[…] el Estado no es lo que era hace cien años, ni lo que se esperaba
que fuera en un futuro más o menos inmediato. En su situación
actual, el Estado carece de los medios y los recursos necesarios
para realizar las tareas que se requerirían para una supervisión y
un control efectivo de los mercados (no digamos ya para una
verdadera regulación o dirección de éstos).

Bauman y Bordoni (2017, p. 23)

Resumen: En este estudio me propongo hacer una lectura -reseña, si se quiere- del libro de Zygmunt Bauman y Carlo Bordoni1 Estado de crisis. Bogotá, Paidós - Col. Estado y Sociedad, 2a. Edición... a la luz de la movilización universitaria que tuvo uno de sus momentos de expresión en la marcha multitudinaria del 10 de octubre de 2018, a lo largo y ancho de todo el país.

Tras una breve introducción, en este estudio se dan tres pasos: 1. Se sintetizan las tesis de los autores (Bauman & Bordoni); 2. Se indican los tópicos sobre los cuales las tesis del libro permiten una lectura de las contradicciones a las que se ve abocado el ejercicio de la política en la movilización universitaria; 3. Se explícita el horizonte de la renovación del pacto social entre la Universidad Pública y la ciudadanía, al amparo de la Ley 134 De participación ciudadana como alternativa tanto para el futuro inmediato como a mediano plazo.

Abstract: In this study I intend to make a reading -review, if you want- of the book by Zygmunt Bauman and Carlo Bordoni- in the light of the university mobilization that had one of its moments of expression in the crowded march of October 10, 2018, throughout the whole country.

After a brief introduction, three steps are taken in this study: 1. The authors’ thesis are synthesized (Bauman & Bordoni); 2. The topics on the thesis of the book that allow a reading of the contradictions to which the exercise of politics in university mobilization is concerned are indicated; 3. The horizon of the renewal of the social pact between the Public University and the citizenship is explained, under Law 134 On citizen participation as an alternative future for both the immediate and medium-term.

He expresado mis dudas sobre la eficacia de las marchas y otras formas de movilización universitaria (Las 2 Orillas, octubre 5 de 2017); igualmente, he insistido -y creo que hay que volver sobre el asunto- en que hay un largo trecho que separa la movilización de la participación ciudadana. Sobre esta última ha aprendido más la nación por la consulta impulsada por Angélica Lozano y Claudia López que por todas las catilinarias universitarias. Todavía hay que prohijar ese cambio -de movilización a participación- en la vida universitaria, sin ignorar qué tiene la educación, de cualquier nivel, de prepolítico.

En fin, tomé la partida de acompañar, y acompañé, la marcha del 10 de octubre. Y lo he hecho porque esta marcha quizás sea parte de una toma de conciencia que está en camino; y no sólo entre los universitarios, sino incluso hasta del gobierno central. A diferencia de otras marchas y movilizaciones -que parten con expectativas de éxito inciertas-, la del miércoles 10 de octubre de 2018 partió con unos logros innegables -seguramente, también insuficientes-. El balance previo permitió ver que, en los argumentos y en la posición, el gobierno se mostró abierto: el dato de cómo el presupuesto de la guerra, por primera vez en la historia contemporánea de Colombia, será inferior el año próximo al de educación: le da un nivel de autoridad y legitimidad al gobierno para entrar en el diálogo; y, pone la discusión en otro punto. Quizá no se reconozca que este cambio, como logro del país, es una consecuencia del Acuerdo del Teatro Colón, pero ese dato está en el telón de fondo y tiene que ser reconocido en su historicidad. Ahora bien, ¿cómo se va distribuir ese dinero? Es otra cuestión que sigue en disputa y obliga a la acción ciudadana.

El gobierno, deliberadamente, ha afirmado que es necesario incrementar el presupuesto de las universidades públicas. No es poco que lo afirme y que reconozca el acumulado del déficit. Pero, ¿cómo se logrará ese incremento? Es otra cuestión pendiente, que exige el máximo cuidado y atención de la ciudadanía.

También el gobierno ha aceptado que se requiere incrementar la matrícula, aunque enfatiza en su apoyo a los doctorados. Un punto controversial. Por lo demás, a ciencia cierta -como sucedió en el pasado- no se sabe si el incremento de matrícula en las universidades públicas estará atado a un presupuesto que sólo crece vegetativamente; o, peor aún, si el flujo de nuevos recursos se restrinja al crecimiento de la matrícula -con lo que quedaría: “lo comido por lo servido”-.

El gobierno de hecho, acepta un incremento del presupuesto de las universidades por encima del IPC. Incluso ha argumentado que no se necesita un cambio de la ley, puesto que ésta toma ese referente como un mínimo -que no como un máximo- para el incremento anual de las transferencias. Es buen punto, aunque quizás no es suficiente, en especial, en razón del acumulado histórico del déficit.

¿Por qué, entonces, marchar? Ya quedó dicho, pero, en síntesis, porque el problema no está resuelto y tanto la ciudadanía como el parlamento, no son todavía sensibles a la magnitud de esta problemática; porque el divorcio entre el poder económico y la política sigue siendo un problema endémico; porque tenemos que avanzar en la superación de la antipolítica como uno de los mayores males que aquejan al mundo de hoy y a la universidad colombiana, en particular; porque el modelo de Estado neoliberal (que desregula, privatiza y se ordena bajo el principio de subsidiariedad) sólo se ha mostrado impotente para asegurar los derechos y las garantías sociales y económicas de los ciudadanos.

En fin, marchamos como un gesto de formación y de esperanza de dejar a las nuevas generaciones un sentido absoluto de responsabilidad con nosotros mismos y con nuestros congéneres. Pero, igualmente, considero que la marcha es un momento en la reflexión, urgente, que exige la transformación de la noción de Estado, en despliegue -más de facto, que meditado-. Es un cambio en el que los Estados, incluido el colombiano, han perdido poco a poco su soberanía y todavía no encuentran un nuevo modo de situar el horizonte de actuación ante las exigencias de sus asociados.

1. Crisis del Estado y Estado de crisis

Bauman y Bordoni (2017) sostienen que:

•El modelo postwesfaliano de Estado, territorial (p.19), al que acude la ciudadanía en las crisis (tanto de poder o económicas como de políticas o de decisión democrática), fue “poniendo de manifiesto su incapacidad para cumplir sus viejas promesas” (p.20).

•En el relevo de esa idea de Estado “la confianza pública se depositó en la “mano invisible del mercado» [...], en el poder mágico de la codicia de los panaderos”; en último término, en “la “desregulación””, la “privatización” o la “subsidiariedad”” (p.21).

•Consecuencia de este cambio es “el divorcio” (p.24; también p.34) entre “el poder y la política” (p.23). Para efectos de este punto de vista “por “poder” se entiende la capacidad de hacer y terminar las cosas, y por “política”, la capacidad de decidir qué cosas debería hacer [el Estado] mismo y qué otras deberían resolverse en el ámbito global” (p.23).

•Progresivamente se llega a la situación en la cual se tienen “políticas sin poder y […] poder sin políticas” (p.28) que deriva en la “antipolítica” (íd.) y en la variedad de expresiones de “una especie de “gobernanza” neoliberal” (p.29). Bajo este último título (“gobernanza”) se indica la actuación de un Estado “que dirige y controla a sus súbditos sin responsabilizarse de ellos” (p.29).

•El auge de las políticas neoliberales opera “el proceso de desmasificación” (p.29) que se concretiza en la postmodernidad cuando llega a abandonar al individuo “a sus propios recursos” (íd.). En otros términos, se sienta el predominio de la “autonomía del individuo” hasta dar con “aislamiento y soledad para el ciudadano global” (íd.).

•Así, “el neoliberalismo -en contraste con el liberalismo clásico- tiende a empoderar a los ciudadanos emprendedores de sí mismos” (p.30). Con ello, entonces, “elimina las responsabilidades del Estado […] e impulsa la progresiva privatización” (íd.).

•Lo cierto es que “el Estado está en crisis y, lejos de ser un proveedor y un garante del bienestar público, se convierte en un «parásito» de la población, (…) un parásito que exige más y más y da cada vez menos a cambio” (p.31)2 Es el que, en América Latina, desde la Colonia, se dio en llamar el....

•El hecho es que “los gobiernos de turno […] están expuestos a dos presiones” (p.32). Una “procede del electorado capaz de poner o de deponer al gobierno” y, otra, proviene de “fuerzas […] globalizadas, que flotan libres con muy escasas […] restricciones en el “espacio de flujos”” (p.31).

•Entonces, “Los ciudadanos creen progresivamente menos en la capacidad de sus gobiernos para cumplir lo que prometen” (p.35); así, la “crisis actual es […] una “crisis de agencia”, una crisis de capacidad de acción y reacción”; esto es, se trata de una “crisis de la soberanía territorial” (p. 36). Por ello, se puede decir, “las instituciones de los Estados-nación han dejado de ser agentes” (p.37).

•Lo que le queda como alternativa a la ciudadanía es la indignación. “Razones para estar indignados hay, y muchas” (p.38). “El denominador común” de toda esta indignación es “la humillante premonición […] y la impotencia” (íd.); esto es, la ciudadanía no sabe cómo actuar y si llega a saberlo no tiene los medios para enfrentar las transformaciones que exige el actual estado de cosas3 En un inusitado arranque de entusiasmo eurocéntrico los autores.... Así, la “protesta” social se torna “sorda y confusa” (p.47).

•El Estado sigue siendo el Leviatán de Hobbes, pero ahora éste está “despojado de su brazo operativo” (p.44). Entonces “queda reducido así a la condición de un cuerpo mutilado que se regodea en su impotencia” (íd.). Y, es impotente porque “la vertiente operativa es ahora responsabilidad de otros. Esa parte ya no le pertenece” (íd.). En resultas, “La tragedia del Estado moderno reside precisamente en su incapacidad para implementar de forma global las decisiones tomadas localmente” (íd.).

•En este escenario, “las decisiones […] en los planos económico, financiero y de desarrollo las toman, no los órganos institucionales, como lo exigiría un sistema verdaderamente democrático […], sino las élites poderosas, los grandes conglomerados empresariales, las multinacionales, grupos de presión y eso que se llama “el mercado”” (p.45).

•Se ha llegado al estado de cosas en el que “despojado de la política, el poder en el sentido económico está desconectado de todo sesgo o limitación a su actividad” (p.46). La ciudadanía queda inerme ante el poder económico transnacional. Los Estados y los gobiernos ceden bajo el supuesto de que, si desregulan, entonces habrá empleo; si los ciudadanos se emplean, entonces tendrán cómo tributar. No tributan las empresas, tributan los ciudadanos. En esto consiste el parasitismo del Estado con respecto a la ciudadanía, también la gobernanza.

•Según los autores, “Todo el mundo intenta buscar soluciones locales […] a unos problemas que son globales y que, por tanto, requieren soluciones globales” (p.48). Esta es la principal contradicción a la que se ve abocada la práctica política contemporánea.

•¿Qué significa, en este contexto, la soberanía? Aquí es donde entra en juego la filosofía política en y de la modernidad, antes y después del Pacto de Wesfalia (15 de mayo y 24 de octubre de 1648): la obra de Jean Bodin (De la Republique, ou traité du Gouverment, 1555) “allanó el camino para separar conceptualmente el poder del príncipe y la unción divina”; entre tanto la obra de Thomas Hobbes (Leviathan, 1651) postula “un «soberano» [el Estado, que no el príncipe] […] “que se sitúa por encima”” (p.56). Este Estado “ya contenía una forma de masificación” (p.57) y tiene como efecto el “contrato entre las masas y el soberano” (p.59). De este contrato “proviene […] el principio de la democracia representativa”; y, “se basa en la renuncia de parte de la autonomía individual de […] personas que son ciudadanos del Estado” (p.58). Así se llega, entre otras cosas, a que “el Estado moderno impone la obligación explícita de pagar impuestos” (p.59)4 Nota muy relevante es que “el hospicio o los destartalados refugios....

•¿Qué pasa, entre tanto, con la política contemporánea? Aunque “El Estado moderno nació […] como un órgano profundamente antidemocrático” (p.60), éste ha sido reemplazado por “el poder hipnótico de la televisión y de los medios de comunicación” (íd.).

•El opuesto a la metáfora del Leviatán5 Bauman y Bordoni dan un peso superlativo al Leviatán. Como se verá..., es Behemot: “la otra fuerza a la que el Leviatán se enfrenta y trata de desarmar y someter: la fuerza de la anarquía, la rebelión y las enemistades intestinas, incrustadas para siempre en el “estado de naturaleza” de los seres humanos a menos que éste sea contralado o sometido por un “estado artificial”” (p.63).

•Incluso para Weber “el Estado moderno” mantiene “el monopolio de los medios de coerción y sobre el uso de estos” (p.64); mientras “los Gobiernos […] buscan la obediencia de los ciudadanos” a través del “adoctrinamiento ideológico” (p.65) en el intento de que se logre “suscitar la identificación de los ciudadanos con el Gobierno de su país y la aceptación de una “servidumbre voluntaria”” (íd.). Pero los Estados y los gobiernos han perdido esa capacidad de proteger a sus ciudadanos, entonces “esa función […] ha sido “externalizada” y “subcontratada”” (íd.) hasta adquirir la “forma de “producción de demanda”” (íd.).

•Mientras el modelo del Estado moderno prohijó la masificación y desconfió de la individualidad, ahora, “en el actual mundo moderno líquido caracterizado por la contingencia, la volatilidad, la fluidez, la incertidumbre endémica y el riesgo elevado” (p.68), se precisan “individuos serenos, autogestionados y confiados, pero también bulliciosos y poco convencionales. El fenómeno de la “individualidad”, antaño mal visto […] ha sido reubicado en el seno de la familia de los recursos más deseables y de las cualidades más dignas de elogio y envidia” (p.69).

Más tesis y planteamientos trae la obra de Bauman y Bordoni al tratar tanto La modernidad en crisis (pp. 73 á 137) como La democracia en crisis (pp. 140 á 188). Son análisis igualmente valiosos, pero para efectos de esta exposición es pertinente, sobre todo, lo que se ha recapitulado: a saber, cómo se ha llegado al actual Estado de crisis y en qué se ha abandonado toda idea precedente de Estado al mismo tiempo que no se tiene una concepción que la releve.

2. Contradicciones y ejercicio de la política en la movilización universitaria

Es cierto que hoy, como muchas veces en el pasado, es necesario hacer un alto en el camino y ver qué futuro le queda a la educación pública superior. Por un lado, es imposible dejar de defender este “espacio de la inteligencia” (como llamara Jorge Graciarena a la Universidad6 Jorge Graciarena. “Universidad, inteligencia e ideología”, en Revista..., siguiendo las enseñanzas de Medina Echavarría); pero, por el otro, es un hecho incontestable que el “viejo modelo” de Estado de Bienestar o de Estado Paternalista forman parte de lo que está en la historia de la política de Occidente. Como Bauman y Bordoni nos tenemos que preguntar: ¿Puede regresar ese modelo de Estado? ¿Es deseable que regrese?7 “(…) los mercados que se guían únicamente por el criterio de rentabilidad.... En el punto de partida, la posibilidad del “regreso” -si éste fuera posible o deseable-, o de un reenrutamiento en otras direcciones, depende de una ciudadanía que sea capaz de revertir el modelo neoliberal, imperante. Pero, por el otro lado, el triunfo del neoliberalismo no sólo es debido al hecho de que una caterva atrabiliaria de empresarios impusiera ese modelo. Antes bien, triunfos como el de Macri, el de Macron, la amenaza de la extrema derecha en Brasil, no dejan de ser ilustrativos de estas contradicciones. No más aquí, en el caso colombiano, la derrota del Sí al Plebiscito (2 de octubre de 2016), el triunfo de la derecha en las pasadas elecciones (17 de junio de 2018), y la derrota -relativa- de la consulta anticorrupción (26 de agosto de 2018): son indicios de que no sólo hay desconfianza con respecto a las políticas públicas, dadas ahora bajo el emblema de antipolítica; también se desconfía del Estado (de Bienestar, el que tiene que garantizar los derechos) y se cree, mutatis mutandis, tanto en el mercado como en la privatización. Entonces, no es sólo un estado de cosas, o de facto, sino que se trata, igualmente, de una ideología: la presunta ideología que carece de ideología. Con esto se llega, contra Leibniz, al “peor de los mundos posibles”: la despolitización de la población, en sí, el nihilismo redivivo.

A diferencia del diagnóstico y del pronóstico de Bauman y Bordoni, para el caso europeo -no sin visos, como se ha mostrado, de eurocentrismo-: tal vez en América Latina no hemos llegado a tener ni la experiencia de un Estado de Bienestar, ni de una democracia efectiva8 Daniel Herrera Restrepo. “La democracia: una verdad y un valor ético.... Cada vez que hemos arribado a su cercanía retornan las dictaduras, las invasiones, los acuerdos comerciales, la corrupción de los parlamentos, las libertades de explotación de los recursos naturales, la minería y la extracción ilegal -más o menos aupadas por las multinacionales-. ¿Qué puede mostrarse en paralelo con la Unión Europea en América Latina? ¿La Comunidad Andina de Naciones? ¿Mercosur, ahora desahuciado?

El principal problema que nos aqueja en la situación actual sí es inmediatamente la del desfinanciamiento de la Universidad Pública, pero, por igual, está desfinanciada la Educación Pública, la Salud Pública -una voz que parece ser sólo una evocación romántica que no ha llegado hasta ahora a tener cobertura total y mucho menos gratuidad-. ¿Por qué desaparecieron la mayoría de las empresas estatales? Los de mi generación (1959 y hacia atrás) conocimos las empresas municipales: de agua, de luz, de alcantarillado, de telefonía, de minería, de licores, etc. Es cierto que hubo corrupción -antes, como ahora- también en cabeza de los sindicatos y de esas empresas estatales. Entonces vino el mito de la privatización y quiso “recomponerlo todo”. El principio de subsidiariedad rezó: “¡Que no haga el Estado lo que pueden hacer los particulares!”. Vinieron los empresarios -emprendedores, financistas; nacionales y transnacionales- y lo privatizaron todo: desde la seguridad de los edificios hasta las Convivir -formas más o menos aceptadas de paramilitarismo-, las vías (de 4ª. o de anteriores generaciones) y las aguas, la electricidad, la telefonía, las minas, etc.; desde luego, los parques, las expresiones de las culturas (la Economía Naranja ganó como política de gobierno y privatiza desde los bambucos hasta las Murallas de Cartagena, la vista del Castillo de San Felipe).

La privatización no es un paradigma, es, más bien, un imperativo -neoliberal-: no es el único “ejemplo” a seguir, puesto que tanto en Colombia como en el mundo hay “ejemplos” de empresas productivas y rentables del Estado; es un “mandato” que reza: obra de modo tal que en tu persona y en la persona de todos los demás todo lo puedas privatizar9 Así como Eichman (cf. Hannah. Eichmann en Jerusalén. Barcelona.... Como mandato es una moral -un modo de ser y hacer- que se ha adquirido y adoptado pasiva y acríticamente. Los de mi generación conocimos el dicho: “Un vaso de agua no se le niega a nadie”. ¡Vaya usted con ese lema a un supermercado! Los lemas -moral consuetudinaria- como el citado son cosa del pasado. No más en Bogotá, una ciudad que, por una suerte de ¡milagro de la naturaleza!, tiene aguas límpidas y frescas: se vende el agua en botellas y, ¡lo peor!, las consumimos. No importa que la llave nos la ofrezca sana y cristalina, el imperativo es y la práctica es que compramos lo que no necesitamos. En pasividad, la monetarización determina nuestros comportamientos.

La privatización se lo ha tomado todo: la vida sexual -sean los moteles o los condones, los estimulantes o los abortivos-, el cuerpo propio -los gimnasios y los suplementos dietéticos-. Como en la canción de S. Rodríguez “hasta el deseo es un consumo”. Lo que se ha privatizado y monetarizado es el cuerpo propio.

Ahora en las marchas queremos revertir el modelo de financiación de la Universidad Pública. Y no carecemos de razón. Pero estamos buscando el ahogado río arriba. Ya ha corrido mucha agua bajo el puente. Hemos permitido y aupado que aparezcan las spin off. Por razones que hay que entender la Universidad Pedagógica Nacional carece de una propuesta para asimilar y, si es del caso responder, a estos fenómenos que median entre la privatización y el cultivo del capital social, que aúpa el Estado colombiano, respecto de los largos años de formación de un profesorado y millares de profesionales de las más altas calidades, egresados de sus programas.

Sólo en la Universidad Pedagógica Nacional, más o menos con complacencia de todos los estamentos, se ha privatizado la enseñanza de las lenguas. Sin duda, una de las mayores fuentes de recursos de esta institución es la venta de servicios en este “ramo de la producción”. Ni qué decir tenemos de cuánto representa de los ingresos netos de la Universidad: los postgrados, la venta de servicios de asesorías.

En pasividad -una suerte de saber en el que sabemos, pero no sabemos que lo sabemos- hemos privatizado; hemos aprendido a privatizar; a vender, a cobrar: uno de los bienes de lo común -como nos lo enseñó la única Premio Nobel de Economía (2009): Elinor Ostrom-: el saber.

No estoy seguro de que las administraciones de los rectores Ibarra, Orozco y Atehortúa lo hayan hecho bien o mal. Lo que sí afirmo con todo énfasis es que siguieron la corriente inexorable “del curso de la historia” de la autofinanciación, con límites muy borrosos con la privatización. Tal vez no tenían otra alternativa y quizá los niveles alcanzados de privatización o autofinanciación eran los necesarios para que la Universidad Pedagógica Nacional como Empresa Público-Estatal sobreviviera. Tanto la administración de Orozco como la de Atehortúa fueron proclives a la “mermelada” de los recursos CREE: dados pro tempore -sus respectivas administraciones, como la de otros tantos rectores de universidades públicas colombianas- para acallar la protesta universitaria. También esas administraciones se hicieron las sordas frente al cambio de la tributación de los profesores, al cambio de la base impositiva. Hoy todo eso es historia.

Mi crítica no es ad hominem. Antes bien, me lleva a la pregunta: ¿está naciendo, en pasividad, un modelo de empresa pública rentable que, en nuestro caso, se expresa en el actual casi 52% de la autofinanciación de los costos generales de operación de nuestra institución? Mi tesis, sea o no popular, es que si una empresa del Estado -en nuestro caso la Universidad Pedagógica Nacional- ha logrado, más allá de toda duda, una suerte de equilibrio fiscal, entonces, ¿por qué no avanza en dirección de autorreconocerse como Empresa Público-Estatal eficiente y productiva? No sólo somos productivos porque somos la tercera Universidad con mayor valor agregado -según los datos de De Zubiría (Semana, 2018)-, también somos una empresa que honra sus compromisos fiscales.

He sostenido y sostengo que los filósofos hemos abandonado la teología del demonio hace, al menos, cuatro siglos. Ni el mercado ni la empresa productiva son una reencarnación del demonio. Antes bien, ¿qué significa pensar la autonomía universitaria al amparo de los tiempos que corren, de la admisión pasiva del imperativo de la privatización, de la productividad, de la rentabilidad?

Más aún, ¿qué proyectos rentables y productivos puede desarrollar la Universidad Pedagógica Nacional como manera de hacer, motu proprio, Empresa -franca y abiertamente- para ampliar sus servicios -de calidad y políticamente orientados al incremento de la democratización de las oportunidades- a los estratos más desfavorecidos, como expresión del Estado y de la riqueza de la nación?

Bauman y Bordoni ofrecen varios sentidos de la palabra crisis. No mencionan que ésta también es la descripción de un peligro más una oportunidad. La era del capitalismo tardío en que nos encontramos exige otra manera de hacer ciudadanía y de asumir no sólo la riqueza de la nación, sino también su distribución.

3. La renovación del pacto de la Universidad Pública con la sociedad civil, con la ciudadanía

Hannah Arendt10 En: La condición humana. Barcelona, Paidós, 2005; pp. 107-163. muestra por qué la educación es un ámbito prepolítico. En último término, la práctica pedagógica se mueve entre la labor, el adentro, y la creación o el trabajo, el afuera.

La labor es el esfuerzo dedicado -no a la producción, sino- a la reproducción. Un indicio de la validez del punto de vista de Arendt es que, de hecho, a las tareas escolares también se las llama labores escolares; Kant, por ejemplo, hablaba de su enseñanza como el yunque de la cotidianidad de la cátedra11 Si de alguien se puede decir que vivió la precarización es de Kant..., una noria que gira sobre sí misma volviendo a explicar a las nuevas generaciones lo que ya se le ha explicado a las precedentes.

La creación es un proceso productivo que, efectivamente, se consolida en productos. Una relatoría en un seminario, una monografía, una ponencia, un artículo, un libro, un video, un desarrollo multimedial, etc., son ejemplos de esta modalidad dentro de la vida escolar o académica -desde la escuela primaria hasta el ámbito universitario-. En fin, son expresión de trabajo, de trabajo escolar.

Entre estos dos extremos se sitúa la idea de una autonomía universitaria mediante la cual, paradójicamente, se lucha por tener al Estado al margen de las decisiones internas y propias de la institución universitaria; pero, por otra parte, se lucha por obtener el 100% de la dependencia presupuestal del Estado, del “papá-Estado”. De este modo, se reitera la idea del Estado de Bienestar; y, más aún, del Estado Paternalista.

La educación en general requiere de la labor y de la creación, tanto como de la formación y de la participación política; sólo que ésta última es intermitente y no es la “cosa misma” ni de la pedagogía, ni del acto pedagógico, ni del proceso pedagógico; tampoco del discurso pedagógico.

Según mi perspectiva, la participación política de los universitarios requiere moverse por el criterio de la historia (según Arnold Toynbee12 A Study of History, Oxford, Oxford University, 1934-1961, 12...) de “retiro y retorno”; del retiro a la labor y del retorno a la política, y viceversa. Así mismo, tiene que pasar del esquema de la movilización -insisto, ésta contribuye a la creación de conciencia política- al de la participación; ésta implica la apropiación de los mecanismos, como la Ley 134 de 1994 (De los mecanismos de participación ciudadana), que conduce a la actuación de la ciudadanía -sea universitaria, o de cualquier otro sector social- como sujeto político en pro de incidir en las decisiones del orden parlamentario.

En lo personal, creo que hay muchas formas de actuar frente a este problema. Desde la “normalidad académica” puesto que -como lo ha postulado nuestra colega, la Prof. Dra. Consuelo Pabón- “¡Estudiar también es un acto revolucionario!”13 Entiendo que, para ella, ese lema tiene como trasfondo la diferencia..., hasta las distintas formas de resistencia: las marchas, los pupitrazos, los bloqueos de los edificios, las huelgas de hambre, las cadenas de oración, las rogativas -sea al Cristo Caído de Buga, al Niño del 20 de Julio- o las peregrinaciones -al Cristo de Monserrate-. Lo que me pregunto es por el sustrato o trasfondo de cada gesto. En todos ellos asumo que hay sinceridad y buena fe.

Tal vez hay gestos -como el de los obreros de la Revolución Industrial- que se levantan contra el estado de cosas y quieren el regreso romántico a un estado previo, idealizado, que no necesariamente dista de un espejismo. Mi análisis me lleva a entender que se puede intentar ese tal regreso -al Estado de Bienestar, al Estado Paternalista- de manera acrítica, como si hubiera sido un Paraíso, hoy perdido, que se debiera “resucitar” -¿al tercer día?-. O, en otra dirección, se puede ver qué horizonte se abre en el presente viviente. Repito, aquí y ahora, hay otras posibilidades.

Mi tesis es que entre el Estado (Estado-nación, con sus instituciones y su Gobierno) y las universidades públicas (instituciones del Estado) o, más exactamente, los movimientos universitarios -de estudiantes, empleados y profesores- se puede instaurar y se ha instaurado una oposición, una contradicción. El primero, a saber, el Estado, es demandado; el segundo, los movimientos universitarios, demandan. El primero es y representa un límite -sea éste razonable, o no-; el segundo intenta correr el límite impuesto desde afuera -desde el gobierno, desde el Estado-, sobre todo en materia presupuestal.

¿Cómo, entonces, solventar la contradicción? Entre las dos partes hay o puede haber un tercero: la ciudadanía. La Constitución Política de 1991 operó dos cambios esenciales: 1. La institucionalización del Estado Social de Derecho -no simple y llanamente un Estado de Derecho-; y, 2. La Democracia Participativa. Según el primero, los Derechos no se pueden reducir a meros servicios -sea la educación, la salud, el medio ambiente, la información, etc.-. Con la segunda, no sólo se tienen mecanismos de representación política, sino que hay expresamente consagrados mecanismos para la acción política directa. Dos mecanismos, en especial, a mi entender, hay que poner en ejercicio para que emerjan alternativas a la contradicción entre el Estado y el movimiento universitario por parte del tercero, a saber, la ciudadanía: la iniciativa popular y la veeduría ciudadanía.

La ciudadanía ya vio cómo incontables empresas del Estado -incluidas algunas universidades- han sido coto de caza no sólo de los políticos locales, de parlamentarios -incluida la circunstancia local de la Universidad Pedagógica Nacional-; también la ciudadanía ha visto las nóminas paralelas en las universidades públicas -incluida la circunstancia local de la Universidad Pedagógica Nacional, al menos eso se dice- junto a la ineficiencia y al perverso crecimiento del cáncer de la burocracia y la corrupción. También están en el recuerdo cifras de crecimiento de los salarios de profesores de planta, en algunas universidades públicas, con toda suerte de trucos -por no decir: delitos- y “productos” de la más dudosa calidad; situación que llevó una y otra vez a cambiar las reglas de la carrera docente, del factor de reconocimiento de puntos por productividad académica. Se tiene registro de rectores de universidades públicas que terminaron tras las rejas por corrupción. Que yo sepa, estos dos últimos casos -feria de puntos y delitos de los rectores- no se pueden generalizar a todas estas instituciones y, es bueno decirlo, no son situaciones que se hayan dado en nuestra alma mater.

“Razones”, pues, ha habido para que se diera el desplazamiento pendular de la financiación total a la desfinanciación de más del 50% de la universidad pública. Estas “razones”, a su vez, han encajado en la mentalidad neoliberal que se aúpa por doquier. Mi idea -como saben, soy profesor de filosofía; no soy ideólogo, ni economista, ni político- es que este es un momento que exige renovar el pacto social y político de la Universidad Pública con la ciudadanía, con la sociedad civil. Mi tesis es que el desplazamiento de muchas de las funciones que cumplía la Universidad Pública, en su conjunto, a las universidades privadas tales como: formación de los sectores más deprimidos económicamente -la quimera Ser Pilo Paga es un ejemplo emblemático-, formación de maestros, desarrollo de proyectos en las instituciones educativas, diseño de los planes y los proyectos educativos institucionales (PEI), administración de centros educativos (o dación de los mismos en comodato) -sólo por hablar de acciones en el campo educativo-; todo ese “retroceso” que, en el fondo, contiene la ideología de la privatización y la desregulación con la cual se prohija el principio de subsidiariedad en educación: es efecto de una pérdida de confianza de la sociedad civil, de la ciudadanía, en la Universidad Pública en cuanto expresión del Estado.

Esto no resta importancia al hecho de que, frente a las diversas problemáticas, la competencia y el mercado se ponen como esquema de abaratamiento de los costos y los “compradores de servicios” entregan su dinero al mejor postor. Esto trae consigo perversidades, también es un hecho. Pero un dato se constata: las universidades públicas pasaron de ser el mayor contratista para estos procesos con el Estado mismo, y con una senda de organismos privados, a ser desplazadas por toda suerte de Instituciones de Educación Superior (desde el Sena hasta las llamadas “universidades de garaje”).

Mi manera de ver me lleva a pensar que la renovación del pacto de la Universidad Pública con la sociedad civil, con la ciudadanía14 Al fin y al cabo, sólo hay dos maneras de decidir sobre el modelo... pasa por el hecho de que radiquemos un Proyecto de Ley ante el Parlamento -con base en la Ley 134 De mecanismos de participación ciudadana-, con apoyo de la ciudadanía, de la sociedad civil, acogiéndonos a la Iniciativa Popular. Esta manera de ver el problema lleva a proponer que la ciudadanía nos apoye, en concreto, para que las transferencias de la nación nos garanticen un porcentaje mínimo de financiación directa (¿de cuánto, entre 50 y el 70% de los costos totales reales, tanto de funcionamiento como de inversión?) y que entremos en puja, deliberada y sistemáticamente, con las demás instituciones (universidades privadas, editoriales, ONG, etc.) con proyectos por recursos, principalmente de inversión.

¿Cómo acceder a fondos frescos, a nuevos recursos? Mi tesis es que en esta hora una Universidad Pública como la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con un activo fundamental, a saber, su capital simbólico, sus recursos humanos, su capital humano. Son muchas las maneras en que nuestra Universidad se puede entrelazar con proyectos y servicios a la ciudadanía. Las prácticas y los proyectos de grado son un activo que puede estar directamente relacionado con el incremento de capital social. Nuestros profesores, magísteres y doctores15 No conozco las cifras exactas, pero sólo en doctores la Universidad..., pueden ser convocados para atender la implementación de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, para el incremento del capital social.

He sostenido, y se puede evidenciar, que el presupuesto nacional para la educación no sólo ha crecido históricamente en Colombia. Como ya está expuesto, el gobierno ha anunciado que este presupuesto crecerá más aún -por encima del de guerra-. El problema central no es, entonces, de recursos. El problema es de distribución de esos recursos. La Universidad Pública no gozará de transferencias para el 100% de sus costos fijos y de inversión porque asistimos a un triunfo relativo de la ideología neoliberal que se traduce en la desaparición del viejo modelo de Estado; y, en buena cuenta, como consecuencia, se ha quebrado la confianza en lo público. Como siempre, en economía y en política, sin la restauración de la confianza, sin la puesta en marcha de compromisos y de mecanismos de verificación de acuerdos, la ciudadanía no nos acompañará.

Les repito, hablo como un profesor de filosofía. Seguro las luces de los colegas de ciencias sociales y de otras disciplinas darán más atinadamente en el clavo. La mía es una reflexión sincera que asume que se ha dado el cambio del modelo de Estado de Bienestar, en su modo de Estado Paternalista, en dirección de un auténtico y radical Estado Social de Derecho que, desde la Universidad Pública renueva el pacto con la sociedad civil, con la ciudadanía.

Si la llamada Economía Naranja se presenta como la nueva panacea neoliberal, impulsada por el actual gobierno, es porque hay una fe en la monetarización de la cultura. Frente a este espejismo hago este llamado a retornar a la política como referente para pensar hoy, aquí y ahora, la Universidad Pública. Como dije, se trata del retiro -prepolítica- y el retorno -política-: tras años de retiro de la Universidad Pública de muchas de las necesidades sentidas de la ciudadanía, es hora del retorno de toda el alma mater colombiana al seno natal de su ciudadanía y de renovar el pacto social con ella.

Mi llamado es a reconocer en el Estado Social de Derecho -que está en la base de nuestro acuerdo societario- el contenido material de la búsqueda de un sentido radical de democracia participativa que se arriesga a construir con imaginación y con fantasía el pacto entre universidades públicas y ciudadanía.

En síntesis, asumo que el abandono del Estado de Bienestar, en Colombia, no es un salto al vacío, dado que en su lugar se ubica el Estado Social de Derecho; que éste puede ser cooptado por el neoliberalismo es un hecho; pero que esa cooptación la puede reenrutar la ciudadanía: es un horizonte para salir de la crisis. La ciudadanía no sólo es el soporte de la supervivencia de la Universidad Pública. También la ciudadanía, al defender la Universidad Pública -y con ella el saber cómo uno de los bienes de lo común- aprende y aprenderá a redefinir el modelo de Estado, a recuperar la riqueza de la nación, en un esquema que combina la soberanía con la productividad y la eficiencia. Si las pruebas de ineficiencia y el temor a la corrupción dieron con la privatización como fórmula para salir de todos los males, ahora vemos que el remedio fue peor que la enfermedad. La alternativa, entonces, no es un regreso mecánico al Estado de Bienestar, sino una solución mixta entre el poder de la ciudadanía que exige que su riqueza sea cuidada y potenciada, por un lado; y el de la Universidad Pública como empresa rentable y productiva del Estado.

Es la hora de volver a las empresas del Estado, pero bajo un cambio de modelo que sitúa el poder de la ciudadanía como garante de cualquier extravío que enajene la riqueza de la nación y esa misma ciudadanía exige eficiencia y productividad, bajo formas aún inéditas de veeduría ciudadana que recaiga tanto sobre la operación de las universidades públicas como sobre las políticas públicas del Estado.

Revista Paca 9, Diciembre 2019, ISSN 2027-257X