Revista Jurídica Piélagus

ISSN 1657 - 6799 | e-ISSN 2539 - 522X

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La verdad guatemalteca: lecciones para el caso Colombia^*

The Guatemalan truth: lessons for the Colombian case

Recibido: 01/11/2019 Aprobado: 09/01/2020

DOI: https://doi.org/10.25054/16576799.2501

RESUMEN

Este artículo tiene como objeto evidenciar que, aunque en el marco del proceso de justicia transicional la Comisión de la Verdad desempeñe acertadamente su papel en la construcción de la verdad, si no hay voluntad política y social en el plano material, se verán enormemente afectadas las acciones de memoria histórica y la reparación integral de las víctimas, tomando como ejemplo para el caso colombiano lo acontecido en Guatemala.

Bajo esta premisa, se realizó una revisión del conflicto armado tanto guatemalteco como colombiano, lo cual dio lugar a una descripción de como funcionó la Comisión de la Verdad de Guatemala, permitiendo evaluar su impacto. Seguidamente, se realizó un análisis del proceso de la búsqueda de la verdad y construcción de memoria en Colombia. De este estudio se extrajeron aprendizajes fundamentales que permitirán que Colombia no caiga en los mismos errores de Guatemala y se logre construir una paz estable junto a una memoria pluralista y duradera.

PALABRAS CLAVE

Colombia; Guatemala; Memoria colectiva; Conflicto Armado; Violencia Política; Víctimas.

ABSTRACT

The purpose of this article is to show that, even when the Truth Commission would correctly play its role in the construction of the truth within Colombia’s transitional justice process, the actions of historical memory and the integral reparation of the victims will be enormously affected if there are no tangible political and social intentions. As an example, to support this argument, Guatemala’s events will be contrasted with those in Colombia

Under this rationale, a deep review of both Guatemalan and Colombian armed conflicts was carried out. Firstly, key aspects of the Guatemalan Truth Commission and its impact on Guatemala’s conflict were discerned. Secondly, the truth searching and memory construction process in Colombia were analyzed. Finally, fundamental lessons from the Guatemalan conflict were identified, which will allow Colombia to build a stable peace and a pluralistic and lasting memory.

KEYWORDS.

Colombia; Guatemala; Collective Memory; Armed Conflict; Political Violence, Victims.

INTRODUCCIÓN

El conflicto armado guatemalteco y el colombiano guardan gran similitud respecto de las causas estructurales del conflicto. En ambos se vislumbran los siguientes indicadores: pobreza derivada tanto de la distribución desigual de la riqueza económica, en particular de la tierra, como del muy limitado acceso a la educación; ausencia de una política social por parte de los Estados, lo que ha acentuado las dinámicas históricas excluyentes; la labor de ambos Estados se ha centrado en los intereses de reducidos sectores de la población; ha habido en los dos países un sistema político cerrado, elecciones fraudulentas, polarización de la vida política; y finalmente, ambos países han tenido sistemas judiciales débiles y parciales, que no han garantizado el cumplimiento de la ley, ni han promovido la garantía y el respeto por los derechos humanos de sus ciudadanos (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Teniendo en cuenta estas similitudes, un estudio de ambas experiencias permite aprender de lo vivido por Guatemala en la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria, pues al revisarse factores como las condiciones socioeconómicas del país, el sistema político, el nivel de democracia y el tipo de transición que se surtió y evaluar cómo estos pudieron limitar o potenciar la búsqueda de la verdad (Arango, 2007; Ceballos, 2009), permitiría que en Colombia no se cometan los mismo desaciertos

En cuanto a las comisiones de la verdad, entre 1970 y 1980, empezaron a conformarse en América Latina comisiones para esclarecer y afrontar las atrocidades cometidas por las dictaduras militares. Desde entonces, dichas comisiones se han convertido en una de las herramientas transicionales más populares y difundidas alrededor del mundo (Heine y Turcotte, 2015). En los últimos diez años, han sido creadas más de cuarenta comisiones de la verdad (en adelante CV) en los más diversos escenarios políticos, pero todas con el fin de proveer una explicación de los abusos ocurridos en el pasado y atender las necesidades singulares de las víctimas (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2015; Ulrich, 2017)

Colombia no ha sido ajena a esta tendencia internacional. Por lo prolongado del conflicto armado (1958-2015), en el país se han diseñado doce comisiones nacionales de estudio e investigación extrajudicial de las violencias, en estricto sentido, ninguno de estos intentos ha representado una comisión de la verdad oficial; todas han sido intentos a medio camino entre comisiones de la verdad y comisiones extrajudiciales (Jaramillo, 2014).

A partir del estudio de la búsqueda y construcción de la verdad tanto en Guatemala como en Colombia, este artículo busca aportar insumos para evidenciar que, aunque en el marco del proceso de justicia transicional la Comisión de la Verdad desempeñe acertadamente su papel si no hay voluntad política y social para asumirla, las acciones de memoria histórica y la reparación integral de las víctimas se verá enormemente afectada.

La estructura del artículo consta de tres secciones. En la primera parte se presentarán brevemente el conflicto armado guatemalteco y el colombiano, luego se explicará, como funcionó la Comisión de la Verdad en Guatemala y cuál fue su impacto, seguido de como se ha buscado la verdad y construido la memoria en Colombia. Finalmente, se presentarán las lecciones aprendidas respecto a los riesgos y potencialidades que Colombia deberá tener en cuenta para no caer en los mismos errores de Guatemala.

1. CONFLICTO ARMADO GUATEMALTECO Y COLOMBIANO

Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (1999), Guatemala sufrió el conflicto armado durante 36 años, desde 1960 hasta 1996, dejando un saldo de 42,275 víctimas, las cuales fueron objeto de 61.648 violaciones a sus derechos humanos, correspondiendo a un promedio de 1.5 actos violatorios por víctima. En este sangriento lapso de tiempo, la Comisión señala que 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, 1.500.000 personas fueron desplazadas forzosamente, más de 400 aldeas fueron destruidas y en total se cometieron 626 masacres, las cuales son atribuidas en un 93% a las fuerzas de seguridad del Estado. Día a día se vivieron hechos atroces como el desaparecimiento forzado, violaciones sexuales, secuestros y lesiones físicas y psicológicas graves a la población indígena (Martínez et al., 2012; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998)

Tal como lo señala Azparu et al. “El conflicto armado interno guatemalteco estuvo caracterizado por una política de terror por parte del Estado” (2007, p.197), que incluyó violencia paramilitar y causo miles de muertes, así como por la permanencia de un sistema político débil, fraudulento y fragmentado que en vez de superar la desigualdad, logró incrementarla sobre todo en el aspecto económico (Azparu et al., 2007, Casallas y Padilla, 2004), por lo que la pobreza alcanzó a 80 de cada 100 personas, también hubo elecciones fraudulentas, instauración de regímenes militares y polarización de la vida política, lo que ocasionó que opciones moderadas desaparecieran del espectro político (Azparu et al., 2007; Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999)

En Guatemala, con el Acuerdo de Paz (1996) se vivió la transición de un conflicto armado interno a la paz y de una política completamente militarizada a un estado democrático, es decir, ocurrió una desmilitarización, ocasionado por la subordinación de las fuerzas armadas a la autoridad civil legítimamente constituida para lograr la representación e institucionalización del régimen democrático (Azparu et al., 2007)

De otro lado, para hablar del conflicto armado colombiano, no es posible hacerlo desde un solo grupo poblacional mayormente afectado, ni desde un solo actor armado beligerante, pues, a diferencia de Guatemala nuestro conflicto es multidimensional, el conflicto armado colombiano en palabras de Archila “ha sido una confrontación sangrienta, compleja y prolongada por más de 50 años, en la que ha tenido participación el Estado, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares” (2018, p.98)

En cuanto a los daños sufridos, el conflicto ha dejado un promedio de 8.900.000 víctimas, con un saldo de 85.400 actos terroristas y atentados, 37.000 secuestros, 8.100.000 desplazamientos forzados, 180.000 desaparecidos forzosos, 8.200 niños y niñas reclutados, 11.600 minas antipersonales, entre otras (Unidad de Víctimas, 2020).

2. FUNCIONAMIENTO COMISIÓN DE LA VERDAD GUATEMALTECA Y SU IMPACTO EN EL DERECHO A LA VERDAD Y LA NO REPETICIÓN

Las comisiones de la verdad han sido históricamente el camino de los países que han sufrido la violencia para tramitar sus heridas y huellas de la guerra, siendo un medio para “acometer procesos de verdad histórica y judicial, liderar iniciativas de reconstrucción de las memorias colectivas de sus conflictos, y aplicar estrategias y políticas de reparación integral con las víctimas” (Jaramillo, 2010, p. 295)

Antes de hacer un diagnóstico de los aciertos y desaciertos cometidos por la CV de Guatemala, se abordará una descripción que permitirá entender su funcionamiento.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida en 1994 como parte de un acuerdo de paz entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) suscrito en 1996, se acordó por las partes que la CV no tendría funciones jurisdiccionales, sino que su papel sería el de esclarecer la verdad y construir la memoria de lo acontecido en el conflicto (Azparu et al., 2007).

En el siguiente diagrama se podrá dilucidar, cómo funcionó la estructura del reporte, sus objetivos y los principales actos documentados.

Tras conocer este panorama general de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en adelante (CEH), ahondaremos en como la CV abordó, ítems indispensables para determinar si una CV es exitosa o no, tomando como referencia algunos criterios que según autores como Hayner (2008) son indispensables: i) los antecedentes y el contexto; ii) los hechos criminales y los involucrados; iii) las recomendaciones para reparar los daños; iv) el impacto.

2.1. Antecedentes y el contexto

La CEH (1999) reportó que, desde la época de la independencia, los sectores económico, social y cultural han estado construidos sobre estructuras del colonialismo, lo cual ha permitido la conservación de estructuras de poder excluyentes basadas en la explotación y empobrecimiento de la población indígena y mestiza. También señaló que la burocracia estatal fue organizada para llevar a cabo un plan criminal. La violencia se dirigió desde el Estado de forma indiscriminada e incontrolada. Las demandas o reivindicaciones sociales tuvieron como respuesta la represión.

La política de terror anticomunista, denominada Doctrina de Seguridad Nacional (DNS), fue la justificación de la alteración del orden constitucional por parte del sector público y privado, incluyendo movimientos cívicos y religiosos, todos se convirtieron en cómplices pasivos de las atrocidades ocurridas durante el conflicto (Casallas y Padilla, 2004; Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999)

En consonancia, los marcos morales de la sociedad justificaron la monstruosidad y magnitud de lo ocurrido. Convirtieron en aceptable lo inaceptable, esto asentó una ideología de inferioridad cultural y biológica acerca de los indígenas, formando una cultura racista que cegó la vista antes lo sucedido u ocasionó que los hechos no fueran condenados con suficiente indignación (Chang y Beatriz, 2005). Se promulgó que la vida del indígena valía menos siendo respaldados por la ley, que, contrariando el mandato de igualdad constitucional, les atribuía más obligaciones y les restringía muchos derechos (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).

Frente a la violencia sufrida, la CEH (1999) establece que, algunas de las víctimas respondieron con movimientos de resistencia como mecanismo de protección de la vida y de la dignidad, otras optaron por el silencio y se resguardaron en escondites y refugios, y en general generaron redes de solidaridad que les permitieron sobrevivir y años después reconstruir lazos familiares y reestablecerse como comunidad. Sin embargo, también generó que parte de la comunidad excluida encontrará como solución la vía armada (Grandia, 2016).

En cuanto al sistema político cerrado, hubo elecciones fraudulentas, instauración de regímenes militares y polarización de la vida política, la dictadura y el autoritarismo fueron formas de gobierno ejercidas a lo largo de la historia, esto ocasionó un cierre continuo de espacios de expresión y participación política (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).

2.2. Hechos criminales e involucrados

La CEH reportó los hechos criminales especificando datos del caso como:

a) fecha y lugar; b) nombres, edad, sexo, tipo de víctima; y c) los hechores (nombres, edad, sexo, grupo al que pertenecían), el tipo de violación o violaciones y hecho o hechos de violencia cometidos y, por último, el o los declarantes (nombres, edad, sexo). Para clasificar dicha información, la Comisión construyó glosarios sobre la base de la tipología de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia, que cuidó una denominación equivalente para ambas partes en el enfrentamiento armado interno. (1999, p.61)

La Comisión también identificó quienes fueron los responsables de los actos criminales o hechos violentos, los relacionó e hizo un enunciado de los delitos cometidos por cada uno de los actores armados del conflicto. De otro lado, incluyó los daños sufridos por las víctimas de manera individual y también los daños sufridos por las comunidades, la sociedad, y el tejido social en general (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).

2.3. Recomendaciones para reparar los daños

En cuanto a la Producción y difusión del reporte, la CEH (1999) recomendó una cofinanciación por parte del Estado y las ONG nacionales de derechos humanos para desarrollar una campaña de educación dirigida a los diversos sectores políticos y sociales que promoviera el respeto mutuo y la paz. Así mismo sugirió al gobierno realizar una reforma educativa que fomentará la tolerancia, el respeto, el autoconocimiento y el conocimiento del otro, buscando promover la ruptura de las líneas divisorias causadas por la polarización ideológica, política y cultural.

La CV también sugirió al Congreso emitir una declaración solemne que reafirmara la dignidad y honra de las víctimas y reivindicara el buen nombre de todas ellas y sus familiares. En el mismo sentido, recomendó al Estado asumir el contenido del informe y apoyar todas las iniciativas de difusión y promoción posibles, siempre teniendo en cuenta la realidad social, cultural y lingüística de Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).

Frente a las alternativas para lidiar con los diferentes grados de responsabilidad, la CEH (1999) sugirió que la ex Comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, pidiera perdón en forma pública y solemne ante la sociedad, las víctimas, sus familiares y sus comunidades y asumiera sus responsabilidades. De otro lado, recomendó que el Presidente de la República, en nombre del Estado, reconociera ante la sociedad guatemalteca en su conjunto, ante las víctimas, sus familiares y sus comunidades, los hechos del pasado y asumiera sus responsabilidades, particularmente las cometidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado.

2.4. Impacto

Tal como lo menciona Varón “el informe final de la CEH se entregó en 1999, durante el gobierno de Azrú Irigoyen y sólo durante el gobierno del próximo presidente, Alfonso Portillo (2000-2004), se empezó a ejecutar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad” (2011, p.30), la falta de voluntad política de hecho, se vio reflejada desde el período de investigación, pues el poder ejecutivo, judicial y las Fuerzas Militares, en algunos caso proporcionaron vaga información y en otros se negaron a informar sobre los hechos de violencia ocurridos durante el enfrentamiento armado, lo que entorpeció el resultado final, pues, “varios hechos quedaron sin una investigación profunda y sin un esclarecimiento por parte de los perpetradores” (Varón, 2011, p.29).

Pese a la negligencia estatal, la CV cumplió con los objetivos dispuestos en su mandato, en el informe dio cuenta del terror y los traumas que dejó el enfrentamiento armado, el debilitamiento de la institucionalidad del país, la impunidad, la ruptura del tejido social y las pérdidas materiales (Hayner, 2008).

También analizó “las formas concretas de vulneración que sufrieron las comunidades mayas, centrando la atención en los efectos que éstas tuvieron sobre las relaciones y estructuras culturales, sociales, políticas y jurídicas autóctonas” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999, p,14), considerando especialmente las consecuencias del conflicto para la niñez al haber sido testigos oculares de los hechos victimizantes e incluso generando en muchos de los casos la orfandad (Azparu et al. 2007).

De otro lado, la CV reveló como a pesar de la destrucción y la ruptura del tejido social se crearon experiencias significativas de regeneración y construcción por parte de las víctimas como una forma de reafirmar la vida, la dignidad, la identidad y la solidaridad (Ceballos, 2009; Hayner, 2008; Varón, 2011).

En cuanto a las recomendaciones de reparaciones, la CEH no incluyó “una propuesta estructurada para las reformas institucionales y judiciales, factor integral de la Justicia Transicional, ni especificó la definición de víctima y de beneficiarios, permitiendo que, a su criterio, el Estado estableciera esa distinción” (Varón, 2011, p. 26). Sin embargo, recomendó crear medidas de restitución material, de indemnización económica de rehabilitación y reparación psicosocial y de satisfacción y dignificación individual, incluyendo acciones de reparación moral y simbólica, de las cuales el Estado implementó las medidas de restitución y de indemnización únicamente.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, coincidimos con lo diagnosticado por Ceballos (2009), la Comisión de Esclarecimiento Histórico podría ser calificada como sobresaliente en cuanto a desempeño y funcionamiento, sin embargo, en lo que respecta al impacto, su calificación sería deficiente, para explicar esta afirmación, en el siguiente diagrama se señalan los aspectos en los que la CV fue exitosa, en los que fracaso y en los que, aunque acertó tuvo un impacto negativo.

TUVO ÉXITO	FRACASÓ	ACERTÓ CON IMPACTO NEGATIVO
Fue independiente económica e ideológicamente, de tal forma que pudo documentar imparcialmente el contexto del conflicto, sus antecedentes, las causas estructurales de la violencia y los daños causados (Azparu et al. 2007)..	No se documentó como las guerrillas se vieron influenciada por Cuba. Lo que hubiera permitido entender el surgimiento de los grupos armados (Hayner, 2008)	Logró que se reconociera como universal la protección de los DDHH, sin discriminación alguna, sin embargo, en la realidad no se vio mayor cambio en las dinámicas sociales respecto de lo sufrido durante el conflicto (Chang y Beatriz, 2005)
Documentó los principales actos criminales. Categorizó por pertenencia étnica, edad y género a las víctimas. Identificó y categorizó a los responsables. Identificó adecuadamente los impactos de la violencia en las víctimas tanto directas como indirectas, así como las individuales y colectivas y abordó exitosamente los impactos en los tejidos sociales (Ceballos, 2009).	Los daños sufridos por las víctimas no se lidiaron de manera satisfactoria. La población manifiesta no haberse sentido reparada.La negación por parte del Estado del informe final, afectó las reparaciones, las cuales tardaron tres gobiernos para ser ejecutadas (Varón, 2011)	Aunque el reporte fue muy extenso (4 volúmenes) fue difundido a un precio accesible, incluso traducido en lenguas nativas, con la financiación de la ONU. Esto permitió que fuera difundido en las escuelas y estuviera disponible para la sociedad en general. No obstante, no tuvo mayor impacto, pues la sociedad siguió justificando muchos de los crímenes (Hayner, 2008).
Identificó los grados de responsabilidad y complicidad. El dato más relevante, que evidenció, fue la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos (Jaramillo, 2010)	La CV omitió recomendar la entidad responsable de impulsar y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones y de coordinar el registro nacional de víctimas (Chang y Beatriz, 2005)	La Comisión trató de esclarecer la verdad y logró los objetivos planteados en su mandato, sin embargo, sus recomendaciones no tuvieron el impacto necesario en la aplicación por falta de voluntad política (Azparu et al. 2007).

3. LA VERDAD EN COLOMBIA

En Colombia entre 1958 y 2006 han existido doce comisiones de investigación y esclarecimiento de la violencia (Martínez, 2012), algunas de estas comisiones fueron establecidas para atender lo ocurrido en el Palacio de Justicia, otras como herramientas de procesos de paz, como la Comisión de Superación del año 91 en el gobierno del César Gaviria (1990-1994) quién negoció con dos guerrillas el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (Ceballos, 2009, Jaramillo, 2010).

Finalmente, y luego de varios intentos que en realidad nunca constituyeron una verdadera CV, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como uno de los organismos del proceso de justicia transicional suscrito por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC –EP) y el gobierno nacional. La finalidad de esta institución es sacar a la luz los hechos ocurridos durante el conflicto y de esta manera esclarecer tanto las causas como los responsables de los mismos (Comisión de la Verdad, 2017).

La Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 588 de 2017, deberá cumplir con los siguientes objetivos:1) Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros; 2) Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos los que de manera directa o indirecta participaron en el conflicto, como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir; 3) Promover la convivencia en los territorios, entendiéndolo como la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia.

La CV inició formalmente funciones el 29 de noviembre de 2018, concebida como una institución autónoma e independiente desde la parte administrativa y presupuestal. Su funcionamiento será por un período de tres años, contados luego de los seis meses que se utilizaron para preparar su adecuado funcionamiento.

El reto que tiene la CV es enorme, en Colombia se ha vivido una violencia pluridimensional, en la que los paramilitares, las guerrillas e incluso el Estado han cometido crímenes atroces y violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Tal como lo menciona el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) son muchos los argumentos de las partes para justificar sus actos: las guerrillas motivados por las ideologías de su tiempo, tomaron las armas para transformar el país, sin embargo, con el pasar de los años se fueron llevando por delante todo lo que en sus inicios juraron defender, como la vida y la libertad. Por su parte, los paramilitares buscando protegerse de las guerrillas se armaron y en nombre de la venganza masacraron y empaparon de sangre el país. Y, por último, los agentes estatales que no lograron honrar su juramento constitucional de sacrificar sus propias vidas, torturaron, combatieron irregularmente, usaron desproporcionadamente la fuerza y abusaron de su poder (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

En cuanto a las víctimas, es importante reconocer que el carácter invasivo de la violencia y su larga duración ha impedido su reconocimiento, e incluso su rol, pues, el conflicto ha transcurrido entre la polarización. Han sufrido la violencia en la dolorosa soledad, pues, muchos ciudadanos lo sienten como un asunto ajeno a su entorno e intereses, lo que explica la cotidianidad, la pasividad y la indiferencia ante la guerra (Bolivar, 2009; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

El conflicto armado en Colombia continúa, a pesar de haberse firmado la paz con la guerrilla más fuerte del continente, pues los demás grupos beligerantes permanecen en escena. Esto complejiza el reto de construir una sana memoria, pues la verdad se está escribiendo en paralelo a la violencia, viviéndose, no como una experiencia del posconflicto, sino como un escenario de denuncia y afirmación de diferencias. Tal como lo menciona Iván Garzón (2019), Colombia está acercándose al abismo de una paz violenta, en la que los grupos armados residuales han copado espacios territoriales que dejaron las FARC –EP, la guerrilla del ELN ha resurgido militarmente, y se presenta un exacerbado asesinato de líderes sociales.

Lo descrito ocasiona que, la Colombia del posacuerdo, sea un caso excepcional en las políticas de la memoria mundiales: en Colombia hay una teoría negacionista del conflicto, en la que sectores políticos y económicos, representados por el actual Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, pretenden construir una narrativa que absuelve a unos actores del conflicto armado y condena irremediablemente a otros (Garzón Vallejo y Agudelo, 2019), eludiendo incluso el reciente proceso de desarme, desmovilización y reintegración, además de pretender abolir componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición como la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la verdad.

De otro lado, es un país en el que solo el 15% de las víctimas ha sido indemnizado y otro tanto ha sido reconocido en los procesos de justicia transicional anteriores al suscrito con las FARC –EP. El resentimiento de las víctimas se evidencia en que además de reparación reclaman justicia y verdad, promesas centrales de las instituciones del sistema integral de justicia transicional (Garzón, 2018).

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es una necesidad inminente construir una memoria que el pueblo legitime, y para esto se requiere que contenga las posturas, los argumentos y las responsabilidades de todas las partes del conficto, reconociendonse de manera central a las víctimas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

4. LECCIONES APRENDIDAS PARA EL CASO COLOMBIANO

Luego de dar cuenta del conflicto armado guatemalteco y colombiano, haber revelado su magnitud, ferocidad y degradación, así como, las graves consecuencias e impactos causados sobre la sociedad, de otro lado, haber resaltado el gran papel de las víctimas como protagonistas en la construcción de la verdad y el importante rol que tiene la sociedad en la construcción de una paz estable y duradera, es posible reflexionar acerca de algunas acciones que como sociedad colombiana se pueden implementar para no quedar cojos en el proceso, pues la paz compromete la labor decidida de varias generaciones.

La paz no se queda en la firma de un acuerdo y los mecanismos de justicia transicional creados para lograrla, pues como del mismo término se infiere es una transición que requiere de dignificación de las víctimas, solidaridad extraordinaria, voluntad política y ciudadana y verdad. De otra manera, la paz se quedaría en un simbolismo plasmado en un papel, es entonces necesario vencer la polarización y los marcos sociales que a través de la historia como sociedad se han creado para justificar lo injustificable. En este sentido, la verdad debe ser contada de tal manera que las víctimas se sientan reconocidas y reparadas como protagonistas con historias, da~nos y duelos diversos. Debe ser una verdad en la que se valore el disenso, la controversia y la diferencia.

Para lograr lo expuesto, es necesario que la CV pueda contar con un respaldo fuerte y decidido por parte del gobierno, pues de ésta manera también se garantizará de parte del Estado el reconocimiento del informe y por esa vía, la observancia de las recomendaciones realizadas por la comisión (Ceballos, 2009). En este aspecto, es fundamental vencer la polarización política actual y con ella la teoría negacionista del conflicto predicada por un sector del gobierno, pues de no ser reconocido el informe, pedir perdón a las víctimas, reconocerse como actor responsable del conflicto y acatar las recomendaciones, Colombia fracasaría como Guatemala en el impacto, sin importar que tan exitoso haya sido el informe.

De otro lado, la verdad deberá contar con una participación plural de voces y sectores sociales, teniendo en cuenta los esfuerzos que ya se han vivido en el país para la construcción de verdad y memoria (Ceballos, 2009; Hayner, 2008). Estos procesos han implicado tiempo e inevitablemente han abierto heridas, por eso es imprescindible asegurar un adecuado acompañamiento a las víctimas, en el que se fortalezca su capacidad de interlocución e incidencia, lo que repercutirá en una reconstrucción más sólida de sus proyectos de vida, lo que sin duda tendrá impacto en sus comunidades y regiones (Ramírez, 2015).

En este sentido, se deberá garantizar la recuperación plural de las memorias, en las que el duelo está en permanente revisión, dada su continua rememoración. Sin duda será un campo de disputas definir como se contará el conflicto, pero es necesario hacerlo de la manera más amplia posible para evitar más barbaries. En cualquier caso, es preferible un pasado disputado libremente por los ciudadanos que un pasado ocultado o manipulado por el Estado. En Colombia se ha vivido por más de 50 años, buscando el sentido del presente en los acontecimientos del pasado, pues la verdad aún está en discusión, lo que ocasiona que las heridas permanezcan abiertas. Esta es la razón por la que es importante clarificar lo que pasó, lo que esto significa para el presente y lo que representará para el futuro de la nación (Garzón, 2018).

Tal como lo menciona Peña (2019), históricamente el ejercicio de la memoria en sociedades marcadas por un pasado violento ha estado inspirado en el paradigma de Santayana “quién no conoce su pasado está condenado a repetirlo”. Este postulado asume que el pasado se da del mismo modo en diferentes lugares, por lo que habría un solo modo de recordar. Es necesario trascender este paradigma, pues el pasado no ocurre de una sola manera. La memoria colectiva, no se puede construir viendo al pasado como acontecimiento único.

Los hechos de violencia y conflicto armado merecen ser recordados públicamente relatando una verdad completa, desde el punto de vista de todos los individuos implicados, construyendo una memoria colectiva donde las ideas sobre el presente y el futuro de miles de colombianos evoquen el pasado y le den un nombre justo e integral. Este pasado se revive a través de los rostros y los movimientos, las palabras, las movilizaciones, las canciones, las consignas, los homenajes a las víctimas, las fotos de los desaparecidos publicadas en los periódicos y en los carteles de los manifestantes, los testimonios de las madres y los hijos de los muertos, y las demás voces colectivas e individuales que van reconstruyendo el recuerdo (Menero y Soto, 2005).

No obstante, la construcción de esa memoria colectiva tiene riesgos, pues varios autores afirman que la memoria puede convertirse en una herramienta para el control social, pues se cuenta con el control de la información por parte de las autoridades. Para evitar que esto genere impactos negativos, es trascendental no permitir que la verdad “quede a medias” o que sea una versión construida sobres mentiras, que de tanto ser repetidas, pasen a la historia y se conviertan en verdad (Menero y Soto, 2005). Por lo anterior, se debe procurar la reconstrucción del pasado como un elemento constitutivo no sólo de la identidad individual, sino también de la identidad colectiva (Todorov, 2000). Así, las representaciones del pasado demostrarán ser mucho más reacias a la manipulación del poder (Baczko, 1991).

Por eso, además de la legítima exigencia de verdad, justicia y reparación, y del mantra Santayano de no olvidar para garantizar la no repetición, las sociedades contemporáneas en proceso de duelo, también ponen en juego otros valores como el perdón, la reconciliación, la convivencia, pero, sobre todo, la construcción del futuro. En este contexto, Colombia deberá encontrar una forma que permita rememorar el pasado y al mismo tiempo habilite la construcción del incierto futuro (Garzón, 2018).

Aunado lo anterior, se está ante un escenario de inmensos retos, Colombia debe construir una memoria con vocación democratizadora que reconozca la diversidad y respete la divergencia. La memoria debe ser el lugar desde el cual se enuncien los reclamos y deudas pendientes, así como el lugar donde se tramiten las demandas sociales y comunitarias construidas a través de la historia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

CONCLUSIONES

Si bien la CV guatemalteca fue exitosa en varios aspectos como: en su independencia económica e ideológica para documentar de manera imparcial el conflicto, la documentación de los principales actos criminales, la categorización de las víctimas que identificó y los responsables, y el relato de los impactos de la violencia en las víctimas tanto directas como indirectas, así como las individuales y colectivas. En impacto fracasó, pero no por culpa directa, si no por omisión de consciencia de la sociedad y del gobierno, pues, el Estado y la sociedad siguieron justificando muchos de los crímenes y olvidaron la importancia de reparar integralmente a las víctimas.

En cuanto a los daños sufridos por las víctimas, la CV no logró que se lidiaran de manera satisfactoria, hoy en día la población manifiesta no haberse sentido reparada. Y aunque, la Comisión trató de esclarecer la verdad e hizo pertinentes recomendaciones, estas no tuvieron eco en la aplicación, principalmente, por falta de voluntad política, pues, el gobierno negó el conflicto, no reconoció sus responsabilidades y borró indiscriminadamente la verdad histórica que la comisión construyó.

Entonces, el reto mayor está en que Colombia no termine siendo presa del pasado, optando por la negación, desconociendo lo que pasó. Esas negaciones oficiales y sociales son profundamente contraproducentes para la construcción de una paz estable y duradera. La verdad y la memoria colectiva está en riesgo, pues los sesgos ideológicos influenciados por la teoría negacionista del conflicto de algunos sectores políticos y económicos, podrían influir en que ésta se vea torpeada, lo que ocasionaría que las víctimas no se sientan reparadas emocionalmente y la sociedad continúe justificando crímenes atroces dentro de lo que se ha configurado como válido en los marcos sociales, incluyendo la violencia reciclada que aún estamos viviendo, tal como lo es, el asesinato generalizado de líderes sociales.

Por lo anterior, Colombia debe buscar que se den tres cosas paralelamente, que por una vía se imparta justicia, por otra vía se genere reconciliación y por otra, se fortalezca la convivencia. Es menester buscar todas las piezas del rompecabezas y encajarlas en la historia, porque de otra manera, el país estaría condenado a un monismo de la verdad que sería muy dañino para la construcción de un país en paz.

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^*Artículo de reflexión

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