Procesos judiciales contra el Estado y su defensa por parte de Colombia
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Por medio de esta comunicación certifico que soy autor originario del artículo que estoy presentando para posible publicación en la Revista Jurídica Piélagus, medio de divulgación del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, ya que sus contenidos son producto de mi directa contribución intelectual. Todos los datos y referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales.
Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derechos de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Surcolombiana. Además, declaro que este artículo no lo he presentado a otra publicación seriada, para su respectiva evaluación y posterior publicación.
En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, como autor(a) y propietario(a) de los derechos de autor me permito autorizar de manera ilimitada en el tiempo a la Universidad Surcolombiana para que incluya dicho texto en la Revista Jurídica Piélagus, para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet, en texto completo o cualquier otro medio conocido o por conocer.
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El Estado colombiano desde la Carta Política de 1991 generó un desarrollo normativo general, entre ello, impuso que las actuaciones de las entidades públicas tengan un apego a los fines y principios establecidos en el régimen constitucional, de ello, que se haya establecido la regla y carga de responsabilidad patrimonial de las entidades públicas por sus acciones y omisiones, donde generen un daño contra cualquier persona, sin que este tenga el deber jurídico de soportarlo; lo anterior como garantía y tranquilidad de las personas en la consecución de los bienes jurídicos tutelados por parte del sistema jurídico.
En ese contexto, las reclamaciones y requerimientos judiciales y administrativos de las personas no fueron de esperar. La carga de responsabilidad del Estado es clara y desde la vigencia constitucional a la fecha han sido diferentes situaciones en las que los agentes públicos generaron afectaciones y perjuicios a las personas, de ello, que el sistema de responsabilidad del Estado sea un tema de gran desarrollo jurisprudencial.
La carga judicial de las diferentes entidades públicas de los diferentes órdenes, es un asunto que no fue abordado de forma oportuna, generando el reconocimiento y pago de indemnizaciones por condenas judiciales o conciliaciones, que desencadenó en la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como institución encargada de la protección y vigilancia de las reclamaciones judiciales, con el ánimo de tener una representación judicial efectiva del Estado y con ello evitar incidencias fiscales innecesarias o disminuirlas al máximo.
Descargas
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I. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE-. (2015a). Circular Externa 11/2014. Bogotá: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
II. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE-. (2015b). Manual para la defensa jurídica del estado en el proceso constitucional de tutela. Bogotá: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Documents/cartilla13_250215.pdf
III. Alvarado B. R. (2012). Defensa judicial del Estado: Elementos para su construcción (Colombia 1.991-2.011). Universidad Libre, Bogotá, Colombia.
IV. Alviar, H., López, D., y Rodriguez, C. (2017). ¿Justicia Mediante Litigio? Reparación y Extracción en las demandas laborales y extracontractuales en contra del Estado. Centro DJS. https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_40.pdf
V. Bolaños, E. (2015). La defensa jurídica del estado. administración pública & control, 23, 51-56.
VI. Burbano, M. J. (2013). Defensa jurídica del estado colombiano en la actividad litigiosa: ¿Una estrategia de eficacia judicial o un presupuesto de garantía patrimonial? Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
VII. Contaduría General de la Nación. (2018). Categorización de Municipios. Bogotá: Contaduría General de la Nación.
VIII. Departamento Nacional de Planeación. (2012). Documento Compes 3722. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
IX. Fajardo, A., y Guzman, C. (2010). El daño antijurídico del Estado y los medios alternativos de solución de conflictos-Estado del arte. Civilizar, 10(19), 43-64.
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XI. Guarín, C. (2015). El sistema de defensa judicial del estado colombiano y su incidencia en la creciente litigiosidad. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
XII. Gutiérrez, J. (2014). Estructura reglamentaria de la agencia para la defensa jurídica y patrimonial del Estado en Colombia. VIA IURIS, 51-69.
XIII. Hernández, M. (2013). Defensa jurídica del estado colombiano en la actividad litigiosa: ¿Una estrategia de eficacia judicial o un presupuesto de garantía patrimonial? Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
XIV. Herrán, O. (2013). El alcance de los principios de la administración de justicia frente a la descongestión judicial en Colombia. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores, 16(32), 105-122.
XV. Ministerio de Hacienda. (s.f.). Informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública: Presentación. https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-039711%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
XVI. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2012). Obligaciones Contingentes: Metodologías del caso colombiano. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
XVII. Peláez, J. C. (2013). Defensa jurídica pública de la Auditoría General de la República de los órganos de control fiscal territorial: Un desarrollo del programa 'Pedagogía, prevención y control social en la lucha frontal contra la corrupción. Documento técnico de base. Bogotá: Auditoría General de la República.
XVIII. Salas, C. (2015). La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y sus lineamientos en materia de responsabilidad objetiva: La Privación injusta de la libertad y los accidentes de tránsito en vehículos oficiales. Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Tornos, J. (1987). La defensa en derecho del estado. Revista Española de Derecho Constitucional, 7(20), 263-269.
XIX. Urrego, G. (2015). La defensa jurídica y patrimonial del Estado colombiano: un reto institucional en el marco de la gubernamentalidad. Ánfora, 22(38), 61-83.
XX. Velandia, P. (2015). Organización de un sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del estado. Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia.
XXI. Colombia. Decreto 4085 de 2011, Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
XXII. L 1444/2011, Art. 05. Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
XXIII. L. 1551/2012, Art. 45. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
XXIV. L. 1564/2012. Art. 610. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
