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Revisión Documental
Nicolás Rojas Caviedes
Psicólogo. Universidad Surcolombiana
Ingrit Katerine Velásquez Gil
Psicóloga. Universidad Surcolombiana
Aceptado: 20-diciembre-2019
Resumen
El presente artículo tiene como propósito analizar la inclusión del enfoque psicosocial en la Política de Vivienda en el municipio de Neiva en el periodo 2014-2018, realizando, a través de una revisión documental, la identificación de la forma en que aparece la perspectiva psicosocial en la Política de Vivienda a nivel Nacional, comparándola con la Política de Vivienda Municipal y contemplando las dimensiones psicosociales propuestas por Villa (2012). Los resultados obtenidos sugieren que, la ciudad de Neiva, aunque se destaca por la gran oferta de Viviendas de Interés Social para la población vulnerable, presenta vacíos en la integración de la perspectiva psicosocial en la Política de Vivienda y demuestra algunas irregularidades frente a las normativas nacionales, por lo que se vuelve necesario que se implementen estrategias de evaluación y seguimiento a las políticas desde su diseño, ejecución y aplicación a la comunidad.
Palabras Claves: Enfoque psicosocial, Política de vivienda, Psicología Ambiental Comunitaria,Vivienda.
Abstract
This article analyzes the inclusion of the psychosocial approach in the Housing Policy of Neiva city from 2014 to 2018, identifying the process in which the psychosocial perspective is developed in the National Housing Policy through a literature review. It is also compared with the Municipal Housing Policy and the psychosocial dimensions proposed by Villa (2012). The results suggest that although Neiva is a leader in terms of Social Housing supply for vulnerable communities, the integration of the psychosocial perspective is missed in the Housing Policy of the capital and demonstrates some irregularities compared to national regulations. Therefore, it is necessary to apply assessment and monitoring strategies of the policies from their design to implementation.
Keywords: Psychosocial Approach, Housing Policy, Community Environmental Psychology, Housing
Cómo citar este artículo: Rojas, N., y Velásquez, I. (2019). Inclusión del enfoque psicosocial en la política pública de vivienda de la ciudad de Neiva.
Introducción
En 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, la vivienda digna ha sido reconocida como un derecho fundamental para que las personas tengan un nivel de vida adecuado, poniendo en consideración que no solo se deben brindar cuatro paredes y un techo, sino una combinación de criterios, derechos y libertades (ONU, s.f.).
De esta manera, diversos países han implementado como propuesta los proyectos de Viviendas de Interés Social (VIS), con el fin de atender a la necesidad de millones de personas en el mundo, de tener un hogar donde vivir y a su vez, reconocer que no solo se establecen las características físicas de éstas, sino también los aspectos subjetivos y psicológicos que las integran.
Ante esto, países como Inglaterra, han desarrollado cerca de 4 mil edificios de vivienda social que fueran asequibles y baratos, aunque con bajos estándares de calidad y seguridad para las personas de escasos recursos, con el único objetivo de cubrir la necesidad de subsistir de aquellas familias. (Mundo, 2017) A diferencia de Francia, que se ha interesado en adaptar las viviendas a las necesidades de las personas que las van a habitar y no adaptar las personas a las condiciones del hogar, centrándose así en la vivienda colectiva y el vivir con calidad (Flórez, s.f.); develando que no en todos los planes de intervención de vivienda se analizan las diversas modalidades de interacción social.
América Latina ha tenido un mayor auge en la proyección de VIS, desde su deber por proponer soluciones eficientes ante la situación desfavorecida de alojamiento digno y sustentable de muchos pobladores, resaltando la formación, planeación y construcción de casas con la voluntad debrindar un hábitat seguro, organizado, activo y participativo (Estrada, 2017), involucrando, las condiciones contextuales que interfieren en las dinámicas habitacionales.
Los países latinoamericanos han invertido alrededor de 1.5 puntos de su Producto Interno Bruto para la construcción de viviendas, siendo México y Brasil los que encabezan el listado con una inversión mayor, entre 1.9 y 2 puntos respectivamente, brindando opciones más factibles para las personas que no cuentan con suficientes recursos económicos (Chirivi et al., 2011) y enfatizándose en disminuciones estadísticas del déficit, dejando a un lado las soluciones de acuerdo a las necesidades de la población.
Estas inversiones se ven reflejadas en los diversos programas de cobertura de vivienda, donde la Comisión Nacional de Vivienda de México, a partir del Programa “Esta es mi casa”, con un potencial de construcción de 223 mil hogares, apoya a las familias con subsidios y créditos que financia hasta un 95% del valor de la vivienda. Brasil, lanzando el programa “Mi casa, Mi vida”, con la construcción de aproximadamente 2 millones de viviendas, financia hasta el 100% del valor de las mismas(Chirivi, Quiroz, & Rodríguez, 2011).
Chile, a partir del programa “Compra Tu Vivienda”, facilitando la adquisición de casas con subsidios que financian el 75% del valor de la vivienda. Perú, otorgando subsidios para la adquisición de alrededor de 500 mil viviendas propuestas a construir. Y Colombia, considerando tres fuentes de recursos para efectuar el cierre financiero para la adquisición de vivienda, estos son, los subsidios, los créditos y los ahorros; otorgados por Fondos de vivienda y Cajas de compensación (Chirivi et al., 2011).
En Colombia, la Constitución Política de 1991, estipula en su artículo 51 “(...) El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho –que todos los colombianos obtengan una vivienda digna –y promoverá planes de VIS(...)” (Judicatura, 2010), otorgándole la responsabilidad de ejecutar estrategias de vinculación, permitiendo el acceso de la ciudadanía a diferentes proyectos con el fin de satisfacer el derecho a la calidad y adecuación de la vivienda.
De este modo, el gobierno está obligado a brindar programas de acuerdo a las capacidades de acceso de cada familia y garantizar políticas públicas que permitan a toda la población la posibilidad de tener un lugar donde desarrollar su libre personalidad, pretendiendo dar solución a la problemática histórica de la baja efectividad de estos programas.
Ante esta necesidad, el estado renovó e incrementó presupuestos en los últimos 5 años, evidenciando una alta proporción en la construcción de viviendas, logrando “niveles máximos en la historia y ejecutando aproximadamente 230.000 viviendas formales al año, aumentando el número de ciudadanos beneficiados por los programas del Gobierno nacional (Portafolio, 2015).
Este tipo de ofertas se ha concentrado en la vivienda de clase media. “El 76 % corresponde a los estratos 2 (22,2 %), 3 (26,2 %) y 4 (27,8 %). El porcentaje restante viene a ser en el estrato 1 (3,3 %), 5 (12,3 %) y 6 (8,1 %)” (Portafolio, 2015), dejando en evidencia el bajo porcentaje de adquisición de viviendas en la población de estrato 1, siendo una cifra preocupante, ya que debería ser la población más beneficiada debido a sus bajos ingresos económicos.
Por tal motivo, esto indica que los hogares con capacidad de acceder a los diferentes programas de ahorro y crédito no acuden a las convocatorias realizadas por las diferentes entidades del Gobierno, en parte por desconocimiento del tema, y porque algunos de los requisitos solicitados para ciertos programas son de difícil acceso.
Debido a esto, se vienen aplicando nuevas estrategias de vinculación e inclusión de sectores vulnerables, mostrando una perspectiva favorable a la VIS, especialmente por el programa del Gobierno ‘Mi Casa Ya’ y “el Programa de Vivienda para Ahorradores”, con la construcción de 86 mil viviendas, la donación de 100 mil viviendas gratuitas y el subsidio a la tasa de interés para 130 mil viviendas nuevas, lo cual sin duda dinamiza el sector” (Portafolio, 2015).
Teniendo en cuenta que aquello pretende minimizar la problemática habitacional, surgen intereses investigativos para comparar la implementación de las políticas públicas de vivienda en el contexto nacional e internacional. Por ello, se recurrió a la base de datos bibliográfica Scopus, donde se encontró que desde 1945 se relacionala habitabilidad con la salud física, presentando un vacío investigativo de cuatro décadas, que solo hasta 1988 reanuda su interés, tomando como población una pequeña parte de Latinoamérica (Perú, Panamá, Ecuador y Brasil) (Elsevier, 2004).
En el 2004 este interés surge también en Chile y Venezuela con publicaciones relacionadas al déficit de vivienda, a partir de este año las investigaciones aumentan significativamente, llegando a su punto más alto entre los años 2015 y 2016, liderados por Chile y España quienes han abordado la investigación desde el área de las Ciencias sociales. En Colombia, su máxima participación en este tema se presenta en el 2015 (Elsevier, 2004)
España ha dominado las investigaciones sobre vivienda, siendo Julio Rodríguez el máximo exponente y quien desde 2014 ha venido presentando dos publicaciones anuales hasta 2017, enfocándose desde las ciencias sociales.
Asimismo, la tendencia investigativa sobre política pública nace en 1988, creciendo hasta el año 2002, llegando a su pico más alto de producción en el año 2015 y 2016, con un fuerte dominio en Brasil desde el área de las Ciencias Sociales (Elsevier, 2004).
Por ello, en la presente investigación se toma como principal referente teórico la Psicología Ambiental Comunitaria (PAC), entendida como un campo de estudio de carácter aplicado, que centra su análisis enla interacción persona-entorno y se enfoca en explorar las conductas tanto causantes del deterioro ambiental como facilitadoras de la conservación del entorno (Luzón, 2009). Sin embargo, no se debe ver esta disciplina desde un enfoque simplemente naturalista pues se debe tener en cuenta la relevancia que plantea entre la interacción de los elementos exteriores y el aporte que hace al desarrollo de los individuos, en su relación directa con factores ambientales.
Dado esto, se deben entender que la PAC representa un campo amplio de estudio, en el cual trata de entender y resolver los problemas humanos en el contexto entre la comunidad social y del ambiente físico. De esta manera, la perspectiva comunitaria en psicología ambiental representa una fusión conceptual-metodológica entre la psicología ambiental y la comunitaria (Zimmermann, 2010), esta última entendida como el estudio los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar, mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en sus ambientes y estructura social (Montero, 2004, pág. 32).
Este modelo se fundamenta en el análisis de la relación hombre-ambiente entendido como el resultado de las percepciones ambientales y las evaluaciones que elabora cognitivamente el individuo frente a sus entornos cotidianos. De este modo, el campo de la PAC analiza los efectos ambientales sobre la vida comunitaria desde los ambientes físicos, los aspectos sociales, demográficos y organizacionales que interfieren directamente en las prácticas sociales de estos conjuntos poblacionales (Zimmermann, 2010).
De esta manera juega un papel activo la territorialidad, pues se convierte en una aproximación de los vínculos que establece el individuo con su entorno, “ejerciendo control tanto en el contexto físico–natural inmediato, como sobre el espacio simbólico-convencional” (Roth, 2000, pág. 71). Dentro de estas relaciones, la vivienda se presenta como un ambiente simbólico, que influye de forma directa en la configuración y el establecimiento del comportamiento humano.
Resulta interesante descubrir la forma en que el ser humano asigna valores, sentidos, símbolos y significados a un espacio físico generando una vinculación que promueve la creación de lazos afectivos con su vivienda, donde el territorio ha dejado de ser un simple terreno para convertirse en un espacio “capaz de generar comportamiento comunitario, organización social y fortalecer los roles socioculturales de quienes lo asumen como propio” (Roth, 2000, pág. 72).
Por lo tanto, la vivienda, se convierte en un factor determinante que “se fundamenta en la provisión de seguridad para la supervivencia e identidad de la persona o el grupo, asociándolo con nociones de defensa y personalización, ambas consideradas como mecanismo de control territorial” (Roth, 2000, pág. 72).
Las dos disciplinas, Psicología Comunitaria Y Psicología Ambiental, asumen una postura dentro del enfoque Psicosocial, entendiendo la manera de comprender lo humano (una ontología del sujeto humano), que deriva en unos métodos particulares, donde lo relacional y lo vincular, lo contextual y la interacción son fundamentales; avanzando hacia una mirada que pretende el fortalecimiento y reconstrucción del tejido social. (Villa, 2012, pág. 356)
Cabe aclarar que lo Psicosocial concibe a la comunidad como un espacio simbólico y físico donde exploran el significado de quienes lo habitan y edifican un sentido profundo de pertenencia por medio de la interrelación de los sujetos, promoviendo que cada individuo construya identidades, autonomía y singularidades en torno a su contexto; facilitando de esta manera la comprensión de las problemáticas humanas y los fenómenos sociales. (Moreno & Bohórquez, 2012)
Asimismo, se comprende desde cuatro dimensiones, la dimensión subjetiva, definida como la consideración de las particularidades de la población en sus experiencias individuales o personales, reconociendo además los múltiples contextos sociales, políticos y culturales en los cuales están insertos; la segunda dimensión, grupal e interpersonal, entendida como un nivel donde se desarrollan estrategias conversacionales de apoyo mutuo y memoria compartida, evidenciando el mundo de la interacción cotidiana, construcciones grupales y el compartir social en lo cotidiano (Villa, 2012).
Igualmente se encuentra la tercera dimensión, sociopolítica, que busca el empoderamiento de los sujetos como ciudadanos y actores de derecho, acciones públicas y simbólicas, a través de la participación y relación entre las instituciones y la sociedad; y cuarta, la dimensión histórico-cultural, donde se tiene en cuenta el posicionamiento de los relatos, narraciones y herramientas culturales de la gente, que se transmiten de generación en generación, contribuyendo en la construcción de imaginarios sociales y memoria histórica (Villa, 2012).
Así, a partir de la información suministrada por Scopus se logró identificar que el estudio de las políticas de vivienda desde la perspectiva Psicosocial, Psicología Comunitaria y/o PAC, ha sido mínima a nivel internacional, siendo algunos países latinoamericanos los que presentan una mayor influencia en estas investigaciones, principalmente Argentina, Ecuador, Venezuela y Chile (Elsevier, 2004).
En Argentina, los estudios de las políticas públicas se centran en cómo el país presenta una incapacidad para dar respuesta a la problemática de la vivienda y cómo a partir de esta necesidad, las comunidades buscan como alternativa la autoconstrucción, entendida como “una posibilidad de autonomía y resistencia de los sectores populares sobre el capital, generando además prácticas de cooperación y colectivización hacia la recuperación del comando de los sectores populares” (Apaolaza & Lerena, 2015).
En Ecuador, se han analizado las políticas sociales y la perspectiva de las personas beneficiarias de las mismas desde el enfoque de la Psicología Social Comunitaria. Los resultados de estos estudios muestran que existe un bajo nivel de coherencia entre las políticas sociales vigentes y el proyecto de construcción de una sociedad del “Buen Vivir”, ya que mientras el proyecto del Buen Vivir enfatiza la comunidad y el bienestar colectivo, las políticas sociales priorizan al individuo y la superación de sus condiciones de vulnerabilidad (Grondona, 2016, pág. 60).
Es decir, en estas políticas se enfatiza la inclusión social con base en la garantía de derechos, focalizados en personas en situación de vulnerabilidad, con base en el fortalecimiento y participación de la comunidad desde un enfoque universalista, no focalizado en grupos específicos de la población; expresando una tensión entre un enfoque de mínimos sociales (basado en derechos individuales) y un enfoque de máximos sociales (basado en la realización colectiva) (Grondona, 2016, pág. 60).
Y en Venezuela, a partir de investigaciones cualitativas sobre el significado de vivienda para los beneficiarios y residentes de viviendas promovidas por el Estado venezolano, se encuentra que es concebida como espacio relacional, atribuyéndole valores materiales, simbólicos y psicológicos; pero se evidencia que el enfoque de derechos humanos y la PAC, aunque deberían conjugarse para ofrecerse como una alternativa que oriente la gestión participativa y trasformación social a través del fortalecimiento comunitario, no es tenida en cuenta en las políticas públicas de vivienda del país. (Wiesenfeld & Martínez, 2014)
A nivel nacional, se han realizado algunos estudios focalizados en la participación de la psicología en las políticas públicas de vivienda, sin llegar a un diagnóstico nacional sobre esta situación.
Tal es el caso de Girardot, que ha investigado el impacto psicosocial y económico de la vivienda gratuita, donde las ubicaciones de estas construcciones no son accesibles para la satisfacción de las necesidades de la comunidad; como la salud y el empleo; incrementando, además, la percepción de inseguridad y riesgo. (Nieto, Serna, Granados, & Pastor, 2014)
En el municipio de Calamar, Guaviare, el estudio relaciona los lineamientos de la estrategia de vivienda saludable como las políticas públicas y planes de vivienda saludable, los ambientes saludables en la vivienda, el empoderamiento y participación social, la educación para la salud con enfoque integral, y la valoración de la salud y prácticas de autocuidado con la intervención social y ambiental, encontrando que es necesaria una gestión intersectorial para lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de los más pobres en el municipio. (Herrera, 2008)
Y, en el departamento del Huila, siguiendo la Política de Vivienda Nacional y su programa “Mi Casa Ya”, se han ofertado 30 proyectos con 1.255 unidades habitacionales alrededor de 17 municipios, entre ellos Garzón con 300 viviendas, Pital con 200, Suaza 100, Timaná 200, Acevedo 100, Gigante 94, Guadalupe 100, Pitalito 140, Saladoblanco 50, Baraya con 100, Campoalegre con 150 y el municipio de Neiva, con más de 1000 viviendas (con el desarrollo proyectos como Bosques de San Luis, María Paula, IV Centenario y Yuma), conceden el beneficio de adquirir un hogar, con el apoyo de los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional y Local (Ministerio de Vivienda, 2017).
Cabe recordar que Neiva se ha caracterizado por ser uno de los municipios con más inversión social en la Política de Vivienda, ya que, se han “gestionado 5.088 viviendas con una inversión de $248 mil millones, de las cuales se ha entregado 2.005 unidades habitacionales. 1.069 viviendas gratis y 3.262 mejoramientos de vivienda que ascienden en suma a 14 mil millones de pesos” (Alcaldía de Neiva, 2015). En el reporte inicial de la nueva administración “durante la vigencia 2016 se presentó el mayor número de VIS iniciadas con el apoyo de la entidad territorial en los últimos años, un 38% más que las iniciadas en el año 2012” (Alcaldía de Neiva, 2016).
Además, se ha venido presentando un crecimiento estructural y poblacional significativo (Alcaldia de Neiva, 2017) (Figura 1) , donde han surgido una serie de necesidades para el desarrollo urbano, entre ellas, la necesidad de una vivienda, que, si bien se han implementado y ejecutado una diversidad de proyectos de VIS, no se evidencian investigaciones o publicaciones con respecto a estas políticas públicas de vivienda y la participación de la psicología comunitaria en las mismas, y, además, estos proyectos continúan siendo insuficientes para la demanda habitacional.
Figura 1.
Fuente: Alcaldía de Neiva (2017)
En este sentido, las autoridades locales han propuesto realizar acciones frente a esta situación con la finalidad de garantizar la convivencia ciudadana y el desarrollo ordenado de los espacios destinados a la comunidad y así contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Por tal motivo, la presente investigación tiene como objetivo identificar la forma en que aparece la perspectiva psicosocial en la Política de Vivienda a nivel Nacional y Municipal, y de comparar las políticas anteriormente mencionadas; para así, lograr analizar la forma en que se encuentra el enfoque psicosocial en la política de vivienda en el municipio de Neiva.
Metodología
El presente artículo se ejecutó desde el enfoque cualitativo, puesto que cuando el investigador indaga una fuente, intenta entender y darle sentido a lo que dice un autor determinado, mostrando los aspectos originales de su planteamiento y permitiendo, además, conocer y comprender el fenómeno, proponiendo elementos y características que sean incluidas en futuras políticas públicas (Galeano, 2004).
A partir del análisis documental, esta investigación tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, el documento escrito en sus diferentes formas, en este sentido, se analizan 34 documentos declarados como Política Nacional de Vivienda, además de CONPES y Planes de Desarrollo Nacional y Municipal establecidos en el período 2014-2018, seleccionando, a través de un muestreo no probabilístico o intencional, un total de 23 documentos (Tabla 1).
Tabla 1.
| No.* | Nombre | Autor(es) | Año |
| DN1 | Documento CONPES 2520 -Subsidio familiar de vivienda: sistema de postulación y calificación | Departamento Nacional de Planeación | 1991 |
| DN2 | Documento CONPES 2573 -Avances del programa de vivienda social | Departamento Nacional de Planeación | 1991 |
| DN3 | Ley 3 de 1991 | Congreso de Colombia | 1991 |
| DN4 | Documento CONPES 2696 -Programa de vivienda: informe de avance | Departamento Nacional de Planeación | 1994 |
| DN5 | Documento CONPES 2729 -Política de Vivienda Social Urbana | Departamento Nacional de Planeación | 1994 |
| DN6 | Documento CONPES 3178 -Evaluación del programa de vivienda de subsidio familiar de vivienda de interés social 1999-2002. | Departamento Nacional de Planeación | 2002 |
| DN7 | Documento CONPES 3200 -Bases de la política de vivienda 2002 -2006 Ajustes al programa de subsidio familiar de vivienda e incentivos de oferta y demanda para créditos de vivienda en UVRS | Departamento Nacional de Planeación | 2002 |
| DN8 | Documento CONPES 3269 -Bases para la optimización del programa de subsidio familiar de vivienda y lineamientos para dinamizar la oferta de crédito de vivienda de interés social | Departamento Nacional de Planeación | 2004 |
| DN9 | Documento CONPES 3403 -Importancia estratégica del programa de subsidio familiar de vivienda | Departamento Nacional de Planeación | 2005 |
| DN10 | Decreto 4260 de 2007 | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | 2007 |
| DN11 | Documentos CONPES 3583 -Lineamientos de política y consolidación de los instrumentos para la habilitación del suelo y generación de oferta de vivienda. | Departamento Nacional de Planeación | 2009 |
| DN12 | Documento CONPES 3725 -Lineamientos de política y consolidación de los instrumentos para la habilitación del suelo y generación de oferta de vivienda. | Departamento Nacional de Planeación | 2012 |
| DN13 | Documento CONPES 3740 -Importancia estratégica del programa de subsidio familiar de vivienda urbana en especie de FonVivienda | Departamento Nacional de Planeación | 2013 |
| DN14 | Ley 1537 de 2012 | Congreso de Colombia | 2012 |
| DN15 | Decreto 1077 de 2015: Decreto Único sector vivienda | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 2015 |
| DN16 | Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | Departamento Nacional de Planeación | 2015 |
| DN17 | Documento CONPES 3869 -Importancia estratégica del proyecto de subsidio familiar de vivienda y la modificación del documento CONPES 3725 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda de segunda generación. | Departamento Nacional de Planeación | 2016 |
| DN18 | Subsidios familiares de vivienda de interés social asignados con apoyo de las cajas de compensación familiar. | Departamento Nacional de Planeación | 2017 |
| DN19 | Viviendas terminadas del programa de vivienda gratuita 1 y 2 | Departamento Nacional de Planeación | 2018 |
| DN20 | Viviendas de interés social iniciadas en el programa de promoción y acceso a vivienda de interés social "Mi Casa Ya" | Departamento Nacional de Planeación | 2018 |
| DM1 | Acuerdo Nº 026 de 2009 | Concejo de Neiva | 2009 |
| DM2 | Programa de Gobierno ¡UNIDOS PARA MEJORAR! | Pedro Hernán Suarez | 2011 |
| DM3 | Plan de Desarrollo municipal 2016-201 | Alcaldía de Neiva | 2016 |
Fuente: Elaboración propia1
Para evaluar la información obtenida en los documentos se tuvieronen cuenta criterios (Figueroa, 2007) como la relevancia, es decir, todos aquellos apartados que refieran aspectos psicosociales; la Autoridad / Credibilidad, dado que los documentos analizados en el estudio fueron suministrados por entidades gubernamentales; la Actualidad, haciendo referencia a los proyectos de vivienda diseñados y ejecutados en el país durante el periodo 2014 –2018; y la exactitud, donde durante el análisis de los documentos se tuvieron en cuenta aquellos elementos que fueron modificados posterior a su fecha original de publicación (derogaciones).
Finalmente, el análisis de la investigación se realizó mediante un proceso de codificación, denominado así porque esta ocurre alrededor del eje de unas categorías (Corbin & Strauss, 2002), que, en este caso, partede las dimensiones psicosociales elaboradas por Villa (2012). Es en este punto, donde se enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones identificadas en los documentos analizados. Así, se logra llevar los documentos a una matriz para separar las expresiones y apuntes relevantes en donde son sometidos a un examen minucioso de los datos para identificar y conceptualizar los significados que el texto contiene, identificando la relación directa entre dimensiones psicosociales y fragmentos del texto.
A partir de allí, estos fragmentos seleccionados son examinados y conceptualizados en códigos in vivo, los cuales son clasificados por sus características o propiedades semejantes, encontrando relaciones entre los documentos, tales como temas, propuestas, programas, planes, entre otros, describiéndose como subcategorías, las cuales poseen propiedades específicas, dando así un poder más explicativo a las futuras categorías, que posteriormente, luego de un nuevo proceso de entrelazamiento y análisis arduo, se convierten en la representación del fenómeno, es decir, explica lo que sucede.
Resultados
A partir del análisis de la información recolectada se identificaron una serie de categorías asociadas a cada una de las dimensiones psicosociales expuestas por Villa (2012); e igualmente se estableció una relación a través de coincidencias, irregularidades y novedades entre la Política de vivienda a nivel nacional ya nivel municipal.
En este sentido, los hallazgos se expondrán por dimensión psicosocial, en las cuales se podrán identificar las categorías surgidas en el análisis de los documentos y posteriormente, se presentará la comparación de lo encontrado entre la política nacional y local.
Dimensión subjetiva.
Valorando las particularidades de la población en sus experiencias individuales y reconociendo los múltiples contextos sociales en los que están inmersos, es decir, desde la dimensión subjetiva propuesta por Villa (2012); en las políticas se contemplaron dos categorías identificadas por los investigadores, tales como la oferta de garantías para la población vulnerable y el establecimiento de la vivienda como un elemento de dignificación humana.
Estas categorías surgieron a partir de expresiones descritas en los documentos oficiales, tanto a nivel de Colombia como de Neiva y que fueron asociadas a los planteamientos de la perspectiva psicosocial. Por eso, se hace referencia a la consideración que las instituciones gubernamentales tienen sobre la población vulnerable y sobre el establecimiento de la dignidad a partir de la provisión de una vivienda.
En este sentido, cuando se habla de garantías para la población vulnerable, los documentos hacen referencia a las mujeres jefe de hogar, las familias en condiciones de extrema pobreza, población desplazada por la violencia, afectados por desastres naturales o calamidades públicas, los que habitan en zonas de riesgo, madres comunitarias, recicladores y población con discapacidad.
Al considerarlos una prioridad para el acceso a vivienda, proponen fortalecer los programas de créditos, focalizar los subsidios en especie y el aseguramiento de los servicios complementarios a la vivienda tanto en la zona urbana como rural, según las necesidades y demandas de la población.
Por tanto, se halla una coincidencia cuando atienden de forma prioritaria a las personas con vulnerabilidad económica y social, al presentar por medio de financiaciones nacionales y gubernamentales, alternativas para superar el déficit habitacional.
Esto se puede explicar cuando la DNP informa que más del 70% de los subsidios otorgados por el Inurbe, han beneficiado a familias con ingresos menores de 2.7 smmlv (DN4); y que, con el propósito de atender a la demanda habitacional, el Gobierno Nacional espera beneficiar prioritariamente a la población vulnerable con la asignación de aproximadamente 22.140 subsidios (DN9).
Aunque municipalmente no se encuentran cifras exactas de las ofertas, la política busca garantizar el derecho a las familias de acceder a una casa digna, permitiendo el desarrollo de programas de VIS prioritario y así disminuir y eliminar la concepción informal de vivienda para los estratos más pobres de la población (DM1).
Bajo esta concepción, surge la segunda categoría donde se designa la vivienda como un elemento de dignificación humana, es decir, cuando a través del proceso de obtener un hogar y establecerse dentro de estas infraestructuras, las personas y familias empiezan a reconstruirse desde la autonomía y comienzan a ser garantes de derechos.
Cuando en la normativa se plantea la promoción de la vivienda que propenda por la dignidad humana, que busque salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros del grupo familiar y en particular de los más vulnerables, estimulando el diseño y ejecución de proyectos que preserven la intimidad, privacidad y sano desarrollo de la personalidad (DN14), se fomentan tales procesos para el mejoramiento de la calidad de vida.
De allí surge la necesidad de estos programas de dirigirse hacia la identificación y remoción de las barreras que limitan a la población a tener una casa propia, a través de la construcción sostenible, la eficiencia energética y la consideración de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios de la política, así como sus percepciones del entorno urbano de la vivienda.
A nivel nacional y municipal coinciden con estas intenciones, ya que pretenden garantizarles a las personas el ejercicio de sus derechos orientados a la igualdad, ampliación de oportunidades y el desarrollo de capacidades para avanzar en la inclusión social y productiva (DN16), así como propenden por una distribución justa y equilibrada de beneficios del desarrollo con la focalización poblacional, geográfica y programática del gasto social en vivienda (DM1).
Es importante resaltar la función que cumple el Estado en estos objetivos, porque son quienes diseñan, implementan y promueven que las familias más vulnerables superen las privaciones a las que se han visto enfrentados debido a las condiciones de su hábitat y su economía, permitiéndoles que puedan ser acreedores de un hogar con los mínimos vitales.
Dimensión grupal e interpersonal.
Dadas las propuestas y pretensiones de la política nacional y municipal para desarrollar estrategias conversacionales de apoyo mutuo, memoria compartida y poner en evidencia el mundo de la interacción cotidiana, las construcciones grupales y el compartir social en lo cotidiano, esto es, para potenciar la dimensión grupal e interpersonal (Villa, 2012), se han establecido como categorías, el acompañamiento social y la provisión de un entorno saludable.
Comprendiendo que estas dos categorías nacen de las necesidades de las instituciones de pensar en estrategias para la sana convivencia y brindar espacios que fortalezcan la apropiación de la comunidad con sus viviendas y el entorno.
Precisamente, el acompañamiento social que sugieren se basa en integrar la oferta de servicios alrededor de las familias para que superen su situación de pobreza, comprendiendo que existen diferentes factores sociales que inciden en la imposibilidad o dificultad de éstos para adquirir una vivienda.
Por tal motivo, plantean la incorporación de estrategias para el fortalecimiento de una estructura territorial y operativa que facilite el acceso de la comunidad beneficiaria a las ofertas sociales de servicios del Estado, además, de consolidar un acompañamiento familiar con un cogestor social, para articular y asesorar a las familias en el cumplimiento de logros y en la relación con el Gobierno nacional.
Tal como lo plantea la norma, la estrategia de acompañamiento social se debe implementar y ejecutar por los municipios, junto con entidades privadas involucradas en los proyectos, deben reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la información para el seguimiento del impacto de dicho acompañamiento en la calidad de vida de los beneficiarios de los programas de vivienda (DN14).
Y, tras estos procesos, se consolida un soporte para que las entidades nacionales, territoriales y privadas, establezcan sus programas, focalizando y llevando la oferta a la población vulnerable (DN16).
Partiendo de estas ideas, se evidencian irregularidades, en primera medida, no se encuentran divulgaciones sobre los procesos de dichos acompañamientos, es decir, a través de qué mecanismos ejecutan los acompañamientos sociales y familiares a la comunidad; y si éstos son solicitados por los mismos beneficiarios o si el Estado vinculado con otras entidades, hace seguimientos para identificar quiénes requieren de este apoyo.
En segunda medida, en los documentos municipales no se hace mención de la implementación de estos acompañamientos en la política, por lo que se infiere que existe un vacío frente a este tema, debido a la omisión de la importancia que tiene este asunto en los programas de VIS.
Seguido de esto, se promueve un entorno saludable cuando los seres humanos conviven y se desarrollan de manera significativa y se configura un punto de encuentro, interacción, acogida y descanso propios de la dinámica de las relaciones personales (Ministerio de Salud, 2015).
El Ministerio de Salud (2015) plantea que este espacio incluye: la vivienda (el refugio físico donde residen individuos), el grupo familiar (individuos que viven bajo un mismo techo), el peri-domicilio (el ambiente físico y psicosocial inmediatamente exterior a la casa) y la comunidad (el grupo de individuos identificados como vecinos por los residentes). Es el escenario donde se promueven y proporcionan referentes sociales y culturales básicos con los cuales empiezan a moverse en la sociedad.
Así, la política se articula a programas complementarios de mejoramiento del espacio y de la infraestructura de servicios comunitarios, con el fin de promover un desarrollo urbano integral y ordenado (DN5), de uso eficiente del suelo, que permita optimizar la localización de los habitantes en función de sus diferentes actividades y potenciar las ventajas de los territorios urbanos (DN11).
Además, con el equipamiento de infraestructura educativa, escenarios deportivos y recreativos, el Gobierno nacional impulsa la obtención de recursos físicos de manera autónoma y sostenible, como herramientas para mejorar las condiciones de vida de las personas.
Coincide de esta manera con la política municipal, porque ha proyectado a Neiva como una ciudad moderna y competitiva, interviniéndola integralmente mediante proyectos estratégicos que apunten a la construcción, mejoramiento, legalización e intervención en las VIS, con el fin de favorecer la integración social y espacial y se afiancen como unidades de convivencia vecina y familiar, amigables del patrimonio ambiental y cultural (DM2).
A pesar de no encontrarse especificaciones sobre las propuestas para esta proyección de la ciudad, el interés por un entorno saludable se orienta en la reducción de la vivienda informal provocada por los asentamientos urbanos u hogares en zonas de alto riesgo, porque se viabiliza el descenso del déficit habitacional y se hace efectivo el derecho a una vivienda digna.
Dimensión sociopolítica.
En este orden de ideas, empieza a cobrar relevancia la dimensión sociopolítica que busca el empoderamiento de los sujetos como ciudadanos y actores de derecho, acciones públicas y simbólicas, a través de la participación y relación entre las instituciones y la sociedad (Villa, 2012), y donde se hallaron siete categorías, es decir, ésta dimensión tiene un mayor impacto en la Política de vivienda.
Aquí se ubica el apoyo interinstitucional; la presentación o provisión de algunas características estructurales de las VIS; la financiación institucional; la exposición de las dificultades financieras de los aspirantes; otras limitaciones de los proyectos; el escaso seguimiento a las normativas; y el planteamiento de estrategias para la superación de las dificultades por parte del Gobierno.
Esta dimensión toma una mayor fuerza y relevancia dentro de la política de vivienda y demás normativas asociadas a la problemática habitacional, porque a partir de la relación entre la comunidad, el estado, el municipio y otras entidades afines, se trazan alternativas para reflexionar sobre las diversas problemáticas y necesidades de la población, centradas en el ofrecimiento de infraestructura y opciones de financiación.
Por ello, las categorías identificadas parten de las vinculaciones y asociaciones entre el Gobierno Nacional y Municipal, que pretenden identificar las dificultades presentes en la política y establecer acuerdos y programas dirigidos a la resolución de las mismas.
Entonces, el apoyo interinstitucional parte de la vinculación del Estado con entidades públicas y privadas, constructoras, corporaciones financieras, los municipios y otras entidades, para la conformación de equipos que funcionen para el establecimiento de propósitos y la obtención de resultados a través de convenios, acuerdos y transferencias, en beneficio de la comunidad.
Las entidades públicas y privadas cumplen funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de vivienda, con el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y uso de los recursos y el desarrollo de políticas de vivienda de interés social (DN3); y las constructoras participan en el mercado de viviendas y en la ejecución de los proyectos (DN2).
Las corporaciones financieras como las Cajas de Compensación Familiar y el Fondo Nacional de Vivienda, son algunos de los encargados de asignar los subsidios a los beneficiarios y verificar la viabilidad financiera de los proyectos; mientras que los municipios se facultan en la participación de la estructuración y ejecución de los programas de los cuales hagan parte con los subsidios otorgados por el Gobierno nacional (DN15).
Y otras entidades como el Inurbe, la Red Unidos y el Sisben, centran sus labores en otro tipo de funciones; el primero evaluando la factibilidad social, técnica, ambiental, financiera y de gestión de los proyectos (DN5); el segundo brindando acompañamiento a los hogares en condición de pobreza extrema (DN14); y el tercero para la evaluación de metas de focalización (DN6).
De este modo, se establecen como agentes de las políticas y se asume un aumento de las relaciones entre las instituciones con la comunidad, ya que, según algunos programas, se ha presentado una respuesta satisfactoria por parte de los constructores, las comunidades y las familias en los programas de vivienda (DN2), porque permite a los beneficiarios escoger la solución que más se acomode a sus necesidades (DN5).
Esto se sustenta con el planteamiento de Duque (2011), al definir la interinstitucionalidad como la coordinación de actores y la interacción de instituciones a través de mecanismos de acción conjunta en torno a proyectos comunes, a la formulación, construcción y ejecución colectiva de programas, proyectos y acciones que involucran iniciativas, recursos, potencialidades e intereses compartidos.
Son, en conclusión, un conjunto de relaciones relativamente estables, que vinculan a una variedad de actores que comparten intereses comunes en referencia a una política, en este caso, concerniente a vivienda, y que intercambian recursos para perseguir esos intereses compartidos, admitiendo que la cooperación es la mejor manera de alcanzar las metas comunes (Börzel, 2008 citado en Duque, 2011) y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Fuerade este apoyo, los proyectos presentan unas características estructurales sobre las VIS, donde las soluciones se posan en proveer principalmente una vivienda mínima (aquella que entrega como mínimo una alcoba) y una unidad básica (aquella que, adicional al lote, entrega un espacio de uso múltiple con cocina, unidad sanitaria completa y lavadero de ropa) (DN5)
Sumado a esto, deben incluir en su diseño urbanístico, adecuadas redes viales de integración urbana, zonal y local; espacios públicos necesarios para la vida en comunidad como recreación, cultura, núcleos de vida y otros; andenes; y medios de transporte público que faciliten la movilidad urbana.
También, el suministro de servicios públicos se convierte en la mayoría de los casos en uno de los condicionantes de cualquier proyecto de VIS y en una determinante fundamental (DN11).
Como lo expresan los pliegos nacionales, la estructura urbana debe contemplar: a) la localización y trazado del sistema de movilidad; b) la localización y trazado de la estructura de espacio público (parques, plazas, alamedas y otros espacios peatonales); c) de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios; y d) el dimensionamiento y condiciones para la localización de equipamientos colectivos como educación, cultura, salud, bienestar social, culto y deporte (DN10).
Es así como se encuentra una coincidencia con los documentos municipales, porque procuran establecer unos mínimos vitales para que las personas, a través de sus viviendas, tengan acceso a otros medios y servicios que promuevan su desarrollo integral. Pese a que no se encuentran muchas especificaciones sobre el tema, la normativa plantea estas características como obligatorias para la ejecución de los proyectos.
Tal como sucede con los subsidios familiares de vivienda, que están proyectados como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario y como una de las bases de la política, porque facilita una solución de vivienda de interés social por medio de una cuantía que es determinada de acuerdo a los recursos disponibles, el valor final de la solución y las condiciones socioeconómicas de las personas favorecidas (DN3).
Esta financiación institucional proviene del Inurbe, las Cajas de Compensación Familiar, la Caja de Vivienda Militar y los créditos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro, el sector bancario y las cooperativas (DN5).
Una de las cifras más importantes es que los fondos de ahorro y vivienda han financiado cerca de la mitad de las soluciones presentadas al programa de subsidio individual y han participado con el 70% de la financiación complementaria (DN2), lo que las convierte en un medio esencial para que las personas tengan oportunidades para mejorar sus condiciones de hábitat.
Entre los requisitos, los aspirantes deben realizar aportes presentados en ahorros para reunir los recursos necesarios para la adquisición de los subsidios y, por tanto, obtener un hogar, además de tener ingresos no superiores a cuatro salarios mínimos.
Para ello, se establece una relación de irregularidad con la política municipal, porque solo se encuentra información general correspondiente a los requisitos para acceder a los subsidios, pero no los tiempos reglamentarios de los ahorros y créditos, lo que genera dificultades financieras para los aspirantes.
Los reportes demuestran que más del 80% del total de los hogares está en capacidad de adquirir créditos de largo plazo. Sin embargo, el 20% restante (con ingresos inferiores a un smmlv) no pueden acceder a los créditos de vivienda ofrecidos por las entidades financieras formales (DN7) y por esto cerca de 15.000 hogares con población vulnerable, no han podido recibir los subsidios familiares de vivienda (DN9)
Sustentado no solo por los bajos niveles de ahorro previo sino por las limitaciones en la capacidad de endeudamiento debido a los escasos ingresos económicos de la comunidad, porque, aunque han realizado avances en materia de política de vivienda, los hogares demás bajos ingresos no han podido acceder a una casa debido a que los subsidios son insuficientes, no son objeto de créditos hipotecarios y no cuentan con la capacidad de ahorro necesaria para lograr el cierre financiero (DN12), convirtiéndose entonces en un reto de profundización y focalización para las personas vinculadas.
Aun así, las limitaciones de los proyectos no se enmarcan solo en los anteriores planteamientos, dado que el Estado y el Gobierno municipal han descrito una cadena de obstáculos que requieren de una evaluación y seguimiento progresivo.
Los lineamientos de la política responden a cinco ejes problemáticos relacionados con: a) necesidades para fortalecer y consolidar la figura de macroproyectos de interés social nacional; b) desinterés de las entidades territoriales en la habilitación de suelo para VIS; c) asistencia técnica por parte del Gobierno nacional de bajo impacto en la habilitación de suelo; d) dificultades en el desarrollo de proyectos en operaciones urbanas, y e) ausencia de mecanismos de financiación complementarios al esquema de oferta de VIS (DN11).
Todo aquello se pone en constatación cuando las ciudades donde se concentra el déficit habitacional frenan el mercado de vivienda por la escasez de suelo habilitado; cuando los mecanismos para controlar los precios del suelo son mínimos y cuando hay un bajo impacto y discontinuidad entre las administraciones municipales y distritales de los programas, sumado a una baja inversión del sector privado (DN11).
Pero se agregan otras debilidades, como los retrasos en la entrega de los subsidios y en la comercialización de los proyectos, la falta de una mayor divulgación de la oferta de los programas, y que la demanda de vivienda aún sigue siendo considerablemente alta.
No obstante, coincide con las instituciones nacionales al identificar que una proporción importante de hogares (36,7%) considera que su vivienda está ubicada en terrenos inadecuados, aunque no determinan si estas situaciones obedecen a la ubicación geográfica de la vivienda en la ciudad, a la ausencia de equipamientos sociales cercanos, ausencia de transporte urbano o a la baja consolidación de la infraestructura urbana del sector (DN6).
Además, el escaso apoyo e impulso a la participación de los municipios, la carencia de estímulos a la gestión municipal para ampliar la oferta de tierras, los cambios de administraciones locales, la implementación de ajustes definidos en los planes nacionales de desarrollo (DN11), han provocado una brecha e irregularidad en los vínculos entre el Estado y los municipios que, a su vez, desencadenan escasos seguimientos de la normativa.
Al partir de la suposición de que si un proyecto recibe licencia es porque se ajusta a las normas locales y nacionales, la experiencia del Estado ha demostrado que muchos municipios tienen dificultades tanto para definir las normas urbanísticas como para comprobar si los programas cumplen con los requisitos legales. Por lo que descubrieron que varios de éstos fueron habilitados y autorizados en zonas de alto riesgo, donde no es posible la conexión de servicios, sin espacio público y con violación total de las normas de diseño estructural sismorresistente (DN8).
Y se evidencia en el municipio de Neiva, cuando reportan que al no contar con los recursos ni con personal capacitado para ejercer el control urbano, han deteriorado patrimonial y económicamente a la ciudad al elaborar viviendas sin el cumplimiento de las resoluciones otorgadas por parte de las curadurías, referentes al diseño estructural y arquitectónico, al igual que han empezado a perder la percepción de inversión por las licencias de construcción y las sanciones por incumplimiento (DM3).
Conjuntamente, para dar consecución con la política, establecieron 17 estrategias que no han desarrollado por falta de documentos reglamentarios que conceptualicen la metodología para darles cumplimiento (DM3).
Así que, se convierte también en prioridad la superación de dificultades frente a las limitaciones anteriormente expuestas, pensando a nivel nacional, en seis posibilidades de mejoramiento.
La primera propuesta es el impulso de la participación municipal y comunitaria en la identificación de debilidades y necesidades (DN5); la segunda es diseñar un plan de mejora sustancial del tiempo de los trámites para las viviendas adquiridas con el subsidio (DN6); la tercera está guiada en el desarrollo de cuentas de ahorro programado que puedan ser abiertas de manera individual o colectiva y que faciliten la obtención de créditos complementarios (DN2). La cuarta proposición se basa en la ampliación de la difusión de los planes con estrategias de comunicación de amplia cobertura como televisión y radio y aumentar la probabilidad de obtener un subsidio (DN2); la quinta hacia la adjudicación de subsidios a familias que tengan posibilidad de completar el valor de la vivienda (DN8); y la sexta, apoyando, capacitando y fortaleciendo los microcréditos (DN7).
Siendo unas novedades en la Política de Vivienda Nacional y en los CONPES, porque identifican los problemas más frecuentes en los programas y establecen ideas para superarlas, mientras que municipalmente, se atiende al déficit habitacional desde la oferta de viviendas, sin especificaciones de los métodos y caminos para llegar atal objetivo.
Dimensión histórico-cultural.
Finalmente, con referencia a la dimensión histórico-cultural, donde se posicionan los relatos, narraciones y herramientas culturales que se transmiten de generación en generación, contribuyendo en la creación de imaginarios y memoria histórica (Villa, 2012), no se encontraron intervenciones o procesos en torno al tema en los documentos nacionales y municipales, por lo que se sostiene un vacío e irregularidad en las políticas, ya que es de gran importancia considerar las tradiciones, prácticas y costumbres que están implicadas en la construcción de la persona y en su búsqueda de bienestar.
Es relevante tener en cuenta que no hay expresiones explícitas o implícitas sobre la relevancia de la cultura y la historia de las personas y la comunidad en la ejecución de los proyectos, por ello la inferencia del vacío y olvido de las instituciones gubernamentales sobre esta dimensión psicosocial.
Discusión
Dados los hallazgos expuestos, en la política de vivienda en el municipio de Neiva en el período 2014-2018, el enfoque psicosocial se ve parcialmente distribuido en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de VIS, centrándose en la dimensión sociopolítica a partir de la oferta de subsidios; en la dimensión subjetiva con el ofrecimiento de unas mínimas garantías a la población vulnerable; y en la dimensión grupal e interpersonal a través del fomento de entornos saludables y el acompañamiento social.
Teniendo en cuenta que Villa (2012) define el enfoque psicosocial como una forma de comprender lo humano, donde lo relacional, lo vincular, lo contextual y la interacción son fundamentales, estos resultados sugieren que existen algunos vacíos psicosociales en el diseño y ejecución de los programas de VIS a nivel municipal.
En consecuencia, las normativas municipales se han caracterizado por intentar realizar una distribución justa y equilibrada de las oportunidades, teniendo en cuenta en forma prioritaria a las familias vulnerables, obteniendo unas características previas de la población beneficiaria. Además, dentro de los proyectos de vivienda se prioriza la construcción, dotación y operación de servicios complementarios a la vivienda, ofreciendo un entorno saludable con el fin de fomentar la sana convivencia, el esparcimiento y el bienestar de toda la comunidad.
A nivel territorial se aplica una estrategia de acompañamiento social en donde se mide el impacto de la calidad de vida de la población beneficiaria de los Programas de Vivienda y se plantea un acompañamiento social liderado por las organizaciones estatales con la finalidad de presentar un informe general en donde establezca la calidad de vida de la población beneficiaria.
Pero, los documentos donde se hace mención a este acompañamiento social, comunitario o familiar a la comunidad beneficiaria, no ofrece especificaciones ni evidencias sobre la forma como se trabaja este proceso, por lo tanto, resulta en un vacío y en una necesidad de fortalecimiento, ya que es una prioridad brindar una orientación de forma integral y ética tanto a nivel individual como colectivo, además de comprender que el acompañamiento va más allá de brindar espacios de sensibilización.
Y el gran vacío en los documentos está en torno a la inclusión de las tradiciones, costumbres y prácticas de la comunidad aspirante y beneficiaria en sus mejoras u oportunidades de vivienda, ya que esto puede desencadenar que no haya una apropiación y sentido de pertenencia de las familias en relación a ese nuevo entorno habitacional que implica nuevas relaciones, contextos e interacciones.
Es por esto que el accionar de las instituciones municipales no ha sido el más ejemplar, pues se han reconocido algunos proyectos de vivienda donde el diseño omite aspectos como el clima, la distribución de espacios y en donde las áreas no responden a la conformación familiar. Junto a esto, se evidencia el escaso seguimiento a las normativas para dar cumplimiento a las políticas de vivienda de interés social urbano y rural
Y, a nivel metodológico, no cuentan con personal capacitado y con reglamentos adaptados al contexto y a las demandas de la ciudad, retrasando la puesta en marcha y cumplimiento de todos los procesos de control urbano.
Esto se sustenta cuando se hace mención que la regeneración urbana de espacios públicos en la escala de barrio, usualmente es dirigida por profesionales de disciplinas del diseño urbano y prestan poca atención a los procesos colectivos y a las dinámicas de vinculación socio espacial generadas al interior de las comunidades que habitan el territorio. Éstas se centran en el mejoramiento de los aspectos físicos sin considerar las experiencias, emociones, cogniciones, y comportamientos que una comunidad tiene hacia el lugar y el modo en que esta incide en su desarrollo (Berroeta, 2012).
Por ello, basándose en tales inconvenientes, lo idóneo sería que se refuercen los vínculos con el Estado y las demás entidades asociadas a los proyectos, porque a través del trabajo colaborativo y participativo de todos los agentes, se pueden sobreponer ante estas adversidades.
Porque, aunque con el aporte que brindan las instituciones gubernamentales y financieras con la oferta de subsidios y créditos, se está apoyando a la población vulnerable para que puedan acceder a una vivienda digna, deben considerar o facilitar estrategias para que las personas con escasos ingresos económicos o bajos niveles de ahorro también tengan la oportunidad de recibir un subsidio de vivienda, ya que la mayoría de éstos proyectos están diseñados para familias con ingresos de al menos dos salarios mínimos; y la oferta de vivienda gratuita requiere de un proceso de muchos años.
En el mismo sentido, la reubicación de las personas en nuevas localidades, genera una reelaboración de dinámicas sociales y espaciales, razón por la cual, los procesos de reconstrucción postdesastre han de considerar no sólo la reposición de las estructuras físicas sino, tal como plantean Rosales y Salazar (2010 citado en Berroeta, 2015), afrontar aspectos sociales y psicológicos, tales como el arraigo, las redes comunitarias, el acceso al trabajo y el derecho a la propiedad, es decir, la reconstrucción del tejido social.
Dado que la participación, la pobreza y las políticas públicas son tres áreas de gran importancia para la PAC. Ello obedece a que la disciplina en América Latina se propone a contribuir en la superación de las condiciones de pobreza de vastos sectores de la población y para cumplir con este fin, asume la participación como proceso bandera para la transformación de dichas condiciones, mediante la injerencia de las personas en las políticas públicas (Wiesenfeld, 2012).
Igualmente, la literatura reciente plantea como deseable la contribución mutua entre estos campos. Se señala que la investigación en PC puede aportar a la toma de decisiones en Políticas Sociales, que los procesos de intervención comunitaria contribuyen al diseño de políticas más pertinentes a las necesidades de las comunidades y que la participación de las comunidades mejora el sentido y sostenibilidad de las acciones (Berroeta, 2016).
Tal como lo expresa Villa (2012), el enfoque psicosocial avanza hacia una mirada que pretende el fortalecimiento y la reconstrucción del tejido social, entendiendo que hay un contexto social y político que necesita cambios sustanciales, que impliquen la integración de tales aspectos en la subjetividad de los beneficiarios de los proyectos de vivienda que ofrece el Gobierno.
Así, se contemplan a las personas en relación con la comunidad, y a su vez, con su entorno contextual y regional que está en construcción permanente en su interacción con la colectividad y que, apuesta a encontrar sentidos, espacios de solidaridad, a fortalecer su organización y asumirse como actores sociales y participativos (Villa, 2012).
Conclusiones
El Decreto 1077 de 2012, siendo la máxima normativa constituida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tiene como principal objetivo la superación de la demanda habitacional a través de la oferta de subsidios, créditos y demás beneficios para que la población acceda a una vivienda digna y se fortalezca su desarrollo integral.
Esta política pública de vivienda diseñada a nivel nacional tiene la finalidad de ofrecerle garantías a la población, con la oferta de vivienda y oportunidades de acceso a financiación para las mismas, esperando que todos o gran parte de los municipios del país desarrollen estos proyectos en beneficio de la comunidad y que potencien el desarrollo y crecimiento de las ciudades.
Tal es el caso de la ciudad de Neiva, donde, bajo los lineamientos de los Planes de Desarrollo Municipal de los periodos administrativos contemplados en la investigación y la normativa nacional, aplican estrategias para ofrecer VIS a la comunidad, minimizar la demanda habitacional y generar una apropiación con el entorno.
En conclusión, la política pública de vivienda a nivel nacional aporta varias consideraciones psicosociales en sus programas y bajo el apoyo de diversas instituciones cuyas funciones son fundamentales para el desarrollo de aspectos económicos y sociales, demostrando que, a pesar de las dificultades, existen estrategias para superarlas paulatinamente y generar un impacto positivo en el sector vivienda en el país
Mientras que, en la política de vivienda a nivel municipal, debido al poco seguimiento y rigurosidad que tienen sobre las normas, abordan las mismas dimensiones, pero en una menor proporción, lo que genera irregularidades e inconformidades con el diseño y ejecución de la política y con la apropiación de la sociedad con sus hogares.
Limitaciones
Una limitación de la investigación fue la carencia de información pública brindada por parte de Secretaría de vivienda municipal sobre los proyectos de vivienda ejecutados en la ciudad de Neiva, por lo que nos remitimos al Plan de Desarrollo Municipal para identificar la forma en que tienen en cuenta esta problemática.
Recomendaciones
Considerando las dificultades y limitaciones que presenta la política pública de vivienda en la ciudad de Neiva, es importante tener en cuenta la evaluación de los sentimientos hacia el lugar en diferentes escalas territoriales (casa, barrio, ciudad), así como diferentes dimensiones constituyentes del apego, tales como el vínculo con ambientes naturales, comunitario y la dependencia del lugar. Esto resulta particularmente relevante para tomar decisiones de diseño y evaluar efectos de programas que intervienen el lugar (Berroeta, 2017).
Asimismo, la distinción de incorporar en los fundamentos estratégicos de la política, la contribución de la PAC en conjunto con el Enfoque Psicosocial, porque se entrelazan no solo los aspectos económicos y políticos que deben contener estos programas, sino que también se le da relevancia a la solución de problemas con la comunidad social y el ambiente físico (Páez, 2017).
Dado que para el año 2020 iniciará una nueva administración, lo que implicará que se actualice el Plan de Desarrollo Municipal, pretendiendo que, dentro de sus ejes estratégicos, se replanteen los aspectos relevantes para el desarrollo de infraestructura, cumpliendo con los objetivos de la Política de vivienda y las necesidades de la comunidad, es decir, incluyendo de manera integral, un enfoque psicosocial que dinamice y fortalezca los vínculos entre las instituciones gubernamentales y los beneficiarios.
Además, pueden ofrecer la oportunidad de replantear la forma en cómo se están ejecutando los proyectos, ya que inicialmente es importante estimar que debe establecerse una relación entre la Secretaría de Vivienda, la Constructora adscrita para la obra y los beneficiarios de las mismas, por ello se invita a un acompañamiento que involucre de forma interactiva, compleja y simultánea, varios ámbitos y niveles de la realidad como son, el subjetivo, grupal e interpersonal, sociopolítico y el histórico-cultural (Villa, 2012), es decir, diseñar iniciativas de regeneración urbana que vayan más allá del mejoramiento en las condiciones materiales de las comunidades considerando tanto los aspectos ambientales como los comunitarios. (Berroeta, 2012)
Considerar las dimensiones y áreas aledañas a la vivienda son una necesidad para el diseño y ejecución de VIS, pero incluir aspectos psicosociales se convierte en una prioridad para que la comunidad refuerce las relaciones a nivel individual y colectivo, aportando mayor fuerza y cumplimiento al derecho a la vivienda digna y el bienestar.
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