Desde 1859, cuando el estadounidense Edwin Drake descubrió el primer pozo petrolero dando comienzo a la historia de los hidrocarburos como base del desarrollo económico del mundo, el petróleo ha sido el centro de acontecimientos importantes a nivel internacional, su utilidad estratégica ha sido la causa de muchas guerras y conflictos armados. Los grandes accionistas de compañías multinacionales han influido de manera decisiva en la política exterior de los gobiernos de muchos países. Todo esto promovido por la gran importancia que en la economía y en el campo militar tiene el petróleo como fuente principal de energía y materia prima de variados productos petroquímicos.

Las compañias multinacionales, desde sus comienzos, han recurrido a todo tipo de maniobras para apoderarse de tan valioso recurso. John Rockefeller, creador de la «Estándar Oil Compan» con maniobras poco éticas logró controlar (año 1878) más del 90% de oleoductos y refinerías de petróleo de Estados Unidos y monopolizó la refinación y venta de petróleo y sus derivados. Esta compañía, después de actuar con muchas maniobras desleales, hizo presencia en Latino América; en 1920 llegó a Colombia, en 1924 a Perú, en 1921 fundó la “Estándar Oil Venezuela” que rápidamente se convirtió en el mayor consorcio petrolero venezolano y posteriormente adquirió todos los derechos de la más grande refinería de Aruba.

El poder petrolero de Rockefeller se extendió a todas las zonas del mundo ricas en hidrocarburos; es así como la “Jersey”, una de sus filiales, construyó una refinería en Indonesia en 1926 y en 1933 creó la “Estándar - Vacuum Oíl Company”, la cual más tarde sería la “Mobil Oíl” destinada a desplegar actividades en Sudáfrica, Japón y Arabia Saudita. Hacia 1947 la “”Jersey” penetró los campos petroleros de Arabia Saudita. Por otra parte, la “British Petroleum” y la “Royal Dutch Shell” abarcaron todo el Medio Oriente (Yerguin, 1991, 120-121).

Con su avance vertiginoso, las multinacionales del petróleo en poco tiempo se apoderaron de grandes yacimientos, de las vías de transporte y de los mercados; avance que estuvo precedido de presiones políticas y en muchos casos de amenazas de carácter militar, provocando conflictos regionales. Recurrieron al chantaje político, las amenazas, la intervención en los asuntos internos de otros países y promovieron derrocamientos de gobiernos constitucionales. Estas compañías multinacionales se enriquecieron a costa de la explotación voraz de los recursos de los países subdesarrollados, impusieron a su antojo los precios del crudo y evadieron descaradamente la mayor parte de los impuestos en detrimento de los países productores. Impusieron en todo el mundo los contratos de concesión, base de la riqueza de éstas multinacionales y al amparo de las concesiones impusieron ventajosas condiciones que les permitieron ejercer control sobre inmensos territorios; según su criterio determinaban el tamaño de la prospección, extracción y explotación y fijaban según su conveniencia los precios de importación.

Algunos sectores de los países productores decidieron oponerse a las arbitrariedades y el saqueo de las multinacionales. Especialmente en Latinoamérica se desarrollaron grandes luchas sociales a favor de la nacionalización de sus recursos. En 1917 bajo la orientación del presidente Venustiano Carranza, la Constitución de México proclamó la soberanía de la nación sobre los recursos naturales. Posteriormente, el gobierno de Elías Calles, decidió aplicar lo dispuesto en la Constitución y exigió de las compañías petroleras extranjeras mayor participación en la producción de hidrocarburos. Esta política nacionalista provocó la reacción airada del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual ejerció enormes presiones sobre México de tal manera que condujeron a desarrollar una conciencia patriótica nacionalista en los mexicanos, quienes bajo la dirección del Presidente Lázaro Cárdenas nacionalizaron la propiedad de las compañías petroleras extranjeras y crearon la compañía estatal “Petróleos Mexicanos, PEMEX” que desarrolló la industria de los hidrocarburos en éste país (Meyer, 1972, 65-66).

En 1943, en Venezuela fue aprobada una Ley que reglamentaba la actividad de las compañías extranjeras, donde se limitaba a tres (3) años el periodo de prospección y el plazo de las concesiones se establecía en 40 años. Las regalías subieron de una décima a una sexta parte del costo del petróleo y en 1948 el gobierno venezolano impuso a las compañías extranjeras el principio “cincuenta -cincuenta” que provocó amenazas de parte de los Estados Unidos. Este principio fue asimilado por otros países como Irak, Kuwait y Arabia Saudita los cuales aumentaron el porcentaje en sus regalías, limitando las enormes ganancias de las multinacionales petroleras.

Los países productores paulatinamente fueron aunando esfuerzos en la lucha contra la actitud voraz de los grandes monopolios, y con este propósito, en 1954 la Liga Arabe fundó el Comité Permanente de Petróleo, que empezó a exigir mejores condiciones en la explotación de sus recursos naturales. En 1960, se reunieron en Bagdad representantes de los más importantes países productores: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, quienes conformaron la OPEP con el fin de enfrentar desde posiciones nacionalistas a los poderosos monopolios, especialmente en lo referente al precio del barril de crudo. Posteriormente, se adhirieron Katar en 1961, Indonesia y Libia en 1962, Abu Dhabi en 1967, Argelia en 1969, Nigeria en 1971, Ecuador en 1973 y Gabón en 1974. El objetivo fundamental de ésta organización fue “coordinar y unificar la política petrolera de los países miembros, así como elaborar los modos y métodos de proteger sus intereses, tanto en forma individual como colectiva”. La creación de la OPEP, modificó el negocio a favor de los países productores los cuales controlaron la producción, se mejoraron los precios y elevaron sus ingresos; en el mercado mundial de los hidrocarburos, la OPEP se consolidó con mucho poder político y económico; hacia 1980 producían casi el 70% de las exportaciones mundiales de crudo, aunque por varias razones en 1998 su participación bajó considerablemente, pues su producción diaria estaba cerca del 35% de la producción mundial (Echeverría, 1986).

Ante esta situación, las multinacionales y los principales países consumidores de petróleo, aumentaron sus programas de exploración en países no miembros de la OPEP, y se hallaron nuevos yacimientos, lo cual hizo que se bajara drásticamente la cuota de la OPEP. Pasando al plano nuestro, Colombia no fue ajena a las presiones y actitudes arrogantes y ventajosas de las compañías petroleras extranjeras, denunciados en su tiempo por sectores patrióticos entre otros por el insigne escritor José Eustasio Rivera quién solicitó y recibió la primera concesión petrolera otorgada en nuestro país, la cual nunca condujo a actividades de exploración y explotación. El petróleo se encontró por primera vez en el área de Barrancabermeja hacia el año 1918 y se hizo oficial en 1921 con la concesión de Mares, que expiraría en 1951. Hacia 1948 se desarrollaron prolongadas huelgas de los trabajadores petroleros agrupados en la Unión Sindical Obrera (USO) que pugnaban por mejores condiciones laborales y al mismo tiempo se oponían a la prolongación del contrato de concesión con la “Tropical Oíl Company”, más conocida como la “TROCO”, la cual presionaba al gobierno para que dicho contrato fuera más allá del 25 de agosto de 1951. La opinión pública e importantes sectores políticos representados en el Congreso de la República, reclamaban la nacionalización de la industria petrolera, lo que conllevó a la creación en 1948 de la Empresa Colombiana de Petróleos “ECOPETROL”, que recibiría la concesión en 1951 y empezaría a manejar el petróleo en Colombia.

Consecuente con sus intereses y con la actitud asumida en otras partes del mundo, la TROCO, apoyada por algunos sectores de la sociedad colombiana, planteaba argumentos contra la nacionalización, tales como: el elevado contenido técnico de la actividad petrolera, necesidad de recursos altamente calificados y grandes inversiones de capital que el país no tenía y desestímulo a la inversión extranjera.

No obstante, la actividad patriótica de los trabajadores, de políticos progresistas, y de la opinión pública en general, el 25 de Agosto de 1951, a las doce (12) de la noche, al cumplirse los 30 años del contrato de concesión de Mares, se entregaba a la nación todos los bienes comprendidos dentro del área del contrato (Bendeck, 1993, 87-90).

ECOPETROL, ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la industria petrolera nacional, sin embargo, hay que resaltar el hecho de que sólo el campo de Apiay responde a descubrimiento propio y es en éstos momentos el de mayor rentabilidad de la empresa. Los demás campos son recibidos de los contratos de concesión vencidos (después de 30 años de explotación), donde la producción está bastante reducida. Campos como Palagua, en las mejores épocas en poder de TEXAS produjo 37.000 Bbl/día, hoy sólo produce 3.000 Bdl/ día y la rentabilidad es prácticamente cero. En este campo, la TEXAS durante 30 años arrojó el agua residual al río Magdalena, con un mínimo tratamiento, y a ECOPETROL, con tan poca producción, le tocó instalar una planta de tratamiento de agua para inyectarla nuevamente a la formación (y no arrojarla al río Magdalena) con un costo de 1.500 millones de pesos en 1994.

El campo de Cicuco en su mejor momento en poder de COLPET, produjo 35.000 Bbl/día y hoy en poder de ECOPETROL se producen solo 600 Bbl/ día, con una rentabilidad nula y, además, ECOPETROL realizó obras de tratamiento de agua por 800 millones de pesos en 1994 porque COLPET en 30 años y con alta rentabilidad no pudo o no quiso realizarlas. Lo mismo se puede decir de campo Dina, donde en su momento, HOCOL produjo 28.000 Bbl/día y hoy ECOPETROL sólo produce 12.000 Bbd/ día después de realizar considerables obras pues las condiciones de superficie del campo no eran las mejores.

Sin embargo, para la entrega del campo DINA en l994 al Estado (reversión de la Concesión Neiva 540), el Ministerio del Medio Ambiente impuso a HOCOL una serie de obligaciones en materia de restauración ambiental, las cuales fueron cumplidas entre 1995 y l999, constituyéndose así el primer caso de esta naturaleza en el país, con el cual se marcaron las pautas metodológicas y normas legales para procesos similares (HOCOL, 2000, 4-7).

Los campos propios de Ecopetrol como ya se dijo, son el resultado de las reversiones, excepto Apiay. Por ser campos depletados (explotados y agotados), la producción es baja y los costos altos. Los crudos de la Gerencia Centro Oriente tienen un costo de producción elevadísimo (14.50 dólares el barril) y su precio internacional en el año 1998 estaba alrededor de nueve dólares el barril. Con una producción promedio diaria de 38.000 barriles, Ecopetrol perdió con relación a las posibilidades de negocio internacional 69 millones de dólares al año. En los campos del Alto Magdalena y Orito el costo de producción por barril estaba al nivel del precio internacional (1998) , por consiguiente, la empresa no ganó un solo dólar en la operación (ver cuadro 1). Además, por decisión de los diferentes gobiernos Ecopetrol ha participado en proyectos pocos rentables como el Cerrejón donde aportó 1.800 millones de dólares sin ninguna retribución.

Consideramos que está es una forma de debilitar a la empresa a favor de las multinacionales con campos agotados y con el drenaje de recursos a otros proyectos, se limitan las posibilidades de inversión en exploración que procuren el descubrimiento de nuevos campos y el crecimiento petrolero propio. Por el contrario, en contra de esta posibilidad se reciclan los mismos argumentos de 50 años atrás: «no tenemos personal capacitado», «la empresa no tiene capacidad de inversión», «las multinacionales se van de Colombia», etc. Parece una constante a través de la historia, la contradicción entre los intereses de las multinacionales petroleras y los intereses de los países productores.

Desde Rockefeller hasta hoy, los monopolios han explotado aceleradamente los recursos naturales de países en vías de desarrollo procurando altas ganancias a costa del empobrecimiento de los países poseedores de estos recursos. No se observa verdadera transferencia de tecnología ni una contribución al desarrollo. Por el contrario, cuando abandonan los campos dejan una estela de miseria, medio ambiente degradado y equipos en mal estado.

El deterioro ambiental, causado por la explotación irracional del petróleo ha sido una constante en la actividad de las multinacionales. Grandes áreas se han contaminado con aquellos residuos o con derrames de crudo. Con frecuencia se arrojan aguas contaminadas a ríos, ciénagas y lagunas donde los campesinos pescan para su sustento diario.

Según el investigador Alfonso Avellaneda, «la Texas ocultó información sobre la contaminación real en la zona y nunca quiso ejecutar una recuperación de la ciénaga de Palagua, a la cual había vertido durante más de 4 años los residuos tóxicos de sus campos petroleros. Finalmente hacía 1995 vendió los campos a la empresa Omimex, descargándose de las obligaciones ambientales con el Estado colombiano, tal como lo había hecho con los campos de Orito en el Putumayo, en la década de 1970, los cuales fueron entregados a Ecopetrol en condiciones ambientales deplorables». Hace apenas unos años se detectó cerca de Barrancabermeja un depósito de residuos tóxicos de hidrocarburos con más de 240.000 barriles (Avellaneda, 1998).

Con el propósito de mitigar los impactos ambientales negativos generados por los proyectos de desarrollo, en Colombia se han adoptado diferentes normas legales cuyas principales directrices se consignan en la ley 99 de l993 y el decreto 1753 de l994. Por estos años, las mismas empresas privadas empezaron a promover en el país la adopción voluntaria de normas técnicas nacionales e internacionales de gestión ambiental, entre las cuales se incluyen algunas compañías especializadas en la explotación de hidrocarburos.

Con base en la presión ejercida por la nueva legislación y los lineamientos establecidos en esas normas técnicas, varias compañías petroleras en Colombia mejoraron la gestión frente a su responsabilidad con el medio ambiente, de tal manera que algunas de éstas se han comprometido a desarrollar proyectos ambientales que superan las exigencias legales. Así por ejemplo, en esta línea, HOCOL se encuentra desarrollando en el Huila programas de educación ambiental para profesores, niños y propietarios de fincas; establecimiento de bosques de guadua, protección de nacederos o manantiales, conservación de vegetación nativa y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos; programas que favorecen principalmente a comunidades de las microcuencas de las quebradas San Francisca (González y Hurtado, l999, 23-24, 186-187), Guayabal (García, l999, 21-22, 115, 118, 149) y El Neme (Oviedo y Pastrana, l999, 20, 146, 155, 159-160), así como otras áreas de los municipios de Neiva y Palermo.

La Industria Petrolera Colombiana debe contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país y para ello debe fortalecerse financieramente a Ecopetrol de manera que pueda buscar y desarrollar nuevos campos. Por otra parte, los contratos de asociaciones con compañías extranjeras o nacionales privadas debe realizarse bajo términos justos y equitativos y las utilidades de los recursos naturales deben contribuir racionalmente a mejorar el nivel de vida de nuestra sociedad, a elevar el nivel de educación y así, asimilar y producir conocimiento a tono con los estándares universales.

Los beneficios para el Estado no deben limitarse solamente a percibir unas regalías, es necesario ir mas allá; por ejemplo, una verdadera transferencia de tecnología, capacitación de alto nivel a ingenieros colombianos, acceso a los centros de investigación de las compañías matrices, creación de fondos especiales para promover el desarrollo científico y tecnológico en materia de conservación ambiental en universidades públicas y el fortalecimiento económico del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), cuya financiación podría garantizarse destinando 10 centavos de dólar por cada barril de petróleo producido.

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