La alta magistratura en Colombia: Entre la politización y la estabilidad institucional
La alta magistratura en Colombia: Entre la politización y la estabilidad institucional
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Por medio de esta comunicación certifico que soy autor originario del artículo que estoy presentando para posible publicación en la Revista Jurídica Piélagus, medio de divulgación del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, ya que sus contenidos son producto de mi directa contribución intelectual. Todos los datos y referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales.
Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derechos de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Surcolombiana. Además, declaro que este artículo no lo he presentado a otra publicación seriada, para su respectiva evaluación y posterior publicación.
En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, como autor(a) y propietario(a) de los derechos de autor me permito autorizar de manera ilimitada en el tiempo a la Universidad Surcolombiana para que incluya dicho texto en la Revista Jurídica Piélagus, para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet, en texto completo o cualquier otro medio conocido o por conocer.
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En Colombia, el cuasimonopolio de la potestad jurisdiccional otorga a los jueces y magistrados, ciertas prerrogativas y un indiscutible poder, el cual es superior en los magistrados de las altas cortes de justicia.
Su ubicación en la cúspide de la rama judicial genera una influencia directa en el sistema jurídico colombiano (unificadores de la jurisprudencia) y en asuntos particulares en los que asumen como jueces.
El diseño constitucional efectuado por la Constitución Política de 1991, implicó la intervención directa del sector político en la selección de la Corte Constitucional e indirectamente en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Esta situación ha generado una politización en los procesos de selección de los magistrados de la rama judicial colombiana.
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El artículo 86 de la Constitución Política colombiana consagra la acción de tutela.
El artículo 87 de la Constitución colombiana consagra la acción popular y de grupo o clase.
La Constitución establece dos acciones públicas que van dirigidas a la defensa de la constitucionalidad y la legalidad: la acción de inconstitucionalidad (art.) y la acción de cumplimiento (art.87 C.P.)
