repl@usco.edu.co
Arelly Barbeyto Rodríguez. arelly.barbeyto@uca.edu.ni
Enrieth Martínez Palacios. enrrieth.martinez@uca.edu.ni
Juan Pablo Gómez Lacayo. juanpablo.gomez@uca.edu.ni
Martha Jaen Torres. martha.jaen@uca.edu.ni
Ruth Martínez Cervantes. ruth.martinez@uca.edu.ni
Whitney D´León Nuñez. whitney.dleon@uca.edu.ni
Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, Universidad Centroamericana (UCA)
Aceptado: 14-febrero-2022
Resumen
En este artículo reflexionamos sobre los procesos de memoria y tratamiento del pasado elaborado en/sobre
Nicaragua, su pasado reciente y su presente de crisis. En los últimos cuarenta años, el país ha atravesado
dictaduras, guerras, revoluciones, procesos precarios de paz y democratización. Nuestra premisa es que, en
cada uno de estos procesos, el Estado ha optado por la violencia como uno de sus principales recursos.
Dividimos nuestro análisis en dos partes, en la primera analizamos los años entre 1979-1990, periodo que
incluye el conflicto armado y las dos últimas transiciones políticas en la historia nicaragüense. A pesar de sus
diferencias, ambas transiciones sostuvieron que la construcción de la nueva Nicaragua pasaba por olvidar el
pasado inmediato, ya fuese éste el de la dictadura somocista o el de la revolución sandinista. Sin embargo,
existen actores que desde los márgenes cuestionan y disputan los sentidos del pasado y narrativas oficiales.
Las experiencias de algunos de estos actores marginados configuran la segunda parte del texto, en la que
exploramos las experiencias de mujeres indígenas, campesinas, redes afectivas y familiares dispuestas en
organizaciones de víctimas de la represión estatal más reciente quienes, desde sus procesos de construcción
de memoria, cuestionan el olvido como sostén de la pacificación. Como resultado de este trabajo encontramos
afectos que emergen sobre estas disputas políticas e indican que su relación con el pasado es de malestar,
insatisfacción, inconformidad. Afectos que movilizan a estos colectivos a accionar sus propias memorias a
través de lo cotidiano y lo público, de manera organizada o desde la familia. Estas iniciativas de memoria
nombran y tensionan los límites del horizonte de pacificación y democratización impuesto durante las
transiciones de la historia reciente.
Palabras clave:
Nicaragua, política, pasado, memorias, olvido, paz, crisis
Abstract
In this article we reflect on the processes of memory and treatment of the past elaborated in / about
Nicaragua, its recent past and its present crisis. In the last forty years, the country has gone through
dictatorships, wars, revolutions, precarious peace processes and democratization. Our premise is that, in each
of these processes, the State has opted for violence as one of its main resources. We divide our analysis into
two parts, in the first we analyze the years between 1979-1990, a period that includes the armed conflict and
the last two political transitions in Nicaraguan history. Despite their differences, both transitions argued that
the construction of “the new Nicaragua” meant forgetting the immediate past, be it that of the Somoza
dictatorship or that of the Sandinista revolution. However, there have been actors who from the margins
question and dispute the meanings of the past and official narratives. The experiences of some of these
marginalized actors make up the second part of the text, in which we explore the experiences of indigenous
women, peasants, affective networks and family members organized in associations of victims of the most
recent state repression events. From their processes of construction of memory, they question oblivion as a
support for pacification. As a result of this research we find affects that emerge over the political disputes;
which indicate their relationship with the past is one of discomfort, dissatisfaction, and unconformity. Affects
which mobilize these groups into working their own memories through the quotidian and the public actions,
organized from the family. These memory initiatives name and stress the limits of the horizon of pacification
and democratization imposed during the transitions of recent history.
Keywords:
Nicaragua, Politics, past, memory, oblivion, peace, crisis
Cómo citar este artículo:
Barbeyto et al. (2021). Olvidar, usar, disputar: Reflexiones sobre los procesos
de memoria en/sobre Nicaragua.
Introducción
En la historia de Nicaragua ha predominado el uso de la violencia para gestionar conflictos y disputas de poder. En los últimos cuarenta años, el país ha pasado por dictaduras, guerras, revoluciones, procesos precarios de paz y democratización. En cada uno de estos procesos, el Estado ha optado por la violencia como uno de sus principales recursos. En el año 2018, frente al inicio de masivas protestas sociales, el Estado respondió con el repertorio de violencia más letal desde la firma de la paz en 1990. El entramado de arbitrariedades e injusticias se ha profundizado y hoy Nicaragua representa una de las principales crisis de derechos humanos a nivel continental.
La activación del pasado reciente ha sido uno de los principales marcadores de la crisis política del país, aún abierta en el momento en que escribimos este artículo. Consignas, letras y cantos que dieron sentido a luchas del pasado fueron utilizadas nuevamente, pero esta vez con otros sentidos. Mientras en las calles se escuchaba corear “Ortega y Somoza son la misma cosa”, el gobierno activaba su discurso sobre la paz y el no retorno al somocismo. La persistencia de esos pasados en la coyuntura actual invita a pensar sobre herencias que continúan inamovibles y afectan directamente la vida y la dinámica de nuestra sociedad.
Este artículo es parte de un diálogo extenso que se ha gestado en el marco del programa académico Memorias sociales y pasado reciente en Nicaragua del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, donde se cuestionan los procesos históricos y de construcción de memorias que emergen nuevamente desde el inicio de la crisis social y política de 2018. Entre ellos, se ha realizado una profunda discusión sobre los procesos de transición de la década los 80 y 90, así como los procesos de pacificación y amnistías. Al mismo tiempo, nos hemos acercado a actores que problematizan y disputan las memorias y sentidos sobre el pasado, dando nuevos sentidos y significados a partir de sus luchas y experiencias
Como un ejercicio de tejido, este artículo enlaza avances de investigación de seis proyectos diferentes que se mueven bajo estas discusiones. Los principales puntos de interés de nuestros trabajos son: a. elaborar nuevas lecturas críticas del proceso de pacificación y la transición democrática; b. Registrar y analizar algunos procesos de construcción de memorias que no se corresponden con las narrativas oficiales. Como equipo de investigación, damos relevancia a las voces de sujetos que hablan al margen de las narrativas oficiales, pero que poseen una capacidad de agencia en la lucha por la justicia, autonomía, sostenibilidad y centralidad de la vida. Algunas de las que destacamos son: víctimas de los crímenes de Estado, mujeres-madres urbanas, campesinas e indígenas en conjunto a sus redes afectivas, sociales y parentales.
A partir de los puntos de interés señalados, organizamos el artículo en dos partes. En la primera discutimos políticas de memoria aplicadas por el Estado desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. A pesar de describir a la revolución como un movimiento con profundas raíces populares, con la instalación de la Junta de Reconstrucción Nacional comenzó un proceso que trató de borrar un sector y una historia del país, dejando heridas abiertas en la sociedad. Los años que siguieron al triunfo, de conflicto interno y posterior acuerdos de paz, solo profundizaron la arraigada polarización política, militarización de la sociedad e impunidad. En esta parte del artículo se interroga el papel que se ha brindado a las memorias y los dispositivos estatales que fueron utilizados para su preservación, transmisión u olvido.
En la segunda parte estudiamos algunas respuestas a estas políticas partiendo de tres experiencias de redes de mujeres, familiares y afectivas. Argumentamos que la/os actora/es referidas/os y sus formas de resistir son plurales, con identidades colectivas y enunciamientos desde los márgenes del discurso público. A través de estos diálogos se puede reconocer la existencia de iniciativas de memoria que nombran y tensionan los límites del horizonte de pacificación y democratización impuesto durante las transiciones de la historia reciente. Al margen del estado y como contrapunto de este, las comunidades afectivas y redes de mujeres construyen las memorias muchas veces en modo subterráneo, siguiendo el concepto de Michel Pollack de “memorias subterráneas” como exponemos en el caso presentado de las experiencias de las mujeres miskitas y las mujeres campesinas. Asimismo, en esta segunda parte del artículo se muestran las memorias que se encuentran en conflicto con las narrativas oficiales a partir de la experiencia actual/presente del museo de la memoria de la Asociación de Madres de Abril (AMA).
La primera experiencia estudia cómo las mujeres miskitas contribuyeron a la materialización de los acuerdos de paz de Yulu, acuerdo firmado entre el gobierno revolucionario y el movimiento indígena armado en 1985. La investigación se concentra en estudiar dos comunidades emblemáticas durante el período de guerra (Yulu y Sisin), y destacar las voces de las mujeres mayores de 60 años en la construcción de la paz. Importante es mencionar que el análisis de los roles de las mujeres en la construcción de paz se cruza con el estudio de la politización y/o del uso político de sus maternidades. En el siguiente caso, la experiencia de las mujeres campesinas está centrada en la herencia por la lucha de la tierra de las madres a las hijas, la memoria encarnada de esas luchas y los vehículos de transmisión de los sentidos y las prácticas familiares y socioafectivas que dan lugar a esas luchas. Interesa mostrar la construcción de un espacio propio de las mujeres campesinas como sujetas políticas y las resistencias que se desarrollan diariamente contra las diversas violencias que experimentan las mujeres desde la exclusión. Las violencias tienen su origen en los distintos sistemas de opresión patriarcal, colonial, extractivista y corporativistas, y que afectan las distintas dimensiones de la vida personal y colectiva de las mujeres. Estas resistencias son clave para comprender el presente de las hijas y el futuro que sueñan. La tercera experiencia se detiene en la violencia estatal y paraestatal ejercida a partir de las protestas masivas iniciadas en abril de 2018. Este hecho dio lugar a la configuración de un nuevo sujeto: La Asociación de Madres de Abril (AMA), una agrupación de familiares de personas asesinadas. Esta investigación sostiene que las AMA, como actor político y sujeto de memoria, llevan la discusión de la justicia al espacio público para problematizarla y resignificarla en miras de una sociedad con verdad, justicia, sin impunidad y sin olvido. Esta investigación se concentra en estudiar la acción de memoria que se expresa a través de AMA y No Olvida, Museo de la Memoria Contra la Impunidad.
Metodología
Este artículo es el resultado de la conversación y reflexión con diversos actores comunitarios, el intercambio y la discusión permanente entre el equipo de investigación y la utilización de diversas rutas metodológicas emprendidas para recopilar información. De esta manera los archivos analizados son ricos y diversos. La primera sección del artículo se documenta en el uso de fuentes primarias y secundarias. Se hizo amplio uso del archivo hemerográfico, se revisaron los diarios La Prensa y Barricada de la década de 1980 en búsqueda de los discursos de pacificación del Caribe en 1984- 1985, el debate alrededor de la amnistía de 1988, y la construcción de la polarización social del país durante la guerra. También se utilizó la revisión de archivos documentales, fotografías y cronología producida por el Instituto de Historia del Sandinismo durante la insurrección contra el somocismo.
La segunda sección del artículo se alimenta de 11 entrevistas y dos talleres con mujeres miskitas
de las comunidades Yulu y Sisin ubicadas en la Costa Caribe Norte; la realización de 6 entrevistas
a profundidad con mujeres madres e hijas campesinas organizadas de la zona norte y occidente del
país. Finalmente, nos aproximamos al Museo de la memoria contra la impunidad, desde la escucha
atenta durante recorridos personales por el museo de la Asociación Madres de Abril y la observación,
trabajando especialmente con los
El archivo documental se expandió para abarcar notas de prensa relacionadas al museo, especialmente las publicadas en medios nacionales independientes en 2019, así como algunos discursos y comunicados publicados desde los canales de difusión del museo. La revisión del discurso estatal fue parte importante del proceso para comprender las disputas por los sentidos del pasado, en este caso analizamos discursos gubernamentales publicados en medios oficiales de comunicación.
Olvidar la dictadura y reescribir sobre su vacío
El derrocamiento de la dictadura somocista por una insurrección popular armada, en julio de 1979, marcó el inicio de una transición política en Nicaragua. Con el final de casi medio siglo de dictadura familiar (1936-1979), surgió la oportunidad de construir una nueva sociedad. Los primeros decretos emitidos por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), señalaron como objetivos la instauración de la paz y una democracia de “profundas raíces populares”. Sin embargo, a la misma vez, la Junta prohibió el uso de la “triste memoria” de la dictadura en cualquier espacio público.1 Desde su inicio, la revolución sandinista se proyectó como nacional, pero trató de borrar un sector del país, almacenando en las memorias colectivas heridas simbólicas que exigen atención.2
Según los decretos de la Junta, el vacío de la dictadura debía sustituirse con los nombres de “mártires, héroes y combatientes que cayeron luchando contra la dictadura somocista”. Si los nombres de la familia Somoza eran signos del pasado, los de los mártires, héroes y combatientes daban sentido al presente y futuro por venir. Bajo esta lógica se fueron renombrando los antiguos espacios públicos y edificando los nuevos, desde las principales avenidas, colegios y hospitales, hasta los centros de detención.
A la superación del pasado de la dictadura a través de su olvido y proscripción, le siguió una reescritura del pasado inmediato y de la historia nacional. Así lo indica Margarita Vannini cuando afirma que el triunfo de la revolución activó un nuevo “relato oficial sobre la dictadura y la revolución, convertido en la nueva historia de Nicaragua” (2020, p.26). La reescritura del pasado estuvo vinculada con la configuración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como sujeto político.3
Si bien la Junta de Gobierno tenía como objetivo marcar la restauración de la paz y la democracia en el país, ello no se tradujo en el diseño de una ruta de justicia transicional que pusiera a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en el centro de las preocupaciones políticas. Como afirma Vilma Nuñez, el expediente de violaciones a derechos humanos cometidas por la dictadura somocista quedó en “total impunidad” (2014, p.25).
Decretar la prohibición del somocismo y su disolución promovió la idea de que era posible restaurar la paz y construir una nueva sociedad enterrando a la familia Somoza, aboliendo la institucionalidad de su época y reescribiendo sobre ese terreno vacío una narrativa de sacrificio y victoria popular guiada por la vanguardia del FSLN. La reelaboración del pasado no incorporó una postura reflexiva y crítica en torno a tener presente –no olvidar ni borrar– que las causas que provocaron las múltiples injusticias causadas por la dictadura estaban instituidas en las raíces de la sociedad y que estos patrones culturales podían persistir más allá de un cambio político institucional y seguir presente en la cultura revolucionaria. El imperativo “somocismo nunca más” no estimuló una reflexión crítica del pasado como mecanismo para evitar su repetición.
La pacificación encadenada a un pacto de silencio y olvido
Ni la paz ni la democracia de “profundas raíces populares” declaradas en el Estatuto Fundamental fueron aspiraciones alcanzables durante la década de 1980. Un nuevo ciclo bélico y de conflictos políticos se extendió a lo largo de diez años y sólo finalizó con las negociaciones de paz y las elecciones de 1990. El nuevo ciclo bélico alentó la persistencia de la lógica militar en la sociedad: polarización amigo-enemigo en el discurso político nacional, cultura política de mando/obediencia y un escenario proclive a la impunidad con respecto a la violación de derechos (Kinloch 2004, p. 323).
Los primeros diálogos en búsqueda de la desmovilización y la paz se realizaron entre el gobierno y la resistencia indígena armada, un dato que tiende a ser pasado por alto, como sugiere Salvador García (2020, p.72). Sin embargo, la memoria subterránea de los desatendidos Acuerdos de Paz de Yulu persisten en las mujeres-madres miskitu, quienes jugaron un papel central para alcanzar la paz. En 1983 y 1985 se promulgaron amnistías destinadas a propiciar la desmovilización en esta región. En 1987, con la firma de los Acuerdos de Esquipulas, inició un proceso efectivo de negociación del cese al fuego ya de carácter nacional y centroamericano. En el marco de este ciclo de negociaciones, las amnistías ocuparon un lugar relevante como herramienta para alcanzar el fin de la guerra.4 El gobierno sandinista promulgó una amnistía en 1988. Además, suspendió el Estado de Emergencia Nacional y levantó la censura de prensa. Un año después, en 1989, adelantó las elecciones para inicios de 1990 y convocó a un diálogo nacional. Como señala Kinloch, para ese momento la guerra había cobrado la vida de más de treinta mil personas y una cantidad similar de personas quedaron heridas o mutiladas (Kinloch, 2004, p. 332).
La promulgación de amnistías continuó aún después de la derrota del FSLN en las elecciones de 1990. Nuñez recuerda la amnistía promulgada por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, en 1990, a “todos los que cometieron delitos durante la guerra” como parte de su discurso de reconciliación (2014, p. 32).
Tanto en la década del 80 como en la transición política iniciada en el 90, las amnistías fueron consideradas una herramienta decisiva para la resolución de conflictos y la pacificación. Si bien las amnistías allanaron el camino hacia la paz, la pacificación quedó encadenada a un pacto de silencio y olvido. Las amnistías sustituyeron la posibilidad de justicia. Elizabeth Jelin (2002) identifica las amnistías como políticas de olvido, subrayando que la disposición al olvido no es una actitud natural con respecto al tratamiento del pasado. Por el contrario, es una postura social configurada a través de estrategias de poder
En el caso nicaragüense, es claro que actores nacionales e internacionales confluyeron en la elaboración de un ambiente de disposición al olvido de la guerra como modo de superarla e iniciar un camino hacia la reconciliación. Pero, como señala Daniel Lvovich, si bien las amnistías permiten iniciar un nuevo ciclo político sin violencia, juegan un papel significativo en la persistencia de la impunidad como marcador social (2016, p. 20). Al transitar de la guerra a su ausencia sin cuestionar la impunidad y sin exigir justicia, fomentamos su continuidad en la caja de herramientas de la política nacional.
Vannini y Oettler han señalado a las élites que acordaron el desarme y firmaron la paz como principales responsables de la arquitectura de la pacificación. En palabras de Vannini, “en la negociación se distribuyeron cuotas de poder, se aprobaron leyes de amnistía y se decretó, desde arriba, la reconciliación y el olvido” (2020, p. 30). García concuerda con el planteamiento anterior, añadiendo que “desde 1990 hasta la actualidad el fundamento ético del Estado, en relación con el conflicto armado, fue la reconciliación construida sobre el olvido y el silencio” (2020, p.76-77).
A los planteamientos anteriores agregamos que, además de los sectores directamente vinculados
a la negociación del desarme y la paz, otras agencias sociales también encontraron en el olvido, vía
amnistías, la ruta para acordar la pacificación. En nuestros análisis de fuentes hemerográficas,
especialmente los periódicos
Por último, en el caso nicaragüense el uso de la amnistía como herramienta de predisposición al olvido debe ser considerada en un marco histórico de mayor duración. Más de 50 leyes de amnistía han sido promulgadas a lo largo de la historia del país (Barberena Gutiérrez, 2020), convirtiéndolas en uno de los recursos más utilizados para la resolución de conflictos.
Olvidar y usar el pasado
El gobierno que estuvo en el poder entre 1990 y 1995 no tuvo interés en esclarecer las violaciones a derechos humanos cometidas en los conflictos anteriores. Como señala Oettler, a pesar de que para la última década del siglo XX existía una “creciente conciencia global en torno a las políticas del pasado y la justicia transicional” (2013, p. 8), no se implementó un proceso de justicia transicional ni se inició una investigación de esclarecimiento y reflexión histórica.5
La transición tampoco estimuló un fuerte movimiento de derechos humanos. El concepto de víctima fue prácticamente inexistente. Nuñez lo reafirma: “tenemos una deuda pendiente con las víctimas de las transiciones que hemos vivido, casi todo ha quedado en la impunidad” (2014, p. 24). Si bien el discurso público decretó el deseo de reconciliación entre hermanos antes enfrentados, ello no motivó procesos orientados a la valoración del pasado como terreno de aprendizajes y lecciones. Transitamos a la pacificación con la esperanza de no repetir la violencia pero sin herramientas políticas, jurídicas, institucionales y pedagógicas orientadas a lograrlo.
Una diversidad de actores promovió un discurso público en torno a la idea de que era necesario olvidar el pasado de la guerra como condición para que el país alcanzara el desarrollo y dejara atrás décadas de pobreza. Como argumenta Jorge García, los grupos con poder de administrar el discurso público cuentan con los instrumentos necesarios para tratar de borrar el pasado, así como también asignar puntos de vista y estructurar el discurso público en torno al pasado. Al ejercer este poder, señala este autor, estos grupos gestionan el tiempo histórico, estructurando las relaciones sociales entre pasado y presente, memoria y/olvido (2007, p. 134).
No todo fue olvido. Actores ligados al nuevo gobierno iniciaron un “proceso de dessandinización” (Vannini 2020, p.70), construyendo una memoria de los años 80 nucleada en torno a la guerra, el servicio militar obligatorio, la crisis económica y la precariedad material. Dicha memoria privilegió, como argumenta Adriana Palacios, la “experiencia traumática” (2012, p.59). La “noche oscura” fue la metáfora que suturó esta memoria.6 La publicidad elaborada por partidos políticos antisandinistas para las campañas electorales de 1996 y 2001 es clave en la elaboración de esta memoria, así como en su difusión al servicio de proyectos políticos entonces en competencia. En estas narrativas, como señala Palacios, el “acto de rememorar no busca la restauración sino instalar una memoria como dispositivo de miedo” (2012, p.61). En vista de lo anterior, los conceptos de pacificación y reconciliación carecieron de un valor filosófico y programático que les permitiese modelar un ánimo social distinto al miedo de revivir la guerra y la escasez. Tampoco existió voluntad de preservación de las experiencias pasadas para seleccionar democráticamente qué aprendizajes y legados transmitir del pasado a las nuevas generaciones. A pesar de la ausencia de interés del Estado de mantener las memorias como enseñanzas para el futuro, desde los márgenes algunos grupos de mujeres-madres campesinas del norte y occidente del país se reorganizaban luego de la derrota del FSLN para continuar su lucha por la tierra. Utilizan sus experiencias del pasado para educar a sus hijas, obtener y conservar sus tierras para su autonomía, lucha de sus derechos y nuevas oportunidades socioeconómicas. Igualmente resisten las madres de los nicaragüenses asesinados por el Estado en las revueltas de 2018. Ellas se oponen al discurso oficial de que sus familiares fueron los responsables de la ruptura de la paz. Las respuestas de las mujeres-madres serán discutidas en la segunda sección del artículo.
Como hemos visto hasta aquí, 1979 y 1990 marcan las fechas de las dos últimas transiciones políticas en la historia nicaragüense. A pesar de sus diferencias, ambos procesos sostuvieron que la construcción de la nueva Nicaragua pasaba por olvidar el pasado inmediato que les antecedía, ya fuese este el de la dictadura somocista o el de la revolución sandinista. Ninguna de las transiciones políticas del pasado reciente puso en marcha un proceso de justicia transicional que colocara a las víctimas de la violencia en el centro de las preocupaciones. Así lo señala Anika Oettler al decir que ni en 1979 ni en 1990, “las víctimas de la violencia masiva, con sus necesidades y aspiraciones, fueron tomadas en cuenta” (2013, p. 21). Esta situación ilustra el incumplimiento sistemático por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones respecto a la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el marco de transiciones políticas. Tan preocupante como lo anterior es nuestro incumplimiento con la responsabilidad de la transmisión transgeneracional de logros y desafíos. Y con ello, siguiendo a Paul Ricoeur, con el deber de ahorrar a las siguientes generaciones, “el esfuerzo agotador de aprender todo de nuevo cada vez” (2003, p.86).
Mujeres Miskitu: memorias de la guerra y la construcción de paz
El horizonte de pacificación analizado en las secciones anteriores se adscribe a una visión liberal de la paz. Apoyándonos en Rodolfo Vega Luquez, esta concepción de paz se concentra en el Estado y las instituciones, negando otras visiones sobre la paz, como las que se configuran desde conocimientos étnicos o la vida cotidiana (2019, p. 74-76).7 Consideramos lo anterior para argumentar que, a contrapelo de la política de olvido impuesta desde el Estado nicaragüense, existen sujetos sociales que emprenden procesos de memoria. En este acápite nos detenemos en la experiencia de mujeres de identidad indígena Miskitu del Caribe nicaragüense. A pesar de que la guerra afectó de forma significativa la vida comunitaria, las mujeres sobresalieron con su liderazgo, con capacidad de presión política tanto sobre la resistencia indígena armada como sobre el gobierno sandinista para obtener el cese al fuego. De esa manera, sus liderazgos se configuraron sobre un contexto y propósito específico: lograr que las familias desplazadas de manera forzada por la guerra regresaran a sus comunidades y territorios de origen, retomando la convivencia pacífica y la reunificación familiar como objetivos de largo aliento y como finalidad de las paces desde abajo (Hernández Delgado, 2009).8
Las mujeres Miskitu no fueron consideradas como actoras constructoras de paz. Al concentrarse en la institucionalidad, el discurso de la pacificación no mira a las mujeres miskitu como actoras sociales activas en la pacificación de sus comunidades afectadas por la guerra. Ni las mujeres ni la comunidad aparecen como sujetos activos; no son sujetos con capacidad de emitir enunciados y decir algo en torno a la paz.9 Sin embargo, cuando las mujeres miskitu construyen sus memorias de la guerra de los 80, la narrativa estatal de la pacificación no predomina.
En nuestras investigaciones hemos trabajado con 30 mujeres miskitu mayores de 60 años. La gran mayoría hablan solo miskitu, su lengua materna. En la actualidad dedican la mayor parte de su tiempo a labores de cuidado, actividades agrícolas y religiosas. Apoyándonos en Jelin, construir sus memorias significa “remover los recuerdos y las emociones” (2020). Así, desde los márgenes, desde las voces que para la paz liberal “no tendrían nada memorable que contar” (Jelin, 2020) es posible identificar otras visiones de la construcción de la paz. Seguimos a Jelin en la idea de “convertir lo habitual, lo cotidiano en memorable” (2020). También, identificamos la comunidad y el marco familiar como dimensiones importantes en la construcción de las memorias de la guerra y la pacificación.
Cuando ellas toman la palabra, la guerra emerge como una época que quebró el equilibrio comunitario. Frente a esta ruptura, las mujeres configuraron una agencia social dócil, para decirlo con Saba Mahmood (2019). Se reunieron y congregaron en espacios colectivos como las iglesias, ayunando, orando, cantando. Pero también diseñaron estrategias para buscar a sus familiares desplazados por la guerra y reintegrarlos a sus comunidades.
Las contribuciones de las mujeres a la pacificación de sus comunidades se comprenden mejor si consideramos sus roles en la estructura parental. Araceli García afirma que, en el marco de la guerra y la movilización armada indígena contra el gobierno sandinista, las mujeres Miskitu “asumieron las funciones y atribuciones decisorias de la familia y de la comunidad en sustitución de los hombres” (2000, p. 137).10 A ello es preciso añadir que las estructuras parentales Miskitu propician el liderazgo de las mujeres. El tipo de residencia grupal es matrilineal, en el que prevalecen “las redes de redistribución económica y solidaridad” (Chiriboga 2002, p. 82), destacando las mujeres ya que cumplen con funciones sociales que rebasan el ámbito doméstico. Por eso, señala García (1996), la solidaridad femenina en la sociedad Miskitu es fuerte y perdurable.
García también destaca el lugar privilegiado de la maternidad en la sociedad Miskitu. La maternidad constituye un vehículo de liderazgo y autoridad familiar, también grupal y comunitario. En ejercicio de sus maternidades, las mujeres Miskitu coordinan aspectos fundamentales en coyunturas críticas y de guerra, como la cooperación y la solidaridad necesarias para la subsistencia de las familias y las comunidades (2002, p.72-73).
Las mujeres trabajaron desde estos roles en lograr la desmovilización de sus hijos y familiares que se integraron a la resistencia indígena armada en la lucha contra el gobierno sandinista. Como esposas, hermanas, madres o abuelas, su principal motivación era volver a ver a “sus muchachos”.11 Lo anterior nos sugiere la importancia de poner atención a otras estructuras sociales para comprender los procesos de construcción de paz, sobre todo aquellos que involucran poblaciones indígenas.
Una vez que las mujeres se sintieron invitadas por el gobierno sandinista para llamar a sus descendientes a desmovilizarse acogiéndose a las amnistías, ellas se movieron a buscarlos.12 Transitaban por puntos ciegos y tortuosos, conducidas en silencio hasta lograr ver a sus descendientes. Generalmente solo la familia más cercana conocía de su intención de búsqueda. En algunos casos, eran acompañadas por otras mujeres (madres, suegras, cuñadas o hermanas), en grupos pequeños y emparentados. El margen de acción abierto por el gobierno con la promulgación de amnistías destinadas a desmovilizar a los insurgentes indígenas fue utilizado por las mujeres para reintegrar a sus familiares desplazados o movilizados en la guerra.
Uno de los asuntos que las mujeres enfatizan en la construcción de sus memorias en torno a la pacificación, elaboradas desde el presente, es una especie de división sexual del trabajo de la pacificación. Mientras los hombres –parientes, esposos, hijos, novios, hermanos, sobrinos—son los guerrilleros que luchaban por defender derechos para su pueblo y en ese afán firman la paz, las mujeres ni dialogan con las autoridades estatales e indígenas en resistencias, ni acuerdan la paz. Ellas ejercen una función menos visible pero importante. Sostienen la subsistencia durante la guerra y la capacidad de crear puentes de comunicación orientados a garantizar el retorno a la vida en comunidad. Son las que sueñan y alcanzan el deseo común de regresar a la convivencia previa a la guerra, una convivencia rememorada como unidad familiar, comunitaria y pacífica.
En lugar de ser una paz-singular-Estado-olvido, la construcción que hacen de la paz las mujeres miskitu es una paz-plural-comunidad, una paz sentida desde su propia feminidad rural e indígena. Las memorias de las mujeres que vivieron la guerra y la ruptura de sus espacios de convivencia comunitaria y territorial abren y amplían el concepto de paz tradicional pensada como “ausencia de guerra” (Harto de Vera, 2016) a un concepto en que la paz está anclado a la comunidad. Los procesos de construcción de memorias complejizan cómo narramos y comprendemos nuestro pasado reciente. En este caso, frente a la narrativa de la paz-amnistía-olvido, las memorias de las mujeres Miskitu elaboran una narrativa distinta.
De madres a hijas: resistencias colectivas y procesos de memorias en las luchas por la defensa de la tierra
Ahora nos movemos a otra experiencia de construcción y transmisión de memorias que opera a contrapelo de la política de olvido. Si en la sección anterior señalamos que el modelo de pacificación marginó dimensiones culturales y étnicas importantes para la desmovilización armada y la reintegración comunitaria en el caribe, ahora enfatizamos la dimensión neoliberal constitutiva de la pacificación. Democratización electoral exprés más liberalización mercantil fue la limitada fórmula seguida en esta transición, a saber de Roland Paris, dejando por fuera una preocupación por la construcción de institucionalidad democrática como elemento propiciador de una paz sostenible (2002, p. 5).
En este marco de cambios políticos y económicos emergió el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). En palabras de Sofía Montenegro, “el Movimiento de mujeres de Nicaragua no sólo realizó la sustitución del liderazgo carismático —mandatado por la izquierda— por uno propio a principios de los noventa, sino que a mediados de la década ya había logrado desarrollar y ampliar con éxito su propio campo pluriorganizativo” (1996, p.314). Una sobresaliente expresión organizativa en el Movimiento fueron las mujeres campesinas que luchan por la tierra y por procesos de empoderamiento integral para las mujeres rurales.
Nuestro análisis se concentra en dos organizaciones de mujeres campesinas. La primera se encuentra ubicada en el norte de Nicaragua. La segunda está ubicada en la zona de occidente. Ambas organizaciones tienen más de dos décadas de lucha por la tierra e integran a madres e hijas.13 Las mujeres adultas-madres se integran a mediados y finales de los años 90 en sus espacios organizativos. Han transcurrido alrededor de veinte años desde que iniciaron su camino en la conformación de cooperativas de mujeres. En el caso de las mujeres jóvenes-hijas, participan desde adolescentes, en procesos de formación en liderazgo, teoría feminista, derechos sexuales y reproductivos, derecho a una vida libre de violencias. Actualmente se encuentran activas en las organizaciones y reciben formación técnica para la producción agroecológica. Nuestra tesis es que las resistencias por la defensa de la tierra activan procesos de construcción y transmisión de memorias. Uno de los principales canales de rememoración se configura en los vínculos filiales entre madres e hijas.
La lucha por la tierra activa una memoria sobre la última década del siglo veinte que hace énfasis en las consecuencias sociales de las políticas económicas neoliberales y en la desestructuración de sujetos colectivos. Destaca al respecto la escasez económica en el campo, las migraciones y el miedo a perder sus tierras. Paradójicamente, estos mismos años simbolizan para las madres sus primeros pasos en la construcción de autonomía conformando cooperativas de y para mujeres campesinas. También en esos años lograron acceso a la compra de tierra colectiva para producir café. En la siguiente cita, una madre campesina rememora algunos aspectos de su experiencia de organización colectiva:
[…] Cuando se formó la cooperativa, ya nosotros comenzamos a vender el café organizadas así todas, y miramos que era mejor […] Todo eso me ha servido mucho como organización, cooperativismo […] Me siento muy empoderada […] Porque hasta hoy ya tengo muchas cosas que me sirven a mí y a las demás mujeres también (Entrevista, febrero de 2021).
Las voces de las mujeres, madres e hijas dan cuenta de las vicisitudes de una lucha en torno a la construcción de su autonomía y el acceso a la tierra durante las últimas tres décadas (1990-2020). Durante este tiempo, el fortalecimiento de la conciencia de derechos y la implementación de alternativas económicas son el resultado de iniciativas que las mujeres campesinas erigen al margen Estado, gobiernos y partidos políticos. Leamos cómo una de las jóvenes-hijas sintetiza la toma de conciencia de sus derechos y el autorreconocimiento de sus formas de lucha frente a un estado que no responde a sus demandas:
¿Cuáles son las respuestas de este Estado para las mujeres? ¿o en el tema de la violencia? Todas esas cosas las tenemos claras en el espacio en el que estamos […] Estamos haciendo cosas nosotras mismas por nuestras vidas, por producir, por rescatar semillas, por el agua, porque si nos esperanzamos a estas instituciones pues ahí moriríamos. (Entrevista, febrero de 2021).
Transmisiones de madres a hijas: legados y negociaciones de sentido
En el acápite anterior argumentamos que las resistencias por la defensa de la tierra activan procesos de construcción y transmisión de memorias, y que uno de los principales canales de rememoración se configura en los vínculos filiales entre madres e hijas. Para desarrollar este argumento seguimos a Jelin (2002) y Kaufman (2007) en torno a la importancia de conceder a las hijas capacidad interpretativa en el proceso de transmisión y elaboración de memorias. Como señala Jelin, “para poder transmitir los sentidos del pasado hay al menos dos requisitos: el primero, que existan las bases para un proceso de identificación, para una ampliación intergeneracional del «nosotros». El segundo, dejar abierta la posibilidad de que quienes «reciben» le den su propio sentido, reinterpreten, resignifiquen —y no que repitan o memoricen” (2002, p.126). Seguimos estas reflexiones y estimamos de carácter dialógico los procesos de construcción y transmisión de memorias entre madres e hijas. Como también afirma Jelin, “la «misma» historia, la «misma» verdad, cobra sentidos diversos en contextos diferentes” (2002, p.126). Como veremos, lo anterior es notable en las jóvenes-hijas campesinas en sus lógicas de recepción negociada, dejando entrever el desapego ideológico del proyecto sandinista que forma parte de su núcleo familiar.
Las apuestas que las jóvenes ponen en marcha en el presente se nutren del reconocimiento de una historia de exclusión y discriminación que han vivido en carne propia como resultado de un modelo de concentración de la tierra. No obstante, el espíritu de resistencia que se cultiva y transmite desde el ámbito familiar y organizativo moviliza sus apuestas. Las jóvenes luchan en el presente por garantizar la seguridad alimentaria personal, familiar y, más ampliamente, la autonomía, la sostenibilidad de la vida libre de violencias. En vista de ello, leemos la familia y la organización de mujeres campesinas como comunidades de memoria.
Si bien las madres son las principales transmisoras de prácticas familiares y afectivas, las jóveneshijas también incorporan a las abuelas y abuelos como figuras que transmiten sentidos del pasado. El espíritu del trabajo, el amor por la tierra, y en algunos casos también una especie de conciencia de clase, son algunos de los legados que las hijas destacan en el presente. La siguiente cita es ejemplo de ello:
[…] yo creo que el legado de mi familia, de mis padres, de mis abuelos es el trabajo en la agricultura. Como es una familia que han vivido siempre de la tierra, o sea son campesinos que nunca han emigrado, han vivido de la tierra y lo que producen, entonces eso me ha calado, me ha formado […] (Entrevista, febrero de 2021).
Esta cita revela que las hijas aprecian el trabajo en la agricultura como un legado valioso de madres, padres, abuelas y abuelos. Además del valor simbólico a nivel familiar, la transmisión transgeneracional del valor por el trabajo agrícola constituye la base de una práctica de resistencia colectiva. Comprender el legado familiar del trabajo en agricultura es fundamental para entender su posicionamiento crítico con respecto a la migración y el modelo de desarrollo predominante. Leamos el testimonio de otra hija que también recupera el amor al trabajo como un legado familiar:
Creo que el legado es eso, el amor al trabajo. Porque vengo de una familia que vive de la tierra, justamente de lo que produce y eso es el campesino. Un tabacalero no es un campesino, es un productor. Lo que produce no es ni para comer (Entrevista, febrero de 2021).
Esta cita reafirma el trabajo campesino y la producción de su propia subsistencia como un legado familiar. Además, es preciso subrayar cómo un legado familiar resulta fundamental para comprender un posicionamiento frente al valor o disvalor de las actividades económicas, y el valor del trabajo para las necesidades de la sociedad. En este caso, se señala que la producción de tabaco no garantiza la soberanía alimentaria. En cambio, ser campesina es propiciar su propia subsistencia y además contribuir a la soberanía alimentaria.
La cita también es un ejemplo del uso performativo de la memoria, como lo cataloga Jelin. En sus palabras, más que representar o recordar el pasado, los sujetos “se apropian y ponen en acto elementos de ese pasado” (Jelin, 2002, p. 121). Vemos una puesta en acto del legado familiar del trabajo campesino. La identidad campesina y el trabajo en agricultura no es solo una lucha del pasado. Tiene continuidad en el presente y es asumido como un legado familiar, afectivo, y una resistencia feminista agroecológica para contrarrestar las violencias sobre sus cuerpos y territorios. Siguiendo a Halbwachs (2004), se hace referencia a una memoria colectiva enmarcada en el ámbito familiar. El espacio filial se comprende como un lugar de herencia y legado de prácticas culturales transgeneracionales que giran alrededor del valor y significado de la tierra. Prácticas que son transmitidas a través de la oralidad, y que contribuyen al fortalecimiento de la identidad campesina de las mujeres jóvenes.
Si bien el trabajo y la identidad campesina es considerado como un legado que sirve al presente, con respecto al sentido político del proyecto sandinista existen cuestionamientos significativos. Las jóvenes reconocen que si bien existe una memoria familiar de la revolución que las ha marcado en cuanto a su conciencia de clase, no significa que no puedan cuestionar ciertos sentidos del proyecto sandinista que idealizan sus madres, abuelas y abuelos. Una joven-hija señala al respecto:
[…] los ideales, restituir los derechos de los campesinos, que la gente aprendiera a leer y a escribir, las cooperativas […] todo ese trabajo colectivo que para mí es positivo. Ha influido mucho en mí, para poder yo tener una opinión. Y esos ideales de Sandino, de trabajar por y los más vulnerables, los campesinos, las clases obreras y no para favorecer al capital [...] pero he aprendido a ser crítica, yo digo: estamos en un sistema autoritario. (Entrevista, febrero de 2021).
En la construcción de sus memorias de la revolución sandinista, las hijas destacan los ideales, la restitución de derechos, especialmente al campesinado, la alfabetización, el trabajo en cooperativas. El impulso al trabajo colectivo que se realizó durante la revolución es fundamental para comprender su valoración del trabajo colectivo en el presente y del potencial mismo de la organización social. Además de la revolución, tienen una memoria más larga que incluye a Sandino, sus ideales, su trabajo con los sectores más vulnerables del país. Sin embargo, también tienen una memoria del sandinismo como proyecto autoritario que conecta pasado y presente.
Como se muestra a continuación, la crítica al autoritarismo se extiende al señalamiento de las violencias y las violaciones a los derechos de las mujeres en el presente. Las mujeres están cada vez más afectadas por las diversas violencias, y desprotegidas en sus territorios por el estado y el gobierno. Leamos:
[…] cómo es posible que [el gobierno] diga que los datos de femicidios están inflados, y saquen otros datos y a nivel internacional salgamos bien en el tema de género, porque sabemos que la perspectiva de género de la que hablan es muy diferente al empoderamiento. Eso nos afecta a las mujeres, porque nosotras decimos el tema de los derechos, de los feminicidios, la violencia también [es importante]. […] no es prioridad la lucha contra la violencia (Entrevista, febrero de 2021).
Críticas como la anterior son resultado de una reflexión colectiva sobre las promesas no cumplidas del actual gobierno sandinista. Su sustento, y esto lo subrayamos, se encuentra en una actitud crítica instalada en el proceso de transmisión de las memorias de la revolución elaborada por sus padres y abuelos. El reconocimiento del carácter autoritario, así como la crítica a los sistemas de opresión (patriarcal, capitalista, corporativo, colonial) que las jóvenes-hijas han venido construyendo de manera colectiva en sus organizaciones de mujeres, las motiva a resignificar sus luchas, integrando en sus agendas del presente la ampliación de sus derechos en el sentido feminista: el derecho a la tierra, derecho a educarse, organizarse, a exigir el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a una vida libre de violencias hacia las mujeres. Además, aspiran a la transformación de las relaciones de poder no solo entre hombres y mujeres sino también en la relación con la naturaleza y los seres vivos que se refleja en su práctica agroecología, como indica una de las jóvenes-hijas:
[…] la agroecología no es solo es la manera de producir, sino que debe de cambiar, restaurar la manera de relacionarnos con los seres vivos […] si es manejada por machos y las mujeres no tienen tierra […] A todo no podemos llamarle agroecología, tiene que haber transformaciones sociales y eso pasa por los hombres, las relaciones entre hombres y mujeres que son desiguales y la manera de relacionarnos con todos los seres vivos, con el suelo, con el agua. Cambiar y transformar esa sociedad, con eso tienen que ver la agroecología, no solo verlo desde lo productivo (Entrevista, febrero de 2021).
Esta crítica pone de manifiesto el anhelo de una transformación que insta a ejercer nuevas formas de relacionarse. La agroecología es una apuesta colectiva y organizativa que armoniza la sostenibilidad alimentaria de las mujeres con la preservación de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, las mujeres desde sus organizaciones feministas continúan demandando la redistribución equitativa de la propiedad y los medios de producción entre hombres y mujeres para trabajar la tierra de forma digna.
Como hemos visto hasta aquí, los espacios filiales, las redes afectivas y organizativas son canales fundamentales para la transmisión de memorias. La evocación del pasado sirve a la reflexión sobre las luchas del presente, especialmente su autonomía y la defensa de la tierra. Las hijas encarnan las luchas de sus madres. Por tanto, la memoria se concibe como una herramienta importante para las apuestas políticas que asumen las hijas en el presente, y para el ejercicio de autonomía y de resistencia que emplean las madres y las hijas cotidianamente frente a la intersección de múltiples opresiones. Siguiendo a Troncoso y Piper (2015), la construcción de memorias de las mujeres campesinas se produce desde su lugar de sujeto en resistencia frente a las violencias pasadas y presentes. Y también frente al olvido impuesto desde el estado y de las elites que pactaron la paz e impusieron el modelo de desarrollo neoliberal.
Memoria y Justicia: La Asociación Madres de Abril (AMA)
Para finalizar, presentamos un proceso de construcción de memorias que surge en el marco de la crisis política que vive la sociedad nicaragüense desde abril de 2018. La violencia con que el Estado reaccionó a las masivas protestas sociales iniciadas en dicha fecha indicó la fragilidad de la paz y la reconciliación construida desde la última década del siglo pasado. Según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la violencia estatal y paraestatal ha conducido a un estado policial de facto y a una de las crisis de derechos humanos más agudas a nivel continental.14 Sin embargo, esta crisis también ha dado lugar a la reivindicación de los derechos humanos y la justicia como núcleos de un horizonte democrático.
Desde el inicio de las protestas sociales, las más altas autoridades políticas del país desconocieron su responsabilidad en el ciclo de represión iniciado en 2018 y abierto hasta hoy. Utilizaron sus intervenciones públicas para elaborar un “discurso oficial de negación” (Amnistía Internacional, 2018), señalando a las ciudadanías disidentes como las responsables de la ruptura de la paz, los muertos, los atropellos a los derechos humanos y la crisis económica. Desde los primeros meses después de iniciada la crisis política, el Estado asumió una condición de víctima de un intento de golpe de Estado, demandó “derechos humanos para todos” y “reparación y justicia para las víctimas del terrorismo golpista” (El 19 Digital, 20 julio 2018). Otro componente importante de la respuesta estatal a las manifestaciones fue el ejercicio de violencia orientado a retomar y garantizar el control de los espacios públicos. Como respuesta a las iniciativas de la ciudadanía de construir memoriales de reconocimiento y dignificación a las víctimas de la represión, el Estado destruyó los memoriales
El discurso estatal ha jugado un rol fundamental en el intento de suscitar una inversión de la experiencia, un intento de apropiación de los derechos humanos y de la narrativa misma del pasado de crisis reciente. La pugna por la narrativa de la verdad de lo acontecido, por la memoria y la justicia, se ha convertido en los últimos años en una de las dimensiones principales de la crisis que vivimos.15 Nuestro análisis se concentra en una de las voces públicas más importantes sobre los ejes de memoria y justicia surgidas en la crisis: la Asociación Madres de Abril (AMA). Como veremos, AMA se ha convertido en una voz pública que pugna por la demanda de justicia, memoria y no impunidad. Su demanda por justicia hoy converge con otras luchas por injusticias de décadas anteriores.
En 2018, en respuesta a la represión estatal, familiares de personas asesinadas –madres, padres, tías, hermanas –durante las protestas masivas se organizaron en AMA. Desde su creación, su principal objetivo ha sido “luchar por defender la verdad y alcanzar justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno, así como reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición” (AMA y construye la memoria 2021, p. 13). En una de sus primeras manifestaciones en la ciudad de Managua, sus integrantes leyeron un pronunciamiento donde resaltan el cansancio de la población, y de las madres en particular, de sufrir la pérdida de familiares debido a la violencia. Expresaron lo siguiente:
Mujeres, madres, tías, hermanas y vecinas de los asesinados, heridos, detenidos y desaparecidos nos hemos conformado en el movimiento de solidaridad madres de abril. Desde hoy estamos en actividad permanente, solidarias en la lucha por la justicia y la democracia. Estamos exigiendo, no pidiendo, óigase bien: exigiendo que cese la represión y se creen las condiciones para vivir en una sociedad donde se respeten los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales. Estamos exigiendo que nuestros hijos e hijas, nietos y demás familiares que han sido testigos de múltiples episodios de represión y de guerra, sepan los nicaragüenses y el mundo que ya las madres, que ya las mujeres, que ya las tías, que ya las abuelas nos cansamos de poner los muertos, de aportar grandes cuotas de dolor para que finalmente tengamos gobiernos que gobiernan en contra de los intereses y que reprimen al pueblo. Reivindicamos también a las madres que han sido testigos de cómo sus hijos han sido reprimidos y asesinados por este régimen criminal en distintas zonas rurales y comunidades indígenas de la Costa Caribe (El Nuevo Diario, 2018).
En la búsqueda de justicia por sus familiares asesinados, AMA vinculó sus demandas con las muertes que quedaron en la impunidad en años pasados. En su primer manifiesto como Asociación, las familias expresaron que uno de sus principales objetivos era representar a las víctimas en su búsqueda por la verdad, justicia sin impunidad, la reparación integral y la construcción de memoria. AMA definió estos elementos como “los cuatro pilares para avanzar a la nación que todos queremos” (Asociación Madres de Abril, 2018), vinculando sus propias búsquedas con las principales demandas de la sociedad.
Frente a las dificultades de construir memorias en espacios públicos, en 2019 AMA construyó un
museo virtual.
El museo también es una herramienta de denuncia nacional e internacional. Frente al discurso de negación emitido por el Estado, o de señalamiento a los protestantes como criminales y terroristas, el museo nombra a las víctimas de la violencia estatal, reconstruye sus biografías, uno a uno, indicando que eran jóvenes, de diversas profesiones u oficios, estudiantes, hijos, productores, comerciantes, entre otras ocupaciones.
En 2019, AMA abrió una exhibición temporal del museo. Más recientemente, en abril del 2021, publicó AMA y construye la memoria, Libro Arte Interactivo, una extensión en realidad aumentada del museo virtual. Tanto el museo virtual como el libro interactivo son piezas que demandan justicia y memoria. Juntas desean “contribuir a dignificar a las víctimas del Estado de Nicaragua a partir de abril de 2018 y honrar su memoria”, así como “disputar el clima de impunidad propiciado por el gobierno de Nicaragua” (AMA y No Olvida, Museo de la Memoria Contra la Impunidad, 2019).
AMA es uno de ejemplos más actuales de resistencia frente a la política de olvido que recorre el pasado reciente del país. Las y los miembros de AMA pueden también ser considerados como emprendedores de memoria comprometidos con una lucha política y cultural en contra del olvido que ha sostenido la frágil paz acordada desde el final de la guerra. Así lo confirma Francis Valdivia Machado, presidenta de AMA, cuando rechaza “la proclamación del olvido como fundamento de la paz” y las amnistías como manto jurídico y político de impunidad (AMA y construye la memoria 2021, p. 19).
El olvido que denuncia AMA se extiende del pasado inmediato a un pasado de mayor extensión. Si bien el museo documenta un ejercicio de reconstrucción de la violencia en el marco de la represión estatal de 2018, las nociones de justicia y memoria que elaboran en otras secciones del museo entretejen dolores presentes con pasados. Así, por ejemplo, el imperativo de no olvidar a sus familiares víctimas de la violencia actual conecta con experiencias pasadas en que otros miembros de sus familias también han sido víctima de la violencia y sus muertes están impunes hasta hoy. Mencionamos como ejemplo la intervención de la madre de Carlos Manuel Díaz, asesinado en Masaya el 30 de mayo de 2018:
Recordar y hacer memoria es como yo se lo he dicho a muchas personas porque ahora con esto, porque yo tengo fe y yo sé de que yo le he pedido al Señor que en un futuro vamos a cambiar y vamos a triunfar y vamos a tener una vida mejor. Entonces que no sea como cuando murió mi hermano, que murió: ya murió, ya está. Entonces yo pienso (su voz se quiebra) que es recordarlo, recordarlo (sollozando) toda la vida, la lucha que él hizo porque cuando mi hermano murió en el 78, ellos lo mandan a buscar, pero solo para el aniversario del 26 de febrero allá en los Sabogales, pero yo pienso que a ellos hay que recordarlos toda la vida porque ellos dieron su vida por nosotros y-y para eso sería en mí una memoria ya después de él de muerto (sigue sollozando). (AMA y No Olvida, Museo de la Memoria Contra la Impunidad, 2019)
Recordar y dignificar son dos ejercicios presentes en el museo de AMA. La madre de Díaz elabora la complejidad de la búsqueda de justicia de las familias. Su necesidad de hacer memoria también demuestra la complicada vinculación entre eventos del presente a partir de los cuales interroga también su pasado. Esta temporalidad compleja, como le llama Jelin (2002) desafía el discurso negacionista del Estado. Al organizarse en AMA y hacer de sus ejes centrales la justicia sin impunidad, las familias víctimas de represión tejen hilos entre las injusticias que ni el Estado ni la sociedad ha sido capaz de asumir. Movilizándose desde el dolor, pero también desde el amor a sus familiares asesinados, el museo se transforma en una acción de memoria importante para interrogar el pasado en busca de un futuro digno.
Conclusiones
En relación con las políticas de memoria en Nicaragua, reflexionamos que han sido tratadas históricamente mediante la imposición del olvido y estrategias de borramiento estatal; lo anterior obstaculiza el acceso a debatir sobre lo ocurrido y a reconocer otras versiones y experiencias desde la perspectiva de diversos actores. En consecuencia, los esfuerzos para atender heridas aún presentes, así como las reivindicaciones sobre justicia y reparación emitidas por personas sobrevivientes a las violencias se ven afectados y pasan a ser asuntos pendientes y duelos no resueltos en nuestro país. Esto mismo se ve reflejado en los procesos institucionalizados de conmemoración y monumentalización, marcados por dinámicas de exclusión que niegan aquellas versiones consideradas opuestas a las ideologías del partido en turno.
Por otro lado, los períodos de transición hacia otros regímenes políticos han integrado de forma activa discursos de bienvenida a la paz, reconciliación y estabilidad, que no han sido procurados ni materializados a través de acciones concretas. La carencia del diseño de una ruta de justicia participativa ha facilitado la repetición de violaciones a derechos humanos y la recurrente violencia. Se han privilegiado los pactos entre élites políticas, económicas y sociales, y estos grupos a su vez han impulsado amnistías como respuesta a los conflictos sociopolíticos. La impunidad ha sido una práctica estatal constante.
Las amnistías pueden ser entendidas también como una estrategia respaldada por diversos actores sociales, que en su momento buscaron poner fin a la hostilidad de la guerra, y acercar a la sociedad nicaragüense a escenarios de paz y reconciliación. Sin embargo, este dispositivo corresponde a una estrategia de olvido y silencio suscritas desde el poder que invalida los esfuerzos de la sociedad por romper los mandatos de silencio y debilitan los espacios de discusión pública que aspiran a construir de forma colectiva la memoria oculta de un pueblo. Desde nuestra lectura, los efectos de la instrumentalización de los asuntos medulares como la paz, la democracia y el tratamiento del olvido junto al recrudecimiento de las políticas neoliberales ha provocado diversas contradicciones y respuestas que constituyen los siguientes períodos del país en lo que respecta al ejercicio de la memoria.
Si bien recuperamos la tesis de autoras como Oettler (2013) que argumentan sobre la ausencia de un movimiento fuerte pro-derechos humanos en Nicaragua, también consideramos que transitar de la guerra a la paz motivó el accionar de varios actores en diversos momentos y lugares. Además de ellos, consideramos que durante la década de los años ochenta se gestaron procesos de memoria que permiten comprender el accionar político que emprenden dichos actores dentro del marco afectivo familiar y organizativo para hacer frente a las políticas del gobierno neoliberal instauradas a partir de la década del noventa y al silenciamiento de la crítica a todos los asuntos que derivan de los viejos y nuevos pactos políticos que acontecen en las últimas tres décadas.
En este artículo presentamos el caso de las mujeres miskitu como constructoras de paz, mujeres campesinas por la defensa de la tierra y la Asociación Madres de Abril (AMA). En los casos se observan distintos períodos de acción: las mujeres miskitu se movilizan en el período de guerra de los años ochenta cuando sus hijos y familiares participaron de la resistencia indígena, mientras que las mujeres campesinas en el contexto posrevolucionario reivindican los legados de la revolución sobre el derecho a la tierra, el sostenimiento de las cooperativas y la alfabetización, los cuales vinculan con la tenencia de la tierra y su autonomía. Por último, las Madres de Abril se organizan para demandar justicia y verdad como contra-narrativa estatal frente a los crímenes de lesa humanidad que prevalecen en el período actual. Las experiencias de mujeres que exponemos muestran la inconformidad con el pasado, así como la crítica y denuncia del silenciamiento desde los márgenes. Cada uno de estos casos refleja cómo los grupos de mujeres, aun en la estrechez de las circunstancias, se organizaron y movilizaron para emprender procesos de memoria que subvirtieran los mandatos de silencio y olvido. Todas sostienen sus luchas a partir de redes parentales, afectivas, organizativas y comunitarias motivadas por la paz, el acceso a la tierra, la autonomía y la justicia. Los casos enuncian contra-narrativas y cuestionan las políticas de memoria que se sostienen sobre el silencio de las víctimas.
Las mujeres miskitu amplían el concepto de paz y diferente a la concepción liberal que sostiene el Estado nicaragüense, comprendiéndola desde su experiencia situada en el sentir de la propia feminidad rural e indígena. En esta experiencia, las mujeres apostaron al retorno de la vida en comunidad frente a las fisuras provocadas por el conflicto armado. Destaca el rol diferenciado entre hombres y mujeres para alcanzar la pacificación en sus territorios.
Las mujeres campesinas recuperan en sus memorias las redes diversas que colaboran en la transmisión de sus luchas, amenazadas durante el período neoliberal. Si bien los abuelos y abuelas son relevantes en esas demandas, ya que sostienen el ideal campesino por la tierra, madres e hijas avanzan hacia nuevos referentes de lucha por la autonomía y el trabajo cooperativo, abrazando la conciencia sobre los derechos y las oportunidades socioeconómicas.
Finalmente, la Asociación Madres de Abril (AMA) hace frente al discurso de negación estatal por los crímenes que se le imputan. Desde 2018, el Estado de Nicaragua mantiene un discurso que niega su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que desde entonces se registran. La negación se ha traducido en prácticas estatales de borraduras de evidencias e imposición de silencios a partir de estrategias de persecución, hostigamiento y encarcelamiento a las familias que buscan verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Desde su formación como organización, las AMA han generado una serie de acciones de memoria, donde su AMA y No Olvida, Museo de la Memoria Contra la Impunidad se destaca. Con sus acciones de memoria, las familias de AMA han promovido luchas creativas por los sentidos del pasado. La crítica central de AMA, sobre justicia real y efectiva por los crímenes de lesa humanidad lleva a afirmar que, en sus luchas actuales, las familias activan pasados distantes. Construyen y usan sus memorias para cuestionar y disputar los sentidos del pasado reciente y lejano desde el presente, y con miras de la construcción de un futuro de paz con democracia y justicia. La existencia hoy de AMA frente al Estado represor apunta a la enseñanza del pasado de la guerra, de la necesidad de un movimiento para debatir sobre la memoria histórica y disputar la narrativa oficial para obtener la paz, la justicia anhelada y la no repetición.
Referencias
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1 Estatuto fundamental de la República de Nicaragua, 20 de julio de 1979. La Gaceta No 1, 22 de agosto de 1979. Decreto No 2, Prohibición de monumentos, nombres, fotografías, afiches, etc., aprobado el 20 de julio de 1979 y publicado en La Gaceta No 1 del 22 de agosto de 1979.
2 En esta apreciación convergen las investigaciones de Margarita Vannini (2020) y Anika Oettler (2013).
3 Así lo confirma Frances Kinloch al postular que la elaboración del libro Apuntes de Historia de Nicaragua formó parte de un esfuerzo del FSLN por consolidar su hegemonía política, económica y cultural. La escritura de la historia constituía una pieza de un pensamiento político y programático “encaminado a unir bajo una sola voluntad de lucha, bajo una sola dirección, a todos los sectores de la nación” (Kinloch 2018, p.75).
4 Los 5 países centroamericanos se comprometieron a terminar el conflicto a través del diálogo, alcanzar la paz duradera y la democracia de los tres países en guerra y fortalecer las democracia de Honduras y Costa Rica. El procedimiento de dicho tratado establecía como primer paso la reconciliación nacional basada en el diálogo, la amnistía, el cese de las hostilidades y la democratización, como bases de la reconciliación donde las divisiones eran profundas.
5 A diferencia de otros países de la región centroamericana que también tuvieron conflictos bélicos en el mismo período, como Guatemala y El Salvador, las élites políticas nicaragüenses que negociaron la paz decidieron no investigar las consecuencias que las décadas de guerras y conflictos políticos heredaron a la sociedad. Como parte de las decisiones tomadas en la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña en 1992, se creó la Comisión de la Verdad, con el propósito de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto bélico. El informe elaborado por los miembros de la Comisión llevó por título De la locura a la Esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador y sus resultados se publicaron en 1993. Es importante mencionar que, solamente cinco días después de haber sido presentado el informe, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz, violando las disposiciones de los acuerdos de paz. En 2016, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía. En el caso de Guatemala se conformó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Parte del mandato de la Comisión fue esclarecer los hechos de la guerra, pero no establecer información de carácter procesal penal. Por tanto, no estaba facultada a identificar con nombres ni señalar responsabilidades individuales de los hechos acontecidos. La iglesia católica también elaboró un informe conocido como REMHI, Guatemala: Nunca más.
6 Frase que utilizó el papa Juan Pablo II en 1995, durante su segunda visita al país, para referirse a su anterior visita en marzo de 1983.
7 Así se edifica la paz en los tres países en guerra en Centroamérica. Pero también es la narrativa reproducida para hablar de los conflictos locales. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, funciona tanto para los acuerdos de carácter nacional como también para los firmados en 1985, el acuerdo de paz de Yulu entre el gobierno nacional y la resistencia indígena armada del Caribe del país. Durante el período de los años ochenta, también opera una mirada racista que margina conflictos y procesos de negociación de paz (por ejemplo, en el Caribe), y tiende a no incluirlos en la cronología de la construcción nacional y regional de la paz.
8 Las iniciativas de pacificación en El Caribe se realizaron en dos momentos: con la facción de Misurasata entre 1984-1985 y en mayo de 1985 con una facción de Misura, logrando acuerdos con el segundo grupo.
9 La dirigencia indígena que acordó la paz en Yulu se valora a sí misma como “la vanguardia” de la población indígena en resistencia. Ante esa omisión notable se consulta principalmente a las mujeres. Se adiciona entrevista a líderes comunitarios y firmantes de la paz de forma directa, realizando trabajo de campo en dos comunidades Miskitu: Sisin y Yulu en el municipio de Puerto Cabezas en febrero del 2021. La interpretación de las ausencias de los sujetos civiles (comunidades, mujeres), puede estar precedidas por razones de tipo político e ideológico de aquella época, porque no interesaba dejar el registro de las voces disidentes o porque los mismos actores desconfiaban de los investigadores. También, podría explicarse por la escasa interacción entre investigadores con las comunidades. Tampoco la pacificación fue prioritaria para investigadores y funcionarios públicos como sí lo fue la autonomía promovida por el gobierno de Nicaragua durante esa época. Los archivos son evidencia de la ausencia de mujeres y comunidades. Por ejemplo, la biblioteca del Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA), probablemente el principal recurso documental a nivel nacional sobre el Caribe del país, privilegia actores armados, intelectuales, iglesia (Morava, Católica y protestante), y al gobierno como los grupos edificadores de la paz. La población civil, y las mujeres en particular, no tienen lugar en esta historia.
10 En las comunidades rurales Miskitu casi todos están emparentados, las familias se reconocen por sus vínculos afectivos y parentales según sea la familia extendida (taya nani) o más cercano (kiamka), además de hacerse hermanos o familia por razones culturales (familias ficticias en la terminología antropológica). (Peter; 2001; Helms, 1976).
11 Desde el alzamiento en 1982 las familias asentadas en el territorio nacional no habían podido interactuar con sus hijos y parientes. Eso les llenaba de congoja. Las continuas amnistías promulgadas por el gobierno sandinista entre 1983 y 1985 eran una oportunidad para ese ansiado reencuentro entre las familias.
12 Araceli García (2000) da a entender que las mujeres conformaron las comisiones de paz (y autonomía) con una participación amplia en las zonas rurales. Las entrevistas en comunidades de Yulu y Sisin recogidas durante el trabajo de campo en el 2021, da cuenta que eran los ancianos – generalmente hombres, con participación de mujeres en algunas zonas-, y religiosos quienes la integraban; por su parte, la familia se movilizaba hasta los campamentos, principalmente en Honduras, para hablar con sus hijos y/o parientes hombres que integraban los frentes guerrilleros. El trabajo de las comisiones de paz (y autonomía), merece ser estudiado en profundidad ya que se sabe poco y existe escasa información documental al respecto. El conocimiento sobre cómo funcionaron las comisiones de paz es oral, muchos de sus miembros ya eran personas mayores, en la actualidad ya han fallecido.
13 Los nombres y ubicación de las organizaciones serán protegidos debido a la crisis política actual en la que se encuentra Nicaragua a partir de la protesta social del año 2018. Durante el período de junio a agosto de 2021 el gobierno de Ortega ha encarcelado a 36 miembros de la oposición, entre ellos 5 posibles candidatos y una posible candidata, postulantes a la presidencia en el marco de las elecciones de noviembre 2021. El resto son líderes y lideresas de la oposición, así como empresarios, y ex comandantes guerrilleros y guerrilleras que formaron parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante los años ochenta. El encarcelamiento de las personas se ha producido bajo la nueva ley 1055 o “Ley de soberanía” https://www.confidencial.com.ni/politica/diputados-del-regimen-de-ortega-aprueban-leyque-anula-competencia-politica-en-elecciones-de-2021/. Esta ley argumenta menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. De forma paralela el gobierno ha cerrado 15 organizaciones de la sociedad civil durante los meses de julio y agosto que trabajaban en distintas áreas, medio ambiente, género, niñez y adolescencia, educación, entre otras, adjudicando que no se encuentran solventes con sus rendiciones financieras y que operan al margen de la ley. Esta situación ha incrementado el temor de las organizaciones que aún subsisten en los distintos territorios del país. Ante esta escalada represiva, todos los sectores sociales se encuentran vulnerables y sujetos a un cierre repentino. Por este motivo, hemos decidido proteger las identidades tanto de las personas entrevistadas como de las organizaciones que colaboran con esta investigación
14 Existen múltiples informes elaborados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre la situación de Nicaragua en los últimos años. Por su reciente publicación, destaco el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, presentado de conformidad con la resolución 43/2 del Consejo de Derechos Humanos que muestra el panorama general de derechos humanos de agosto 2019 a diciembre de 2020.
15 Para consultar un conjunto de perspectivas analíticas en torno a este contexto, se puede ver: Nicaragua 2018. La insurrección cívica de abril (UCA, 2020).
16 La dirección web de AMA y No olvida, Museo de la memoria contra la impunidad es la siguiente: https://www.museodelamemorianicaragua.org/