Introducción

El Centro de Competencia en Comunicación para América Latina considera que la relación entre comunicación y política debe ser diseñada y evaluada desde la posibilidad de crear una cultura de la participación y de la movilización social, ya que la necesidad en América Latina está en desarrollar sistemas abiertos y plurales de diálogo público para construir nuevos pactos de confianza colectivos y modos de reconocimiento recíproco como ciudadanos. Para esto se busca identificar posibles mecanismos de conexión y encuentro entre los actores gubernamentales, la sociedad civil y el sector comercial. De allí que la política es cuestión de comunicación, en la que los mensajes, las posiciones, actitudes y orientaciones de los ciudadanos hacia su entorno generan según Almond y Verba (1963) la bien llamada Cultura Política, en donde "la comunicación es principio y fin, pasa a ser eje transversal, medio y fin, enfoque, perspectiva y estrategia, un todo que debe hacer equitativo el acceso y la participación de la gente asegurando además de los beneficios materiales, la justicia, la reconciliación, la paz y la libertad para todos y todas" (Gamba, 2008, p. 1).

En este sentido, la presente investigación descriptiva genera un aporte al campo de la Comunicación y la Cultura Política, buscando entender las relaciones, concepciones, valoraciones, niveles de adherencia y opiniones que se construyen alrededor de la dinámica sociopolítica presente en los procesos de participación en Montería.

Aproximación al concepto de cultura política

No existe un marco único para comprender la cultura política en las sociedades; diversos autores en el mundo han abordado este tema, algunos mostrando puntos de encuentros en los conceptos, otros discrepando en el modo de entender la política, y un sector que complementa muchos de estos abordajes, incorporando nuevas categorías sociales que han enriquecido el debate. A continuación se presentan algunas de estas miradas y conceptualizaciones que han elaborado reconocidos teóricos en este campo, que pueden ayudar a comprender mejor los componentes, niveles y categorías que subyacen en el discurso de la cultura política:

Robert Dowse (1977) observa la cultura política como resultado de la historia del sistema político y de los miembros de ese sistema; por consiguiente, su lectura de la cultura política la soporta en analizar los acontecimientos públicos y la experiencia privada de los sujetos.

González (1981) apunta también a considerar el elemento histórico del sistema político igual que Dowse; de esta manera mira la cultura desde la estructura política y la herencia histórica que la justifica y la soporta. Así pone en discusión el tema de la cultura del poder y cómo las ideologías dominantes, presentes en las estructuras políticas tradicionales e imperantes, permean las manifestaciones político-culturales de la nación.

Garreton (1991) sitúa la cultura política en una dimensión relacional, apuntando a las imágenes y sentidos que subyacen en la acción colectiva dentro de la sociedad, que se debate en un plano relacional entre el Estado, la estructura político-partidaria y la sociedad civil, como base que incluye a todos los movimientos sociales.

Luis Morfin (citado en Alonso, 1994) define la cultura política desde una mirada axiológica, apunta al conjunto de significados y valores que, al ser apropiados e interiorizados por grupos humanos, influye en la toma de decisiones y constituye la razón de ser de la comunidad política. Este concepto aborda el tema de la cultura política desde la construcción de horizontes de sentido político en un plano colectivo de intereses variados en el que convergen personas o grupos humanos. A esta misma dirección de lo colectivo apuntan Alonso (1994) y Pye & Verba (1972), quienes miran la cultura política desde una perspectiva sociológica, mostrando que existen múltiples culturas políticas en los diferentes grupos humanos y clases sociales. Pye & Verba fijan su preocupación sobre este tema tratando de entender los roles y procesos de identidad que se generan en la vida social; también analizan las actividades, creencias, sentimientos y normas que organizan y dan sentido y significado a los procesos políticos y a los comportamientos dentro del sistema.

Estudios más recientes como los de Berger, Wildavsky & Thompson (1990, citados en Solano, 2005: p. 29) consideran la cultura política desde cuatro categorías: jerarquía, individualismo, igualitarismo y fatalismo.

Todos estos aportes teóricos desglosados anteriormente son parte del proceso de transformación que ha ido teniendo el término, desde su aparición en la década del cincuenta cuando fue usado por Herman Finer, y posteriormente definido por Almond & Verba (1963) en varias de sus obras, principalmente en la que lleva por título Cultura Cívica, actitudes políticas y democracia en cinco naciones. En esa obra se define la cultura política como el conjunto de elementos o patrones de orientación cognoscitiva, afectiva y valorativa que el ciudadano tiene hacia el sistema político. El patrón de orientación cognoscitiva se refiere al sistema de conocimientos y creencias que el ciudadano y la ciudadana tienen del sistema político en el que habitan. El patrón de orientación afectiva tiene que ver con los sentimientos de apego, rechazo y compromiso que el individuo asume respecto al sistema político. El patrón orientación de carácter valorativo hace referencia a las opiniones, percepciones y juicios de valor que la persona hace de su entorno sociopolítico.

Almond & Verba, a partir de las orientaciones esbozadas anteriormente, lograron clasificar varios tipos de Cultura Política: la cultura política parroquial (sociedades con estructuras políticas tradicionales y conservadoras), en la que no hay retos políticos, poco se conoce de cómo funcionan y se estructuran los gobiernos, los individuos aceptan y se someten a las autoridades y prácticas de poder establecidos; según estos autores en este tipo de culturas los liderazgos constituyen roles difusos de tipo político-económico-religioso, y para los miembros de estas sociedades las orientaciones no se hallan separadas de sus directrices religiosas y sociales; en esta tendencia prima más lo afectivo y lo jurídico que lo cognitivo. La cultura política súbdita (estructura autoritaria centralizada), en la cual los individuos tienen conocimiento de lo que es el gobierno y los aspectos administrativos del sistema sociopolítico, pero mantienen con estas estructuras una relación pasiva y subordinada; en este contexto también es central lo afectivo y normativo. La cultura política participativa (identificada con una estructura democrática), en donde los ciudadanos y ciudadanas tienen conocimiento claro de su entorno político, y del sistema y sus estructuras como un todo, manteniendo un rol activo en la dinámica política, y asumiendo posiciones de adherencia al sistema político cuando las orientaciones cognitivas, afectivas y valorativas son positivas, o bien de rechazo o indiferencia cuando son negativas. Para estos autores las democracias sólidas se caracterizan por presentar una fuerte cultura política participativa, que transita a la par de las otras modalidades. A esta dinámica de convergencia de culturas políticas la denominan cultura cívica o mixta; sin embargo, se reconoce que en esta modalidad cívica convergente prevalece con mayor frecuencia el ciudadano activo, participativo y racional. Es claro que para estos pensadores no siempre la cultura política es congruente con la estructura política; sin duda alguna, eso depende de lo positivos o negativos que sean los patrones de orientación que tengan los ciudadanos y ciudadanas; tampoco es posible afirmar que en una sociedad existe un solo tipo de cultura política, por lo cual Almond y Verba consideran que el ciudadano es una mezcla particular de orientaciones de participación, súbdito y parroquianismo. Ulises Romero (2004) reafirma esta idea al asegurar que ninguno de los tres tipos de cultura se encuentran en estado puro, puesto que, en cualquiera de ellas se pueden hallar individuos con características de los otros dos tipos de cultura política, pero también coincide en que en todo sistema político determinado predominan las cualidades de una de ellas sobre las otras dos, lo que hace posible establecer tendencias.

La participación, elemento clave en toda cultura política

La participación es un elemento incidente en la construcción de la cultura política de una sociedad. Los procesos de participación de los ciudadanos también han sido analizados desde diferentes perspectivas: algunos los miran desde el pronunciamiento ciudadano a partir de intereses y necesidades particulares (Baño, citado en Chávez, 2003); otros los abordan desde una visión de equipo y los perciben como elementos clave para conferir direccionalidad y darle sentido a la acción colectiva (Garreton, 1991); y como un nivel superior de la organización de la vida social que alcanza su verdadero significado cuando la persona es ciudadano y actor, decide, controla, lleva responsabilidades, toma parte en la producción de los bienes, de los servicios y del saber (Reszohazy, 1999). Nuria Cunill (1991) considera que existen dificultades inherentes al concepto de participación, dado que no hay una idea unívoca en su relación con el poder político, y su semántica se puede referir por igual a diversos sectores y esferas del mismo; además, a veces muestra problemas para precisar los ámbitos específicos a los cuales se refieren las diversas modalidades de la participación. Esta autora señala que existen cuatro tipos de participación: la participación social, que se refiere a las dinámicas de organización de las personas en la sociedad, en pro de la defensa de sus derechos e intereses sociales; la participación comunitaria que, vinculada al desarrollo comunitario, busca que las personas fomenten acciones, asistencialismo e iniciativas a favor de la solución de problemas inmediatos que las afectan como comunidad; la participación política, que se relaciona con la intervención de las personas en la sociedad a través de los partidos políticos y las instancias de gobierno, ya sea accediendo a estos espacios de poder, o bien exigiendo a sus representantes en las corporaciones para que gobiernen en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas; la participación ciudadana, que apunta a crear nuevos mecanismos y espacios compartidos por los ciudadanos con las administraciones de gobierno, para que colaboren en la ejecución de algunas tareas o bien para que se sustituyan al Estado en determinadas funciones que beneficien al conglomerado social.

No obstante, autores como Rocha (2005) miran la participación como ese escenario de reconocimiento clave para generar construcción social, y que sólo es posible en la medida en que se considera al otro como interlocutor legítimo. Así mismo, Kliksberg (1998), dentro de sus seis tesis no convencionales sobre participación, reconoce que la presencia activa de las personas en los escenarios de construcción ciudadana presenta ventajas comparativas y da resultados en la medida en que el trabajo de base esté organizado y se planteen políticas y estrategias orgánicas activas.

Niveles de participación

En relación con este tema autores como Guzmán & Leyton (2005), desde sus estudios con comunidades y barrios de Costa Rica, caracterizaron cuatro modelos de comportamientos participativos desde lo sociocomunitario: el clientelar, referido a la participación caracterizada por una relación asimétrica entre dos partes, donde se realiza intercambio de favores a cambio de fidelidad electoral; el reinvidicativo, marcado por la respuesta a un sentimiento de disconformidad colectiva dada la violencia, por parte de las autoridades, de los intereses de un grupo de sociedad; el asociativo, que involucra sólo agentes de la sociedad civil en pos de la satisfacción de intereses comunes específicos; y el accountability, referido a las acciones ciudadanas tendientes a controlar a las autoridades.

En lo relacionado con la Participación Ciudadana, Elizabeth Jones (2007) describe tres principios que la caracterizan: la autogestión, que es la voluntad de participar; el de la solidaridad, que es el deseo de sumarme a las causas que generan impacto en el entorno social inmediato; y el de subsidiaridad, que es el anhelo de ver las cosas realizadas, independientemente del actor que las lleve a cabo, por lo que el ciudadano sustituye al Estado en aquellas labores que les debieran corresponder, pero que por razones de falta de sensibilidad o presupuesto no se están llevando a cabo. Algo similar plantea Velásquez (1986) desde sus investigaciones en Colombia, al establecer siete niveles de participación que pueden estar presentes en cualquiera de los tipos de participación mencionados anteriormente; estos son: la información, que se refiere al derecho a acceder a la misma en las instituciones; la consulta, en donde la comunidad conoce y expresa su parecer, aspiraciones, necesidades y puntos de vista, en función de la toma de decisiones; la iniciativa, que permite formular sugerencias por parte de los agentes participantes destinadas a resolver un problema; la fiscalización, tomada como la vigilancia ejercida sobre el cumplimiento de las condiciones tomadas; la concertación, que da paso a la solución más conveniente para un problema y los medios para ejecutarla; la decisión o toma de decisiones, que es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un problema; y la gestión, que se trata del manejo de recursos destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final.

En lo que tiene que ver con Participación Política, Fernández (1999, citado en Blanca & Moreno, 2008) la caracteriza en dos tipos: participación política convencional, relacionada con las acciones llevadas a cabo durante un proceso electoral y que indica el derecho de ciudadanía por medio del derecho al sufragio; participación política no convencional, que se refiere a acciones que van más allá de los mecanismos institucionales de participación y, en algunas ocasiones, hace oposición a la legalidad constitucional establecida, mediante movilizaciones, boicot, huelgas, entre otras iniciativas.

Metodología

El presente estudio se hizo a partir de un muestreo Intencional, con personas mayores de 18 años de edad, habitantes de la ciudad de Montería (ver Anexo 1: Características demográficas). Los sujetos participantes fueron escogidos entre personas que transitaban, a diferentes horas, por las principales calles de los barrios de Montería, objeto de estudio. La muestra tuvo en cuenta la Pirámide poblacional por edades, suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sede Montería, a partir del último censo. Así, teniendo en cuenta que los sujetos escogidos eran mayores de edad, la pirámide arrojó un universo poblacional de 229.134 personas; luego, al aplicar el cálculo de muestreo para población finita, se obtuvo una muestra sugerida de 384 personas (Z=1,96, con varianza muestral =0,25, error muestral 5%). La muestra fue agrupada, de acuerdo al sexo y al estrato, en tres grupos: 1) Grupo de estrato bajo (conformado por personas de barrios de estrato I-II); 2) Grupo de estrato medio (conformado por personas de barrios de estrato III-IV) y 3) Grupo de estrato alto (conformado por personas de barrio de estrato V y VI). En dichos grupos se hizo una distribución equilibrada de la muestra, de manera que fue posible revelar tendencias de acuerdo a la condición social y al género. Todos los participantes en el estudio contaban por lo menos con dos años de residencia, de forma permanente y sin períodos de ausencia, en la ciudad de Montería y en la zona seleccionada (barrio, corregimiento o vereda), para así evitar imprecisiones y vaguedad en la información.

En cuanto al proceso de operacionalización de la variable "Cultura Política", cabe señalar que fue analizada desde las dimensiones cognoscitivas, afectivas y valorativas presentes en todo sistema político y que han sido abordadas desde la teoría de Almond y Verba. La información de cada dimensión obtenida en la aplicación de los cuestionarios fue sistematizada con el software SPSS. De la primera dimensión se analizaron conocimientos y creencias sobre democracia a nivel nacional y local; de la segunda se analizaron opiniones, percepciones y evaluaciones que los ciudadanos encuestados hacen del sistema político de Montería; y de la tercera dimensión se valoró el interés, los sentimientos de apego y rechazo, y los compromisos que los ciudadanos encuestados asumen dentro del sistema político de Montería. En algunos casos se consideró poner en relación las dimensiones de la variable "cultura política", estableciendo niveles de incidencia de una dimensión sobre otra, y en especial, para poner en diálogo lo encontrado con otros estudios y experiencias que miran el impacto de variables socioeconómicas y comunicativas sobre los procesos de participación y sobre las motivaciones y decisiones que se toman en asuntos electorales, como también en actitudes valorativas frente a los fenómenos de corrupción.

Resultados

A partir de los análisis a las orientaciones valorativas y afectivas (dimensiones abordadas desde la noción de cultura política de Almond y Verba) que mostraron los monterianos y monterianas hacia el sistema político se obtuvieron los siguientes hallazgos:

La participación va más allá de generar espacios de consulta

En términos de orientaciones afectivas, es pertinente mencionar que en años anteriores (2006-2007) se logró apreciar con mayor frecuencia, la presencia de una cultura Política participativa en donde los monterianos y las monterianas encuestados que participaron, lo hicieron más para trabajar en pro del bienestar de su microentorno comunitario (57%) que para incidir en el desarrollo de políticas públicas a nivel macro; un porcentaje significativo se abstuvo de participar (43%). Estos procesos participativos que se dieron en Montería, al ser analizados desde los niveles abordados por Velásquez (1986), mostraron una tendencia mayor hacia una dinámica de participación de carácter consultivo e informativo (38%); es decir, que las personas que en su gran mayoría asistían a los escenarios e instancias de participación, algunas veces lo hacían para estar enterados de lo que estaba aconteciendo, y en otras lo hacían para expresar sus opiniones y puntos de vista frente al tema en cuestión. Las dinámicas de participación hacia el empoderamiento para tomar decisiones y gestionar para concretar lo planeado se han hecho presentes minoritariamente (19%), y por lo regular, son dinámicas que han sido ejercidas por personas de estratos altos, en su gran mayoría de sexo masculino (12%) y en menor proporción por mujeres (7%). Sin embargo, en los últimos doce meses, se dio un viraje total en los procesos de participación, reduciéndose de forma sustancial la presencia de monterianos y monterianas en esos escenarios de participación ciudadana y sociocomunitaria, de tal manera que se pasa, de la cultura política participativa presente en años anteriores (57%), a la cultura política pasiva de la actualidad en donde el nivel de participación de los sujetos participantes de este estudio fue muy bajo (14%). Las reducidas experiencias de participación que emergieron en el último año, estuvieron concentradas en movilizaciones o participaciones desde la Solidaridad para rechazar el conflicto armado y la inseguridad (9%); y en otros casos, participando Asociativamente en escenarios escolares y comunitarios, especialmente de reuniones de juntas de padres y junta de vecinos (4%) para tratar asuntos familiares y barriales. También el nivel de adherencia a los partidos políticos se vio impactado negativamente en los últimos años, disminuyendo significativamente tanto la simpatía como el involucramiento participativo en ellos (19%). Restrepo (1993) considera que la crisis de la representatividad partidista es de carácter nacional e histórico, dado que la relación de los partidos con la sociedad es abstracta, en el sentido en que manifiestan una vaporosa vinculación que se concreta, según él, en ese policlasismo participativo e instrumental, propio de la relación clientelista que ha dejado a los partidos sin un contenido ideológico y político, pues en ninguno de ellos, existe un pensamiento sistemático y estructurado que sea producto de la información y captación de los intereses sociales, para poder proyectar un pensamiento que les dé identidad y fuerza política. Negrete

(2007), por su parte, mirando la realidad sociopolítica de Montería cree que los partidos políticos de la ciudad han perdido mayor credibilidad al haber tenido muchos de sus líderes alianza con los grupos armados ilegales. Estos análisis son congruentes con los datos de este estudio, toda vez que los encuestados manifestaron no solo desconfiar de los partidos políticos de la ciudad (56%), sino que también no se sienten identificados con ninguna ideología política (42%). Los que sí están identificados, muestran una tendencia mayor hacia ideologías de centro derecha (29%) en donde se ubican los movimientos conservadores, y en menor proporción hacia las ideologías de centroizquierda (12%) en donde se ubican las corrientes liberales, teniendo en cuenta la clasificación que hiciera Bobbio (1996, citado en Acosta, 2004) respecto al tema político.

Las motivaciones en la participación, una cuestión de intereses

Las razones principales que algunos monterianos y monterianas encuestados dan en la actualidad para no participar, tanto de las instancias de participación ciudadana y socio-comunitaria, como de los escenarios partidistas, van desde la desconfianza en la gestión y actuación de los que lideran (45%), la inconformidad por la no renovación del liderazgo (12%) hasta la apatía (16%) y la no disponibilidad de tiempo (12%). El factor económico mostró ser otro elemento incidente que desacelera y obstaculiza la participación de la población monteriana encuestada, golpeando con mayor fuerza los estratos bajos. Más de la mitad de las personas que dejaron de participar en el último año, venían de personas con necesidades básicas insatisfechas (51%), la gran mayoría desempleadas que no contaban con ningún tipo de ingresos (28%) y los que disponían de entradas económicas, éstas no superaban el salario mínimo mensual legal vigente (23%). Estos resultados coinciden a nivel nacional con otros hallazgos, entre ellos, los de Montalvo

(2008), que reconocen el impacto de las variables socioeconómicas y demográficas sobre la probabilidad de la participación en los escenarios sociales; también Montaña (2007), en uno de sus estudios sobre percepciones de la participación ciudadana señala que en Colombia muchos no participan en las decisiones públicas, porque en primer lugar creen que se deben superar las condiciones de pobreza, inequidad, injusticia y violencia. No obstante, dentro del grupo de los que participan, el deseo de opinar (consultiva 18%), la identificación con el proyecto político (autogestión 14%) y la obtención de beneficios personales (clientelar 11%) son las razones más frecuentes que motivan a participar; esta última se presentó con mayor frecuencia en los estratos bajos, tendencia que es congruente con los estudios de Velásquez & González (2003) que aseguran que buena parte de las personas de estratos bajos son forzados por sus precarias condiciones de vida a participar por razones utilitaristas.

El proceso electoral, un mundo de percepciones

y persuasiones

Cabe destacar, también, el fuerte compromiso que los monterianos y monterianas encuestados han asumido con los procesos electorales; un amplio porcentaje asegura que siempre sale a votar en tiempos de elecciones (56%), además la gran mayoría participó en los últimos comicios (77%), manifestando que lo hicieron porque sienten que es un derecho determinante en la construcción de la nación y del municipio (82%). Se aprecia, entonces, que el nivel de abstención es sumamente bajo (7%), siendo los hombres los que mayormente salen a ejercer su derecho de elegir frente a las mujeres que lo ejercen también en proporciones significativas. Ambos géneros opinan que lo hacen con una alta frecuencia por razones ideológicas y pragmáticas (66%), es decir por afinidad por el proyecto político y por el compromiso que asumen para mejorar las condiciones de vida de la comunidad; y en tendencia, regularmente algunos lo hacen por favorecerse con prebendas (17%) o por las cualidades físicas de los aspirantes (9%). Al mismo tiempo, hay que resaltar el papel de la comunicación en las decisiones que se toman en tiempos de campaña y de elección, teniendo en cuenta que los estudios de Kuschik (2004, citado por Mantilla & Pinilla, 2008) arrojan que la decisión de los electores es el resultado de la percepción que tienen de los candidatos, influyendo en este proceso perceptivo la comunicación filtrada de los medios, la comunicación del liderazgo y la comunicación en el interés coyuntural. En este estudio se aprecia que la comunicación interpersonal muestra ser más contundente que la mediática para influir en la decisión de voto de los ciudadanos y ciudadanas de Montería que participaron del estudio. Específicamente la Comunicación de los líderes facilitadores de las campañas parece sobresalir por su capacidad de persuasión (50%), frente a la Comunicación Filtrada de los medios masivos (35%). En todo caso, no hay que desestimar el poder de persuasión mediática en la ciudad, pues los porcentajes muestran una fuerte ingerencia de los medios en la decisión de voto, destacándose la Televisión (20%) y la Prensa (10%) como los canales que ocupan el primer y segundo lugar en el contexto de la comunicación filtrada, por su habilidad para seducir a las personas a elegir a determinado candidata o candidato político; en último lugar se ubica la radio (5%). Estos hallazgos concernientes al tema de la comunicación política tienen similitud a lo encontrado por Paul Lazarsfeld (1972, citado por Rospir, 2003, p.7), cuando en 1940 en sus investigaciones en el Condado de Erie, Ohio (EE.UU), durante la campaña presidencial de ese tiempo, se dio cuenta que los grupos primarios o de liderazgo ejercían una influencia mayor que los medios masivos en la construcción de opinión en los individuos.

Conocimiento político no implica compromiso político

Por otra parte, las orientaciones cognitivas, aunque en este caso suelen ser positivas, no garantizan un mayor nivel de confianza y de adherencia estable de los monterianos y monterianas encuestados hacia las instancias de representación o participación ciudadana. Aún así, es importante resaltar que la población monteriana participante de este estudio, en su gran mayoría, tiene concepciones favorables de lo que es la democracia, y lo que ella requiere para hacerse realidad en el Estado; además, la noción de participación que tienen está fuertemente asociada a los rasgos de ciudadanía activa mencionados por Cortina (2006). Los conceptos que tienen no necesariamente partieron de un conocimiento de la legislación (26%) sino que, en la mayoría de los casos, el saber político muestra ser una mezcla de conocimiento popular y esperanzas emancipatorias, que hagan realidad los ideales de nación y democracia. De cualquier manera, los conocimientos que posee la ciudadanía monteriana, independiente de que sean técnicos, jurídicos o populares, provienen en buena parte de los centros educativos (31%) y por lectura propia (15%), y en segunda medida de la familia (12%) y los medios de comunicación (5%), especialmente la Televisión. Las instancias de mayor conocimiento por los monterianos y monterianas son aquellas que tienen que ver con el terreno de la participación política y la democracia representativa, sobresaliendo la Alcaldía, la Gobernación y el Concejo como los órganos que más conocen en cuanto a su función. Los demás escenarios de participación, como los Concejos de Planeación, las Veedurías Ciudadanas, las JAL y los Ediles, mostraron ser desconocidos en cuanto a su utilidad, a pesar de que algunos de ellos se crearon para tener una mayor cercanía con la comunidad y darle dinamismo a la participación social y comunitaria.

Los imaginarios políticos tienen su historia y

fundamento

En otro orden de ideas, se hace relevante mencionar que las orientaciones valorativas muestran tener influencia en ciertas orientaciones afectivas, específicamente en lo que tienen que ver con la adherencia y el acceso de las personas a los escenarios de participación en la ciudad de Montería. Es así como la desconfianza en la representatividad fue un elemento que afectó en diversos casos el interés por participar. Dicha desconfianza no sólo se hace presente en las figuras de representación política, sino también, en otros escenarios de participación y en las percepciones prácticas y vivenciales de la democracia, más allá de lo teórico o cognitivo. En este sentido, entre las evaluadas por tener poca credibilidad figuran a nivel nacional el Congreso (57%) y los partidos políticos (56%); a nivel departamental, la Gobernación de Córdoba (62%) y los organismos de seguridad (56%); y a nivel local, las organizaciones socio-comunitarias (53%) y los diputados (50%). Dentro de las peores evaluadas, al ser consideradas nada confiables, encabezan los Ediles (53%), los Concejales (40%) y las Juntas de Acciones Comunales (37%). Las figuras del Presidente (41%) y el Alcalde (22%) mostraron una leve aceptación y confianza muy baja por supuesto, pero por encima del resto de instancias e instituciones evaluadas. Estos datos arrojados por el presente estudio reflejan que la crisis de confianza tocó todos los órdenes, partiendo en espiral ascendente del poder político local, luego el poder militar, seguido del poder ejecutivo local y hasta llegar a parte del poder ejecutivo y legislativo nacional, pero principalmente impactando con gran fuerza en el terreno comunitario, que es donde se evidencian los mayores rechazos hacia las instituciones y figuras creadas para ser voceras y mediadoras de la comunidad.

Así mismo, la mayoría de los monterianos y monterianas que participaron de este estudio, aunque miran positivamente la democracia participativa, como factor clave para el desarrollo de la ciudad y de todo el país, consideraron que la democracia en Montería no es buena (71%) porque se violan frecuentemente los derechos humanos (56%) a raíz de la violencia social y política que se padece desde hace varias décadas en todo el Departamento, y que alcanzó su climax a finales del año anterior, con la cifra más grande de homicidios en toda su historia (512). De modo idéntico, se observa un alto margen de desconfianza en el terreno de lo personal y dentro del área de la administración pública, que deteriora la institucionalidad y credibilidad en los organismos creados para servir y defender el interés general de la comunidad monteriana. Frente a lo primero, los monterianos y las monterianas encuestados, en su gran mayoría, creen que la gente que participa en la ciudad lo hace para buscar beneficios personales (29%); en lo segundo, no creen que las autoridades de gobierno local y departamental estén administrando correctamente las regalías (88%) y los recursos públicos procedentes del pago de impuestos. Además consideran que la atención que brindan estas corporaciones es negativa, a razón de que se elige atender a las personas que son de gran estima para el grupo político dominante (87%).

De igual manera, la exclusión alcanza el terreno de la meritocracia y las licitaciones, pues los ciudadanos encuestados en su gran mayoría (83%) coinciden en que éstas las obtienen personas seleccionadas previamente y de manera irregular, o en otros casos, las personas o empresas beneficiadas deben pagar sobornos o estar dispuestas a entregar un alto porcentaje del contrato (76%), reinando con esto, la corrupción y el clientelismo por encima de la transparencia democrática. Esto se relaciona en cierta medida con lo mencionado por Seligson (2001) al creer que la ciudadanía maneja unos imaginarios políticos de corrupción, independiente de que tenga conocimiento directo o no de estos hechos, aspecto que lo asocia con los grandes fraudes que desde hace una década vienen siendo publicitados, y la inhabilidad del Estado para resolverlos; esto ha mermado la fe del individuo en el servicio público, en las instituciones democráticas y en los funcionarios del gobierno. Esto no significa que los imaginarios de corrupción sean siempre equivocados, pues en este estudio se observa que en los últimos doce meses el 38% de los monterianos y monterianas encuestados manifestaron verse envueltos en hechos de corrupción. Los hombres mostraron ser tanto las mayores víctimas como los mayores victimarios en los escenarios de corrupción; de la misma manera tanto las personas de estrato alto como aquellas que provenían de niveles educativos superiores se vieron involucradas en mayor medida en episodios de corrupción, los primeros en calidad de víctima y los segundos en calidad de victimarios, mostrando la gran paradoja de que disponer de una formación académica superior no implica, necesariamente, poseer un alto sentido ético y de resistencia a la corrupción. A pesar de esta evaluación, algo positivo a resaltar es que la ciudadanía sigue interesada en participar de la vida pública (56%), pero su mayor interés se concentra en los espacios de participación política y en menor medida en los escenarios de participación social y comunitaria.

Por último, el presente estudio identificó la existencia de ciertos grupos excluidos dentro del imaginario político de los monterianos y monterianas encuestadas, siendo estos: los líderes religiosos (72%) y los homosexuales (68%) que son percibidos como figuras que deben marginarse o abstenerse de participar de la dinámica político-ciudadana; le siguen el régimen militar (67%) y los maestros (35%) . En este fenómeno de exclusión tipo III definido por Castel (2004), que busca privar a determinadas personas y colectivos de ciertos derechos básicos y de su participación en el entramado social, al parecer los hombres muestran ser más excluyentes que las mujeres; de los ocho actores a quienes se analizó su aceptación en el plano participativo, siete obtuvieron mayores porcentajes negativos por parte del género masculino; sólo en el tema de los pastores las mujeres mostraron una tendencia de rechazo superior. También es válido mencionar que, muy pesar de que los hombres (78%) y mujeres (76%) se reconocen colectivamente como personas dignas de participar en el desarrollo de la ciudad, ambos reconocen que la participación política de la mujer es insuficiente (62.4%), y que se requiere permitirle acceder a más espacios decisorios, y no solo a los consultivos o informativos.

Conclusiones

La Cultura Política presente en los procesos de participación de los ciudadanos y ciudadanas encuestados en Montería, en el transcurrir de los años, ha mostrado ser variada y cambiante; es así como coexisten diversos tipos de ciudadanos a la par de distintas actitudes y motivaciones hacia la participación. De esta manera, el presente estudio encontró que en años anteriores se apreció en Montería la presencia de una cultura política participativa de carácter consultivo que estuvo concentrada en la tarea de incidir en el desarrollo comunitario, dejando a un lado la preocupación por la política pública. Sin embargo, las dinámicas de participación mermaron sustancialmente en los últimos doce meses, pasando de una cultura política participativa a una cultura política súbdita, en donde las pequeñas movilizaciones que surgieron respondieron a coyunturas restringidas al mero escenario barrial y en iniciativas ocasionales de participación política no convencional para rechazar la inseguridad y el conflicto armado que azota el departamento. Las motivaciones que impulsaron la participación mostraron ser variadas en los géneros y estratos. En el caso del género, se observó que a los monterianos encuestados les interesa involucrarse en dinámicas de participación de corte pragmático que busquen beneficiar a sus comunidades, y en el caso de las mujeres hay un deseo de ser tenidas en cuenta, por lo cual, participan con mayor frecuencia para dar a conocer sus puntos de vista. Otro aspecto clave a resaltar es que tanto hombres como mujeres encuestados se reconocen como sujetos dignos de participar e incidir en el progreso de la ciudad; sin embargo, ambos géneros reconocen que la participación política de la mujer es insuficiente, de allí que se requiera abrir más espacios decisorios y determinantes de la vida política y pública para que tanto las mujeres como los homosexuales, que son un grupo rechazado dentro del imaginario sociopolítico, puedan tener un papel más activo y protagónico en los destinos de la ciudad.

Con respecto al estrato, se observó que el tema económico es un factor que puede poner obstáculos para alcanzar una mejor cobertura participativa, por lo cual, la tendencia a ausentarse de los escenarios de participación se evidenció con mayor fuerza entre las personas de estratos bajos que disponían de entradas económicas insuficientes. En otras palabras, la cobertura y calidad de la participación de los ciudadanos monterianos fue directamente proporcional a la calidad de vida. También en otros casos, el mismo hecho de no satisfacer las necesidades básicas desfiguró la intención de participación, lo que hizo que muchas personas en Montería de estratos bajos participaran por fines utilitaristas para obtener beneficios personales.

La participación política mostró ser muy favorable; principalmente en lo que compete a la democracia electoral los ciudadanos de Montería manifestaron acudir masivamente a las urnas para escoger a sus representantes, muy a pesar de que manifestaron en gran medida no tener confianza en los partidos políticos y en las instituciones de gobierno. En este contexto electoral, la comunicación interpersonal generada entre los individuos, en especial los grupos primarios y el liderazgo facilitador de los grupos políticos, mostró ser más persuasiva en la opinión pública e intención de voto que la mediática.

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