La alta magistratura en Colombia: Entre la politización y la estabilidad institucional
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En Colombia, el cuasimonopolio de la potestad jurisdiccional otorga a los jueces y magistrados, ciertas prerrogativas y un indiscutible poder, el cual es superior en los magistrados de las altas cortes de justicia.
Su ubicación en la cúspide de la rama judicial genera una influencia directa en el sistema jurídico colombiano (unificadores de la jurisprudencia) y en asuntos particulares en los que asumen como jueces.
El diseño constitucional efectuado por la Constitución Política de 1991, implicó la intervención directa del sector político en la selección de la Corte Constitucional e indirectamente en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Esta situación ha generado una politización en los procesos de selección de los magistrados de la rama judicial colombiana.
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El artículo 86 de la Constitución Política colombiana consagra la acción de tutela.
El artículo 87 de la Constitución colombiana consagra la acción popular y de grupo o clase.
La Constitución establece dos acciones públicas que van dirigidas a la defensa de la constitucionalidad y la legalidad: la acción de inconstitucionalidad (art.) y la acción de cumplimiento (art.87 C.P.)