La acción popular: Avances y retrocesos frente a los contratos estatales que vulneran derechos colectivos
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Por medio de esta comunicación certifico que soy autor originario del artículo que estoy presentando para posible publicación en la Revista Jurídica Piélagus, medio de divulgación del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, ya que sus contenidos son producto de mi directa contribución intelectual. Todos los datos y referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales.
Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derechos de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Surcolombiana. Además, declaro que este artículo no lo he presentado a otra publicación seriada, para su respectiva evaluación y posterior publicación.
En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, como autor(a) y propietario(a) de los derechos de autor me permito autorizar de manera ilimitada en el tiempo a la Universidad Surcolombiana para que incluya dicho texto en la Revista Jurídica Piélagus, para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet, en texto completo o cualquier otro medio conocido o por conocer.
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La Acción Popular1 como mecanismo de origen constitucional, ha generado en el ordenamiento jurídico colombiano importantes decisiones derivadas en la búsqueda de garantías de los derechos colectivos previstos en la Ley 472 del 98, conllevando importantes cambios al interior del derecho administrativo y en"' especial en lo que concierne a la procedencia de ésta acción constitucional frente a hechos derivados de los Contratos del Estado que vulneran o amenazan derechos e intereses colectivos, como lo es la moralidad administrativa2 y el patrimonio público.
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Sentencia de la Sección Quinta del 24 de agosto de 2001,AP-100.
Consejo de Estado Sección Tercera. AP.-170 del 16 de febrero del 2001, M.P Ariel
Eduardo Henríquez.
Sentencia de la Sección Quinta del 24 de agosto de 2001, AP-100.
Derecho justo, fundamentos de ética jurídica Madrid: Editorial Civitas 1985 y Eduardo García de Enterría en su obra, Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho. Madreid: Editorial Civitas. 1985.
Consejo de Estado Sección Tercera. AP. -170 del 16 de febrero del 2001, M.P Ariel Eduardo Henríquez
TAMAYO JARAMILLO, Javier. Las acciones populares y de grupo. Bogotá: Editorial Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Comentarios de Luis Felipe Botero Aristizabal. Pág.45
Ámbito jurídico. Año VII-No 161. Pág. 15.
C/088/2003. SU-047 de 1999, C-131de1993 y C-037 de 1996.
Consejo de Estado, sección cuarta, Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ (31) de mayo de dos mil dos (2002) Radicació número: 25000-23-24-000-1999-9001-0l(AP-300)
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade. Radicación (25000- 23-26-00-2002-1204-01 AP) IJ
Consejo De Estado. Sala de Conjueces Sección Quinta. Consejero Ponente: William Nahen Vargas. 3 de Noviembre de 2005. Exp; 11001-03-15-00-2004-00751-01.
