repl@usco.edu.co
Natalia Quiñones Campos. n.quinones.campos@gmail.com
Universidad de Chile
Caterine Galaz Valderrama. cgalazvalderrama@uchile.cl
Universidad de Chile
Aceptado: 14-febrero-2022
Resumen
El aumento de las protestas sociales en Chile ha posibilitado cuestionar aquellas estructuras de desigualdad
en que vive la población. Al mismo tiempo, ha quedado en evidencia las diferentes prácticas de violencia en
las que incurren los agentes de seguridad del Estado durante las manifestaciones, reflejando la herencia de la
dictadura cívico-militar vivida en el país hace más de treinta años. Este artículo busca analizar las memorias
que se construyen a partir de la violencia de Estado experimentada durante la revuelta social de octubre de
2019 en Chile y las prácticas de resistencia de individuos y colectivos a las violaciones a Derechos Humanos
que se produjeron en dicho contexto. Siguiendo una metodología cualitativa se llevó a cabo la recopilación de
una serie de testimonios sobre estos eventos, por medio de entrevistas en profundidad de personas que vivieron
y/o fueron testigo de violencia de Estado en el levantamiento y de diversas prácticas de resistencia social que
emergieron
Palabras clave:
violencia de Estado, memoria colectiva, octubre 2019, protesta social resistencia,
revuelta social, Chile
Abstract
The rise of social protests in Chile has made it possible to question those structures of inequality in which
the population lives, but at the same time, the different practices of violence committed by State security
agents during the protests have become evident, reflecting the legacy of the civic-military dictatorship lived
in the country more than thirty years ago. This article seeks to analyze the collective memory from the State
violence experienced during the social uprising of October 2019 in Chile and the practices of resistance
performed by individuals and groups facing up the human rights violations that occurred in that context.
Through a qualitative methodology, a compilation of testimonies about these events was made, through indepth interviews with people who lived and/or witnessed state violence in the uprising and various practices
of social resistance that emerged.
Keywords:
State violence, collective memory, October 2019, social protest, resistance, social uprising, Chile
Cómo citar este artículo:
Quiñones, N. & Galaz, C. (2021). Violencia Estatal y Resistencias: Memorias de la Revuelta de octubre 2019 en Chile.
1. Introducción
La serie de protestas sociales que se intensifica a partir de octubre de 2019 en Chile permite reconocer la crisis sociopolítica que atravesaba este país, luego de más de 30 años del retorno democrático. La crítica al sistema neoliberal impuesto en dictadura y reforzado en los gobiernos consertacionistas se fue afianzando a través de los años en movilizaciones vinculadas a la educación, al sistema de pensiones, a la salud, a la vivienda, por el reconocimiento de los pueblos originarios, al feminismo, entre otras. En 2019 esas movilizaciones se expresan en un descontento social generalizado y se colocan en la palestra del debate nacional, poniendo en evidencia que los problemas que enfrenta la ciudadanía conciernen a distintos ámbitos.
Según el informe de desigualdad publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2017), Chile es clasificado como un país que exhibe una tasa de pobreza baja en comparación a el resto de los países de América Latina, pero presenta altos índices de desigualdad social entre su población, siendo uno de los países más inequitativos de la región. La desigualdad establecida por el PNUD es multidimensional, en donde se contempla ingresos, segregación residencial, movilidad social y distribución de oportunidades. Según lo expuesto en dicho informe, es durante el periodo de dictadura y posterior periodo de democracia que el Estado refuerza una lógica subsidiaria y mercantil impidiendo la garantía de derechos y seguridad social a nivel universal (PNUD, 2017), consolidando la desigualdad social. Lo anterior, se constituye como uno de los antecedentes a las diversas demandas sociales que, como ya se ha mencionado, ha movilizado a la población durante el último tiempo.
Es bajo este escenario de desigualdad e inequidad social que se comienzan a configurar una serie de protestas sociales demandado cambios estructurales en el país, siendo el aumento del transporte público decretado por el Ministerio de Transporte a principios de octubre de 2019 el evento que gatillaría una revuelta social a través de todo el país. Las protestas, en un principio, fueron lideradas por estudiantes secundarios/as quienes deciden rebelarse contra la medida impuesta, promoviendo la evasión masiva del Metro de Santiago. Así, para 18 de octubre la ciudad de Santiago quedó paralizada, comenzando una ola de manifestaciones a lo largo del país. Al día siguiente el gobierno de Sebastián Piñera decide decretar estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana, medida que se fue extendiéndose a diferentes regiones del país en los días posteriores permitiendo a las Fuerzas Armadas y de Orden actuar como dispositivos de seguridad y control público. En consecuencia, las protestas sociales fueron fuertemente reprimidas desde un primer momento, tanto por Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) como por el Ejército, dejando en evidencia las continuidades en las prácticas de represión de estas instituciones respecto del periodo dictatorial.
Las prácticas represivas de los agentes de seguridad en el periodo estudiado han sido de diversa magnitud, entre las que se encuentran el uso de la fuerza física de forma excesiva, uso de armas letales en perjuicio de manifestantes que se encuentran en concentraciones masivas, tortura durante las detenciones, violencia sexual, mutilaciones y muertes, entre otras acciones. La Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) denunció, además, que durante dicho periodo tanto mujeres como personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ han vivido violencia político sexual “por no acatar el rol esperado por la sociedad patriarcal y participar de la lucha política” (Sepúlveda y Vivaldi, 2020). Según un informe de la Fiscalía, las denuncias vinculadas a violaciones de derechos humanos fueron 5.558 en menos de tres meses desde el inicio de las manifestaciones de octubre, y se investigan aún 31 muertes relacionadas con las protestas (Fiscalía Nacional, 2020). Por otro lado, en febrero de 2020, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) realizó un balance que incluyó 445 casos de lesiones oculares atribuibles a Carabineros de Chile en el contexto de control de orden público, 520 casos de tortura y 197 casos de violencia sexual durante las detenciones.
Como se puede observar, las prácticas de las instituciones de seguridad en el contexto de la revuelta son comparables a las ejecutadas durante el periodo dictatorial atravesado por el país el siglo pasado. En esa línea, diversos/as autores/as sostienen que existen continuidades de la violencia de Estado en el Chile post-dictatorial, reconociendo que las fuerzas de seguridad han mantenido conductas de vulneración y vejación a los derechos humanos en diversos contextos de manifestaciones sociales. (Piper y Vélez-Maya, 2021; Fernández et al., 2015). De este modo es posible afirmar que la violencia de Estado en Chile corresponde a una práctica sistemática, la cual es usada especialmente en situaciones de descontento social y que requiere ser comprendida desde su vinculación con las violencias pasadas. (Fernández et al., 2015).
Desde la perspectiva de Torres y Figueroa (2013) resulta complejo hacer una separación entre los regímenes autoritarios y democráticos, debido a la “discursividad que instala la violencia como elemento inmanente a la propia democracia” (p.46). Siguiendo esa lectura, es posible posicionarse desde la idea el estado de excepción que rigió al país los días posteriores al 18 de octubre, no constituyen una excepcionalidad o un paréntesis de la historia democrática, desacreditando, entonces, la concepción de que hubo un restablecimiento de la democracia, “la democracia siempre fue un “estado excepción hecho regla”” (en Torres y Figueroa, 2013, p.46). En ese sentido, Piper y Vélez-Maya (2021) reflexionan sobre la legitimidad que adquiere la violencia política en postdictadura, concluyendo estas responden a distintos procedimientos de poder, en el que confluye tanto una construcción normativa e institucional que les proporciona un marco de legalidad, como una construcción ideológica, la que configura imaginarios y valores sociales que hacen aceptable el uso de la violencia en contexto de manifestaciones sociales, por ejemplo.
A partir de lo anterior, surge el interés por observar tanto las experiencias de la violencia como las prácticas de resistencia que emanan de los actos represivos. Puesto que, en conjunto con el aumento de los actos violentos de las fuerzas de seguridad, también hubo un aumento en las dinámicas de organización y vinculación colectiva que permitió hacer frente a la violencia durante el transcurso de la revuelta. Así, por medio del análisis de las experiencias de personas que vivieron y/o fueron testigo de violencia de Estado entre el 18 de octubre al 30 de diciembre de 2019, es que en este artículo se busca conocer cómo se construyen memorias colectivas de la revuelta social, asumiendo que el estudio de las memorias erige como un medio de resistencia, el cual permite confrontar discursos y acciones orientados a negar la violencia organizada y ejecutada por el Estado. Para ello, nos basamos en la recogida de testimonios directos de participantes, de diferentes edades y territorios.
2.Marco conceptual
La violencia vivida en este periodo estudiando ha decantado en una serie de experiencias, percepciones y recuerdos, posibilitando la construcción de múltiples memorias. Estas resultan relevantes porque nos permiten conocer cómo la ciudadanía resignifica los hechos de violencia estatal, los resiste y puede edificar futuros deseados (Jelin, 2003). Por ello, presentaremos algunas herramientas conceptuales que orientarán el análisis posterior: la concepción de violencia de Estado, la noción de resistencia y la de memoria colectiva.
Abordar el concepto de violencia supone abrirse a una variedad de definiciones teóricas que dificultan su delimitación, pues no corresponde a un fenómeno único, sino que más bien, corresponden a acciones que varían en la medida del contexto de uso. Asimismo, el asociarlo con las dinámicas estatales sugiere una vinculación con dimensiones tanto políticas como sociales las que, al mismo tiempo, se relacionan con la idea de poder. Es por esto que, para buscar comprender el concepto de violencia estatal se requiere analizar la relación existente entre violencia y poder y cómo dicha relación se extiende a través del entramado social. En esa línea Jorquera (2015) dirá que la violencia corresponde a una categoría socialmente construida que está inscrita “en el marco de una relación de poder donde hay sujetos que ejercen una acción, sujetos afectados por la acción” (p.30). De este modo, se entenderá por violencia de Estado aquellos actosllevados a cabo por agentes del estado que tiendan a generar daño, intimidación o perjuicio, la cual puede ser explícita, implícita o simbólica (Vázquez, 2009). Corresponde a “una acción sobre otro; sobre distintas facetas del vínculo con esa otredad, una voluntad de velo, extinción, cancelación de la relación con el otro” (Mier, 2009, p.54). Es necesario destacar que la violencia reproducida por las instituciones de orden y seguridad – como por otras pertenecientes al Estado – no corresponden a casos aislados, sino que se pueden considerar como prácticas sistemáticas que se inscriben en un modelo de dominación y control social que se desea mantener (Calveiro, 2006). Es bajo dicha lógica que emerge la violencia de Estado con diversas estrategias que permiten la coerción de las personas. Como señala Calveiro (2006):
La hegemonía organiza tanto la coerción necesaria para mantener un poder como el consenso que lo hace creíble y culturalmente aceptable. En otros términos, el dominio sin hegemonía, la fuerza sin consenso y discurso legitimador, no serían viables (…) no es sólo fuerza sino sobre todo legitimación de esa fuerza, como núcleo del Estado (p.360).
La violencia de Estado surge como un mecanismo provisto de una racionalidad propia que implica la ejecución de técnicas, saberes y discursos promoviendo la conservación del estado de las cosas y el control de ciertos grupos poblacionales. La violencia estatal se constituye como un medio para conservar la hegemonía, normalizando prácticas de exclusión y prescindibilidad de ciertos grupos, convirtiéndolos en foco de la violencia (Calveiro, 2008). En esa línea, la violencia estatal responde a una normatividad que se cimienta en una lógica de autoritarismo reorganizada, en donde a través del disciplinamiento mantiene “un orden sincrónico con el nuevo modelo de desarrollo capitalista.” (Torres y Figueroa, 2013, p.48). Esto en el caso chileno se visualizó claramente en el actuar represivo de los dispositivos de seguridad, en el proceder del Ministerio público, en el actuar de diversos centros de salud públicos, en los discursos de criminalización de las protestas emitidos por el gobierno y los medios de comunicación, además del respaldo constante al ejercicio de orden y control de las instituciones de seguridad.
No obstante, pese a esta represión, la población articula distintas prácticas de resistencia y acción colectiva buscando hacer frente a las agresiones que recibe por parte de los dispositivos de seguridad. Siguiendo lo expuesto por Foucault (1988), el estudio de las relaciones de poder requiere ser observado desde las estrategias que se le enfrentan, por lo que, se puede asumir que la resistencia es propia de las relaciones de poder, por tanto, donde hay relaciones de poder existe inevitablemente la posibilidad de resistencia. Esta resistencia no debe ser entendida como un simple acto de tolerar o aguantar una fuerza, sino como una posibilidad de oponerse de forma activa a dicha fuerza, bloqueándola y saboteándola constantemente. (Del Valle, 2012).
La resistencia en contexto de violencia de Estado “sería un movimiento que pretende hacer caso omiso y ubicarse al exterior del poder”(Del Valle, 2012, p.163) moviéndose en las fronteras de dominación, utilizando medios adyacentes de oposición, diseminándose en espacios sociales que transitan entre lo público-político y lo privado o entre los límites institucionales y los no institucionales, dirigiéndose así “hacia los lugares periféricos del poder para incidir desde allí” (Calveiro, 2008, p.17). Calveiro (2008) añade que la característica esencial de las violencias resistentes radica en la habilidad de transformar las relaciones de poder desde esa exterioridad, siendo capaces de contener “la violencia estatal con una violencia menor en términos estratégicos, pero que obtiene victorias tácticas” (p.22). Desde esta perspectiva, la resistencia debe ser considerada como estrategias con potencial de hacer frente al contexto social normativo, en que los sujetos toman un rol activo en la transformación y construcción de subjetividades mediante diversos mecanismos, ya sea por medio de actos cotidianos y/o de carácter colectivo.
Finalmente, entenderemos por la memoria colectiva, aquellos recuerdos en donde los individuos -como miembro de un grupo- reconstruyen su pasado, a partir de intereses comunes del presente (Halbwachs, 1968/2004). Por tanto, esta no se limita únicamente a la habilidad que poseemos de recordar eventos del pasado, sino que depende del contexto social en el cual tales recuerdos se estructuran. Dicho de otro modo, la memoria corresponde a un proceso dinámico que se traduce en una “experiencia del pasado presente” (Jelin, 2003, p.15). Es necesario destacar que la construcción de memoria es colectiva porque implica un proceso que está permeado de múltiples subjetividades y que experimenta transformaciones al momento de expresarse en el presente.
En ese sentido, el acto de “hacer memoria” nos permite tener un acercamiento a las subjetividades y representaciones que una colectividad tiene de su entorno, entendiendo que las experiencias se superponen y se van influyendo una de otras (Jelin, 2003). En otras palabras:
Mediante la construcción de la memoria no solo recordamos e interpretamos algo referido a un acontecimiento concreto, sino que en esta elaboración creamos ámbitos que actúan de referentes en interpretaciones futuras, excediendo, en muchas circunstancias el objeto concreto sobre el que se construye la memoria. (Vázquez, 2000, p. 178)
Al mismo tiempo, la memoria no se construye con la finalidad de convertirse una verdad absoluta, puesto que se expresa en un campo de constante lucha política que está siempre en construcción (Dutrénit, 2010). Según Piper, Fernández e Iñiguez (2013), dichas interpretaciones del pasado contribuyen a dar nuevos campos de sentido a las condiciones actuales.
Sin embargo, es necesario precisar que las memorias pueden fomentar la construcción de discursos homogenizantes y esencialistas (Piper y Troncoso, 2015), los que pueden promover la reproducción de estereotipos “manteniendo un orden heteronormativo y dicotómico del sistema sexo/género” (Piper y Troncoso, 2015, p.70). Así, al observar y estudiar la construcción de memorias es necesario posicionarse desde una mirada crítica, que permita distinguir aquellos discursos totalizantes que puedan invisibilizar diferentes realidades.
Abordar el concepto de memoria colectiva en un contexto de violencia de Estado es importante ya que, tal como menciona Jelin (2003), esta permite traer al presente aquellas experiencias del pasado que son determinantes para construir futuros deseados, posibilitando la confrontación de discursos dominantes que buscan negar dichas prácticas de violencia que se ejerce contra la ciudadanía. De este modo, creemos que la memoria se posiciona como un acto de resistencia con la que es posible subvertir aquellas verdades impuestas en torno al pasado, manteniendo una especial atención sobre puntos críticos referentes a vulneraciones de los derechos humanos.
3.Metodologia
La metodología utilizada es de carácter cualitativo entendiendo que nos permite comprender la realidad social desde las interpretaciones de los sujetos (Ruiz, 2012), destacando los significados que estos le dan a su contexto, a sus problemáticas y a los discursos que conforman lo social (Ruiz, 2012).
Como técnica de recolección de información se utilizó el “testimonio” de personas que vivieron y/o presenciaron violencia estatal durante el período estudiado, a través de entrevistas en profundidad semi-estructuradas. El testimonio permite reconocer el punto de enunciación “desde donde se da cuenta de lo vivido, la posición política e histórica de quien da testimonio” (Colanzi, 2015, p. 676). Los testimonios que fueron analizados en el estudio se traducen en veintiocho relatos de hombres y mujeres, de entre 18 y 68 años pertenecientes a distintas regiones del país (Metropolitana, Valparaíso, Concepción, Antofagasta principalmente). La búsqueda de participantes se hizo por conveniencia y de manera teóricamente conducida, ya que la búsqueda de informantes se concentró en personas que vivieron y/o fueron testigo de violencia de Estado entre el 18 de octubre del 2019 a diciembre del mismo año. El proceso de producción y sistematización de la información consideró dos etapas: la primera consistió en un trabajo de recolección y transcripción de entrevistas realizadas por el colectivo ‘Comisión Octubre 20191, y la segunda, en la selección de testimonios, la codificación de citas, organización y clasificación de estas en categorías analíticas.
Para analizar la información obtenida se utilizó un Análisis de Contenido, puesto que permite comprender la realidad social que se estudia, trabajando primordialmente con el lenguaje, reconociendo que éste se configura como un acto productor de sentido, a través de un proceso de categorización (Ruiz, 2004). Los testimonios seleccionados contaron con consentimiento informado que expone los propósitos de la recogida y el uso de la información reunida. El documento detalla que se busca rescatar y difundir las memorias de las personas participantes en torno a los eventos ocurridos a partir de la revuelta social, así como también, apoyar en procesos investigativos que se puedan generar con dichos testimonios.
4.Resultados:persistencia de la violencia de Estado
En el siguiente apartado presentamos en un primer momento, la construcción de memorias que llevan a cabo las personas respecto a la continuidad/discontinuidad de la violencia de Estado en Chile; y en un segundo momento, las prácticas de resistencia frente a estas violencias que se identifican en los relatos de los/as participantes.
Cuando las personas enuncian la violencia de estado vivida, se pueden identificar tres categorías centrales en sus relatos: a) la consideración de la violencia institucional, b) la normalización de la violencia y c) las consecuencias de la violencia de Estado.
4.1 Violencia institucional
La violencia institucional suele aludir a las prácticas realizadas por entes policiales y/o penitenciarias dentro de entidades claramente delimitadas (Perelman y Tufró, 2017). Sin embargo, esta conceptualización limita el alcance del ejercicio efectivo de la violencia porque deja fuera a prácticas de omisión, discriminación y/o violencia en las que incurre el Estado fuera de espacios institucionales. Por ello, en este apartado se abordan las experiencias vinculadas a las prácticas de los dispositivos de seguridad en un sentido más amplio considerando no sólo las prácticas directas sino también aquellas discursivas que emergen en las memorias de las personas y que son vinculadas a cierta continuidad con el periodo dictatorial.
La libertad de expresión y el derecho a reunión es considerado parte de un derecho fundamental en toda sociedad democrática, quedando estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en los artículos 19 y 21(PIDCP, 1966). En Chile el derecho a reunión se rige por una norma de inferior jerarquía, aunque la Constitución chilena establece el “derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas” (Decreto 100, 2005). No obstante, tal derecho está supeditado a las “disposiciones generales de la policía” (Decreto 100, 2005) las que están normadas por el Decreto n°1086 (1983) impuesto durante la dictadura cívico-militar en el que se exponen los requisitos para hacer efectivo este derecho, en donde además se faculta a las instituciones de seguridad y orden para utilizar métodos disuasivos cuando una movilización social no esté autorizada. En estos periodos de excepcionalidad, las fuerzas de seguridad tienen facultades para restringir derechos de la ciudadanía. En la revuelta social es posible observar distintas experiencias en torno a los métodos de disuasión empleados por la fuerza de seguridad que exceden las facultades excepcionales para estos periodos. Tal como señala a continuación, por ejemplo, con el disparo de perdigones a manifestantes:
En ambos relatos se refleja la violencia como una práctica común pese a que se contraponen a los protocolos con los que, al menos Carabineros de Chile, debería regirse. Según la circular 1832 emitida por el Ministerio del Interior que regula el uso de la fuerza para mantener el orden público, la fuerza debe ser aplicada cuando es estrictamente necesario, y se “deben aplicar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza.” (Circular 1832, 2019). No obstante, al revisar los diversos testimonios se evidencia que los dispositivos de seguridad actúan de forma intencionadamente violenta sin atender al contexto, la proporcionalidad ni a las consecuencias del uso de la fuerza.
En los relatos también emergen experiencias vinculadas a prácticas de violencia en contextos de detención que implican torturas físicas y psicológicas y otras violaciones a los derechos humanos. Estas acciones resultaron sistemáticas y transgreden las normativas que rigen a estos organismos, por lo tanto, hay una racionalización de su uso que las configuran como método de coacción social legitimado al interior de estos organismos, tal como se muestra a continuación:
Como se mostró en los relatos es posible identificar una intencionalidad de parte de la policía, que incluye la violencia física, los intentos de inhabilitar las extremidades y la aplicación de electricidad. Además, Carabineros utiliza técnicas de intimidación y humillación, las cuales se reflejan en actos de amenazas de muerte, insultos, escupitajos, destrucción y robo de pertenencias personales, entre otras acciones. Las prácticas denunciadas en los casos expuestos se consideran tortura, la que se entiende como:
Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido. (Ley 20968, 2016)
En consecuencia, es posible dar cuenta que el actuar de los dispositivos de orden y seguridad tiene como finalidad castigar la protesta social y, además, coaccionar para que las personas violentadas no denuncien, de manera de que los/as funcionarios/as que participaron en dichos actos no sean reconocidos ni sancionados.
Por otro lado, la violencia institucional no solo se manifiesta en las prácticas de los dispositivos de seguridad a través de la violencia física o represión. Según lo expuesto por Perelman y Tufró (2017), se considera que la violencia institucional vulnera la vida e integridad de las personas, expresándose también en prácticas de omisión y/o negación de servicios. En tal categoría se inscriben las diferentes experiencias vinculadas a la negación de servicios como la atención de salud e incumplimientos de protocolos de protección en distintos centros de salud público:
En el primer relato se evidencia que en distintos centros de salud le niegan la atención médica al relatante, el cual recibió varios impactos de perdigones en el cuerpo. Perelman y Tufró (2017), agregan que otros/as funcionarios/as pueden actuar como posibles agentes de violencia institucional, en tanto que, existe una participación estructural del Estado que “puede derivarse de falencias en la formación, en los protocolos y en otros aspectos institucionales que pueden operar como barreras para el acceso al ejercicio de derechos” (2017, p.13). En el segundo relato se expresa que sí existió atención médica pero que al momento de solicitar la constatación de lesiones no se consideró la información entregada por la denunciante, lo que se contradice con lo indicado por la ‘Guía de estándares mínimos para la constatación de lesiones presentadas por el Colegio Médico de Chile’ (2020), la cual señala que: “se deben consignar todos los detalles posibles sobre la detención y las lesiones (…) Además, indagar sobre otras formas de violencia (psicológica o sexual)”.
Otra forma de violencia institucional es la que se reproduce a través de los medios de comunicación ya que son instancias que promueven discursos y saberes que posibilitan la construcción de imaginarios sociales negativos que criminalizan la protesta social, al dar espacio a voces políticas que normalizan la violencia de Estado hacia ciertos colectivos:
Ambos relatos aluden a discursos políticos dados por agentes políticos del Estado en los medios de comunicación. Al reconocer que los discursos mediáticos posibilitan la reproducción y construcción de subjetividades que persiguen objetivos específicos (Pardo, 2013) es posible comprender que esos discursos reproducen violencia simbólica (Pardo, 2013) al posicionarse como una plataforma de difusión y reproducción de discursos dominantes negativos sobre las protestas y los sujetos participantes de éstas. A continuación, se coloca en evidencia como se utilizan estrategias de criminalización de la protesta a través de los medios, pero a la vez se invisibilizan las violencias y las muertes acaecidas en el periodo:
Asimismo, en la entrevista se hace referencia al contenido televisivo en donde este utiliza recursos que buscan producir interpretaciones específicas en los receptores del contenido, enfocando el contenido y sus discursos en torno a desmanes de civiles durante manifestaciones por sobre la violencia ejercida por los agentes de seguridad.
Por otro lado, como ya se ve anteriormente, las vivencias de estas violencias provocaron en la población el recuerdo del período de dictadura permitiendo identificar en los relatos comparaciones constantes entre ambos periodos: se destacan reiteradamente prácticas específicas de violencia, las que son interpretadas como una continuidad con las experiencias de represión en dictadura.
El relato revela una comparación directa entre los métodos de tortura que le propinó Carabineros en su actual detención con los procedimientos utilizados en dictadura hacia otras personas en su mismo barrio de residencia. La comprensión de lo vivido es internalizada como una práctica permanente de los aparatos de seguridad, pero en distintos momentossociohistóricos. En ese sentido, encontramos que se producen ciertos puentes de memoria entre el pasado dictatorial y las vivencias de represión actual. Pero a la vez, no sólo se presenta como análisis de estas prácticas, sino de los efectos psicológicos que producen como es el miedo a la represión y la muerte. Piper et al (2013) destaca que en el proceso de recordar se entrelazan una serie de factores – como palabras, silencios, lugares, cuerpos, dispositivos, etc. Por tanto, en la represión vivida no sólo se conectan los tipos de violencia comunes a ambos periodos, sino también la emocionalidad que despiertan este tipo de prácticas, como el miedo:
En la cita anterior al mostrar la preocupación familiar por su participación en las manifestaciones se visualiza cómo la memoria colectiva de la dictadura es transferida (Cruz y Ramírez, 2015) al entrevistado condicionando sus acciones, propiciando a que mantenga silencio sobre sus acciones de resistencia debido a las experiencias familiares relacionadas con el terrorismo de Estado de la dictadura.
4.2 Normalización de la violencia
Las características de las protestas sociales que se desarrollan desde octubre del 2019 dieron lugar a la proliferación de diversos discursos de condena respecto a los actos de violencia por parte de sus participantes en las manifestaciones. Estos discursos tuvieron una gran presencia en los medios de comunicación y provenían de figuras públicas, como el presidente, ministros y empresarios. Navarro y Tromben (2019) destacan que no sólo se usa un léxico de “guerra” desde el gobierno, sino que se instala una división moral entre los/las buenos/as ciudadanos/as (“de buena voluntad”) y aquellos/as que no lo serían y que formarían parte de estas movilizaciones. Este discurso lo que viene a reforzar es la justificación de una respuesta represiva y violenta por parte del Estado y sus correspondientes instituciones de orden. De hecho, en los testimonios siguientes se manifiesta la incredulidad que se tuvo al ver la desproporción entre las manifestaciones y la represión vivida:
En ambas entrevistas se alude a que en el contexto no existía ‘provocación’ o ‘destrozos’ como para que los dispositivos de seguridad intervinieran la manifestación con disparos. Por tanto, las propias participantes de estas manifestaciones implícitamente están destacando que en ciertas condiciones sociales es válida la práctica represiva. Este argumento es el que socialmente los medios de comunicación instalan en el periodo: la cohesión social requiere represión. Además, en la última entrevista se agrega que en el lugar se encontraban “niños, mujeres embarazadas, abuelas” y que, a pesar de ello, los agentes de seguridad actuaron con armas letales, instalando la idea de que existen algunos cuerpos que son más ‘válidos’ para recibir ese tipo de violencias que otros. Lo anterior se puede vincular con lo expuesto por Becerra y Trujano (2011), quienes proponen que el argumento central que justifica el uso de la violencia política tiene relación con la seguridad pública, posicionando a grupos específicos como enemigos, pero no a otros que se establecen como inocuos (niños/as, adultos mayores y mujeres embarazadas).
De esta manera, entre las mismas personas participantes existe una cierta normalización de algunas violencias de Estado. La constancia en las prácticas represivas propicia la naturalización de la violencia de Estado, como lo expone Calveiro (2008) ya que la exclusión y prescindibilidad hace que la sociedad la asume sin mayor cuestionamiento. Esto se ve en el siguiente testimonio al señalar que, con el paso de los días, el recibir perdigones es algo que se normaliza y ya no resulta extraño entre los/as manifestantes:
Dayan López (2017) enfatiza que la naturalización de la violencia supone un proceso de acostumbramiento de acciones, permitiendo así que tal violencia se inscriba como algo usual por todo el entramado social y se expanda, favoreciendo que la población no solo no se oponga o resista a esta práctica, sino que, además, que algunos sectores aprueben esa violencia.
4.3.Consecuencias de la violencia de Estado
En los testimonios se identifica que la escopeta antidisturbios con cartucho de perdigones es un arma de uso recurrente -la cual es clasificada por Carabineros como un arma “no letal”- y cuyo uso se dirige, según los testimonios, preferentemente hacia la parte superior del cuerpo de los/las manifestantes. Se relata constantemente que el objetivo es hacer daño. Organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) han especificado que el uso de tales armas requiere cumplir con el principio de proporcionalidad de la violencia, debiendo ser utilizada siempre apuntado a las extremidades bajas del cuerpo, ya que de lo contrario se corre el riesgo de producir daños graves en las personas e incluso la muerte (ACNUDH, 2020). Sin embargo, la normativa de Carabineros 1832 – que adscribe al principio de proporcionalidad – no especifica el modo de empleo de estas armas, dejando a criterio de la institución su uso, exponiendo a quienes protestan a un peligro inminente.
En los testimonios se expresan diversas consecuencias físicas y emocionales, pero también racionalizaciones para comprender los objetivos que tiene el uso de perdigones hacia ciertos manifestantes. Para los/as entrevistados/as es posible reconocer que el actuar policial no se condice con la finalidad única de resguardar el orden público sino con un objetivo de causar daño explícitamente:
Los dos últimos relatos corresponden a personas que se dedicaron a auxiliar médicamente a manifestantes con lesiones, enfrentándose diariamente a las consecuencias del uso desmedido de la fuerza y de los aparatos de represión (como por ejemplo la escopeta antidisturbios). Bajo ese contexto, los relatantes interpretan que el objetivo de Carabineros fue causar daños físicos importantes a quienes se manifestaban, más que sólo contener desórdenes públicos.
Por otro lado, las variadas experiencias de violencia de Estado que vive la ciudadanía dejan huellas tanto físicas como psicoemocional en las personas que viven o fueron testigo de dicha violencia. Anna Fernández (2014) propone que los sentimientos en el recuerdo corresponden a experiencias vividas que dependen de un contexto sociocultural y espacio-temporal, los cuales son complejos y personalmente enunciados y perdurables en el tiempo. En los siguientes relatos se muestra la sensación de vulnerabilidad con que quedan las personas manifestantes. La imposibilidad de dormir y la rabia se constituyen en las emociones más señaladas ante la magnitud de la violencia de Estado de la cual fueron objeto. No obstante, más que paralizar la acción, les moviliza y les refuerza su intención de salir a la calle a manifestarse:
“Mi amigo tenía mucha rabia, no tenía pena, tenía mucha rabia, estaba muy consciente que el Estado le había quitado la visión, que había sido mutilado por agentes del Estado y que no paráramos de luchar, que la lucha siguiera, que estaba más con rabia que con pena y que no va a parar de luchar para conseguir justicia, eso.” (E9-Hombre-21)
Estas citas refuerzan la idea de Fernández (2014) quien señala que, en contextos de represión, la indignación y sentimiento de justicia serán sentimientos de motivación para generar nuevas acciones colectivas.
4.4.Prácticas de Resistencia
Una de las características que tuvo la revuelta social en Chile es que ésta emerge desde diferentes lugares y sin una organización estructurada. Sin embargo, con el paso de los días se pudo constatar cierta emergencia de acciones colectivas organizadas para hacer frente a la violencia de Estado, pero también para continuar la discusión de las demandas sociales expresadas en las manifestaciones. Así se creó una multiplicidad de espacios de incidencia social, en donde se destacan las formas de organización y discusión territorial en plazas públicas (cabildos ciudadanos), organizaciones profesionales (como las del área de la salud y de apoyo legal) y las prácticas colaborativas en las mismas manifestaciones como fue la llamada “Primera Línea” (resistencia organizada para frenar el avance de la represión policial en las concentraciones).
En los testimonios se explicita que la acción colectiva nace de una solidaridad que no está vinculada a una afiliación política institucional. Lo anterior se puede comprender si pensamos que los movimientos sociales contemporáneos no emergen necesariamente de una propuesta ideológica única u homogénea, sino que estos se configuran desde vínculos sociales que “experimentan la cooperación entre diferentes sin negar la diferencia”. (Arribas, 2014, p. 2). Así lo refuerzan los siguientes relatos:
Se destaca el sentido de solidaridad que se manifiesta posterior al inicio de la revuelta social, el cual se enmarca en los problemas y necesidades comunes que experimentan la población. Arribas (2014) propone que tales prácticas de solidaridad se configuran como una acción colectiva en la medida que son entendidas desde “una concepción de la política como artesanía” (p.2), ya que estas no dependen de un corpus ideológico, sino que corresponde a articulaciones que se construyen en torno a problemáticas sociales compartidas que se experimentan desde lo cotidiano.
De igual modo, se hizo visible durante el transcurso de la revuelta la participación profesional de distintas disciplinas, que se organizaron para responder a las necesidades más urgentes respecto de las graves vulneraciones de derechos humanos que estaban sucediendo. Se destacan las organizaciones vinculadas al área de salud y al ejercicio jurídico, las que estaban conformadas tanto por estudiantes, académicos/as y profesionales.
En los relatos de diferentes voluntarios/as de salud, se señala que inicialmente comenzaron prestando ayuda en primeros auxilios mientras ellos/as mismos/as participaban de las protestas, trabajo que se realizaba de forma autónoma o con sus redes más cercanas. Pero luego con el paso del tiempo, se establecieron como piquetes de salud estables y organizados:
Como se explica en la cita, los distintos grupos voluntarios de salud se fueron estructurando desde una orgánica de cooperación mutua, distribuyéndose en lugares estratégicos para su acción. Resalta la no formalidad de estos equipos, lo que les hace objeto de una violencia directa de los dispositivos de seguridad por el hecho de prestar auxilio a manifestantes. Tales prácticas se configuran como actos de resistencia en la medida en que se mueven entre esas líneas laterales del poder (Calveiro, 2008). La acción que llevaron a cabo estos piquetes de salud no fue autorizada pero no por eso fue menos eficiente:
También se pueden identificar prácticas de resistencia menos organizadas pero que están pensadas bajo ideales de cooperación y solidaridad para la promoción de la protesta social. En esa línea, se refleja en los testimonios que existen actos resistentes que son recurrentes durante el transcurso de las concentraciones masivas, destacándose la ayuda mutua entre manifestantes a través de colaboraciones en los enfrentamientos directos con los aparatos represivos. En lo que respecta a actos solidarios, estos se sustentan en la existencia de relaciones sociales simétricas, en donde la solidaridad es dirigida desde el interés individual y particular hacia las necesidades de otras personas, con el fin de lograr objetivos compartidos (Aranda y García, 2014). En las siguientes citas se explican algunos ejemplos de esta solidaridad emergente, como la asistencia ante los efectos de gases lacrimógenos o la forma de actuar de la llamada Primera Línea de contención de las manifestaciones:
En cuanto a las prácticas que se oponen de forma directa a la represión de los dispositivos de seguridad, se refleja en los testimonios anteriores que las técnicas de enfrentamiento transitan entre la violencia resistente como respuesta a la represión – representado en las acciones de la llamada primera línea– y las prácticas laterales enfocadas en disminuir las consecuencias de las armas represivas, como se explicita en la última cita. Tales técnicas se identifican como violencias resistentes (Calveiro, 2008), en la medida en que estas responden a la violencia de Estado buscando contenerla.
4.5.La memoria necesaria
Las prácticas de memoria colectiva frente a vulneraciones de DDHH se inscriben como una forma de enunciar y denunciar la violencia experimentada, posicionándose como una forma de lucha social y de reivindicación (Marcos, 2008). Por tanto, la memoria no es solo una narración de hechos objetivos, sino que, puede constituir un motor social para la transformación de dinámicas sociales. En ese sentido, el testimonio se convierte en una herramienta fundamental al recoger la información de los eventos acontecidos, lo que corresponde a un “ejercicio de memoria personal y social en tanto implica una narrativa que intenta dar algún sentido al pasado, y un medio de expresión personal, creativo por parte de quien relata” (Jelin, 2001, p.94).
A partir de lo anterior, en los relatos se enfatiza que ‘hacer memoria’ resulta relevante, puesto que esta trasciende en el tiempo llegando a nuevas generaciones y contextos sociales, oponiéndose, además, a que las experiencias de violencia que viven las personas sean negadas, omitidas u olvidadas, como se condensa en la cita:
Por otro lado, hacer memoria se manifiesta como un acto necesario en la medida en que para quien da su testimonio es importante que sea conocida su vivencia y sean reconocidas las circunstancias de su experiencia. Por tanto, la memoria permite reconocimiento, visibilidad y apertura a voces disidentes de las oficiales. Tomar el testimonio se vuelve en un acto de legitimidad para quien está dándolo, como lo muestra este extracto:
Calveiro (2006) enfatiza que la memoria se configura como un acto o ejercicio intencional, el cual puede tener distintos objetivos, como, por ejemplo, el deseo de comprensión o de justicia, así como también, la construcción de nuevos lineamientos sociales. En los relatos recabados precisamente se pudo visualizar que el hecho de prestar testimonio contribuye a cierta reparación social ante la injusticia vivida. Por tanto, se trata de una decisión consciente de no olvidar los hechos convirtiéndose en práctica de resistencia
5.Conclusion
A lo largo de este artículo se presentaron memorias colectivas sobre la violencia de Estado vividas en el periodo de revuelta social en Chile, que la sitúa en un continuum respecto del pasado dictatorial de este país. Se distingue una vinculación entre el presente en relación con el periodo de dictadura cívico-militar, manifestándose una transferencia de memorias ante la violencia, lo cual repercute en las acciones de quienes no vivieron dicho periodo dictatorial, pero que, de igual modo, tales memorias influyen en sus decisiones y en la forma de desenvolverse durante las protestas sociales. Asimismo, se pudo indagar en torno a distintas formas de resistencias que se manifiestan en tales memorias, pudiendo reconocer prácticas tradicionales como también emergentes de resistencia
En los relatos se pudo visualizar cómo la violencia de Estado se despliega a través de distintas estrategias, en las que resaltan más evidentemente las prácticas institucionales directas, pero también la elaboración de discursos que legitiman la violencia y su normalización, y aquellas técnicas que buscan mantener un orden por medio de la coacción de la población. De este modo, la violencia de Estado vivida durante el periodo estudiado no corresponde a actos fortuitos o prácticas específicas de funcionarios/as aislados/as sino que son actos pensados y racionalizados con un fin concreto para un momento específico. Se refleja en los relatos una sistematicidad de las prácticas represivas ejercidas por las instituciones de seguridad, lo que fomenta a la larga la naturalización de la violencia asumiéndola como algo que es parte de una protesta social, legitimándose más en ciertos contextos y sobre ciertos cuerpos.
Asimismo, los/las testimoniantes muestran la frustración, la rabia e impotencia en los/las ante la impunidad del accionar de los agentes de seguridad del Estado, pero a la vez se revela como estos sentimientos en vez de paralizarlos/as, los motiva a la mantención de la acción colectiva. El miedo, la sensación de vulnerabilidad y la rabia se constituyen como los sentimientos predominantes en los relatos los que perduran en el tiempo.
Las formas de acción colectiva descritas se pueden entender como prácticas de resistencia que se fundan desde la solidaridad en la cotidianeidad, desplegándose por vías subterráneas o laterales del poder buscando contener la violencia represiva. A su vez, las prácticas de resistencia buscan transformar la forma de significar la realidad social y tensionar aquellas verdades impuestas a nivel social, por lo que la construcción y difusión de memorias también se reconoce como un acto de resistencia, constituyéndose como una fuente de denuncia y como una garantía para que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Agradecimientos
Agradecemos a todas las personas que decidieron entregar su testimonio y experiencia, pese al contexto y violencia vivida. A la ‘Comisión Octubre 2019’conformada por estudiantes, trabajadores/as sociales y académicas, con quienes trabajamos en la recolección de los testimonios de violencia política en la revuelta social de Chile perteneciente al departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Asimismo, al Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile ya que este artículo nace al alero de sus discusiones teóricas y y al Núcleo Diversidad y Género: abordajes feministas interseccionales por sus apuestas formativas para la construcción de nuevos conocimientos
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1 Colectivo conformado por estudiantes y académicas del departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile que buscó visibilizar distintas experiencias de violencia de Estado durante el estallido social de 2019.