La acción popular y el desmonte de su perfil preventivo y correctivo a favor de la corrupción con la derogatoria del artículo 40 de la ley 472 de 1998
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La Acción Popular como una herramienta de control preventivo y correctivo a la administración pública en Colombia, ha sufrido un menoscabo importante en materia de protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público, debido a la derogatoria del artículo 40 de la ley 472 de 1998, vía ley 1425 de 2010, reforma que suprimió el incentivo que se establecía por el juez administrativo por un monto del 15 % del dinero recuperado en eventos de corrupción administrativa y en los cuales la participación del actor popular había sido clave. Los objetivos de este escrito reflexivo es ofrecer en primer lugar una visión de los efectos nocivos que se han derivado por la derogatoria reseñada del incentivo económico y de la responsabilidad patrimonial solidaria entre el contratista y servidor público que concurrían en la práctica inmoral, y en segundo lugar realizar una valoración de cómo ha debido abordarse la reforma a la ley 472 de 1998 frente al tema del incentivo que se reconocía en el artículo 40 de ley 472 de 1998.
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