Jueces de paz. El dilema de lo justo
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Por medio de esta comunicación certifico que soy autor originario del artículo que estoy presentando para posible publicación en la Revista Jurídica Piélagus, medio de divulgación del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, ya que sus contenidos son producto de mi directa contribución intelectual. Todos los datos y referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales.
Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derechos de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Universidad Surcolombiana. Además, declaro que este artículo no lo he presentado a otra publicación seriada, para su respectiva evaluación y posterior publicación.
En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, como autor(a) y propietario(a) de los derechos de autor me permito autorizar de manera ilimitada en el tiempo a la Universidad Surcolombiana para que incluya dicho texto en la Revista Jurídica Piélagus, para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet, en texto completo o cualquier otro medio conocido o por conocer.
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La Carta Política colombiana de 1991 define los jueces de paz en el artículo 247 Superior, como aquel sujeto que, en los términos que fije al ley, resuelven en equidad y sin motivación jurídica, aquellos conflictos menores de carácter individual o comunitario sometidos a su decisión.
Este nuevo elemento, ajeno a la tradición legalista colombiana, es un claro reflejo de la filosofía democrática y participativa que inspiró a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, así como el evidente deseo de descongestionar la justicia ordinaria.
Siguiendo la tendencia de países como Perú y España, los jueces de paz se ocupan de prestar el servicio público de administrar frente a conflictos de pequeña gravedad, susceptibilidad de conciliación, transacción o desistimiento que se presenten en su vecindario, zona o sector y sean sometidos de común acuerdo por las partes a su conocimiento.
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