repl@usco.edu.co
Claudia Johana Sánchez García. claudiaj.sanchez@udea.edu.co
Universidad Pontificia Bolivariana
Ángela Esmeralda Hincapié Gómez
Universidad Pontificia Bolivariana
Aceptado: 14-febrero-2022
Resumen
El presente artículo analiza las prácticas de resistencia de personas y colectivos que, sin acceso a
programas de reparación del Estado, decidieron quedarse en territorios de confrontación armada entre las
FARC-EP y los paramilitares (1998-2004); prácticas que les permitieron sobrevivir, tramitar efectos de esas
experiencias en su salud mental y establecer una posición crítica frente al abandono del Estado y el accionar
de los violentos. El método fue un estudio de caso con población rural perteneciente al Oriente Antioqueño
Colombiano, usando instrumentos de entrevistas, observación participativa y revisión documental. Entre los
resultados, hay tres que merecen ser citados: a) la población rural que ha permanecido en territorios de
intensa y prolongada confrontación armada construyó una forma de resistir cotidiana, individual, de carácter
sutil y oculto, b) también lograron formas de resistir en lo colectivo, confrontando de manera directa los
actores armados para protegerse conjuntamente, c) a pesar del sufrimiento y las pérdidas causadas por el
conflicto armado, el dolor no paralizó su existencia, por el contrario, ellos demuestran una capacidad de
agencia y la posibilidad de movilizarse ante el sufrimiento
Palabras clave:
Resistencia, Salud mental, Oriente antiqueño, Conflicto armado, Ruralidad.
Abstract
This article to analyze the resistance practices of individuals and groups that, without access to State
reparation programs, decided to stay in territories of armed confrontation between the FARC-EP and the
paramilitaries (1998-2004); practices that allowed them to survive, process the effects of those experiences
on their mental health and establish a critical position in the face of the abandonment of the State and the
actions of the violent. The method was a case study with a rural population, belonging to the East of
Antioquia state, using interview instruments, participatory observation and documentary review. Among the
results, there are three that deserve to be mentioned: a) the rural population that has remained in territories
of intense and prolonged armed confrontation built a form of daily, individual resistance, of a subtle and
hidden nature, b) they also achieved forms of resistance in the collective, directly confronting the armed
actors to protect themselves jointly, c) despite the suffering and losses caused by the armed conflict, the pain
did not paralyze their existence, on contrary, they demonstrate a capacity for agency and the possibility of
mobilize in the face of suffering
Keywords:
Resistance, Mental health, Ancient East, armed conflict, rurality.
Cómo citar este artículo:
Sánchez, C. & Hincapié, A. (2021). Prácticas De Resistencia En Territorios
De Conflicto Armado. Resistencia en el Oriente Antioqueño entre 1998 y 2004, durante las confrontaciones armadas entre las FARC-EP y los paramilitares.
Introducción
Las prácticas de resistencia en territorios de conflicto armado en Colombia tienen en el Oriente Antioqueño un caso ejemplar, pues esta ha sido una de las regiones más afectadas por el accionar de guerrillas y paramilitares, grupos armados que para la década de los 90 ya se habían instalado en el territorio, por la intervención del ejército colombiano y por la falta de presencia del Estado en su función de protección a la población civil. A partir de la década de los 90 se intensificó la confrontación armada, siendo el periodo de 1998 a 2004 cuando más transgresiones se presentaron a los derechos humanos de la población civil. (CNMH, 2013).
El Oriente Antioqueño es un territorio conformado por 23 municipios agrupados en 4 zonas o subregiones: Embalses, Altiplano, Bosques y Páramo. Se distingue el oriente cercano, más urbanizado, industrializado, con mayor interconectividad, desarrollo de comercio e industria y el oriente lejano, más rural, disperso, con mayores dificultades para el acceso a los territorios rurales y altos niveles de pobreza. (PNUD, 2010). El referente de oriente cercano y lejano con el que se ha identificado las zonas del Oriente Antioqueño, dan cuenta de unas brechas a nivel social, económico y político, las cuales se agudizaron con el conflicto armado, en tanto se presentó de manera intensa en todos los municipios de la zona páramo, bosques, embalses, provocando que en el altiplano se concentrara un alto porcentaje de las personas que fueron desplazadas de su territorio a causa del conflicto armado.
Cada uno de los grupos armados que se instaló en el territorio, ejercía una modalidad de victimización diferente. La guerrilla realizó principalmente siembra de cultivos ilícitos, tomas guerrilleras en los cascos urbanos, retenes en la autopista Medellín – Bogotá, popularmente conocidas como pescas milagrosas, siembras de minas antipersona y atentados contra la infraestructura hidroeléctrica. Los grupos paramilitares, cometieron masacres y asesinatos selectivos a campesinos, torturas, cobro de vacunas a comerciantes y desplazamientos forzados (PNUD, 2010). La fuerza pública del Estado también fue un actor que causó vulneración a la población civil, realizaron ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, con el fin de presentar resultados y con ello obtener beneficios personales, incluso hay denuncias de haber sido permisivos con avanzadas de grupos paramilitares y faltas a su función protectora de la población y defensa de derechos humanos
El ingreso y la lucha de las guerrillas del ELN y FARC por el control del territorio en la región, y posteriormente de los paramilitares (luego organizados en AUC), muestran que el conflicto armado en Colombia ha sido fundamentalmente una “guerra contra la sociedad” (Pecaut, 2001), siendo la población civil la más afectada, a quien se ha despojado de su territorio, y en quien ha recaído directamente los efectos y daños del conflicto armado. Agrega el autor que cuando los actores armados someten al miedo y al terror se produce un debilitamiento de los vínculos sociales, por el ambiente de desconfianza que se crea. Es así como a partir de los años 90 se acentúan las condiciones de vulnerabilidad de la población campesina, quienes, de manera individual y colectiva, tuvieron que abandonar su territorio. Estos procesos se han investigado con categorías como: desplazamiento forzado, destierro, expulsión, etc.
Si bien el conflicto armado se ha extendido sobre todo el territorio Nacional, el escenario donde más afectaciones ha causado es en la ruralidad, territorios históricamente marcados por el aislamiento geográfico, social y económico de la población que allí reside. Además, el Oriente Antioqueño es un territorio con características geográficas que brindan condiciones para que los grupos armados se instauren, consoliden su dominio, y establezcan corredores estratégicos, permitiendo la movilidad entre varias regiones.
Las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos están caracterizadas en el Registro Único de Víctimas (RUV), el cual se instaura con la implementación de la ley de víctimas 1448 de 2011, la cual amplió su vigencia por diez años más hasta el año 2031. Con la vigencia de dicha ley, se han posibilitado avances en procesos de reparación de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Los procesos de reparación contemplan: a) procesos individuales, con reparación administrativa que otorga recursos según el hecho victimizante, y con reparación psicosocial implementada por el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), b) procesos colectivos en los que se han otorgado reparaciones dirigidas a comunidades y organizaciones que sufrieron los efectos del conflicto armado, no solo como individuos sino como grupos humanos y c) creación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a través del cual se han generado acciones de construcción de memorias colectivas para la reconstrucción de la verdad del conflicto armado desde las voces de las víctimas.
A partir de la firma de los acuerdos de paz en la Habana firmados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en 2016, se incluyó un punto específicamente dirigido a las víctimas, con ello se espera generar mayores impactos de atención a esta población. Pero, se precisa interrogar ¿son solo víctimas las personas que están legítimamente reconocidas por el Estado? El territorio también está habitado por personas que a pesar de haber vivido en medio de la confrontación armada decidieron no desplazarse, y aunque también sufrieron el flagelo del conflicto armado no son tenidas en cuenta como víctimas en el marco legal colombiano. Ciertamente como lo ha expresado Francisco de Roux en los encuentros por la verdad, propiciados por la Comisión de la Verdad durante el año 2021 “todo lo que la guerra tocó la guerra lo dañó”, donde ha estado presente el conflicto armado, ha impactado en los modos de vida de la población.
Preguntarse por los efectos del conflicto armado en la salud mental de las víctimas y las formas de resistencia no es un tema nuevo, se han documentado los daños individuales y colectivos que ha dejado el conflicto. Sin embargo, se ha excluido una población que coexiste en el territorio y no es reconocida como víctimas del conflicto armado del país, por lo tanto, no han tenido acceso a ningún proceso de reparación, desconociendo impactos del conflicto armado en quienes se resistieron al desplazamiento forzado, no migraron de sus territorios, han permanecido inmersos en escenarios de confrontación y en esas condiciones han configurado su existencia y su subjetividad.
Diversos autores han investigado los efectos que el conflicto armado ha dejado sobre la población víctima, reconociendo las formas de resistencia, puntualizando en la resistencia colectiva. Autores como Rivera (2020), Montealegre (2018), Naucke y Halbmayer (2016), centran su interés en las prácticas colectivas que han llevado a cabo las comunidades para resistir durante el conflicto armado, reconocen los procesos de resistencia de las comunidades de paz de San José de Apartadó, mientras que Lavalle (2018) profundiza en los procesos de resistencia indígena del Cauca. En el Oriente Antioqueño se han destacado procesos de resistencia individual y colectiva en población reconocida como víctima del conflicto armado. Autores como Gallego (2016), y Arias (2014), destacan procesos de resistencia individual que permitieron afrontar la vida durante el desplazamiento y retorno al territorio, y resistencia colectiva a partir de la creación de asociaciones de víctimas
La investigación sobre los impactos en la salud mental de las víctimas del conflicto armado se ha focalizado principalmente en población que ha sido desplazada de sus territorios. Entendiendo que este fenómeno ha sido una de las más frecuentes formas de victimización, ya que en Colombia según el RUV (2022) hay un registro de 8.214.100 desplazados 1 .Desde la psicología y la psiquiatría se ha dado mayor relevancia a los diagnósticos individuales de las afectaciones a la salud mental como el Trastorno de Estrés Postraumático –TEPT (Hernández, 2020). Una aproximación a la salud mental desde un enfoque psicosocial en Oriente Antioqueño la realiza Arias (2015) identificando prácticas de las víctimas del conflicto armado con las que logran resignificar la experiencia y transformar la vida cotidiana reconstruyéndola en la interacción con otros, estrategias con las que han podido cuidar la salud mental de manera creativa y singular. De otro lado, García (2017) identifica prácticas de cuidado colectivo con las que las víctimas logran mantener el tejido social.
En cuanto a los procesos de reparación que el Estado adelanta, no se ha logrado un proceso completamente reparador para las víctimas, Villa e Insuasty (2016) consideran incluso, que en algunos casos se ha incurrido en acciones de revictimización, lo que podría acarrear barreras para la recuperación de las víctimas. Mientras que para Ríos (2020), en algunos procesos de reparación se ha logrado que la víctima pase de ser destinatario pasivo a ser participante, observador y crítico de cualquier propuesta de reparación, a partir de estos casos considera que solo mediante el reconocimiento de las víctimas como actores políticos se podrá pensar en la reconciliación y la construcción de paz.
La anterior revisión de las investigaciones recientes deja ver lo poco que se han explorado los efectos en la salud mental de la población civil que ha sobrevivido resistiendo en contextos de conflicto armado intenso y prolongado, y tampoco han sido reconocidas como víctimas. En consecuencia, la investigación de la que se extrae este artículo se propuso analizar las prácticas de resistencia de personas y colectivos que deciden quedarse en territorios de confrontación armada entre las FARC-EP y los paramilitares (1998-2004) y sin acceso a programas de reparación del Estado, prácticas que les permitieron sobrevivir, tramitar efectos de esas experiencias en su salud mental y establecer una posición crítica frente al abandono del Estado y el accionar de los violentos.
El sistema de conceptos construido para entablar la discusión con el caso de investigación está articulado por la perspectiva teórica construccionista y crítica, enunciados a continuación
La población campesina quien no se desplaza de su territorio y decide permanecer allí, pese a la usurpación y accionar de los actores armados, establece prácticas que le permiten sobrevivir y socavar el poder de quienes intentan ejercer dominación en el territorio, Scott (2000), propone el concepto de resistencia, refiriéndose específicamente a la resistencia crítica emancipadora o resistencias cotidianas como infra política de los desvalidos, es una “forma estratégica que debe tomar la resistencia de los oprimidos en situaciones de peligro extremo” (p. 235), opera en un “discurso público”: ante la presencia de los opresores, manejan un discurso, que en apariencia podría entenderse como una aceptación de la hegemonía del poder. Y un “discurso oculto”: cuando se está fuera de la presencia de los dominantes hay un discurso construido por la infra política de los grupos subordinados en el que operan “las manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas que confirman, contradicen o tergiversan lo que aparece en el discurso público” (p.28).
En esta dirección, para Maritza Montero (2004) la resistencia es una movilización activa que desarrolla una comunidad en defensa de sus intereses, mediada por procesos de concientización para reclamar o defender lo que es justo, “cuando el sujeto se encuentra en un punto en el que no hay retroceso, sólo hay la posibilidad de transformar o desaparecer”. (p. 130).
En lugar de asumir una posición dócil y pasiva, las personas y comunidades se movilizan, desplegando una serie de recursos que, como señala Baró (1988) muchos sectores de la población al verse enfrentados a situaciones límite “sacan a relucir recursos de los que ni ellos mismos eran conscientes o se replantean su existencia de cara a un horizonte nuevo, más realista y humanizador”. (p. 5).
Lo anterior nos conduce a pensar en la manera como las prácticas de resistencia que despliega la población que se queda en territorios de confrontación armada no solo les permite sobrevivir, sino también tramitar los efectos de esas experiencias en su salud mental. En la obra de Baró (1990) la categoría de salud mental está ligada al concepto de trauma psicosocial, al respecto el autor plantea que la salud mental debe verse como un problema de relaciones sociales, interpersonales e intergrupales y frente al concepto de trauma psicosocial señala que “La herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, sus raíces no se encuentran en el individuo sino en su sociedad” (p.10).
Por su parte Elizabeth Lira (1991) introduce el concepto de trauma político, para cuestionar las formas tradicionales de intervención de la psicología, al entender que los síntomas psicológicos son producto de las relaciones sociales violentas y no de problemas sociales internos. En las intervenciones que esta autora y su grupo del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos proponen, no se hace una generalización del sufrimiento y de la experiencia traumática, sino que se pregunta por la particularidad traumática de cada una de las experiencias ligadas a la violencia. En esta concepción se entiende que “el miedo se genera en la subjetividad de sujetos concretos, y como tal es una experiencia privada y socialmente invisible” (p. 8) pero cuando la población está expuesta a escenarios de conflicto armado, el miedo deja de ser una experiencia privada, pasando a convertirse en una característica de las relaciones sociales. Allí el concepto de miedo crónico señala que el miedo deja de ser una reacción específica a situaciones concretas y se transforma en un estado de miedo que se instaura de manera permanente en la vida cotidiana, del terrorismo cotidiano, este miedo crónico se expresada en la cotidianidad en las limitaciones que produce de sí mismo, de la familia, de las relaciones interpersonales, es una detención de la vida
En ese orden social dominante, impera un discurso desde el cual se concibe a las
Al interiorizar la retórica de la marca, se instaura una identidad que dificulta la transformación del sujeto y del conjunto de sus relaciones sociales, en tanto esta marca pone las causas de lo que somos en un lugar ajeno a nuestra agencia y con este mecanismo restringe la posibilidad de cambio. Piper (2005), propone un desplazamiento respecto a la visión hegemónica de la víctima, de desmarcarse de las formas institucionalizadas en las que se ha connotado la figura de víctima como sujetos dañados y pasivos, para ver un agente que activamente se defiende contra la violencia y da lugar a la transformación social.
El concepto de
Por último, el concepto de
La memoria como práctica de resistencia ocupa un lugar esencial en esta investigación, en tanto permite recuperar los distintos saberes y prácticas políticas que han desarrollado las personas que han vivido el conflicto armado, originado en la violencia estructural que ha creado y mantenido escenarios de explotación, despojo, inequidad, opresión. Los sujetos y las comunidades resisten haciendo memoria para gestar posibilidades de transformación de las experiencias vividas en el conflicto armado e impedir su repetición, estas memorias deben ser una memoria activa que cuestione las versiones hegemónicas que han imperado y promuevan nuevas interpretaciones y sentidos.
Metodología
Diseño
El fundamento epistemológico de esta investigación es el enfoque cualitativo, con una estrategia de estudio de caso ya que pretendía comprender los significados en la singularidad y particularidad que las personas le atribuyen a sus experiencias vividas durante los momentos más álgidos del conflicto armado en sus territorios. De acuerdo con Galeano (2014), en el análisis e interpretación es posible comparar el caso con otros casos y formalizar generalizaciones, en este proceso investigativo, se propone extrapolar los hallazgos como base para nuevas investigaciones en otros contextos para identificar otras formas posibles de habitar los territorios en medio de ambientes hostiles y adelantar acciones que posibiliten transformaciones sociales para alcanzar mejores y más dignas condiciones de vida.
De acuerdo con Bassi (2005), el estudio de caso permite cuestionar presupuestos teóricos y expandir el conocimiento, en ese sentido, es posible identificar otras formas de subjetivación que hacen los sujetos quienes han vivido en escenarios de conflicto armado intenso y prolongado, reconociendo otros discursos alternos a los que han predominado en relación con el daño producto del conflicto armado.
Población y muestra
En el trabajo de campo se utilizaron como técnicas de recolección de información las
Las técnicas de análisis de información consistieron en: a) codificación inicial de la información a partir de los objetivos, conceptos y palabras clave de entrevistados, b) articulación dialógica entre entrevistas y conceptos, lo cual dio lugar a una recodificación, y c) trabajo analítico que posibilitó la construcción de categorías emergentes en diálogos con los referentes teóricos.
Resultados
Ilustración 1. Ubicación geográfica del estudio.
Sur América – País Colombia – Departamento de Antioquia – Oriente Antioqueño. Fuente:
Corporación Programa Desarrollo para la Prodepaz https://www.programadesarrolloparalapaz.org/
Los que se quedaron a resistir en el territorio son invisibles para el Estado
El desplazamiento forzado ha sido una de las formas más frecuentes de victimización que ha dejado el conflicto armado en el país. De acuerdo con cifras reportadas por el PNUD (2010) en el periodo 2000 a 2005 en el Oriente Antioqueño fueron desplazadas 99.438 personas, siendo las poblaciones campesinas las más afectadas, quienes se vieron obligadas a salir de sus territorios por amenazas directas o por miedo de continuar viviendo en medio del terror de la violencia.
Sin embargo, desplazarse del territorio, no siempre fue una opción viable para muchos campesinos, quienes, a pesar de las dinámicas de violencia vividas en su territorio, permanecieron en él. Para garantizar la supervivencia en escenarios de violencia y ante situaciones límite, las personas se vieron obligadas a desplegar recursos emocionales, cognitivos y conductuales que, en las narrativas de los entrevistados, denotan una capacidad de resistir y reconstruir la existencia aún en medio del conflicto armado, asumiendo un papel activo que logró socavar el control absoluto que pretendían los actores armados.
En el periodo de 1998 – 2004 se instalaron diferentes actores armados en los territorios del Oriente Antioqueño, imponiendo su dominación a partir de fuerzas coercitivas a los habitantes de las veredas y zonas urbanas, modificando la cotidianidad de la vida de los campesinos al verse obligados a convivir con los grupos armados, quienes limitaban y controlaban la circulación en el territorio, los horarios de movilidad, la cantidad de productos alimenticios por familia, etc.
Usted no podía mercar sino para una semana, porque nos paraban en el camino y nos
filaban el mercadito, y nos decían:
El conflicto armado impactó todo el territorio del Oriente Antioqueño, convirtiéndolo en un escenario de riesgo por el accionar de los diferentes grupos armados, generando en la población una sensación de vulnerabilidad al percibir que ningún lugar era seguro, esto empujó a muchas personas a desplazarse de manera forzada a otros territorios, pero otros optaron por quedarse a pesar del miedo, la incertidumbre y la constante amenaza, pues llegar a cualquier otro lugar significaba para ellos encontrar una realidad similar a la que ya vivían, con la particularidad de que llegar a otro lado era perder lo poco que se tenía, estando en condiciones de mayor precariedad para la subsistencia
En ningún lado uno estaba seguro, esa gente estaba por todo lado, si nos iban a matar pues que lo hicieran en la tierra de uno. Al menos ahí hemos vivido y tenemos lo necesario para subsistir, uno por allá sin un lugar donde llegar es muy duro, pasando más necesidades (Conversación participante El Carmen de Viboral).
Es así como el Oriente Antioqueño está habitado por personas que durante el periodo más álgido del conflicto armado permanecieron, continuaron construyendo la vida y siguieron sosteniendo sus localidades, pero sus luchas han sido poco visibilizadas.
Pienso que las personas que resistimos debemos tener algún beneficio por parte del Estado, los que nos quedamos somos los que ayudamos a que no se haya hundido la barca del todo. Entonces pienso que el Gobierno debería tener políticas agrarias con toda la gente del campo, mucha gente aun viendo todas estas circunstancias se quedaron ahí y hoy uno ve que el campesino está muy olvidado (Conversación con participante San Rafael).
Los que resisten en el territorio son víctimas no reconocidas por el Estado
El territorio rural en Colombia se caracteriza por el abandono Estatal, la desigualdad y la pobreza, esto no es ajeno a la ruralidad del Oriente Antioqueño, cuyas veredas son dispersas, lejanas de la zona urbana y con dificultades de acceso, condiciones que favorecieron a los actores armados para que se instalaran y se disputaran el control del territorio, violencia estructural de inequidad y exclusión que favoreció la instalación de una violencia directa y visible como el conflicto armado.
En la disputa por el dominio territorial cada actor armado desarrolló estrategias de guerra sin
tener en cuenta a la población civil que estaba en medio, convirtiéndola incluso en instrumento de
guerra. La presencia de los actores armados ponía en riesgo la vida de los campesinos, no solo por
las confrontaciones armadas o por ser usados como instrumentos de guerra, también por el estigma
de identidad que los ubicaba como
Quedarse a resistir en el territorio es una experiencia que se hace aún más compleja porque esta
población
Ahora que hablamos de todo esto, realmente uno vuelve a recordar, a revivir todo lo que nos tocó, y es muy duro, yo no le deseo eso a nadie, todos somos seres humanos y somos sensibles y nos duele mucho el sufrimiento del otro. Pero yo no he hablado de todas estas cosas que nos acontecieron con nadie. (Conversación participante San Rafael).
Los discursos que se hacen oficiales acerca de quiénes son las víctimas del conflicto armado van produciendo identificaciones en la población, que a su vez producen exclusiones y excluidos, en los que se desestima el daño de otros actores. Reconstruir y dar lugar a otras memorias posibilita el paso a la acción para lograr una participación más incluyente en los procesos sociales y políticos de las víctimas
Es legítimo reconocer el daño a estas personas, sus espacios y relaciones
Las personas que se quedan en el territorio experimentan temor, zozobra e incertidumbre, el
miedo se convierte en una emoción constante, sobre todo, porque se da una exposición prolongada
a eventos violentos. Pero además de estos sentimientos, reconocen su capacidad para llevar a cabo
acciones que desafían sus miedos, reconociéndose como
Cuando hubo el desplazamiento masivo en San Carlos en el 2003, llegaron de todas las veredas por una masacre que hubo, la Cruz Roja canalizó todo a través de la pastoral juvenil, y apadrinamos veredas, atendiendo, dando mercados, colchonetas (…) toda esa situación me ayudó a ser tan resolutiva, era resuelva o resuelva. (Conversación participante, San Carlos).
El conflicto armado en los espacios rurales afecta sus tierras, sus lugares, y ello significa sus
vidas. Quienes se quedaron en el territorio no conciben irse, no solo por la
Además, el conflicto armado repercute en los modos como se tejen las relaciones (en el campo
prevalecen las relaciones comunitarias). Cambian las relaciones con los otros, se instalan
El sufrimiento de quienes han permanecido en territorios donde opera el conflicto armado no es
ajeno a las experiencias de dolor de las personas que han sido reconocidas en el marco legal como
víctimas a causa de la vivencia de hechos victimizantes, contemplados en la Ley 1448 de 2011 Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras. Pero los discursos oficiales que se han instalado acerca de
quiénes son las víctimas, desestima los daños, las pérdidas materiales e inmateriales de quienes se
han quedado en sus territorios y han estado expuestos a escenarios de violencia que afectan sus
modos de vida, relaciones familiares y lazos comunitarios.
Construyeron una forma de resistir cotidiana, individual, de carácter sutil y oculto
Las personas empezaron a desarrollar estrategias para proteger la vida, con la capacidad de seguir construyendo la existencia aún en un entorno de violencia. Dichas acciones no fueron premeditadas, se fueron generando en la cotidianidad como una manera de salvaguardar la vida, pero también de trasgredir la dominación de los actores armados. Encontraron en ellas una capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
En el escenario familiar implementaron
Una manera de enfrentar el miedo es la sensación de tranquilidad por el bien obrar, relacionada
con la creencia cultural de
Uno se decía: “Yo obro bien, yo hago las cosas bien, no me meto con nadie, voy a hacer mi trabajo” siempre, me aferraba a Dios y pedía la fortaleza de no desfallecer para no equivocarme de lo que fuera a decir, porque esa gente [los grupos armados] con esas preguntas a veces uno no sabía que responder; siempre tratamos de nunca señalar, ni involucrar a nadie. (Conversación participante San Rafael).
Pero si bien los entrevistados dan cuenta de un discurso en el que tener la consciencia tranquila reafirma la posibilidad de permanecer donde viven, también reconocen que este discurso es tergiversado y usado para estigmatizar y culpabilizar a las víctimas, un discurso que termina reproduciendo lo dicho por los actores armados, el gobierno y gran parte de la sociedad: “por algo lo matarían, algo haría”, “por algo lo hicieron ir”.
Otra estrategia para resistir en el territorio fue el silencio y la neutralidad,
En la vereda había presencia de paramilitares y guerrilla. Una vez llegaron por la noche y
practicante nos obligaron a que entregáramos una vaca, que porque necesitaban hacer una
reunión. Nosotros voluntariamente no la entregamos, pero
A pesar de las afectaciones que el conflicto armado generó en los vínculos sociales en tanto
instauró la desconfianza, prevalecieron
En esa época no era muy común el celular, pero tres vecinos teníamos teléfono y nos avisábamos unos a otros si veíamos que por la carretera subía un carro tarde de la noche, “vea estén alerta que subió un carro a esta hora”, porque la vez que nos mataron una familia fue cuando subió un carro tarde de la noche. Esa fue una manera de nosotros estar comunicándonos (Conversación con participante San Rafael).
Otra táctica que usaron para sobrevivir en el territorio fue negarse a colaborar con quien ejercía el poder, pero con prácticas sutiles, cotidianas, silenciosas, pues colaborar implicaba siempre un riesgo inminente para la vida, pero negarse a colaborar de manera directa o con confrontaciones directas era someterse a ser asesinado, como les pasó a muchas personas.
Mi esposo tenía que pagar una vacuna para que lo dejaran trabajar pescando, él pagó unas vacunas, pero no todas las veces. Una vez fueron y le quitaron todo el pescado y le quitaron una plata que tenía. Ellos [los paramilitares] daban el permiso para ir a trabajar donde fuera, pero le teníamos que pedir el permiso de ellos […]. Él no quiso ir a negociar más, que lo mataran, pero que él no daba más plata, que ya estaba cansado que todo se lo quitaran. Y esa gente cumplió las amenazas y lo mataron (Conversación participante San Rafael).
Construyeron una forma de resistir en lo colectivo
Pertenecer a una organización social y el trabajo comunitario hizo posible que como comunidades afrontaran situaciones de injusticia y vulneración a los derechos humanos. Las asociaciones, la iglesia y los docentes de los Centros Educativos Rurales, han favorecido la resistencia colectiva, movilizando las comunidades en defensa de los intereses comunes, fomentando el encuentro, posibilitando que las personas continuaran haciendo uso de los espacios que los actores armados restringían. Algunas de las acciones colectivas que emprendieron fueron:
La iglesia favoreció la movilización de la población en la confrontación pacífica con los grupos armados defendiendo la vida de los pobladores, reclamando la defensa por los derechos humanos y la protección de la infraestructura. De igual manera promovía el encuentro recuperando escenarios que los violentos se habían tomado, como las plazas y los parques, a través de las actividades de la pastoral juvenil con los niños y jóvenes. Adicionalmente, brindó ayuda humanitaria ante situaciones como desplazamientos masivos.
Unos campesinos vinieron a hablar con el padre porque venían caminando unas tropas de guerrilla con cilindros para volar a San Carlos. El padre convocó y dijo: vámonos a hablar con ellos, que entiendan que no nos pueden matar aquí a todos, y empezaron un rosario, se fueron caminando desde el pueblo, llegaron a una vereda y el padre dialogó con ellos. (Conversación participante San Carlos)
Las Juntas de Acción Comunal han sido la figura organizativa más común en las comunidades
rurales, estos espacios de participación ciudadana se vieron muy afectados por el accionar de los
grupos armados, muchos líderes fueron asesinados. Sin embargo, continuaron realizando
encuentros y actividades en beneficio de la comunidad; continuaron las asambleas y los convites
para apoyar a los integrantes de las comunidades. Los
Los docentes continuaron con su labor en las escuelas rurales, esto permitió que la niñez en la ruralidad siguiera recibiendo educación, y que las escuelas no perdieran el propósito de ser un espacio comunitario, táctica para resistir al hecho de que durante el conflicto armado las escuelas eran ocupadas por los grupos armados y desde allí planeaban operaciones militares. No solo se recuperaba un espacio simbólico para las comunidades, sino que la labor docente fomentaba la reflexión entre los estudiantes sobre la importancia de tener un comportamiento ético.
Muy poco se hablaba del tema [del conflicto armado], lo que hacíamos era la reflexión sobre los comportamientos éticos que uno debe tener como personas y cómo se debía comportar para ser un buen ciudadano. No se toca el tema directamente en las aulas de clase porque eso es muy delicado y escuché de profesores que tocaban ese tipo de temas y tuvieron dificultades severas. (Conversación participante San Rafael)
En conclusión, las prácticas comunitarias han posibilitado la transformación social, cada territorio ha logrado construir subjetividades propias a partir de las respuestas individuales y colectivas que han permitido establecer vínculos, reconociendo en los otros a sujetos capaces de pensarse en colectivo, logrando construir nuevas realidades sociales y políticas.
Discusión
La investigación se focalizó en reconocer la manera como las personas que se quedaron en el territorio durante un periodo álgido del conflicto armado (1998- 2004), lograron no solo sobrevivir, sino establecer una posición crítica frente al accionar de los violentos, reconociendo con ello, la capacidad transformadora de sus vivencias, lo que posibilitó combatir el miedo y salir de la pasividad, de la posición de víctima como identidad que prefigura el discurso hegemónico, para ser víctimas como agentes activos ante las situaciones de violencia que vivieron en el territorio
Entre los años 1998 – 2004 el departamento de Antioquia registró altos índices de desplazamiento forzado, los municipios de Nariño, Argelia, San Carlos, San Rafael, y Granada fueron municipios con altas cifras de desplazamiento de la población. (Ibáñez & Moya, 2007). El municipio de El Carmen de Viboral fue donde más población resistió, en un 60%. Contrario a lo ocurrido en la población del municipio de Cocorná que durante este periodo de tiempo se muestra como uno de los municipios con mayor desplazamiento, un 94.75% (Ibáñez & Moya, 2007). En la literatura es común encontrar las cifras del desplazamiento, pero no se precisan indicadores sobre los resistentes, esto último invita a profundizar en el tema, reconociendo la población rural que resiste en territorios de confrontación armada, y las estrategias que logran desarrollan para permanecer en dichos escenarios
No conciben abandonar la tierra porque la tierra es la vida misma
La población resistente decide quedarse pese al accionar de los violentos, esta opción es la única posible en tanto irse significaría vivir en medio del desamparo al llegar a lugares extraños, ajenos e inciertos. Además, no logran concebir abandonar la tierra porque para ellos la tierra es la vida misma, los proyectos, la familia, la comunidad y las relaciones que se entretejen. Las motivaciones para quedarse encontradas en la población partícipe de la investigación se asemejan a las que el CNMH en los años 2001 y 2015 identificó sobre la resistencia en el municipio de San Carlos y Granada donde los pobladores decidieron quedarse en sus territorios por no tener a dónde ir, por no querer renunciar a su tierra y por tener en ella los medios para su subsistencia. Quedarse es también para ellos una forma de evitar el arrasamiento y la desaparición del pueblo.
Estas razones son distintas a las que presenta La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (2015), ellos encontraron que quienes se quedaron en los territorios era porque estaban confinados, porque presentaban limitaciones para la movilidad o porque temían que durante el recorrido se encontraran con confrontaciones armadas. También es distinto a lo que encontró el Departamento Nacional de Planeación (2016), que agrega que la población estaba confinada por los campos minados.
De todas maneras, se reconoce que permanecer en el territorio no fue la forma más frecuente de responder al conflicto, Jaramillo (2007), PNUD (2010) señalan que entre 1998-2004 fue el periodo en el que más desplazamientos se forzaron en la población rural, quienes salieron de su territorio por amenazas directas de los grupos armados y por el miedo ante los diferentes hechos victimizantes.
El sufrimiento no paraliza, modifica las formas como se desarrolla la existencia
Las personas, familias y comunidades que han resistido en los territorios, viviendo en medio de un conflicto armado intenso y prolongado, han tenido la necesidad de modificar las formas cómo se desarrolla la existencia, llevando a cabo una serie de actos creativos desde sus propias posibilidades que permiten transformar el miedo en acciones que se oponen a la dominación que intentan ejercer los actores armados. Autores como Scott (1985), Montero (2004) y Uribe (2006) destacan que quienes ejercen dominación no logran imponer completamente sus mandatos y prohibiciones sobre la población, que se ha subestimado la capacidad de resistencia de las minorías, quienes, a través de acciones de oposición abierta y contestataria, o sutil y cotidiana, logran modificar las relaciones con los actores dominantes.
Las personas resistentes del Oriente Antioqueño vivieron el sufrimiento que causa en una población el conflicto armado, pero el sufrimiento no paralizó la capacidad de respuesta para reacomodar la vida aún en escenarios de conflicto. Ellos pudieron hacer y rehacer los proyectos, con una actitud reflexiva de la propia existencia, siendo conscientes de las transformaciones de su realidad y adaptándose a los cambios que el conflicto armado iba generando. Esto es diferente a lo que registra El CNMH (2014) en relación con los daños que causa el conflicto, pues si bien es cierto que hay repercusiones en los proyectos de vida de las personas al obligarlas a llevar estilos de vida no deseados ni planeados, este planteamiento no puede estandarizarse ni homogenizar las experiencias de las víctimas del conflicto armado
Cuestionar la generalización del sufrimiento y su patologización
Las víctimas del conflicto armado han vivido experiencias de sufrimiento expresadas en pérdidas humanas, materiales, de autonomía, etc., por lo que en ellas se instalan afectos (categoría que reúne emociones, sentimientos y pasiones) de tristeza, miedo, incertidumbre. Sin embargo, el dolor no paralizó la existencia, por el contrario, pese a sus pérdidas han tenido una capacidad de resistencia activa que les ha posibilitado sobrevivir y permanecer en el territorio. Esta experiencia de la población que decide quedarse en su territorio y tramita sus pérdidas en términos de salud mental, reafirma la tesis de Piper-Shafir (2005) cuando sostiene que hay que cuestionar la unificación del sufrimiento en las víctimas mediante la noción de trauma, desde la cual se instaura una marca que divide a las personas en un antes y un después de vivir la violencia, que la conduce a adoptar una nueva identidad determinada por esa marca, que restringe toda posibilidad de generar cambios. Esto se constata en las personas que han resistido en el territorio rural del Oriente Antioqueño, quienes dan cuenta de la capacidad de agencia y la posibilidad de movilizarse ante el sufrimiento.
La perspectiva adoptada en el párrafo anterior es contraria a la perspectiva del modelo biomédico, que incluye patologías como el estrés postraumático, el trastorno depresivo, el síndrome de ansiedad, entre otras, para explicar las consecuencias de la exposición a eventos de conflicto armado. Tal es el caso de La Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), para la que estar expuesto a cualquier tipo de violencia aumenta el riesgo de desarrollar una patología mental y una vulneración psicológica, porque dicha exposición genera un encuentro con un horror psíquicamente no asimilable. Igualmente, El instituto Nacional de Salud (2017) incluye la angustia como alteración psicológica, y El CNMH (2016) establece que la guerra deja una huella emocional que es duradera porque estar expuesto a altos niveles de terror constituye casi siempre experiencias que rebasan la capacidad de las personas para afrontar los hechos, causando traumas y daños psicológicos.
Plantear la discusión entre los resultados de esta investigación, realizada en el marco de una perspectiva construccionista y crítica, y los resultados de investigaciones realizadas en el marco de la psicopatología, no pretende desconocer que el conflicto armado ha causado sufrimiento y daño emocional en la población, sino cuestionar la generalización del sufrimiento y la patologización de este
Las víctimas que resisten en los territorios: entre el daño y la exclusión
El Oriente Antioqueño ha sido una de las regiones del país más afectada por el conflicto armado, agudizado cuando se instalaron diferentes actores armados en el territorio (guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado) y produjeron diferentes hechos victimizantes en la población. Estas víctimas han desplegado acciones de resistencia frente al accionar de los violentos, han realizado actos colectivos para construir y preservar la memoria a través del uso del espacio público, como el salón del Nunca Más en Granada o El Jardín de la Memoria en el Parque de San Carlos. De igual manera han desarrollado procesos de construcción de memorias colectivas de las víctimas en Colombia narrados por El CNMH, el caso del Oriente Antiqueño fue visibilizado por el CNMH (2011,2015, 2016) con las voces de las víctimas de San Carlos, Granada y San Rafael.
Si bien los informes nombran a las personas que han permanecido en el territorio, no profundizan en los efectos que el conflicto ha causado en sus vidas, ni cuestionan que dicha población no esté reconocida como víctimas en el marco legal colombiano, y que, por consiguiente, no sean partícipes de algún proceso de reparación. Esas personas no visibilizadas ni reconocidas como víctimas se nombran a sí mismas como resistentes porque permanecieron en el territorio y reconstruyeron las experiencias vividas. Ellas critican los discursos establecidos acerca de quiénes son las víctimas y el lugar que han ocupado en las dinámicas del Estado.
El CNMH (2014) hace una valoración de los daños causados por la violencia a las víctimas, establece que “se producen daños individuales que afectan en lo material e inmaterial, el buen nombre, el proyecto de vida, causa lesiones físicas, emocionales y mentales” (p.23), reconocer los daños contempla los significados subjetivos que las víctimas atribuyen a lo perdido. Esos daños descritos se asemejan a las pérdidas y afectación en los modos de vida de las personas que resistieron en los territorios, pero aun así siguen siendo desconocidas como víctimas.
El Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de reconocer el carácter de víctima a las personas que se quedan resistiendo en el territorio, legitimando el sufrimiento de quienes han vivido en escenarios de conflicto armado. Como correlato, reparar a las víctimas obliga a garantizar condiciones de vida digna de la población que aún permanece en el campo con condiciones de desigualdad y exclusión. Hace parte de la misión de la Comisión de la Verdad recuperar y reconocer las memorias de quienes se quedaron en los territorios como parte del engranaje de la construcción de lo ocurrido en el conflicto armado en Colombia.
Subjetivación de las víctimas: diversidad de memorias del conflicto armado
Reconocer en el marco legal colombiano el carácter de víctimas de quienes han resistido en los territorios, no solo es una condición necesaria para que sean sujetos de reparación, sino para que la sociedad reconozca que el conflicto armado ha generado sufrimientos e impactos particulares en los modos de vida, haciéndose necesario visibilizar los procesos de subjetivación de las víctimas y la diversidad de las memorias del conflicto armado. Al respecto conviene agregar que Jimeno, Varela y Castillo (2019), señalan que la Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tiene una frágil categorización acerca de quiénes son las víctimas, por lo que proponen producir nuevos sentidos de la categoría víctima, introduciéndole su naturaleza emocional, articulando las emociones con la acción política en las narrativas de las víctimas.
Las personas y comunidades que vivieron en medio de las confrontaciones armadas y allí resistieron, tuvieron que transformar sus realidades, su modo de subjetivar las experiencias vividas, reconociéndose como parte de un colectivo, que debía reacomodarse a nuevas formas de relacionamiento, y de desarrollar la vida para lograr la permanencia en el territorio. Al respecto, Montero (2004) destaca la capacidad de las minorías, de aquellos que están en posiciones de poder sometidas, ellos muestran una sorprendente variedad de recursos que les permiten mantenerse en medio de condiciones adversas, estas minorías desarrollan una serie de acciones de resistencia individual y colectiva que confrontan el poder coercitivo que intentan establecer los grupos legales e ilegales en los diferentes territorios del país.
Cuando no es posible o viable realizar la confrontación directa, recurren a otras acciones que Scott (2000) denominó como cotidianas, silenciosas y sutiles, que se producen a espaldas de los opresores, y que, si bien el propósito inmediato está dirigido a buscar la supervivencia, en ellas se presenta una lucha de emancipación frente al poder autoritario que imponen los actores armados. En el Oriente Antioqueño, algunas de estas acciones de resistencia individual fueron: engaño, simular discapacidad física para evitar ser reclutado, no hablar sobre los actos violentos, cuidar la vida propia, de familiares y vecinos, etc. Se ve aquí como la resistencia silenciosa hace parte fundamental en la resistencia civil. Acciones inteligentes y similares que representan el actuar en contra de la fuerza han sido documentadas en otros estudios en los municipios de Cocorná (García, 2017), San Francisco (Arias, 2014; Gallego, 2016) y San Carlos (CNMH, 2011; Rojas, 2018). Estos estudios se han focalizado en población incluida en el RUV, lo interesante es que estos registros múltiples y diversos sobre las formas de resistencia que la población civil desarrolla, demuestran que la resistencia no se restringe a quienes se quedaron en el territorio.
Resistencia social: prácticas que desafían y cuestionan el poder arbitrario
Quienes permanecen en territorios donde opera el conflicto armado, la hostilidad y la coerción,
desarrollan una serie de actos que se oponen a las acciones y poderes que intentan ejercer los
actores armados. En ese sentido, conforme a lo descrito por Uribe (2006) se produce resistencia
social, en tanto que se originan prácticas que desafían y cuestionan el poder arbitrario de los
operadores de la violencia logrando con ello garantizar la subsistencia. En el caso del Oriente
Antioqueño, las personas que permanecieron durante un periodo álgido del conflicto armado
desarrollaron acciones colectivas de confrontación directa con los actores armados, como
cuestionar pacíficamente a través del diálogo las decisiones de un grupo armado para defender la
vida de un integrante de la comunidad. Para apoyar esta postura podemos considerar la frase de la
ganadora del Goldman, Francia Márquez, (2018):
Es de resaltar que las experiencias de quienes no abandonaron el territorio en la ruralidad del Oriente Antioqueño, de manera individual o por decisiones familiares, no se asemeja a las experiencias donde las comunidades de manera colectiva deciden no dejar su territorio. Ellos deciden quedarse como comunidad, de manera colectiva y no violenta para defender su territorio, ejercer su autonomía y defender la paz en la región. Tal como ocurrió en las comunidades de paz del corregimiento de San José de Apartadó (Montealegre, 2018; Rivera, 2020), las resistencias colectivas de los indígenas del Cauca (Lavalle, 2018) o los movimientos campesinos en el Norte de Santander y Nariño, denominadas zonas de paz (Mouly & Garrido, 2018).
Si bien, las experiencias de resistencia identificadas en el Oriente Antioqueño fueron por voluntades individuales, hay una similitud con las experiencias anteriormente descritas en tanto las personas que se quedaron en el territorio, lograron desarrollar acciones colectivas en sus comunidades para protegerse conjuntamente, y solo así fue posible confrontar de manera directa a los actores armados. Como lo plantea Montero (2002), parafraseando a Lévinas: solo podemos ser si estamos con otros, entre otros. La resistencia entonces se colectiviza con los otros.
Conclusiones y consideraciones finales
Las personas que han permanecido en escenarios de conflicto armado han logrado desarrollar estrategias de resistencia activa, desplegando acciones individuales y colectivas para preservar la existencia y seguir construyendo lazo social, esto da cuenta de la capacidad de actuar de las víctimas, quienes no son sujetos pasivos que se instalan en el sufrimiento. En consecuencia, la invitación es a superar prácticas de acompañamiento a la población instaladas en discursos que generalizan los efectos psíquicos de quienes viven experiencias relacionadas con el conflicto armado, evitando la estigmatización de las víctimas desde la concepción psicopatológica del trauma, dado que cada contexto tiene sus propias dinámicas y ante la misma situación los sujetos pueden atribuir significaciones diferentes.
Así mismo, se precisa reconocer que existen víctimas en los territorios abandonados por el Estado que no están incluidos en los procesos de reparación, por tanto, no tienen la posibilidad de acceder a ningún proceso de atención psicosocial, por lo que es necesario que desde la academia luchemos por la inclusión de esta población para que accedan a una reparación integral, en esto se entiende que, trabajar la salud mental de las víctimas implica brindar condiciones de vida digna.
Frente a los procesos de reparación, el 10 de junio del año 2021 se cumplieron 10 años de implementación de la ley 1448 de 2011 Víctimas y Restitución de Tierras, se actualizó su vigencia por 10 años más sin hacerle modificaciones, es decir, las personas que resistieron el conflicto armado en el territorio continúan invisibles, por lo que la reparación a las víctimas en el marco de esta ley no se va a lograr. Lo único vigente para las víctimas resistentes en el territorio podría ser su visibilización y reconocimiento en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
La figura del Estado que se intenta establecer en los territorios no se puede reducir a la presencia de las fuerzas militares, se debe invertir en la ruralidad, cerrando las brechas de desigualdad social, económica y de acceso a servicios. Mientras se perpetúen escenarios de desigualdad y abandono de territorios, los conflictos continuarán escalándose, pues el narcotráfico sigue siendo un flagelo en el país y si los territorios siguen abandonados seguirán usurpados por los violentos.
Los procesos de memoria de las víctimas muestran versiones alternativas del conflicto armado a visibilizar, no solo el Oriente Antioqueño está habitado por personas que durante el periodo más álgido del conflicto armado lograron resistir permaneciendo en sus territorios. Este estudio se puede replicar y comparar con estudios similares en otras regiones del país, con ello se avanzará en el reconocimiento de otras formas de enfrentar el accionar de los violentos por parte de las personas y comunidades.
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