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Revista Jurídica Piélagus No. 10 - ISSN 1657-6799 – Neiva (Huila) Colombia - Enero a Diciembre de 2011 |
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Semillero de Investigación Facta Non Verba
Sheila Liseth Fierro Ardila Yury Carolina Bahamón Borrero Edna Carolina Obando Anacona Diana Yaneth Correa Cerquera Jesús Alberto Campo Mazábel Yuri Tatiana Campos Cerquera Tutor – Dr. José Joaquín Cuervo Polanía Línea de Investigación Nuevos Paradigmas del Derecho Grupo de Investigación Cynergia / Universidad Surcolombiana |
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Artículo recibido: 27/10/2011 Aprobado: 22/11/2011
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RESUMEN
Las universidades públicas colombianas se han caracterizado por jugar un papel importante en el escenario político y social del país, al punto de desencadenar reformas institucionales fruto del ejercicio de las libertades al interior de los claustros. Sin embargo, ha sido una realidad histórica más allá de la legalidad que puede atribuírsele, que los universitarios han realizado protestas callejeras que se tornan violentas por diferentes factores. Cuando esto sucede, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la fuerza pública, interviene para controlar los desmanes y reprimir a los manifestantes amparado en el “uso legítimo de la fuerza” y que en ocasiones por su desproporción, ha causado muertes o lesiones severas a estudiantes y a los mismos efectivos.
La investigación estableció las consecuencias jurídicas generadas para unos y otros a partir de la revisión de la prensa local y nacional; y de los procesos adelantados por la justicia y órganos de control disciplinario en Neiva.
ABSTRACT
The public universities in Colombia have been characterized for playing an important role in the political as well as social role of our country, leading movements that have created a great impact on the constitution of our institution. All of this is thanks to our right of freedom of speech within the walls of our university. However it’s been a historical reality far beyond the legacy it is attributed to them, that the students of different public institutions of Colombia have made street protest that have become into violent acts for random reason. When this accident occurs the public force, the Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) interferes to control the disturbance and put a stop to the riot, this interferences are done holding the idea of " a legitimate use of the force" in which in some cases due to its unbalance use of the force have caused injury or even death on the students or even on themself. The main goal of this project is to establish a difference between the juridical consequences that one has applied on the other, starting from a revision of the process given by the law and the members of the discipline control to Neiva city, also with a look on the relationship with the public media with this confrontation.
PALABRAS CLAVE
Protesta violenta, universidad, estudiantes, ESMAD, medios de comunicación, expedientes judiciales.
KEYWORDS
Violent protest, university, students, ESMAD, public media, legal proceedings.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo se propone desarrollar el alcance jurídico que representa la protesta universitaria violenta tanto para miembros de la fuerza pública como para los estudiantes y analizar el tratamiento de la información dada por los medios de comunicación a estos hechos de protesta, a través del método de investigación Cuantitativo Descriptivo.
Se abordara aquí en primera medida el planteamiento del problema y su justificación a partir de una visión histórica, para comenzar a desenlazar la problemática de la protesta estudiantil y su judicialización con un enfoque que plantea el paradigma implantado, el tratamiento dado y la realidad instaurada como consecuencia del ya mencionado problema. Seguidamente a través del análisis de resultados se logra establecer paralelamente, dos visiones generadas en cada uno de los actores involucrados en la protesta violenta (ESMAD Vs Estudiantes). Para finalizar, se expone y analiza el rol de los medios de comunicación en el proceso de difusión de la información generada por los hechos que son objeto de la presente investigación.
OBJETIVOS
General
Identificar y analizar los procesos judiciales, disciplinarios y penales adelantados a los estudiantes y miembros de la fuerza pública como resultado de las jornadas de protesta violenta acaecidas en la Universidad Surcolombiana de Neiva - Huila durante el periodo 2000 al 2008.
Específicos
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU JUSTIFICACIÓN
Las universidades públicas en Colombia son 32 en total, unas de carácter nacional y otras de carácter departamental, pero todas con un denominador común: las diversas formas de expresión estudiantil, que van desde iniciativas académicas, deportivas y culturales hasta propuestas de contenido político. En la universidad pública se verifica con mayor énfasis la universalidad característica del conocimiento, se ventilan teorías, doctrinas y pensamientos de la más variada índole, lo que forma al estudiante con un espíritu propio a partir del ejercicio autónomo de su voluntad. Allí se forma como profesional, pero además como persona, como ser humano y como sujeto fundamental del devenir histórico.
En ese contexto muchos estudiantes de universidades públicas se adhieren o construyen proyectos gremiales y se organizan para reivindicar los derechos de los estudiantes en particular o de la población en general. Muchos de estos procesos experimentan desatenciones por parte de directivas institucionales, de gobiernos de diferentes niveles territoriales y en muchas ocasiones de la sociedad en general. Esa minimización, exclusión y desatención de los reclamos estudiantiles en muchos casos lleva a los jóvenes universitarios a trasgredir los postulados de la protesta pacífica y reaccionar violentamente ante las estructuras constituidas estallando de manera desenfrenada contra el orden público, y se enfrentan con los cuerpos de policía, que cumpliendo con su función de preservar el orden establecido, doblegan a los estudiantes iracundos con el uso de la fuerza.
La situación tiene antecedentes que se remontan a mediados del siglo XX, donde los estudiantes se integraron al desarrollo de la vida jurídica y política nacional en los acontecimientos que desencadenaron la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1957 en los cuales los estudiantes pusieron como cuota 14 muertos. De ahí en adelante, la historia del movimiento estudiantil en las universidades públicas se caracteriza por la contribución de hombres y mujeres a la interminable lista de víctimas de la represión estatal y paraestatal de los movimientos sociales y por la beligerancia de algunas de las más representativas organizaciones estudiantiles.
La Fuerza Pública también ha jugado un papel histórico en el tratamiento de esos desordenes quienes intervienen en las manifestaciones cumpliendo con un postulado constitucional y legal de controlar las protestas estudiantiles violentas por la fuerza, pero en muchas ocasiones se extralimitan y hacen uso desproporcionado de esa potestad, ocasionando con ello, violaciones a los derechos humanos y a algunos principios constitucionales.
El periodo comprendido entre el año 2000 y 2008, coincidente con los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe Vélez no ha sido ajeno al tema de los enfrentamientos entre estudiantes y policía y ha jugado un papel determinante en el tratamiento que las fuerzas estatales le han dado a ese tipo de manifestaciones estudiantiles. Los medios masivos de comunicación también han sido pieza fundamental en el tema expuesto, pues en algunos casos han descontextualizado la información, la han presentado con sesgo ideológico o político y en ocasiones cuando los procesos de protesta y reivindicación estudiantil se encuentran aún en etapas pacíficas (marchas, actos culturales, foros, debates) no les dan ningún espacio, generando desinformación y lo peor es que siempre esperan a que la violencia se manifieste para volcar su mirada sobre la universidad.
Por ello toda la problemática antes planteada se puede plasmar en el siguiente interrogante: ¿Cuáles han sido las consecuencias jurídicas desde la óptica penal y disciplinaria para los estudiantes y miembros de la policía como resultado de las protestas violentas en la Universidad Surcolombiana de Neiva – Huila durante los años 2000 a 2008?
El anterior problema jurídico amerita el inicio de una investigación jurídica y periodística aplicada, toda vez que no existe un diagnóstico en el departamento que haya abordado esta dificultad y se hace necesario presentar unos resultados que puedan demostrar a la comunidad y al Gobierno Nacional el verdadero alcance jurídico de estas protestas, tanto para los estudiantes como para los efectivos de la Policía y el tratamiento de la información dada por parte de los medios de prensa regionales y nacionales a estos instrumentos de protesta.
METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta la problemática a abordar, se considera que la metodología más conveniente es la investigación CUANTITATIVA DESCRIPTIVA que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la situación en la aplicación del trámite de las investigaciones a estudiantes y miembros de la fuerza pública en la ciudad de Neiva. Este enfoque se realizó sobre conclusiones dominantes en la presente problemática, y sobre la forma en que la actividad judicial y los afectados se comportan en la actualidad. Se partió de realidades fácticas determinadas por las decisiones judiciales del departamento del Huila, presentando de esta forma una interpretación objetiva a la problemática expuesta. Se tuvo en cuenta la evolución cronológica del fenómeno en los registros de prensa tanto nacional como regional.
El estudio descriptivo incluyó el análisis de casos, causales, de conjunto y de correlación. Además se realizaron encuestas y entrevistas, de las cuales se pueden inferir resultados de las distintas acepciones e ideas de cada uno de los protagonistas, por un lado el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y por otro el de los estudiantes universitarios en general.
DESARROLLO
Protesta estudiantil y su judicialización: paradigma, tratamiento y realidad
La judicialización de la protesta estudiantil en Colombia se encuentra a cargo de la rama jurisdiccional, y ésta en ejercicio de ciertas facultades discrecionales decide acerca de la reserva o no de un expediente, por tanto cuando en esta investigación se plantea la necesidad de acceso a los casos de carácter disciplinario y penal seguidos a estudiantes de la Universidad Surcolombiana y miembros del ESMAD, se obtiene como primer instrumento a favor de permitir la exclusión del conocimiento de las reales consecuencias generadas en el marco de la protesta violenta, el difícil acceso a esta información propiciada desde la misma rama jurisdiccional; y que encuentra su sustento en la reiterada jurisprudencia constitucional donde se ha traído a colación este tema, y se ha indicado (sentencia C-592 de 2005) el alcance legal de esta figura, como también se hace referencia (Sentencia C-038 de 1996) a dicha reserva, esclareciendo su aplicación en materia penal y disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación -ente encargado de la investigación disciplinaria de los miembros de la fuerza pública-, fue objeto de consulta para obtener la relación de casos seguidos a éstos como resultado de protestas universitarias en la ciudad de Neiva, encontrando que en este organismo no se encuentra fallo alguno en la materia.
Memoria, Verdad y Justicia
Un caso que hace parte de la memoria histórica y colectiva de la Universidad Surcolombiana y de la región Surcolombiana en general, es el del estudiante Tarcisio Medina, desaparecido cerca de este alma máter; el proceso judicial empieza con la denuncia hecha por su padre ante el Juzgado de Instrucción Judicial de Neiva, pasando el expediente por el Tribunal Superior Militar y la Fiscalía regional de Bogotá, donde el 31 de octubre de 1995 se acusó formalmente al teniente César Orozco Gómez del delito de secuestro; el proceso disciplinario iniciado el 22 de febrero de 1988 ante la Procuraduría Regional del Huila, que el 5 de Junio del mismo año obtuvo pliego de cargos en contra del teniente César Orozco Gómez y del Cabo Ramón Sepúlveda por parte del procurador delegado para la policía nacional, terminó con la separación del servicio del teniente Orozco Gómez el 7 de diciembre de 1989.
El procedimiento en materia contencioso administrativa, tuvo registro de proyecto de sentencia por primera vez en febrero de 1995; posteriormente, el 3 de octubre de 1995 el Tribunal Administrativo de Huila dictaminó que la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) era responsable de la detención y desaparición del Sr. Medina, ordenando el pago de daños morales a los padres de la víctima decisión que fue apelada por la sección tercera del Consejo de Estado; el caso ha sido llevado a estamentos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha realizado una serie de recomendaciones al Estado Colombiano relacionadas con los hechos.
El caso de Jairo Francisco Olarte, es quizá el que mayor relevancia ha tenido en el ámbito regional y nacional porque resultaron afectados en su integridad física algunos miembros de la Fuerza Pública, por hechos ocurridos en la Universidad Surcolombiana en el marco de una protesta universitaria como conmemoración del movimiento bolivariano, el 18 de Abril de 2008. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de la ciudad de Neiva, entró a resolver la solicitud de la preclusión de la investigación -solicitada por la Fiscalía Cuarta Especializada de la ciudad- contra José Francisco Olarte Flórez por la conducta punible de homicidio agravado en grado de tentativa, en curso de terrorismo; en segunda instancia el 29 de agosto de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Cuarta de decisión penal, con ponencia del magistrado Hernando Quintero Delgado; entra a decidir la alzada interpuesta por el representante de la Fiscalía en contra de la sentencia de preclusión proferida el 18 de Julio de 2008, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito especializado de Neiva que decretara la preclusión a favor del imputado, el Tribunal confirmó la decisión objeto de apelación por parte de la fiscalía, e informó a las partes la procedencia del recurso de casación.
Un caso de relevancia y conocimiento nacional fuera de nuestro problema de investigación pero al cual queremos hacer alusión, es el de Jhonny Silva Aranguren, asesinado por un impacto de proyectil en predios de la Universidad del Valle, en torno a una protesta estudiantil, el 22 de Septiembre de 2005. La investigación fue asignada a la Fiscalía Especializada, Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante resolución sustanciadora No 115 de septiembre 12 de 2007 posteriormente, el despacho instructor se abstiene de imponer medida de aseguramiento y eleva cargos al oficial Gabriel Bonilla por la conducta punible de Prevaricato por Omisión, decisión que fue objeto de impugnación por parte del Ministerio Público donde se solicitaba se profiriera medida de aseguramiento por el delito de homicidio en la modalidad de culpa; ante la inconformidad por esta providencia, en el 2009 los familiares de la víctima llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -ubicada en Washington- cuyo proceso se encuentra en curso.
Dos visiones hacia la protesta universitaria
Teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, se quiso abordar el problema desde una óptica que involucrara de cerca a los actores del conflicto. Es así como se establece hacer una disertación utilizando el método cuantitativo: primero se realizaron cien encuestas a una población representativa de estudiantes pertenecientes a todas las carreras de la Universidad Surcolombiana con un rango de edad entre los 16 y 32 años, construyendo unos parámetros de opinión y distintas acepciones que guardaran relación con la temática. Las encuestas tienen dieciséis preguntas, en las que se indaga la perspectiva del conglomerado en razón a las manifestaciones propias de una universidad pública, problemas que dejan entrever los argumentos de los diferentes individuos y el modo de interacción con su institución académica.
Como segundo paso, se realizaron algunas entrevistas a estudiantes y miembros del ESMAD para establecer un paralelo entre las distintas percepciones acerca del desarrollo de una protesta universitaria violenta.
Resultados de las encuestas a estudiantes de la Universidad Surcolombiana:
Resultados de las entrevistas grupo ESMAD:
El 3 de mayo de 2010 se entrevistó al secretario del Grupo ESMAD de la ciudad de Neiva, con el fin de dar a conocer su perspectiva en el marco de una protesta universitaria. El Escuadrón Móvil Antidisturbios del departamento del Huila está compuesto por dos secciones, entrenadas cada una para controlar alrededor de quinientos manifestantes, se encuentra disponible en la base del Comando de Policía Huila. Ellos actúan mediante orden directa del comandante del departamento, quien les informa de la situación y el procedimiento a seguir para el control de la protesta. Lo primero que hacen al llegar a la manifestación es tratar de dialogar con los líderes de la revuelta, ello con el fin, de llegar a un acuerdo para dar por terminada la protesta; cuando no se llega a este cometido, el escuadrón procede de forma tranquila, tratando de intimidar a los protestantes, con el objetivo de que los observen y den fin al “tropel”. Si los manifestantes están lanzando piedras, papas explosivas o bombas molotov, se procede a hacer uso de agentes químicos como los gases que son utilizados por personal capacitado. En lo que tiene que ver con la tanqueta, generalmente es usada cuando los manifestantes deciden prender llantas o incinerar cosas en la vía (bloqueándola), cuando hay demasiados manifestantes o cuando se han utilizado gases y no han causado ningún efecto.
Después de la protesta, los miembros del ESMAD deben realizar los respectivos informes al comando del departamento, al comando de la región y al coordinador del ESMAD a nivel nacional sobre los procedimientos y los resultados de este. A raíz de los hechos ocurridos el 29 de Abril de 2008, en donde fueron quemados algunos miembros de la Policía Nacional en predios de la Universidad Surcolombiana, en el desarrollo de una protesta, se hizo necesaria la implementación en la ciudad Neiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios; el cual está funcionando desde el día 6 de septiembre de 2008. En cuanto a los hechos el secretario del grupo expresó su inconformidad y desacuerdo por su ocurrencia y los calificó como una “flagrante vulneración a los Derechos Humanos por parte de los estudiantes”.
Los medios de comunicación
En lo referente a la labor que desarrollan en el marco de una protesta, el papel de la prensa es capturar la mejor imagen para publicar, una que no favorezca ni a los estudiantes ni al ESMAD. En ocasiones, el periodista trata de tomar imágenes que acrediten o desacrediten la institución, todo en busca de vender imagen y generar controversia. Frente a los motivos por los cuales protestan los estudiantes, muestran su total desacuerdo con estos, pues creen que hay otras y mejores formas para la solución de conflictos, en donde no es necesario llegar a la violencia, ni utilizar explosivos, ni agredir a la policía.
Rol de los medios de comunicación en las protestas universitarias violentas
El periodismo es un servicio que busca satisfacer los intereses de una sociedad que necesita estar informada de los sucesos de manera oportuna y veraz, esta profesión no es un poder que beneficia intereses particulares. Sin embargo, la razón de ser del periodista, está siendo desdibujada por utilizar los medios de comunicación para difundir diferentes formas de pensar y manipular a través de la información. Los medios son un instrumento fundamental para unir comunidades en torno a la información que suministran, información que es del interés de todos y que debe ser expuesta tras una investigación rigurosa que permita dar a conocer diferentes posiciones, contexto, causas, posibles alcances de los acontecimientos y todos los datos necesarios para que a partir de lo que cuentan los medios, se pueda construir una idea verídica de la realidad.
La prensa escrita, como sucede con todas las herramientas creadas para el beneficio de la humanidad, puede ser usada también para hacer daño aprovechando las capacidades que posee; en este caso, la evidente facilidad de los medios para influir en los pensamientos y acciones de las personas hace que se seleccione, omita o privilegie información de acuerdo a criterios ideológicos y/o conveniencias económicas. De esta manera, la opinión pública se forma con base en una realidad moldeada en la que la imparcialidad y la objetividad periodística no existe. Según Ryszard Kapuscinski, “se trata de un problema que seguiremos sufriendo mientras las noticias muevan tanto dinero, estén influidas por el capital y compitan como productos de los dueños de los medios”.
Cuando un medio genera confianza, adquiere el reconocimiento de los lectores, lo cual es fundamental para su permanencia en el mercado; un periódico es sostenible si la gente lo compra, encuentra en él lo que necesita y le gusta leerlo. Pero ¿Qué quieren leer las personas? La prensa local adquiere el deber social de ofrecer información que responda principalmente a las necesidades de los habitantes de la región. Entonces, el reto de los periodistas es conjugar los conceptos de informar y entretener, para publicar noticias que beneficien y recreen a la sociedad logrando que en el medio se traten temas no sólo importantes sino también interesantes. La información se puede ofrecer como una mercancía o como un derecho fundamental. En el primer caso, se recurre al sensacionalismo, generando ambigüedad, ofreciendo datos imprecisos, falsedad y exageraciones con tal de llamar la atención y vender la noticia. En el segundo caso, la noticia está basada en una visión plural y múltiple de los conflictos que se construye con profesionalismo investigativo, brindando una información clara e imparcial, que permite conocer las verdaderas dimensiones de los hechos. En este sentido, el periodista escoge entre beneficiar su economía y la del medio para el que trabaja o favorecer a toda una sociedad que necesita medios de comunicación divulgadores de la verdad, especialmente en temas que generan controversia como las protestas universitarias.
Desde las universidades se protesta con el propósito de hacer cumplir los derechos, expresar inconformidades y ejercer presión con miras a defender la calidad de la educación pública. Estas exigencias de los estudiantes muchas veces han desencadenado tropeles que alteran el orden público, por lo que la policía en cumplimiento de su función, interviene a controlar el desorden. De esta manera se presenta un choque de fuerzas en el que se mide la contundencia de la fuerza pública, que hace parte del disturbio por obligaciones del oficio, y la del movimiento estudiantil que se enfrenta mediante tropel; concibiendo a éste como una alternativa para exigir mejores condiciones y convencidos de su lucha de resistencia social, política y de clase.
Los movimientos sociales están incluidos en las agendas de los medios de comunicación, debido a que involucran diferentes actores de la sociedad, aunque principalmente, es por el grado de espectacularidad que generan las jornadas violentas en las que estudiantes encapuchados y policías se enfrentan en un intercambio de piedras y gases. Los medios están acostumbrados a mostrar el conflicto y es precisamente esa violencia lo que a la gente le causa intriga y le llama la atención. Una de las estrategias más eficientes de las empresas mediáticas de prensa escrita es que la noticia más impactante debe aparecer en primera página. En el libro España en portada, cuatro profesores de la universidad Francisco de Victoria de Madrid, exponen que “la portada es tan importante que la gente puede leer más o menos el periódico en función de la impresión que le produzca ésta”. La mayoría de noticias acerca de protestas universitarias registradas en los diarios locales La Nación y Diario del Huila, durante el periodo estudiado ocuparon el privilegiado lugar de la portada.
Carlos Álvarez Tejeiro, en Medios de Comunicación y protesta social en la crisis Argentina, expone que “las representaciones sociales hacen que las imágenes nuevas sean interpretadas desde las creencias preexistentes, que construyen los medios a través de la permanencia en la agenda pública y el grado de debate que desencadenan”. Lo que los medios no cuentan, permanece en la agenda sumergida, en donde se encuentra lo que se oculta a las personas que recurren a éstos como la única herramienta para acercarse a la realidad. De esta manera influyen en el almacenamiento social de los sucesos que relatan, aprovechando el poder que tienen de crear la realidad a través de las palabras y las imágenes.
En la tesis de grado “La Usco vista desde la prensa local”, se afirma que en los medios de prensa escrita, aunque existen menciones a procesos académicos, de proyección social e investigativos, éstos tienen poco despliegue periodístico. Por el contrario, los centros de educación superior son protagonistas en situaciones de violencia, protestas, procesos electorales no legítimos, corrupción, e infiltraciones de grupos armados ilegales.
A las universidades públicas concurren estudiantes y profesores que tienen diferentes formas de pensar, esto hace parte de la diversidad ideológica que existe en todos los centros de educación superior. Las protestas universitarias violentas han sido relacionadas con grupos subversivos que se han formado en los claustros universitarios. Estos grupos al margen de la ley, son visibilizados por los medios debido a las acciones bélicas que realizan, lo que les ha otorgado el titulo de terroristas que ahora se les da a los estudiantes, quienes preocupados por los problemas sociales del país, se organizan en grupos de acuerdo a su tendencia ideológica. Estos movimientos estudiantiles suelen ser simpatizantes con las ideas de los grupos de izquierda, que surgieron con el propósito de defender a un pueblo que luego atacaron. Sin embargo, hay gran cantidad de estudiantes que sin pertenecer a algún grupo organizado, son conscientes de las irregularidades que se dan en la universidad y quieren hacer sentir su voz de protesta frente a estas injusticias.
Los medios de comunicación tienden a estigmatizar a ciertos grupos sociales y cuando se trata de protestas violentas, los estudiantes de las universidades públicas son los primeros señalados. Se generaliza a los actores de un acontecimiento que no es dado a conocer desde sus verdaderas implicaciones sino desde la óptica sensacionalista a la que recurren los medios para obtener sostenibilidad económica. El lector puede desarrollar una perspectiva errónea a través de la imagen reiterativa de un estudiante encapuchado lanzando piedras, más aún si en la totalidad de fotografías que se publican en los diarios, aparecen estudiantes atacando y policías defendiéndose. La fotografía se ha convertido en el mayor atractivo de los medios escritos, dejando en segundo plano la importancia del análisis, la rigurosidad y la diversidad de fuentes. Si bien las fotografías brindan una prueba de la veracidad de lo que se está leyendo, la prensa escrita no debe permitir que las imágenes hablen por sí solas, es más importante aportar información que dé lugar a que el lector desarrolle su propio criterio basándose en los datos que ofrece el medio. Sin embargo, en las noticias referidas a las protestas, dejan más que pensar las imágenes, que la propia narración del periodista.
Al igual que el acompañamiento de fotografías, el espacio que se le da a determinada noticia, influye en el valor que le da el lector a la información. Los medios de comunicación son un recurso informativo que debe tener fundamentos imparciales que eviten alterar la veracidad de lo que se cuenta. El 1 de diciembre de 2003, “En la Usco piden respeto a la democracia”, es el título de un breve párrafo en el que se dan a conocer los motivos por los que la Organización Estudiantil Surcolombiana está protestando. Al día siguiente, en la noticia “Llamado a la cordura y el respeto”, para la cual se asignan ocho párrafos y dos fotografías, se exponen las peticiones que hace la administración de la universidad a los dirigentes de la protesta. Con esto, se hacen evidentes los intereses que manejan las empresas mediáticas, dejando dudas frente a la posición neutra que deberían mantener frente a este tipo de problemáticas en donde se tratan diferentes versiones de acuerdo a la fuente que se exprese.
La verdad fragmentada que muestran los medios, conlleva a elaborar una realidad ficticia en la que un acontecimiento se ve como un cuento de acción que es entretenido de leer y no como un texto investigativo que despierta el sentido crítico de quien se entera de lo que hay detrás de lo aparente. En este sentido, el periodista sólo está describiendo los hechos y no está cumpliendo con su función de interpretar la realidad. Como lo dice el profesor René Ramírez Castrillón en su artículo, La imagen fotográfica y la crisis de lo real: “El hecho de escoger qué realidad registrar se convirtió en un fragmento de la realidad, que al ser elegido demostró una postura política, religiosa y social”. Es así como el rol de los medios y del periodismo en las protestas universitarias violentas no se ha basado en la visibilización del conflicto desde una perspectiva social, sino como una comercialización de la información en la que existe la manipulación de las instituciones interesadas en defender su imagen.
CONCLUSIONES
Si bien en el marco de la protesta universitaria violenta se pueden observar conductas delictivas, éstas hacen parte de un formalismo jurídico, pues su aplicación y sanción se limita al reproche social e institucional que pone en tela de juicio dicho actuar, ya que aun cuando es clara la comisión de un delito y se vinculan -en este caso-, a estudiantes universitarios en investigaciones por parte de la Fiscalía, no se haya responsabilidad alguna en la comisión de estos delitos, es decir que no se hace aplicable ningún tipo de sanción y aunque el delito este ahí latente, a la justicia sólo le queda llegar hasta donde las pruebas lo permitan. A este punto es prudente dirigir una mirada desde la misma óptica a los miembros de la fuerza pública, quienes -como ya se ha hecho mención anteriormente- a la luz de la normatividad constitucional tienen como función velar por la convivencia pacífica de los habitantes de Colombia, y por un orden justo; sin embargo, frente a una manifestación violenta originada por los estudiantes, la fuerza pública en su legitima intervención y en aras de cumplir con su deber, terminan por excederse en el uso de sus facultades, vulnerando los derechos de los estudiantes e incurriendo en conductas a su vez delictivas; se presenta entonces una situación similar a la ya expuesta en el caso de los estudiantes que cometen delitos, pues como lo demuestra la presente investigación, dada la gravedad de los delitos imputados a los miembros de la Policía, -en el mejor de los casos- la sanción que se les ha aplicado carece de proporcionalidad respecto de la gravedad de los hechos, esto es cuando se ha logrado sanción, situación que no suele presentarse. Ante tal situación -poca efectividad de la justicia colombiana en el tratamiento de conductas delictivas- los estudiantes involucrados en manifestaciones propias de la academia, su familia y demás actores que guardan relación con aquellos, se ven obligados a acudir a estamentos internacionales, en procura de encontrar en su jurisdicción mayor acogimiento en el tratamiento de lo que consideran impune.
Está claro entonces, que ambos actores respecto de las decisiones judiciales impartidas por la justicia Colombiana, “resultan bien librados” y si de justificar sus actuaciones se trata, cada uno –según entrevista realizada- a su vez tiene sus argumentos. Por un lado, el ESMAD argumenta el “buen cumplimiento de sus labores y el efectivo control material que hacen en la disolución de los disturbios, respetando siempre los derechos humanos”; mientras que por otro lado, los jóvenes universitarios argumentan que la protesta “es un medio reivindicatorio de derechos y que a él acuden cuando no queda más por hacer”, dando a conocer sus inconformidades frente a la realización, el desarrollo y los fines de lo que consideran muchas veces los trasgrede y afecta en su integridad. Aducen además la libertad de expresión, de la cual se generaliza el descontento por ser una garantía constitucional que para ellos se queda meramente en el papel, pues al momento de manifestarse, reciben a cambio más vulneraciones de sus derechos pero a la final cada uno tiene sus propios argumentos de legitimización.
Ahora bien, si se tiene en cuenta un contexto ya no jurídico si no periodístico, el manejo que dan los medios de comunicación a la protesta universitaria violenta, es de una marcada tendencia por parte de éstos a estigmatizar a ciertos grupos sociales y los estudiantes de las universidades públicas son los primeros señalados. Se generaliza a los actores de un acontecimiento que no es dado a conocer desde sus verdaderas implicaciones sino desde la óptica sensacionalista a la que recurren los medios para obtener sostenibilidad económica. Los medios dan mayor importancia a que los “encapuchados” en el marco de una protesta, hagan daño a los policías pero no le dan el mismo despliegue mediático cuando la policía ha sido la que viola la ley ingresando a las universidades y excediéndose en el uso de la fuerza.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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SENTENCIAS