DECRETOS 3012/97 y 272/98

No se puede negar que a partir de la nueva Constitución de 1991 se han venido realizando esfuerzos para re-crear el sistema educativo colombiano, y además que los replanteamientos están siendo construidos desde unas perspectivas y enfoques modernos de análisis de problemas y de participación de los actores involucrados en los procesos, que para el caso específico es todo el conjunto de la sociedad. Es también innegable que se han ganado espacios que permiten prever cambios positivos para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación que debe reflejar a su vez un mejoramiento de la calidad de vida en todos y cada uno de los sectores afectados. Pero así mismo y comprendiendo la complejidad del problema y lejos de caer en análisis pesimistas, es preocupante palpar en forma objetiva y crítica como mucho de lo que se habla, se escribe y se normatiza para mejorar la calidad de la educación va quedando en letra muerta, o se van postergando acciones fundamentales que deberían ir paralelas a ciertas otras actividades y normas para que en conjunción tengan efectos claros y más precisos.

La Ley 30 de 1992, que organiza la Educación Superior, supera enormemente la Ley 80 de 1980 y brindó muchas experiencias

para que las reformas que se hagan enderecen los entuertos que ella y el Gobierno dejaron reproducir. Porque vale la pena enfatizarlo: no fue solamente la letra de esa ley la que condujo a la proliferación irresponsable de ofertas de programas de Educación Superior de pésima calidad, sino que esa responsabilidad la comparten los dos gobiernos que teniendo el arma de control de la calidad (Ley 30/92, artículo 3^o) no hicieron nada para controlar ese nefasto despropósito mercantil de las universidades privadas especialmente.

La Ley General de la Educación (115/94) y sus decretos reglamentarios son consistentes y apuntan a los más nobles propósitos de trazar caminos para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación. Los dos últimos decretos (3012 de diciembre de 1997 y 272 de febrero de 1998), objeto de este escrito, merecen especial atención para ser analizados no sólo por lo que contienen sino también por lo que no contienen, lo cual nos conduce a una serie de interrogantes, pues una de las características fundamentales de todo aquello que pueda denominarse sistema es que cuando una o varias de sus partes esenciales no funcionan, el sistema falla.

EL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN , DE EDUCADORES

piada en el Plan Decenal de Educación: la conformación del Sistema Nacional de Formación de Educadores. Dicho sistema: “comprenderá el conjunto de instituciones, pro-gramas, métodos, procesos y conceptos que definen su formación; las instancias gubernamentales y no gubernamentales que se vinculan al mismo; las normas sociales y académicas que lo regulan; las acciones referidas a la investigación, información, evaluación, acreditación y financiación”. (Hada un Sistema Nacional de Formación de Educadores, Ministerio de Educación Nacional, 1998). En este mismo documento, a renglón seguido se lee: “... con este fin hemos empezado a trabajar sobre los aspectos centrales que, a nuestro modo de ver, se encuentran en el modelo de maestro que el país demanda, lo cual se asocia con las instituciones forma-doras y éstas, a su vez, con las concepciones que manejan para su desarrollo académico y para la transformación de la escuela”.

Por los informes recibidos de Ascofade y de las reuniones de miembros de las facultades de educación del país y por el análisis propio de estos decretos se puede afirmar que la comunidad académica del país comparte totalmente los principios y conceptos fundamentales que subyacen en el articulado de estos dos decretos y si fuera justo analizarlos “per se”, aislados del entorno y de la realidad concreta en la que realiza su quehacer el educador, tendríamos que ofrecerle el apoyo irrestricto e incondicional, comprometiéndonos a buscar, poco a poco, las soluciones de los vacíos que presentan las normas. Como esto es un imposible, permítasenos resaltar otros de los problemas fundamentales que el Gobierno no ha querido afrontar y que afectan el Sistema Nacional de Formación de Educadores y la educación en general.

Todos los aspectos aquí expuestos son extraídos de los elementos de diagnóstico planteados por el señor ex ministro de Educación Nacional doctor Jaime Niño Diez y reproducido en el documento Criterios y Procedimientos para la Acreditación Previa de los Programas Académicos de Pregrado y Especiali-zación en Educación. Vale la pena aclarar que presentamos aquellos problemas que no han sido abordados por el Estado colombiano y que, en nuestra opinión, afectan la profesión y dignidad del maestro y que, además, podrían solucionarse si existiera la voluntad política de hacerlo.

1.    La burocratización y politización de los procesos que tienen que ver con el maestro

Ambos factores conllevan corrupción y hacen ineficaz el sistema; chocan directamente con la profesionalidad y dignidad del educador. Varias normas atacan la intromisión politiquera en los procesos de los docentes (Ley 115/94, Título VI) pero son insuficientes. Se requiere de una voluntad política que lidere el Estado y llegue a acuerdos y trace directrices que ayuden a acabar con ese flagelo que se encuentra empotrado en la dirigencia política partidista y de la Fecode.

2.    Ineficiente estructura financiera para atender la cualificación y dignificación de los educadores

Parece ser que los últimos gobiernos en lugar de cubrir esta “ineficiencia estructural” la han agudizado dejando recaer en el

Ilustración: Angélica María Martínez

exiguo salario de los educadores su formación permanente o en servicio de actualización y capacitación. No sólo hay que sanar la estructura financiera, para la cualificación de los docentes, deberá retomarse la idea del “retiro negociado” de aquellos educadores cuya edad está próxima a la pensión y hacer relevo generacional que de luz verde al sistema de formación de educadores. Hubo recursos para hacerlo en otras dependencias del Estado, ¿por qué no los hay para uno de los pilares del futuro del país?

3. Inequidad en las condiciones de reconocimiento social

El reconocimiento social es moral, es ético pero también es económico, tiene que ver directamente con el nivel de vida que puede llevar una persona de acuerdo a sus ingresos. Los dos decretos (3012/97, artículo 4^o y 272, artículo 8) presentan mayores exigencias académicas y de dedicación de tiempo para poder ser educador, pero ninguno de los dos, ni ninguna norma, deja prever que hay la intención de mejorar el status económico del maestro que se forme bajo estos nuevos parámetros. Sin una contraprestación clara, efectiva y verdadera, que coloque al maestro en mejores condiciones económicas, estas normas producirán el efecto contrario: desmotivación para formarse educador y en consecuencia, el ingreso de estudiantes de bajos puntajes y simplemente el fin de muchas facultades, programas y unidades académicas de formación de maestros. El Sistema Nacional de Formación de Educadores así como está concebido, no puede tener éxito si se aplica a estudiantes y profesores en ejercicio desmotivados y maltratados comparativamente con otras profesiones. Debería pensarse en ofrecer un sueldo equivalente a seis (6) salarios mínimos mensuales a estos nuevos educadores y dar paso a la 8a. estrategia del Plan Decenal: “Mejoramiento continuado del salario real de los docentes”.

4.    Desfase entre la formación recibida por el maestro y su ubicación laboral

“Zapatero a tus zapatos” establece el artículo 117 de la Ley 115/94. Otro de los grandes principios que ayudarán a solucionar el problema de la calidad de la educación en Colombia. ¿Cuáles han sido las acciones concretas que el Estado colombiano ha llevado a cabo para cumplir este artículo? ¿Se puede concebir exitoso el Sistema de Formación de Docentes (que es continuo desde la Normal, pregrado, postgrado, actualización, capacitación...) sin cubrir este aspecto que deprime al maestro y a sus alumnos? Parece ser que las condiciones están dadas, ¿por qué no se cumple con postulados incontrovertibles como éste?

5.    Poco compromiso con la investigación educativa y pedagógica

Para que se desarrolle toda una cultura de investigación, no sólo se requiere norma-tizarla; necesariamente hay que asignarle recursos de toda índole: humanos, tecnológicos, de planta física... La segunda estrategia del Plan Decenal: “elevar el nivel de la educación”, en su literal c establece que “la nación y las entidades territoriales... apropiarán los recursos y adelantarán las acciones para producir una verdadera transformación en las condiciones materiales y tecnológicas de las instituciones educativas... para facilitar el acceso a recursos modernos para la enseñanza, el estudio, la experimentación y la investigación”. En el literal d. se aprecia: "... con el fin de contar con un centro que sirva de motor al proceso de innovación e investigación en la educación, se creará en Colciencias una unidad especializada de investigación y aplicación pedagógica y didáctica”.

Además, los dos decretos en mención reconocen que la investigación es el pilar de las innovaciones y uno de los factores que nos pueden ayudar a salir del tradicionalismo, a través de la formación de docentes con capacidad investigativa y conceptos innovadores.

¿Puede responder afirmativamente el Estado colombiano de haber trazado políticas de financiación que ayuden a las Normales Superiores y a las Universidades a cubrir el gran déficit de investigadores e investigaciones que requiere el país? ¿Se les han otorgado los recursos financieros suficientes a las “Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología” de que trata el Decreto 0709/96 en su capítulo III, artículos 9 a 11? Colciencias le ha dado cumplimiento aunque sea parcial al artículo 206 de la Ley 115/94

La realidad que vivimos en las universidades es el recorte cada día más grande e implacable en el rubro de investigación; recorte que se le aplica más agudamente a las Facultades de Educación.

Hay otros factores importantes (uso de la informática, jornada única...) que inciden en la calidad de la educación y en la formación del maestro y en su desempeño en la sociedad que deberían tratarse conjunta y paralelamente dentro del Sistema Nacional de Formación de Educadores, para darle coherencia y consistencia al Sistema y evitar que fallezca durante el parto. Si no cambia el maestro no cambia la educación; si no se cambia el status socio-económico del maestro, no cambia el maestro.

Una última reflexión que tiene que ver cono la implícita alusión que tienen los dos decretos de esperar los cambios educativos y de los educadores después del año 2005 cuando se gradúen y se incorporen al trabajo los primeros egresados del nuevo enfoque. El sistema deberá contemplar políticas precisas para mejorar la calidad académica y profesional de los actuales profesores en servicio.

Creemos que es una necesidad imperiosa, dejar de pensar en el maestro-apóstol del pasado y buscar por todos los medios la forma de posicionar al maestro profesional de hoy en la realidad socio-económica que todos vivimos.