sean muy pocos los que lleguen ajuicio. En la práctica, tanto en el campo penal como en el civil, menos del 10% de los procesos llegan a juicio. En el campo penal la mayoría se resuelve mediante el principio de oportunidad, que le peranite al Fiscal determinar discrecionalmente qué delitos se investigan y cuáles no, y de abstenerse1 de formular cargos contra alguien, lo mismo que mediante los acuerdos que realiza con los sindicatos para que se declaren confesos y obtengan rebajas significativos de pena.
En el campo del derecho privado, el ¡demandante presenta su demanda ante una Oficina administrativa de la justicia, y él mismo la notifica a la contraparte. Durante un periodo de nueve meses las dos partes,
Revista de la Facultad de Derecho Universidad Surcolombiana
de darse a conocer mutuamente las pruebas que tengan para sustentar la demanda o Jas excepciones a la misma. Durante este período el juez suel<Üftvitarlo§j a consolidar siys pretensiones, o Jas partes espontáneamente concurren a centros de conciliación o arbitramento. El hecho concreto es que sólo entre el 5% y el 7% de
las demandas llegan ajuicio.
M.C.A.: Dentro del proceso de enseñanza del Derecho en estados Unidos de Norte América hay algo que se denominó el “CaseMethrod”. Díganos, por favor, qué es y cómo opera este recurso metodológico?
J.GJÍ.: Como es bien sabido, en los Estados Unidos de Norte América la jurisprudencia tiene mucha importancia como fuente formal de derecho. Muchos de los casos se resulten en los precedentes jurisprudenciales existentes con relación a casos similares. Por esa razón el “Case Method’' hace referencia a la búsqueda de esos precedentes jurisprudenciales existentes en casos famosos, como herramienta metodológica para enseñar a formularlos y a descubrirlos.
M.CJi.: Sabe usted sí en Colombia hay alguna(s]t facultad (es) de derecho que apliquen ese método y, en caso cierto con qué resultados?
J.G*A.: En Colombia la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes nació dentro de esta metodología, pero pronto encontró que este sistema no funciona en los países que tenemos un derecho codificado. Abandonó entonces esta metodología, aunque siguió haciendo énfasis fundáflx Bntalmente en el manejo lógico del Derecho, más que en el aprendizaje memo-técnico del mismo.
M.C.A.: Piensa usted que las medi -das de la llarfeada “ Desj udicializacic|¡|’ y la aplicación délos mecanismos alternativos de solución de conflictos serán suficientes para solucionar el ^rave problema de congestión de los despachos judiciales?
J.G.A.: No es exacto hablar de “desjudícialización” y de “mecanismo alternativos de solución de conflicto”. Estas expresiones obedecen a la idea equivocada le que todos los conflictos deben ser sometidos a la solución de los jueces. La justicia formal es quizás la que ofrece las soluciones más inadecuadas a los conflictos, porque toma decisiones sobre supuestos abstractos, desconociendo la problemática situacional de cada concreto. Por eso el Estado t me que crear instancias que perm :an resolver los conflictos a través de la conciliación o la amigable composición, ya sea con la intervención de miembros de la comunidad o de autoridades administrativas, que es lo que se decidió en la reforma constitucional de 1992. A la justicia formal sólo deben llegar los conflictos que no sea posible resolver por estos mecanismos extrajudiciales. Así se hace, por (jampio, en los Estados Unidos de Norte América, con los resultados que atrás mencionamos. En Inglaterra el 93% de los delitos es conocido por un Tribunal integrado por un Juez de paz y tres ciudadanos.
creo que en término generales su labor fue muy positiva. No conozco como funciona en la actualidad.
M.Cj1.: Cuál es su apreciación sobre el Proyecto de acto Legislativo de Reforma a la Justicia, presentado por el Gobierno?
J.Gj1.: Hay algunas cosas que me parecen necesarias, como la revisión de la tutela que tiene colapsadas las Altas Cortes, pero hay otras absurdas, como pensar en suprimir los jueces de paz.
