroína. El mercado de los Estados Unidos indica que la heroína empieza a tomar gran impulso. En 1991 fueron detectadas pequeñas dosis colombianas en Nueva York y Miami.

El mercado fue creciendo hasta ser considerado como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. La producción en Colombia alcanza cifras importantes como se aprecia en el cuadro 2.

Cuadro 2. Evolución de cultivos de amapola en Colombia

Algunos aspectos nuevos en este período tienen que ver con el desplazamiento de los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de

Santa Marta hacia Corinto en el Cauca. Uno de ellos es la confirmación del glifosato con concepciones técnicas de aplicación de acuerdo con el tamaño de los cultivos de amapola. Se establecieron categorías según los tamaños de los cultivos así:

Tamaño Grande-Categoría III para cultivos de más de 4 hectáreas.

Tamaño Mediano-Categoría II para cultivos entre 2 y 4 hectáreas.

Tamaño Pequeño-Categoría I para cultivos menores de 2 hectáreas.

Tuvieron en mente otras condiciones: Si había o no vivienda permanente en el lote de amapola, si había o no cultivos asociados y las características de la topografía del terreno; consideraciones éstas que luego no fueron tenidas en cuenta. Se mantuvo la recomendación de dosis de 2.5 lt/Ha de Glifosato, altura de vuelo inferior al rango 10 - 12 metros, humedad relativa superior al 75%, temperatura menor de 20oC y vientos con velocidad menor a 2.3 nudos. Para cultivos categoría III se utilizaría Aviones Turbo Trugh; en cultivos medianos, helicópteros y en cultivos pequeños con vivienda y otros cultivos asociados se haría control mecánico con machete o bomba de espalda. La hora de aplicaciones de 7 a 10 AM. Los escenarios donde se aplicaría serían los departamentos del Cauca, Huila y Tolima, los mayores productores (ver cuadro 3). Además se establece por primera vez una auditoria ambiental.

Evaluaciones posteriores dejan entrever cómo las recomendaciones de la auditoria ambiental y la coordinación interinstitucional de Gobernaciones, Policía, Ministerio de Justicia y Salud, Incora, Inderena e ICA, no se cumplían; era el caso de la fumigación por tierra.

Las reacciones no se hacen esperar: por un lado, La Cámara Júnior de Colombia, la de Boyacá, Ministerio de Salud, Misael Pastrana, Gobernador de Antioquia amparados por el derecho de tutela recién establecido, utilizaron este recurso para oponerse a la fumigación aérea. Por otro lado en el mismo Febrero del 92 hacen defensa del uso del Glifosato personas como el Procurador Carlos Gustavo Arrieta, Ministerio de Justicia y el Presidente Gaviria. El 24 de Febrero se inicia la fumigación de 23 Hectáreas de Amapola en Iquira, departamento del Huila y luego se extiende a los demás departamentos. Como infraestructura de apoyo se establecen las bases antinarcóticos en Neiva, Popayán, y Chaparral.

Los resultados basados en estadísticas de las autoridades antinarcóticos no son consistentes como se puede apreciar en el cuadro 4. Existen varias causas para ello como son: la reposición de los cultivos que no mueren con uso intensivo de fertilizantes; la resiembra en el mismo lugar de fumigación; la asociación con otros cultivos y el traslado de los cultivos de amapola a sitios más seguros. Queda claro que Tolima y Huila concentran las mayores áreas de producción y en correspondencia las mayores actividades de erradicación, sumando entre los dos el 81.02% de las fumigaciones en el periodo 1.992 - 1.998.

La evaluación del impacto de la erradicación de amapola contempla dos aspectos: Uno valorado en pesos que deja de percibir la guerrilla. Rosso José Serrano en Abril de 1.992 anota: "Hasta el momento han sido fumigadas 1.040 Hectáreas cultivadas (significa que) los grupos guerrilleros que operan en esa zona han dejado de percibir por ello poco más de 5.000 millones de pesos". El segundo objetivo era provocar la dinámica de retorno a los sitios de origen de los colonos y campesinos desplazados a zonas altas. Sin embargo la dinámica es otra, el mismo General Serrano anota: "Después de las fumigaciones aquí en el Huila, la gente que no era de Rionegro, La Plata, de Belalcázar y donde hemos hecho presencia, está regresando a sus puntos de origen, pero otros llegan".

El área productora de la Amazonía crece vertiginosamente; de las primeras zonas identificadas como Currillo, Solita o Valparaíso en el Caquetá, Calamar y el área cercana de San José en el Guaviare y pequeñas áreas de producción en Orito, La Hormiga y Puerto Asís se configuraron nuevas áreas con epicentros en el Guaviare. Caso Miraflores; Caquetá (Medio y bajo Caguán), Putumayo (Medio y bajo Putumayo), es tal el crecimiento que hoy es considerado Colombia como primer productor mundial de coca (Gráfico 1).

120000 _

100000 -

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 AÑOS □ Has. de coca □Has. de amapola □Total

Grafico 1. Evaluacióm de los cultivos ilícitos en Colombia 1987-1998

La metodología se modifica con base en resultados de un ensayo experimental realizado en el Darién: 10.41 lt/ha, la altura 12.75 m. Se establecen repasos en cada lote y monitoreo cada 30 a 45 días para luego hacer segunda aplicación que elimine el cultivo, bajo la responsabilidad del ICA y del INDERENA en cuanto a la selección de áreas para fumigación aérea. El programa se inicia y se acrecienta hasta 1998 según lo demuestra el cuadro 5.

Cuadro 5. Fumigación aérea de cultivos de coca has por regiones 1994 - 1998

La protesta social se da en las dos regiones más importantes: el medio y bajo Putumayo y el Guaviare. El ICA logra aplazar la acción de fumigación; el INDERENA permite condicionar la fumigación a lotes de menos de dos hectáreas con labores mecanizadas y no por fumigación aérea; además con el compromiso de no volver a sembrar y acogerse al beneficio de sustitución. Paralelamente se observó en 1993, un repunte sobre la marihuana en la Sierra Nevada con incremento de 2.475 hectáreas lo cual comprueba la ineficacia de las acciones de erradicación forzosa. El anuncio de una posible fumigación con Glifosato obliga a nuevas movilizaciones de las comunidades indígenas; la Fundación Prosierra en cabeza de Juan Mayr argumenta cómo el problema central era la demanda europea y norteamericana, demanda que surge nuevamente en Colombia a raíz de la destrucción de los cultivos de marihuana por el invierno en California, en Hawai y México, ya que esta se había constituido en segundo lugar de producción después del trigo en EE.UU. "El resultado de estas acciones condujo a la suspensión de las operaciones de fumigación y el traslado de las mismas a la región del Perijá, acciones que ocasionaron la intervención del gobierno Venezolano con militarización de la frontera, fumigación y castigo para productores del lado Colombiano.

Programa de erradicación de coca

La tercera etapa comprende el período de fumigación de los cultivos de coca desde 1994 hasta hoy. La dinámica de la producción crece una vez que en Colombia se decide además importar base de coca del Perú y Bolivia, con el fin de suministrar el clorhidrato en mercados de Europa, Europa Oriental y la URSS. El 28 de diciembre del 94 el Consejo Nacional de Estupefacientes, decidió continuar la erradicación de los cultivos ilícitos cualquiera que fuere la extensión y ubicación geográfica.

En el período comprendido entre Enero del 95 a junio del 96 se acentúa el programa significativamente; de 2.867 ha. en el 94, se pasa a 23.674 ha. en el 95, el 84.26% corresponden a San José y el Retorno. Entra a participar en el conflicto en forma activa la guerrilla intentando la toma de la base antinarcóticos. Se cometen atentados contra la población civil al disminuir la infraestructura de salud, instituciones educativas y ser utilizada como escudo humano. Son denunciadas contaminaciones y daños en cultivos de pancoger, pastos y fuentes de agua, hasta fumigación de viviendas.

En Julio de 1996 se inicia la fumigación en la zona de Miraflores hasta ese momento considerada como el mayor centro productor de coca en el mundo y altamente resguardado por la insurgencia. El modelo de acción no fue aéreo sino terrestre teniendo en cuenta la capacidad de fuego de la guerrilla. Actuó el Batallón Móvil N°2. A pesar de las propuestas de campesinos, comerciantes, jornaleros y el respaldo de la misma guerrilla, la acción de fumigación avanzó y se extendió hasta alcanzar cifras insospechadas: 19.305 has. en 1.996, 41.777 para 1997 y 49.527 para 1.998.

El problema se complica aún más al no concederse partidas adicionales para programas de mejoramiento de infraestructura en vías y cuando los campesinos al regresar a las chagras, las encontraron desmanteladas en los cultivos de pancoger, aves y ganadería. Las acciones de imposición estuvieron acompañadas de la certificación que "otorga" EE.UU. de acuerdo o no al fiel cumplimiento de sus políticas antidrogas.

Dentro del seguir experimentando con herbicidas más efectivos, el 8 de Marzo de 1.997 se hace "experimentalmente" la aplicación de IMAZAPYR en zonas selváticas de Guaviare, Putumayo y Caquetá.

Los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura ven limitados sus papeles y la Dirección Nacional de Estupefacientes asume la mayor responsabilidad; el Ministerio de Agricultura se limita a: "Realizar estudios concernientes a evaluar las condiciones de los equipos de aplicación aérea..." por su parte el Ministerio de Salud señala dentro del nuevo andamiaje que:

1.    No existen datos que permitan un seguimiento sustantivo de la mortalidad y morbilidad de grupos específicos de población en especial de aquellos que por su ubicación geográfica tienen una exposición potencial a los herbicidas utilizados.

2.    Las dificultades de seguimiento a los impactos en la salud se manifiestan en las serias limitaciones a seguimiento de casos crónicos, tal como el de las Neoplasias que ocurren entre 10 a 15 años después de la exposición continuada a herbicidas. Tampoco se han realizado investigaciones que permitan establecer casos de cáncer relacionadas con las mismas exposiciones a herbicidas. De igual forma el Ministerio del Medio Ambiente reitera sobre el carácter incipiente de la investigación aplicada en el campo de la toxicología sobre todo lo ambiental, como una causa que ve limitado su papel en la veeduría de las fumigaciones.

Queda claro hasta acá que tanto el INDERENA como el Ministerio del

Medio Ambiente han sido las instituciones que han defendido el patrimonio nacional ambiental con marcadas limitaciones para poder cumplir con el verdadero papel y que vale la pena pensar cómo dentro de las conclusiones de este encuentro es necesario definir y proponer el apoyo de la Red en especial, con las investigaciones de riesgo e impacto ambiental.

A manera de conclusiones generales sobre políticas de erradicación se puede concluir según Vargas:

•    La fumigación no es un mecanismo disuasivo frente a los productores.

•    Crea nichos de producción en áreas no intervenidas.

•    Se favorecen áreas con cultivos incipientes de coca sin detectar y que terminan siendo nuevas zonas de producción. Al ser identificadas, se fumigan, generándose una movilización permanente del problema.

•    Las estadísticas muestran que el área existente en coca en 1.994 era de 45.500 has, el área fumigada desde 1.994 a 1.998 fue de 140.858 has. y el área existente en 1.998, de 101.200 hectáreas, demostrándose que los cultivos ilícitos tienen una dinámica de crecimiento totalmente independiente de las acciones de erradicación forzosa, y que como consecuencia la política es equivocada.

Las fumigaciones y el desarrollo alternativo

Con motivo de la muerte del Ministro Rodrigo Lara el gobierno de Betancourt diseñó un Plan Nacional sobre las Drogas y uno de sus componentes fue el Plan Maestro de Sustitución de Cultivos Ilícitos. El primer experimento se montó como piloto en el sur del departamento del Cauca y norte de Nariño. Se centraron actividades en torno a fomento agropecuario en especial con café, plátano, yuca, papaya, cítricos, fríjol, caña panelera, cuyes, cerdos y ganadería de doble propósito; se acompañó con inversión en infraestructura especialmente de puentes para favorecer la comercialización, además se construyeron plantas procesadoras de plátano y yuca y centros de acopio. También se favoreció la inversión social, al final, lo mejor del proyecto. El proyecto fracasó ya que para 1995 se diversificó la producción de droga; aparece la oferta de látex derivado de la amapola y en el mismo municipio del Cauca se dispara la producción de marihuana. No fue posible establecer con claridad hasta dónde la capacidad de generación de fuentes de ingreso pudieron generar excedentes significativos.

Para la década de los 90 la política nacional sobre las drogas formula el plan nacional para la superación del problema y se empieza a hablar de Desarrollo Alternativo; en 1992 se decide el traslado de la responsabilidad al Plan Nacional de Rehabilitación.

El objetivo del programa de Desarrollo Alternativo era la ejecución de proyectos de inversión para la infraestructura social, física y reproductiva de zonas afectadas por cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la autonomía, la gestión y la organización comunitaria, orientadas a analizar actividades multisectoriales e interdisciplinarias con entidades gubernamentales y no gubernamentales, en apoyo de procesos de desarrollo microregional inscritos en las metas formuladas por el gobierno nacional.

El cumplimiento del objetivo se pierde cuando el Desarrollo Alternativo se convierte en un complemento a las campañas de erradicación forzosa, tal como se consigna en el Plan Nacional contra la Droga. "... se ejecutará el Plan de Desarrollo Alternativo - PLANTE como un programa presidencial, orientado a brindar a partir de la destrucción de los cultivos ilícitos, una alternativa económica de vida dentro de la ley, a los campesinos, colonos e indígenas involucrados en esa actividad".

Los proyectos con un contenido de regionalización, y reordenamiento territorial hacen parte de una segunda fase denominada Desarrollo Alternativo normalizado.

Luego de la aplicación e implementación del modelo hasta 1.997, el problema lejos de resolverse se ha agravado. La criminalización del productor sigue produciendo distorsiones para un manejo adecuado. Las acciones de fuerza han generado consecuencias que desfavorecen la correcta aplicación del Plan de Desarrollo Alternativo.

•    El Estado no garantiza el llamado "Programa de emergencia" complementario a la erradicación forzosa.

•    La competitividad en el corto plazo de los proyectos sustitutos frente a la coca o amapola resulta imposible.

•    En todos los casos en donde las acciones de fuerza se combinaron con Desarrollo Alternativo, deslegitimaron la acción del Estado y han generado desconfianza entre las comunidades.

•    La fumigación al generar movilidad de los cultivos hace perder fuerza a los programas de Desarrollo Alternativo, quedando en planes dispersos de inversión, sin que se logre disuadir al cambio a los cultivadores, ni se genere una incidencia regional significativa.

La salida

Dado el poco éxito alcanzado con las estrategias de erradicación forzosa y el Plan de Desarrollo Alternativo, es necesario una salida a partir de una política que al considerar y reconocer las causas socioeconómicas como base de la explicación del problema y descartando la criminalización del productor en la relación Estado-individuo tal como sucede en este momento, se proponga:

1.    Identificación de la dinámica regional de ocupación del territorio; desarrollo de elementos que definan la zonificación agroecológica de cada territorio, antecedentes de la colonización y sus tendencias actuales; elaboración de un mapa de conflicto con las condiciones productivas y ambiéntales de cada zona.

2.    A partir de lo anterior es posible situar los actores y establecer el impacto de la economía ilícita de materia prima, con el fin de instaurar modelos de intervención con precisión de objetivos y relativo control de sus resultados. Las acciones deben tender a incorporar prioritariamente un proceso de regionalización y subregionalización como punto de partida de la intervención del Estado.

3.    Simultáneamente debe darse la acción del Estado para interrumpir el circuito de las drogas especialmente en la parte final del procesamiento y en los grupos organizados de narcotráfico, experiencia ya comprobada exitosamente en Perú y Bolivia.

Una vez que se defina la zonificación sobre el potencial productivo y el campo de áreas objeto de preservación, además del mapa de ocupación, se podrían delinear los proyectos que fortalecerán las economías campesinas a corto, mediano y largo plazo. Es necesario caracterizar el actor social con su naturaleza propia de colonos que les ha tocado sembrar cultivos ilícitos, fortaleciendo a empresarios ilegales o comerciantes que controlan el mercado. Con estos dos elementos es posible privilegiar zonas deprimidas de colonización agraria con características de zonas de colonización agroecológicas estables en donde se deben concentrar los recursos para los proyectos productivos o de infraestructura.

Las posibilidades de éxito en la aplicación del modelo dependen de la superación de dos inconvenientes: la falta de autonomía del país al aceptar la imposición de procedimientos de erradicación con herbicidas cada vez más fuertes y, las ayudas económicas condicionadas a las acciones de fuerza a través de la erradicación, el incremento logístico para enfrentar militarmente a la guerrilla, incluida la venta de armas y el entrenamiento militar.

Además de lo anterior el otro inconveniente para la aplicación del modelo tiene que ver con el tratamiento a los cultivos ilícitos como problema de orden público, lo cual impide una intervención con base en el diálogo y la concertación con las comunidades. La decisión política que se requiere debe darse en las mesas de diálogo del actual proceso de paz. Debe ser el producto de una negociación que por un lado devuelva la autonomía al país para que pueda tomar sus propias decisiones y por otro, la inversión de la ayuda no para acciones de fuerza en un gran porcentaje sino que debe cambiarse por inversión social ligada a planes de desarrollo microregionales en las zonas que se determinen.

Queda claro que frente al problema de cultivos ilícitos es muy poca la participación que ha tenido la Universidad Colombiana y, si ha existido, es poco conocida y menos aún, se ha sistematizado el conjunto de acciones desarrolladas.

Es necesario que de este evento salga un Plan de Acción concreto que permita establecer con claridad cuál debe ser nuestra participación más allá del discurso, los análisis y pronunciamientos. Propongo que se defina un Plan Estratégico de Investigación y Extensión que permita, en primer lugar, reunir todos los trabajos realizados y que hacen referencia a recursos naturales y medio ambiente, de tal manera que podamos hacer claridad sobre el estado de la biodiversidad antes del establecimiento de cultivos ilícitos y después de las acciones de fumigación.

En segundo lugar, es prioritario con respecto a la actual política de erradicación, sustentar con argumentos científicos no sólo su equivocado enfoque de erradicación, sino además el impacto ambiental generado por la cadena loca de herbicidas químicos, líquidos, granulares y el programa previsto sobre el uso indebido de la biotecnología a partir de la utilización de bioherbicidas como la mal llamada "bala de plata" el Fusarium oxysporum y el Deudryphion papaveraceae.

En tercer lugar, y como consecuencia de las acciones ejercidas a través de las fumigaciones, es necesario contrastar los efectos del impacto causado por esta fuente a la biodiversidad y medio ambiente. Dada la impotencia manifestada en forma sincera por el Ministerio del

Medio Ambiente en su papel de participante en la auditoria ambiental sin laboratorios especializados para la determinación y cuantificación de trazas de productos en agua, suelo, vegetación, fauna y demás, al igual que el efecto causado, es prioritario definir un programa de investigación por parte de la Universidad Colombiana para evaluar el efecto mutagénico de los productos utilizados a través del tiempo. El gobierno Nacional debe proveer la infraestructura de laboratorios para que sea la Universidad Colombiana la que pueda servir de apoyo en esta auditoria. Favorecen el desarrollo de los proyectos investigativos apoyados en los avances de la Biotecnología, al corto, mediano y largo plazo. De paso todas las acciones desarrolladas por las Universidades asociadas en red para trabajar deben tener además de las garantías en su acreditación los presupuestos apropiados para ampliar su cobertura y calidad académicas.

Bibliografía

Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). "Comunicado del CNE a la Opinión Pública Sobre la Erradicación del Cultivo de Amapola". Enero 31 de 1992. Santafé de Bogotá.

Informe del ICA sobre la evaluación de las aspersiones producidas con el avión Turbo Trush Commander, abril de 1992.

Ministerio de Agricultura. Departamento Nacional de Planeación DNP. "Proyecto de Desarrollo Alternativo en Áreas de Economía Campesina Productora de Cultivos Ilícitos en la Serranía de Perijá". Primera Fase 1993.

Ministerio Público. Defensoría del Pueblo. "Se Está Empleando Imazapyr para Erradicar Cultivos de coca en el Putumayo". Octubre de 1998. Bogotá.

VARGAS, Mesa Ricardo. Fumigación y Conflicto. Políticas Antidrogas y Deslegitimación del Estado en Colombia. Tercer Mundo Editores. Noviembre de 1999. Santafé de Bogotá.

Cuadros. Fuente: Policía Antinarcóticos y Departamento de Estado de Estados Unidos.

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1ngeniero Agrónomo. Profesor titular Facultad de Ingeniería, Universidad Surcolombiana. Ponencia presentada en el encuentro de la Red de Universidades por la Paz.