Para descubrir el estado actual y factores de vulnerabilidad de los derechos fundamentales en esta población menor, fue necesario insertar unos objetivos específicos bien claros y definidos que nos permitió llegara la respuesta del problema.

Se buscó primero identificar los conflictos que se presentan con las prácticas culturales en la educación y socialización de los menores de edad en estas comunidades, frente a las reglamentaciones y exigencias especiales del código de la infancia y la adolescencia en coordinación con los reglamentos internos de cada comunidad y los planes de vida, en lo relacionado con vinculación a jornadas laborales, inicio de formación de parejas matrimoniales, y tratamiento a las conductas reprochables; igualmente se trabajó en determinar las causas de la vinculación de los menores a grupos armados al margen de la ley, la participación democrática, la responsabilidad del Estado frente a la etnoeducación y la salud.

La presente investigación es Descriptiva con elementos básicamente cualitativos, diseño que permitió describir la calidad de vida de la población menor de edad indígena, apoyándonos en elementos cuantitativos permitiéndonos estos realizar diversas interpretaciones, análisis y reflexiones analíticas y críticas a la luz de unas categorías que en este caso son socio jurídicas, permitiéndonos llegar a cierto nivel de generalizaciones de la población estudiada.

3. PANORAMA DE LA PROBLEMÁTICA

Desde el momento que se inició el desarrollo del proyecto, se observó una gran cantidad de problemas que aquejan a las comunidades indígenas frente a sus niños, siendo los más frecuentes, la salud, la educación (etnoeducación), la vivienda digna en todas sus condiciones, adecuada infraestructura en sus sitios de reunión; aparte de eso, la pérdida de sus costumbres religiosas, políticas y culturales que los hacian dignos merecedores de la sabiduría ancestral.

Las comunidades en las cuales se pudo realizar la investigación para desarrollar este proyecto, son comunidades ubicadas en el Departamento del Huila, desde el sur, con el resguardo Rumiyaco etnia Yanacona en el Municipio de Pitalito, hasta el norte con los resguardos Baché, etnia Nasa Paez en el Municipio de Palermo, la Gabriela etnia Tama-Paez en el Municipio de Neiva, Paniquita etnia Tama Paez en el Municipio de Rivera y la Tatacóa, etnia Pijao en el Municipio de Villavieja; y por el centro occidente del Departamento con el Resguardo de Potreritos etnia Naza-Paez en el Municipio de la Plata.

Estas comunidades bastaron para descubrir la difícil situación que padecen estos pueblos, pues su realidad está compuesta por los sin sabores que deja el cruel fenómeno del desplazamiento, originando la constitución de varios asentamientos indígenas en el Departamento del Huila, trayendo consigo diversas problemáticas; es un tema novedoso para las instituciones y la población en general; existe a la vez desconocimiento sobre su historia y características culturales, problemas y conflictos de supervivencia y ante todo incomprensión de su jurisdicción especial, elemento central que permite el desarrollo integral de los modos, usos y costumbres de la población nativa.

Además, existen al interior de las comunidades indígenas serios problemas que agravan su situación, como es el bajo nivel de organización, pérdida parcial de elementos de identidad, desconocimiento de la legislación indígena; agravada con el creciente marginamiento de sus sistemas productivos, en tanto que no cuentan con proyectos que garanticen la pervivencia adecuada a su nivel de vida.

Como caso especial se plantean las posibles contradicciones con el código de la infancia y la adolescencia, dado que desde la jurisdicción ordinaria se han elaborado normas protectoras frente a la niñez, que son de obligatorio cumplimiento, pero no se sabe hasta qué punto esa normatividad es coherente con las cosmovisiones y prácticas culturales, ancestrales y educativas de los pueblos aborígenes, de tal manera que es muy posible que el Estado colombiano desconozca estos elementos centrales en la vida y desarrollo de estas comunidades, pudiéndose presentar un proteccionismo especial aparente y que riñe con los modelos de vida indígena, como tipos de castigos y sanciones, modelos educativos, exigencias de vinculación laboral “ a temprana edad".

Se verificó en la investigación, los programas que ofrece el Gobierno Nacional para los menores de edad, están encaminados a esa protección especial a través de prerrogativas jurídicas y políticas, pero también desafortunadamente se observó que estos programas, muchas veces, no son los adecuados o no cumplen a cabalidad ese fin para el cual se crearon; por lo tanto, se pudo concluir que lo mucho que pueda hacer el Gobierno Nacional, es poco tratándose de protección especial de menores de edad, y más aun, si estos menores son pertenecientes a comunidades Indígenas que han sido *puestas” como un accesorio inservible, en el lugar más recóndito y apartado de una población.

Con todas estas dificultades que observábamos en los distintos resguardos, llegábamos siempre a cuestionamos la misma pregunta, ¿De qué sirve que el Estado reconozca a estas comunidades como parte especial de la población, si no hay un verdadero reconocimiento de la Nación?

Es verdad, a partir de la Constitución de 1991 el Estado Colombiano reconoce de manera enfática los derecho fundamentales de todos los habitantes de la nación con el fin de lograr un equilibrio de intereses colectivos y de asegurar su interrelación en términos de igualdad. De manera especial, realizó el reconocimiento de los derechos propios de los pueblos indígenas, estableciendo así la jurisdicción especial indígena.

Pero muchas veces y en muchos aspectos, la gran cantidad de principios que se incorporaron en nuestra constitución, tales como la identidad, la autonomía, la participación y la autodefinición de su territorio se han quedado cortos al momento de ponerse en práctica y más aun al momento de fortalecer el pensamiento y las costumbres de nuestras comunidades indígenas, sintiéndose el desequilibrio de intereses.

Claro es que, desde el momento en que entra en vigencia la Constitución de 1991, la relación del Estado con estos pueblos, ha cambiado significativamente pero tales principios que garantizan una protección y desarrollo a los pueblos indígenas no han sido una realidad principalmente para garantizarle su permanencia a través del tiempo, es decir, contrarrestando la discriminación y la violación de sus derechos fundamentales.

No es un secreto para nadie el “abandono" en el que se encuentra la población aborigen, las comunidades indígenas colombianas gritan a viva voz la falta de compromiso gubernamental, como se ve reflejado por ejemplo, en el alto nivel de desnutrición en menores autóctonos. Las tradiciones como la lengua nativa están a punto de desaparecer por falta de personas encargadas de su difusión, los niños que deciden ir a la escuela, sienten que no se les tiene en cuenta su identidad cultural y todo porque no hay planteles adecuados a sus necesidades, tradiciones, costumbres y orientación hacia la conservación y fortalecimiento desucosmovisión.

Con relación al desarrollo integral de los menores de edad en estas comunidades encontramos grandes falencias, a pesar de la frívola intención del Estado en colaborar, pues este se queda corto con la prestación de servicios, como son la salud, la educación y la creación de políticas públicas que los dignifique y les dé su lugar dentro de la tan nombrada en nuestro país, multiculturalidad.

En el anterior Sistema Nacional de Salud, se habían dado algunos avances mínimos en tomo a los derechos en salud de los pueblos indígenas de Colombia. No obstante, en la mayoría de los casos aunque las normas daban algunas posibilidades, permanecen, como letra muerta, puesto que los servicios de salud no se han adecuado a la nueva realidad. Felizmente, con el cambio Constitucional, se reconocieron efectivamente los derechos de las comunidades indígenas, y la legislación posterior dio armas a las organizaciones para iniciar un trabajo de reivindicación de los mismos.

Ahora el objetivo principal, es desarrollar un modelo de salud construido en conjunto con las comunidades y los nuevos actores del sistema de salud del país en un inter juego con los demás sectores del área social teniendo en cuenta las singularidades sociales y culturales y que sufrague a mejorar efectivamente las condiciones de bienestar de las comunidades étnicas del Huila. Tal modelo debe basarse en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y participación comunitaria enmarcados dentro del Sistema general de seguridad social en salud.

Otro de los inconvenientes más evidentes es la precaria situación escolar de los niños, de las niñas y de los jóvenes en los distintos resguardos esto debido a diferentes razones como lo son la inadecuada gestión administrativa; la deficiente infraestructura y dotación; la no pertinencia en formación y capacitación docente; el trabajo desde muy temprana edad; y la dispersión geográfica de la población indígena.

El gobierno Nacional en acuerdo con dirigentes de diferentes organizaciones indígenas, se comprometió a establecer un sistema educativo propio para las comunidades indígenas llamado etnoeducación, pero para desdén de los pueblos todas las manifestaciones realizadas por un sin número de indígenas no han logrado tener eco en las entidades gubernamentales, el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) ha propuesto iniciativas al Gobierno Nacional para encontrar procedimientos que eviten afectar el derecho a la educación y cultura de los niños indígenas, pero todos los esfuerzos han sido en vano. Los menores siguen sin escuelas, siguen sin profesores y siguen sin asistir a los centros educativos, sencillamente porque no tienen una sola motivación o razón para hacerlo.

El Ministerio de Educación Nacional emite comunicados donde acepta la falta de normatividad diferencial para el ejercicio de la educación en territorios indígenas, pero como dirían coloquialmente: ¿yeso de que nos sirve?

De que le sirve a las comunidades indígenas que las entidades estatales reconozcan que el país no cuenta con infraestructura ni personal adecuado para educar menores indígenas, si realmente es deficiente la gestión que se hace, lo que trae consigo que en el tema de la educación se está condenando a las minorías étnicas al analfabetismo y a la pérdida de su identidad.

El gobierno central, implemento en Colombia el modelo de Escuela Nueva; que si bien es cierto, permite a menores indígenas y niños de la zona rural asistir a clase con un maestro, no les permite tener educación de calidad, un maestro de escuela se ve obligado a atender dos o más grados en una misma aula de clase, un solo docente debe dictar dos, tres o más materias y lo más preocupante en cuanto a educación indígena se refiere este modelo educativo no es compatible con sus usos y costumbres, pues si bien es cierto los profesores con este modelo educativo basan su enseñanza en labores del campo, indicando a los menores como labrar la tierra y como sacar provecho de las fincas y terrenos, sin darle trascendencia a temas como su lengua propia y a otras áreas del desarrollo que les permita a los menores seguir con sus estudios secundarios y universitarios.

Por tanto son muy pocos los estudiantes indígenas que aspiran ingresar a la universidad, sumándole a este problema el bajo número de cupos para ingresos por régimen especial en las universidades públicas, pues su mayoría solo asigna un cupo para minorías étnicas por cada programa de pregrado, incluso hay desconocimiento al interior de varias comunidades de la existencia de esta modalidad de ingreso a estudios superiores.

Igualmente se desconoce por parte de algunas comunidades la existencia del Fondo Educativo Alvaro Ulcue Chocue, de crédito condonable ante el ICETEX y que ha sido de difícil acceso últimamente a las minorías étnicas, ya que este crédito condonable fue suspendido por el Gobierno Nacional desde el año 2006 hasta el primer semestre del año 2010.

De lo anterior, se obtiene como resultados un difícil acceso a la educación superior en nuestro país, pues en promedio, solo un joven indígena ingresa semestralmente a estudiar una carrera universitaria.

En el aspecto político la participación de estas minorías étnicas en nuestro país es demasiado reducida y así, nuestra Carta Política les permita tener curul y puestos en las diferentes entidades gubernamentales esto no soluciona el problema social de fondo en las comunidades indígenas pues ellos siempre serán una minoría en el congreso que sí no es avalada y respaldada sus proyectos nunca saldrán adelante.

En síntesis, estos son niños y jóvenes ajenos a un mundo globalizado, inseguros, pues se les educo en un ambiente de timidez extrema y al llegar a las zonas urbanas son menores o jóvenes que se sienten intimidados ante la sociedad, además de no contar en muchas ocasiones con el mismo nivel de conocimientos de un joven que se ha educado con las oportunidades que se brindan en una ciudad.

4. LA PROBLEMÁTICA DESDE LA ÓPTICA JURISPRUDENCIAL

La Corte Constitucional en diferentes fallos, se ha pronunciado frente a temas como la educación, la vivienda digna y la autonomía de las comunidades indígenas. En la totalidad de sus fallos, reconocen que son pueblos con insuficiencias y obliga al Estado Colombiano a garantizar sus derechos constitucionales pero desafortunadamente son fallos sin ningún eco.

La sentencia de la Corte Constitucional T-717/96 es fiel muestra de las deficiencias que existen respecto del presupuesto para las comunidades indígenas.

El representante legal de la Asociación de Cabildos Regional Indígena del Valle del Cauca, instauro acción de tutela contra el Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación Departamental del Valle del Cauca, a fin de lograr que se asignaran los recursos apropiados en el presupuesto Nacional para la Etnoeducación, y distribuidos por el Ministerio de Educación.

La sala segunda de revisión del alto tribunal constitucional, decidió conceder la tutela y ordenó al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento del Valle del Cauca -Secretaría de Educación- que en el término de 48 horas, debían proceder a formalizar el Convenio Interadministrativo requerido para el manejo de los recursos asignados al Departamento, con destino al mejoramiento de la calidad de educación de sus comunidades indígenas.

El anterior fallo, es uno de tantos que se han proferido a favor de las comunidades indígenas. Es cierto y es un hecho notable que la Corte Constitucional se esfuerza por proteger los derechos de las comunidades indígenas, pero las entidades de nivel nacional, departamental y municipal no han hecho el esfuerzo suficiente para que nuestros pueblos indígenas en su población menor, perciban un amparo en igualdad de condiciones a aquel que se recibe en la población menor no indígena, y no se permita la discriminación sino más bien que se sientan como parte importante y activa de nuestro país.

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5. RESULTADOS

Para mayor entendimiento de lo ya expuesto y de la metodología utilizada, se pasará a describir a través de tablas y gráficas, el desarrollo y los resultados finales de la investigación.

Estas graficas son importantes dentro de la investigación porque permiten demostrar y unificar los datos dispersos de la investigación y de conocimiento a partir de la experiencia de intervención en cada resguardo, a través de las salidas de campo donde se recolecto la información que permitió llevar a cabo el proyecto investigativo y la producción del trabajo que se realizó con apoyo en encuestas y grabaciones.

Estas graficas permiten describir con elementos básicamente cualitativos, la calidad de vida de la población menor indígena, permitiéndonos realizar diversas interpretaciones, análisis y reflexiones analíticas y críticas a la luz de los fundamentos socio-jurídicos, con el resultado final de conocer la vulneración de los derechos frente a estas comunidades.

5.1 Población menor de edad

Con relación a la población encontrada en las comunidades visitadas, se vislumbra que la población menor indígena es bien numerosa en cuanto a su porcentaje. Se evidencia que el trabajo con menores de edad debería ser, por parte de las autoridades municipales, un trabajo estructurado y bien desarrollado que desgraciadamente en ningún momento se observa claramente.

■    Paniquita (nacimiento)

■    La Tatacoa (8 años)

J Baché (nacimiento)

La Gabriela (8) Potreritos (7)

■    Rumiyaco (10)

Serie 1

El estado si garantiza pero es muy deficiente, pocos materiales perof propia.

El estado si ayuda, como también el municipio, las falencias son: el recurso no llega a tiempo, los materiales de las escuelas son

Fue nombrada la profesora por la comunidad y el departamento.

A medias pues con lo que se requiere no ayuda el 100% NO ESTAN AYUDANDO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA

POTRERITOS

Noel 100% pero ayuda con materiales, y docentes.

RUMIYACO

Ellos tienen profesores y los paga el estado

Sisben. Cubierto con régimen subsidiado. Equilibran también medicina tradicional.

Por lo general hay enfermedades que se tratan con medicina tradicional. Salud: régimen subsidiado.

Es tradicional y se acude a la occidental cuando son graves las enfermedades

LA GABRIELA

Es tradicional, se tiene salud subsidiada cuando son casos graves

POTRERITOS

Mas énfasis en la tradicional y la occidental solo cuando hay brigadas de salud

RUMIYACO

Se presenta la salud tradicional para asuntos menores y acuden a la medicina occidental para casos con gravedad

El tratamiento a menores infractores ha sido en principio manejado de manera comprensiva con el joven, utilizando el dialogo como primera medida y vinculando a los padres como actores principales dentro de la formación del menor. Se percibe que la reincidencia da castigos más severos llegando al castigo físico.

CONCLUSIONES

El trabajo de investigación determinó la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de la población menor de edad en las comunidades indígenas del departamento del Huila, desde el interior de ellas y desde el mismo Estado colombiano, concluyendo que en principio estas comunidades no vulneran los derechos fundamentales en la población menor de edad de una manera directa atendiendo a sus costumbres ancestrales y cosmovisión.

Sin embargo, se aprecia que de una manera indirecta y a la luz de la Constitución Política Colombiana sí existe vulneración. Por ejemplo del derecho fundamental a la educación, debido a las labores agrícolas en sus parcelas a temprana edad, al inicio de la vida marital igualmente a temprana edad y a la falta de un buen plan de vida en cada comunidad.

La vulnerabilidad de los derechos fundamentales en estas minoría étnicas, se puede apreciar en un alto grado con relación al vínculo existente de estas con el Estado colombiano, pues estas comunidades han estado en un abandono enorme por parte de este y hace que a los menores de tales comunidades, se les afecten principalmente derechos, como por ejemplo a la educación por falta de escuelas, escritorios, profesores etnoeducadores, material didáctico, arreglo de vías, transporte escolar, etc.

En el caso del derecho a la salud, este se vulnera continuamente ya que el Estado no trata en iguales condiciones a los menores indígenas con relación a los que habitan en zonas urbanas, pues estos tienen mejor cobertura en salud, pero los menores indígenas no reciben este trato por múltiples factores como su misma ubicación y la actuación de intermediarios del mismo Gobierno que en muchas ocasiones utilizan estos presupuestos para hacer politiquería.

Vemos cómo el Bienestar Familiar y el Ministerio de la protección social no realizan un cubrimiento y protección adecuada en estos territorios indígenas, ni le brinda apoyo al desarrollo de su medicina tradicional.

La actual política de seguridad democrática del Estado colombiano no ha reflejado un apoyo adecuado en estos territorios indígenas, esto se ve reflejado en los numerosos casos de desplazamientos forzados que se presentan en estas comunidades, afectando los derechos a la identidad cultural y a permanecer en sus territorios indígenas, siendo sometidos inclusive a la fuerza a vincularse a grupos armados al margen de la ley, sobre todo a muy temprana edad, afectando a la población menor indígena en estas comunidades del Departamento del Huila.

Como podemos ver el nivel de vulnerabilidad de los derechos fundamentales en la población menor indígena del Departamento del Huila al interior de sus comunidades es relativamente bajo, mientras que frente al Estado Colombiano este nivel de vulnerabilidad si es relativamente alto.