La intercuíturaíidad, es la forma de relaciones que se establece entre las diversas culturas que existen en una sociedad; relaciones que pueden ser de dominación y subordinación o relaciones de igualdad, en este caso se habla de un diálogo democrático entre culturas. La primera forma es la que caracterizó a Colombia a través de su desarrollo histórico hasta antes de la actual constitución, sin que en la práctica la situación de exclusión y discriminación se haya superado del todo. Durante quinientos años las culturas indígenas fueron invisibilizadas y las políticas de estado fueron de asimilación

En los últimos años la multiculturalidad se ha convertido en uno de los temas de debate de gran interés en el campo de las Ciencias Sociales y de las agendas políticas de las naciones. Desafortunadamente el reconocimiento de su importancia no ha logrado rebasar la academia, ni su legalidad traducirse en una verdadera asimilación y respeto de la diversidad.

La cuestión cultural aparece en la actualidad como componente indispensable para la comprensión de los procesos del desarrollo, principalmente en los países del tercer mundo. Hoy las culturas aborígenes o tradicionales como las indígenas, las afrocolombianas, las de los gitanos o grupos rom, adquieren una especial resignificación. «Éstas cobran para la sociedad moderna una vigencia estratégica en la medida en que nos ayudan a enfrentar el transplante puramente mecánico de culturas, al tiempo que, en su diversidad, ellas representan un reto fundamental a la pretendida universalidad deshistorizada de la modernización y su presión homogeneizadora. En su sentido más denso y desafiante, la idea de multiculturalidad apunta ahí: a la configuración de sociedades en las que las dinámicas de la economía y la cultura-mundo movilizan no sólo la heterogeneidad de los grupos y su readecuación a las presiones de lo global, sino también la coexistencia al interior de una misma sociedad de códigos y relatos muy diversos»².

El pluralismo étnico y cultural no es un fenómeno exclusivo de los países tercermundistas como antes se pensaba; en los países europeos caracterizados por poblaciones homogéneas, los procesos migratorios de habitantes de sus antiguas colonias y los movimientos de desplazados, han creado nuevas realidades en la composición poblacional de estos países, las cuales han conllevado a un pluralismo cultural. Estos procesos en la mayoría de los casos han estado marcados por una alta conflictividad debido al racismo y xenofobia de esas naciones. En países de Asía, África y América Latina a diferencia de Europa, la diversidad étnica y cultural ha sido una constante en su estructuración y desenvolvimiento como naciones, pero por desfortuna, ésta fue negada e invisibilizada por la hegemonía cultural identitaria Occidental excluyente, y además promovida por el Estado moderno durante muchos años. Gracias a las persistentes y arduas luchas de las organizaciones y movimientos de las minorías étnicas en pro del reconocimiento y la autodeterminación, lograron romper el silencio y sus voces ser escuchadas, alcanzando el reconocimiento de sus derechos colectivos.

Desde mediados de la década de los años 60, Las Naciones Unidas, reconocieron como parte de los derechos humanos, el derecho de los pueblos al ejercicio libre de su cultura. «En los Estados en que existan minoría étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde a tener su vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.» (Artículo 27 del Pacto Internacional de derechos políticos y Civiles, 1966)

La sociedad colombiana, de un modelo unicultural contenido en La Constitución de 1886, pasó a un esquema multicultural mediante La Constitución de 1991, pero no por un hecho fortuito. Este cambio ha sido el resultado de procesos de resistencias y luchas en los cuales el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural es apenas el comienzo del largo y dificultoso camino que hay que recorrer para darle vida a esa diversidad y establecer una verdadera interculturalidad horizontal que permita un diálogo de saberes entre las diferentes culturas, del cual, todas deben salir beneficiadas, pero ante todo, la nación colombiana y además quedando claro el hecho de que en las diferencias culturales se ejercen derechos pero «no se otorgan prebendas ni privilegios de por sí a ningún sector».

El reconocimiento legal es muy importante pero no es por si sólo suficiente para que se dé una verdadera convivencia cultural entre los colombianos. Se requiere de una gran voluntad política que posibilite pasar de la letra a la acción y de una educación escolarizada y desescolarizada que promueva la conciencia y el compromiso con una interculturalidad democrática, entendiendo al educar que la diferencia no es sinónimo de discriminación y que diversidad no equivale a desigualdad. La nueva normatividad que regula las relaciones multiculturales es una herramienta básica muy importante, a la vez que una referencia de los retos que debemos asumir para hacer de la diversidad una riqueza y no obstáculo para el desarrollo, evitando repetir los errores del pasado.

En el pasado las relaciones interétnicas e interculturales en Colombia han sido un diálogo entre sordos. Antes de La Constitución del 91, la diferencia era considerada como un obstáculo para el desarrollo y no una riqueza. Las políticas del Estado y de la iglesia estaban orientadas con esa idea. Por esto las acciones estaban encaminadas a salvar a las etnias indígenas de la barbarie y del pecado para asimilarlas a la civilización y convertirlas a la religión católica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el país entró en un proceso de modernización, los partidos políticos estaban enfrentados por sus intereses económicos y sus concepciones filosóficas y políticas; pero tanto liberales y conservadores coincidían en un hecho con respecto a los indígenas, y era que estos debían desaparecer como pueblo diferente y como cultura, pues según ellos, representaban una raza en decadencia que obstaculizaba el desarrollo del país. Cada uno de los dos partidos políticos tradicionales tenía una propuesta de cómo debían los indígenas integrarse y asimilarse a la sociedad mayor. «La posición de los liberales era asimilar rápidamente a la sociedad indígena, ya que su forma de organización social era contraria al completo desarrollo del individuo y al progreso. Planteaban la disolución de los resguardos, incorporando estas tierras al mercado y a la producción; este aspecto y el mestizaje acelerado, constituían los caminos más efectivos para tal fin. Los conservadores, por su parte, consideraban que el indio debía mantenerse separado. La iglesia era la llamada a «suavizar» las costumbres de los salvajes por medio de la civilización. El mestizaje debía ser prudente, a la vez que debía propiciarse la migración de origen europeo con miras a limpiar al país de su mancha indígena.»³ El término de salvaje sólo fue declarado inconstitucional mediante sentencia C139 de 1996 (5 años después de promulgada la Actual Constitución), siendo ponente el magistrado Carlos Gaviria, en la actualidad senador de la república y precandidato a la presidencia de la república.

La Constitución de 1991 es la primera Constitución de La historia de Colombia como república que hace un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, en su artículo 7^o, el cual reza: «El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana». Anterior a la constitución la heterogeneidad cultural era mirada como un asunto de subculturas regionales y no como una diferencia de etnias en condiciones de igualdad. El reconocimiento de la diversidad como principio fundante del Estado se tradujo en la promulgación de una serie de derechos colectivos de los grupos excluidos, sin que ello representara peligro para la unidad de la nación y del Estado. Sin embargo esto no ha resultado fácil, pues no existe una fórmula que dirima las tensiones que se presentan entre estas dos realidades disímiles; la unidad y la diversidad, pues no han sido escasos los conflictos presentados en el desarrollo de los propósitos constitucionales.

El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural requiere de un conocimiento y comprensión real de los pueblos y grupos y de sus dinámicas culturales con sus propias lógicas y no con la mirada inquisidora y fragmentaria de la racionalidad Occidental que excluye y sataniza lo que no cabe en sus parámetros de percepción de la realidad, permitiendo que sólo se valide la cultura hegemónica Occidental y el modelo económico capitalista inscrito en esta. «En la cultura política del país hace falta la convicción de que es posible construir la unidad nacional con base en la diversidad de hábitos, costumbres, credos políticos e historias regionales. Es decir, la cohesión basada en la variedad y no en la uniformidad. La diversidad cultural, social y biológica ha sido la clave misma del desarrollo de la humanidad y es su garantía de supervivencia.»⁴ Y por esto la heterogeneidad y la multiculturalidad ya no pueden ser vistas como un problema sino como la base de la renovación de la democracia.

En Colombia son pocas las personas del común que tienen conocimiento suficiente y adecuado sobre las cuatro minorías⁵ étnicas existentes en el territorio colombiano, depositarías de una rica y variada gama de culturas. Son estas, los afrocolombianos, cuyo aporte a la configuración de la nación colombiana es de suma importancia. Los indígenas cuya población alcanza a aproximadamente 700.000 personas distribuidos en 82 etnias. Los gitanos conocidos también como grupo rom de origen hindú y los raizales de las Islas de San Andrés, providencia, y Santa catalina. El desconocimiento de las minorías étnicas y las concepciones equívocas de las culturas conlleva a la gente a asumir actitudes peyorativas frente a sus múltiples prácticas culturales. No obstante que las disposiciones constitucionales se han ocupado del respeto a la diferencia étnica y cultural y de reglar las relaciones de las minorías con el Estado., estableciendo las condiciones para el ejercicio de los derechos colectivos, sin embargo estas disposiciones no siempre han sido claras; a través de ellas se plantea las tensiones entre unidad de la nación y la diversidad cultural, sin encontrar una fórmula que pueda conciliar estos dos principios. En conclusión, mientras el reconocimiento y la asimilación de la diversidad se traduzca en hechos reales en todas las instituciones y las personas estén convencidas de las bondades de está, todo será mera retórica. En concordancia con lo dicho y para terminar, retomo el planteamiento textual de la antropóloga Beatriz Eugenia Rodríguez Sánchez respecto a la precondición de una política estatal para las relaciones interculturales: «una sociedad dispuesta a mirarse a sí misma como pluriétnica y pluricultural. No basta que el artículo 7^o de La Constitución lo establezca así, es preciso que quienes viven la norma estén dispuestos asumir el cambio».⁶ Éste implica una larga marcha con pasos pausados pero constantes, ya que no es fácil la transición del paradigma de sociedad unicultural al paradigma de sociedad multicultural, pero recordemos que dificultad no es imposibilidad.

En esta tarea de asumir la diversidad étnica y cultural del país y de nuestro territorio Huilense, en el que se asientan cuatro pueblos indígenas ( Nasas-paeces, guambíanos, yanaconas, pijaos) distribuidos en más 22

comunidades, y un número considerable de afrodescendientes, quienes cuentan con organizaciones reconocidas; la educación juega un papel muy importante, en el conocimiento, la difusión y la defensa con orgullo de la diversidad cultural que caracteriza a Colombia y al Huila. Cada una de las facultades de la universidad Surcolombiana, pero especialmente las de Educación Salud, Derecho y Comunicación desde sus quehaceres específicos tienen el compromiso de entender y preservar la múltiples formas de ser, los usos y costumbres, los sistemas de educación propia, las distintas lenguas, las formas de autoridad y justicia propias, el manejo de la naturaleza acorde con sus cosmovisiones y los sistemas de medicina tradicional de los grupos étnicos asentados en nuestro territorio. Se requiere de una educación para la diversidad y no para la homogeneidad.

BIBLIOGRAFÍA

Barbero Jesús Martín y Ochoa Gautier Ana María: Políticas de multiculturalidad y desubicaciones de lo popular. El retorno de la cuestión cultural. En Daniel Mato, comp. Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en tiempos de globalización - 2. Caracas y Buenos Aires: UNESCO y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2001.

Sánchez Beatriz Eugenia: El reto del multiculturalismo jurídico, en Caleidoscopio de las justicias en Colombia, pág 16. Tomo II. Colciencias, Bogotá 2001.

multiculturalismo jurídico, en Caleidoscopio de las justicias en Colombia, pág 16. Tomo II. Colciencias, Bogotá 2001.

(4)    Jimeno S. Miriam: Diversidad es riqueza. Instituto Colombiano de antropología. Bogotá 1992.

(5)    El término minorías ha venido siendo debatido y cuestionado por académicos e intelectuales de las poblaciones étnicas. Se argumenta que en muchos sitios las denominadas minorías son mayorías

(6)    Sánchez, Beatriz Eugenia. Op.cit. pág 61