Nuevas Visiones del Derecho

Una Visión General de la Objeción de Conciencia

Ramiro Aponte Pino — Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 -0500

En la praxis social es frecuente que las normas de derecho entren en conflicto con las convicciones individuales, generándose una fricción entre el interés general (principio de legalidad y seguridad jurídica) y la libertad de conciencia o de pensamiento (derecho fundamental). En ese escenario, estamos en presencia de la denominada “objeción de conciencia”; escenario en el cual, se requiere precisar sí un individuo puede omitir el cumplimiento del deber o la obligación que le impone una disposición legal, argumentando razonadamente que ésta contraría su proyecto de vida o sus creencias filosóficas, religiosas o políticas. Ese interrogante ha generado celebres controversias, a las cuales ni siquiera la mitología ha sido indiferente (Antígona vs Creonte), y en la actualidad se extienden vertiginosamente a temas neurálgicos y sensibles, derivados de los fenómenos que cotidianamente afloran en la sociedad (uniones homosexuales, eutanasia, aborto, pena de muerte).

Con el fin de abordar este apasionante tema, se llevó a cabo una investigación cualitativa, de tipo documental, aplicando la técnica metodológica de revisión de doctrina, y luego de analizar y sintetizar a diferentes autores, nos permite colegir que la “objeción de conciencia” es una institución reconocida en los regímenes democráticos (de manera directa en la legislación o por conducto de decisiones judiciales), la cual, se extiende cada día, teniendo en cuenta que el derecho y la justicia trascienden el marco de la ley, y se inspiran en principios y valores inmersos en la sociedad.

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad en Colombia

Claudia Ximena Galindo David, Marleny Zabaleta Ipuz — Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 -0500

La mujer ha emprendido muchas luchas en aras de lograr el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, resulta entonces necesario analizar los principales logros que a través de la historia se han obtenido y consignado en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este marco histórico internacional se contextualiza el tema principal del artículo, en la determinación del alcance y estado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad en Colombia. Nace entonces para los Estados la obligación de implementar políticas públicas que permitan la efectividad de los derechos de la mujer mediante la creación de normas que prevengan, sancionen y erradiquen todas las formas de discriminación de género, estableciendo las condiciones sociales que permitan su desarrollo en condiciones de igualdad. Desde este punto de vista, se realiza un análisis de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad en Colombia según lo consagrado en la normatividad interna.

Los ámbitos y límites de participación política en Colombia en la perspectiva del servidor público. Un problema jurídico.

Jensy Natalia López Oliveros, Juan Manuel Carrillo Torres — Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 -0500

Los constantes pronunciamientos diametralmente opuestos entre las Altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado) y la Procuraduría General de la Nación, viene ocasionado una incertidumbre jurídica respecto al alcance y límites de la participación en política por parte de los servidores públicos en Colombia. El presente artículo se propone dar claridad, respecto a que servidores públicos pueden intervenir en política, sin trasgredir el régimen de las prohibiciones establecidas en la constitución y la ley. De acuerdo al análisis realizado a la Constitución Política de 1991, jurisprudencia de las Altas Cortes y normatividad que desarrolla el tema, se encontró que la prohibición para participar en política por parte de los servidores públicos no es una regla general, sino que por el contrario es una restricción que compromete a un grupo en particular. Se pudo concluir que la Constitución de 1991 estableció como principio la participación política de los servidores públicos, convirtiendo la participación en regla y la restricción en la excepción, además de establecer que la prohibición de la participación en política se deriva del propósito estatal de neutralidad en la toma de decisiones, pues no es permitido utilizar el cargo para realizar proselitismo político. La prohibición de tomar parte en las controversias políticas no es general para todos los servidores del estado, sino que únicamente cobija a los enunciados expresamente en la norma.

¿En Colombia, la fuerza vinculante de la doctrina tributaria garantiza el debido proceso?

Gladis Orjuela León, Féner Arcenio Pérez Parra — Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 -0500

En Colombia, al ciudadano que le corresponda sortear una investigación tributaria, estará expuesto a una profusa y dispersa normatividad especializada, a una interpretación de la autoridad tributaria - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, que hace a través de los pronunciamientos llamados “conceptos”, que son por ley, de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de esta Entidad, pero no para los Contribuyentes; Esta disparidad genera efectos, diferencias que quiebran en la práctica, la igualdad de las partes “en contienda”, bien podría decirse, desigualdad de armas.

Esta obligatoriedad pretende, garantizar la unidad doctrinal que presenta entre otros algunos tropiezos: el volumen de conceptos solicitados por los ciudadanos, la falta de precisión en las consultas, el riesgo de respuestas inapropiadas; la falta de contundencia en las respuestas que a veces no permite descubrir el sentido de las mismas; las contradicciones que se presentan algunas veces con otras directrices; la inobservancia de líneas jurisprudenciales sobre temas ya definidos, insistiendo en interpretaciones diferentes; todo ello distanciando la finalidad pretendida.

Se hace un recorrido el efecto vinculante de la doctrina DIAN, desde su génesis hasta nuestros días y se expone -a la luz de la constitucionalización del derecho-, la problemática de dicho efecto, que contribuye a la congestión de la jurisdicción contenciosa administrativa y que dicho sea de paso, casa peleas “teóricas”, perdiendo la oportunidad de detectar la real evasión, contrabando e infracciones, que menguan el debido recaudo que garantice el cumplimiento de los fines del Estado, que es la misión de la DIAN. ¿Cuánto cuesta casar esas peleas, cuánto cuesta el tiempo de Fiscalización, Liquidación, interposición de recursos ante la Jurídica y luego la jurisdicción, para que estos procesos terminen archivados?