Responsabilidad objetiva y subjetiva del Estado por privación injusta de la libertad
The State's objective and subjective role in unjust incarceration
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Por medio de esta comunicación certifico que soy autor originario del artículo que estoy presentando para posible publicación en la Revista Jurídica Piélagus, medio de divulgación del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, ya que sus contenidos son producto de mi directa contribución intelectual. Todos los datos y referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales.
Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derechos de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Surcolombiana. Además, declaro que este artículo no lo he presentado a otra publicación seriada, para su respectiva evaluación y posterior publicación.
En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, como autor(a) y propietario(a) de los derechos de autor me permito autorizar de manera ilimitada en el tiempo a la Universidad Surcolombiana para que incluya dicho texto en la Revista Jurídica Piélagus, para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet, en texto completo o cualquier otro medio conocido o por conocer.
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El Semillero Ratio Iuris por medio de esta investigación, expone los factores que llevaron a condenar al Estado colombiano por la privación injusta de la libertad de las personas a través del medio de control de reparación directa adelantados en los Tribunales Contencioso-administrativos del Huila, Tolima, Cundinamarca en el periodo comprendido del 2007 a 2012 y Consejo de Estado del año 2007 al 2016, determinando si el tipo de responsabilidad aplicada es objetiva o subjetiva. Esta investigación, tiene como premisa la puesta en marcha de los Juzgados Administrativos en Colombia desde 2006 y la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo en el año 2011 convirtiéndose los tribunales contenciosos en la última instancia para los procesos cuya cuantía no supera los quinientos (500) salarios mínimos, impidiendo su conocimiento final en el Consejo de Estado. La imposibilidad que este tipo de procesos llegue al conocimiento del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, conlleva a que en muchas partes del país la conclusión de este tipo de casos sea diversa, con fundamentos teóricos distintos, dando como resultado que no se obtenga una justicia igualitaria a pesar de existir fundamentos fácticos y jurídicos similares en los procesos que se someten al conocimiento de la jurisdicción administrativa.
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