POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACION

Mucho se habla hoy, en nuestro país, sobre políticas públicas. Permanentemente estamos oyendo hablar de políticas públicas en salud, empleo, educación. Políticas públicas para la juventud, los niños, los ancianos, las mujeres, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas; políticas públicas para atender el desplazamiento forzado y la reinserción a la vida civil de los alzados en armas; políticas para la protección del medio ambiente; política públicas para el manejo y preservación de los recursos naturales no renovables. Desde todos los frentes del complejo entramado social se reclaman políticas públicas. Sin embargo, lo que se legisla al respecto no presenta-diferencias sustanciales, ni siquiera de forma, con las políticas oficiales tradicionales agenciadas desde la dirección del estado y que responden a programas partidistas o a intereses particulares de los grandes grupos económicos y financieros tanto nacionales como internacionales. En este sentido, la expresión política pública es usurpada por quienes controlan el estado desde su posición de gobernantes no sólo para justificar la pretensión de universalización o popularización de planes y programas, con categoría de leyes, que carecen del respaldo económico necesario y suficiente para garantizar una cobertura a la par con dicha pretensión sino para aparentar la postura democrática de la consulta y participación implícitas en la connotación de lo público.

JUAN DE DIOS VARGAS MEJIA : "ANDES" OBRA PROCESUAL 2009 -Pitalito

Dada la naturaleza de la expresión "Política Pública" debemos entender que su gestación, desarrollo e implementación deben promoverse desde abajo. Corresponde a los grupos de ciudadanos excluidos del ejercicio del poder pero organizados en comunidades con identidad de intereses, ganar a nivel del Estado la consignación legal de sus derechos, la garantía del respaldo económico para la atención de sus necesidades básicas y su reconocimiento    como

interlocutores válidos en los procesos de deconstrucción y reconstrucción de nacionalidad.

No pueden confundirse con políticas públicas las concesiones limitadas y demagógicas con las cuales los gobernantes le "salen al paso" a las movilizaciones sociales que promueven proyectos y programas no sólo para buscar atención a necesidades y problemas contingentes de las comunidades sino a la plena inserción de éstas en los espacios de dirección desde donde se trazan las orientaciones políticas que regulan el devenir de una nación. En estos casos, a lo sumo, podemos hablar de políticas de gobierno pues, no hay política pública sin movilización social que comprometa a los sectores interesados en ella. "Nadie espere que del cielo le caiga el pan".

La promulgación o legalización de una política pública debe considerarse como una conquista lograda por la comunidad que la promovió y le hizo acompañamiento hasta vertirse en términos de Ley pues, toda política pública genera una tensión social correspondiente a la confrontación de intereses (tanto económicos como sociales, políticos y culturales) entre los aspirantes al reconocimiento y los grupos de poder, posicionados en la dirección del Estado, que defienden sus privilegios mediante la exclusión y el desconocimiento de los otros.

Desde el punto de vista oficial; desde la posición de Gobierno (que es, prácticamente, desde donde se vienen publicando) las políticas públicas están integradas a los planes de desarrollo y éstos, a su vez, están determinados por los recursos económicos tanto disponibles como proyectados para financiar dichos Planes; recursos económicos que constituyen el presupuesto nacional; presupuesto que se convierte en un codiciado botín repartido a discresión del gobernante de turno entre los partidos y grupos políticos que integran la coalición de gobierno para que éstos puedan atender las clientelas que les garantizan su continuidad en el poder. En consecuencia, no es mucho lo que pueda esperarse de estas pretendidas políticas públicas en función del bienestar comunitario.

En el campo de la Educación, al igual que en los demás campos ya referenciados, no tenemos nada que en estricto sentido pueda identificarse como una política pública. Si bien es cierto que la Constitución Nacional consagra como política de Estado la gratuidad y obligatoriedad y, en consecuencia, la universalidad de la educación primaria y básica secundaria, también lo es que tales determinaciones se corresponden con proyectos partidistas que consideran la educación como fundamento del desarrollo económico. Este hecho nos sirve para soportar una importante afirmación relacionada con las políticas públicas, a saber: "La ley por sí sola no constituye la política pública". En efecto, es necesario crear las condiciones, los escenarios, los espacios y ambientes necesarios para garantizar una adecuada implementación de la política al igual que su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo. De nada sirven la obligatoriedad y la gratuidad de la educación primaria y básica secundaria si la mayoría de los niños y adolescentes que deberían beneficiarse con ellas carecen de las condiciones materiales básicas para acceder al sistema educativo: falta de hogares estables desde donde muy temprano adquieran los elementos necesarios para enfrentar con seguridad y confianza la vida; Techo, abrigo, alimentación etc.

Se podrá argumentar en contra de esta última reflexión que la obligatoriedad y gratitud de la educación primaria y básica se complementan con los hogares de bienestar familiar, el programa de madres comunitarias y los restaurantes escolares. Sin embargo, este tipo de programas no van mas allá del típico asistencialismo que, como en el caso de los restaurantes escolares, se están convirtiendo en programas banderas de candidatos a gobernaciones y alcaldías pues tan rentable resulta en votos como en dinero con el cual se respalda la financiación de la correspondiente campaña.

Ha sido, sin lugar a dudas, en el sector educación donde más se ha trabajado, con iniciativa no gubernamental, en la elaboración de planes, programas y proyectos, todos ellos confrontados en la actividad práctica y cotidiana del ejercicio pedagógico, con los cuales podrían diseñarse interesantes políticas públicas.

Proyectos como el movimiento pedagógico orientado por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), el proyecto de educación popular promovido y auspiciado por el centro de Investigación y Educación Popular (CINEP); El plan nacional decenal de educación (2006-2016), al igual que múltiples proyectos regionales y sectoriales que se niegan a rendir sus sueños y utopías por una sociedad incluyente, solidaria y equitativa, y resisten a la agresión neoliberal que nos ataca con una educación deshumanizada, pragmática, esquemática e instrumentalista fundamentada en la competencia desleal, egoísta e insolidaria.

A nivel local, en nuestro departamento del Huila y desde la facultad de educación de la Universidad Surcolombiana se han promovido movilizaciones sociales por la educación con notaría resonancia y reconocimiento nacional e internacional: Los proyectos de alfabetización en la región de Balsillas, el Pato y Guayabero al igual que en la comunidad de caballerizas y otros sectores comunitarios campesinos; las practicas docentes con su actividad complementaria y la nueva modalidad de practica social, los trabajos de investigación que nutren seminarios, especializaciones y maestrías al igual que el contacto permanente con el magisterio Huilense a través de proyectos de capacitación.

Hemos acumulado experiencias y vivencias que nos permiten participar colectivamente en la construcción de proyectos educativos tanto regionales como nacionales y acompañar los procesos de movilización social necesarios para alcanzar niveles de interlocución con los organismos gubernamentales de tal manera que dichos proyectos puedan materializarse en políticas públicas. No tenemos que partir de cero; tampoco podemos decir que todo esta hecho. La definición de políticas en materia educativa es un ejercicio muy complejo y exigente que debe contar, en lo posible, con la participación activa de todos los sectores comunitarios potencialmente beneficiarios de la política pública que promueva.

Definir el tipo de educación que se deba impartir a una nación o a una comunidad no puede ser una tarea de elites excluyentes que en algunos casos legislan en nombre de dioses como fuente suprema de toda sabiduría y en otros en nombre de un pueblo soberano al cual, paradójicamente, lo legislado le niega, arrebata o cercena su soberanía. Lo mínimo que debe garantizar un Estado del cual seamos asociados, es el respeto por nuestro libre albedrio, nuestra autodeterminación y la plenitud del libre desarrollo a la personalidad. En este sentido, el tipo de educación que asuma una comunidad debe corresponder a un pacto social donde se garantice que la diversidad y la diferencia no son vistas como asimetrías que deban excluirse para restaurar la armonía sino como posibilidad de complementarse en función de un desarrollo integral.

Nos corresponde pues, como Facultad de Educación, abrir espacios de participación amplia para socializar, discutir, deconstruir y reconstruir nuestro trabajo de investigación en materia de Educación al igual que los proyectos, planes y programas con los cuales podamos integrarnos a los procesos de movilización social en procura de políticas públicas para la educación.

Es necesario sacar nuestra Facultad de Educación del estado de postración en que se encuentra frente a las dependencias oficiales del Estado, particularmente ante el ministerio de Educación Nacional. Las facultades de educación no pueden seguir siendo simples instrumentos a través de los cuales se implementan las políticas del gobierno a instancias del M.E.N. debemos recuperar el liderazgo que antaño caracterizó a las Facultades de Educación que, como en el caso de la nuestra, abrieron caminos para la creación de otras Facultades y lograron reconocimiento social como guía espiritual y esperanzadora opción para la construcción de mejores condiciones vida y la dignificación de la condición humana.